CSJ - STC2154-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STC2154-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado Ponente STC2154-2026 Radicación n°. 08001-22-13-000-2025-00682-01 (Aprobado en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 6 de octubre de 2025 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acción de tutela promovida por C.I. Farmacápsulas S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Veinte de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla y todos los intervinientes en la acción de tutela rad. n°202401101-00.

ANTECEDENTES

1. La promotora, por intermedio de su representante legal, reclamó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicitó revocar la sentencia de tutela proferida en sede deRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 2 impugnación dentro del trámite de tutela referido anteriormente, y, en su lugar, se adopte una nueva determinación.

2. Son hechos relevantes para la definición de este

asunto los que a continuación se sintetizan:

anteriormente, y, en su lugar, se adopte una nueva determinación.

2. Son hechos relevantes para la definición de este

asunto los que a continuación se sintetizan: 2.1. Indicó que, Lorena Paola Carrillo Hernández promovió acción de tutela en su contra solicitando su reintegro laboral y el pago de salarios y prestaciones, alegando debilidad manifiesta por razones de salud. 2.2. Señaló que el Juzgado Veinte de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla, mediante sentencia del 16 de enero de 2025, declaró improcedente la acción por existir mecanismos judiciales ordinarios. 2.3. Sin embargo, agregó que, en sede de impugnación, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla revocó el fallo, amparó los derechos invocados y ordenó: i) el reintegro, ii) el pago de salarios y prestaciones, iii) los aportes a seguridad social y iv) una indemnización de 180 días de salario, basándose en un diagnóstico de condromalacia patelar con recomendaciones vencidas desde el 14 de mayo de 2024 y en un dictamen de pérdida de capacidad laboral del 26.83% emitido por Colpensiones en enero de 2025, posterior al despido y desconocido por mi representada. 2.4. Añadió que, resulta erróneo afirmar que conocía una supuesta debilidad manifiesta al momento del despido

posterior al despido y desconocido por mi representada. 2.4. Añadió que, resulta erróneo afirmar que conocía una supuesta debilidad manifiesta al momento del despido (27 de septiembre de 2024), pues no existía incapacidadRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 3 vigente ni dictamen notificado. Las únicas recomendaciones conocidas estaban vencidas desde mayo, y la accionante solo presentó una incapacidad de tres días en abril de 2024. Alegó que el fallo incurre en defecto fáctico, al otorgar valor a un dictamen posterior y no controvertido, afectando el debido proceso. Además, dicho dictamen se relaciona con patologías digestivas y urológicas (gastritis, colon irritable, litiasis renal), sin conexión con la enfermedad alegada ni con el entorno laboral, generando una decisión contradictoria y carente de sustento constitucional. En el anterior orden de ideas, no se probó amenaza grave a derechos fundamentales ni la ineficacia de los mecanismos ordinarios, por lo que el reintegro ordenado carece de fundamento jurídico y vulnera la jurisprudencia sobre fuero de salud, configurando una denegación de justicia material.

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla indicó que, en el trámite examinado no se demostró situación de fraude alguna, así como tampoco la existencia de otro medio para resolver la litis planteada en el amparo constitucional primigenio.

2. Lorena Paola Carrillo Hernández precisó que, al

demostró situación de fraude alguna, así como tampoco la existencia de otro medio para resolver la litis planteada en el amparo constitucional primigenio.

2. Lorena Paola Carrillo Hernández precisó que, al momento del despido (27 de septiembre de 2024), la empresa conocía su condición médica, pues en los exámenes de egreso presentó la historia clínica de ortopedia, donde constabaRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 4 condromalacia patelar grado IV, tratamientos fallidos y necesidad de cirugía, registrada en el informe médico del Laboratorio Medicina Laboral Continental (folios 45 a 54 del expediente 08001-41-89-020-2024-01101-01, T2025-00012

SI). El juzgado valoró este informe junto con incapacidades previas y recomendaciones médicas, actuando conforme a la jurisprudencia constitucional que no exige dictamen definitivo para aplicar la estabilidad laboral reforzada

(T-1040/01, T-198/06, T-351/10, SU-049/17).

Agregó que, el dictamen de pérdida de capacidad laboral de Colpensiones, luego recalificado al 31.39% (12 de noviembre de 2024), sí se relaciona con la condromalacia patelar y refleja el estado de debilidad manifiesta previo al despido. Por ello, el fallo judicial se basó en pruebas idóneas, constató una amenaza grave a sus derechos fundamentales y ordenó correctamente el reintegro, ajustándose al precedente constitucional y a la protección inmediata que otorga la

despido. Por ello, el fallo judicial se basó en pruebas idóneas, constató una amenaza grave a sus derechos fundamentales y ordenó correctamente el reintegro, ajustándose al precedente constitucional y a la protección inmediata que otorga la tutela frente a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad (T-263/09, SU-049/17).

3. Finalmente, la sociedad actora allegó memorial de oposición frente a la impugnación presentada por el accionante, en el cual se insistieron en los argumentos previamente señalados.

LA SENTENCIA IMPUGNADA La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente el resguardo, por cuantoRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 5 Es evidente que la parte accionante busca reabrir el debate ya resuelto en sede constitucional y obtener un nuevo análisis sobre los mismos hechos, lo cual resulta improcedente, pues no se cumplen los requisitos para una acción de tutela contra tutela. Del examen de la solicitud no se evidencia fraude procesal ni prueba que lo sustente, único supuesto que permitiría su procedencia. La Corte Constitucional ha señalado que “es inaceptable controvertir mediante nuevo amparo los argumentos o pruebas que sustentaron una decisión anterior”. Además, la posibilidad de revisión eventual por la Corte Constitucional, aún no surtida, excluye este auxilio, conforme a la jurisprudencia que busca evitar el uso indebido y reiterado de la acción de tutela. LA IMPUGNACIÓN Fue formulada por la sociedad accionante, quien

excluye este auxilio, conforme a la jurisprudencia que busca evitar el uso indebido y reiterado de la acción de tutela. LA IMPUGNACIÓN Fue formulada por la sociedad accionante, quien esgrimió que El Tribunal Superior de Barranquilla interpretó de forma restrictiva la tutela contra providencias judiciales, limitándola a fraude o cosa juzgada fraudulenta, sin considerar que la Corte Constitucional admite su uso excepcional frente a decisiones con defectos graves de hecho, fondo o procedimiento que vulneren derechos fundamentales. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla basó su fallo en un dictamen de pérdida de capacidad laboral posterior al despido, desconocido por la empresa y ajeno a la enfermedad alegada, vulnerando debido proceso y derecho de contradicción (SU-446 de 2011, SU-556 de 2019, T-008 de 2020), y aplicó incorrectamente el precedente sobre estabilidad laboral reforzada al ordenar reintegro sin verificar requisitos constitucionales. La argumentación del Tribunal sobre la eventual revisión por la Corte Constitucional es errónea, pues dicho mecanismo es discrecional, excepcional y no garantiza reparación oportuna, conforme a los artículos 86 y 241 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991.

CONSIDERACIONES

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hipótesis, de los particulares,Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 6 cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. En tratándose de actuaciones surtidas en trámites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-072 de 2018, manifestó: … La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes. En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad

fundamentales de las partes. En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”. Ahora bien, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corte, para que opere dicha procedencia, es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados para tales efectos. Para ello, la jurisprudencia constitucional estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; (v) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todosRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 7

vulneración y los derechos vulnerados; (v) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todosRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 7 los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; y (vi) que la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela. Ahora, no olvida la Sala que en casos excepcionales se ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, específicamente « en presencia de una vulneración del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integración del contradictorio, sería admisible la acción de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental » (STC111562014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). (negrillas del Despacho) A la luz de la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela no es, por regla general, un mecanismo adecuado para controvertir decisiones o actuaciones judiciales. Ello se debe a que el juez constitucional, en

acción de tutela no es, por regla general, un mecanismo adecuado para controvertir decisiones o actuaciones judiciales. Ello se debe a que el juez constitucional, en respeto a los artículos 228 y 230 de la Constitución, no puede intervenir en los procedimientos ordinarios —se encuentren en trámite o concluidos— para modificar sus determinaciones o imponer una forma específica de decidir. No obstante, de manera excepcional, la tutela procede cuando se evidencia un actuar arbitrario y abiertamente contrario a la ley, o cuando no exista otro medio eficaz de protección. En tales circunstancias, y tras un examen cuidadoso, se hace necesaria la intervención del juez constitucional para restablecer el orden jurídico vulnerado.Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 8 Respecto de la protección constitucional en la Sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó su postura sobre la procedencia de la tutela contra sentencias de la misma naturaleza. En resumen, estableció que no es procedente interponer una tutela contra una decisión del mismo linaje cuando esta haya sido emitida por la propia Corte Constitucional o cuando se busque forzar el cumplimiento de las órdenes dictadas en una sentencia de tutela. No obstante, la acción de tutela contra sentencias de tutela podrá ser admitida de forma excepcional en los siguientes casos específicos.

cumplimiento de las órdenes dictadas en una sentencia de tutela. No obstante, la acción de tutela contra sentencias de tutela podrá ser admitida de forma excepcional en los siguientes casos específicos. (i) Cuando se acredita la existencia de la cosa juzgada fraudulenta en una sentencia de tutela proferida por otro juez distinto a la Corte; (ii) Cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación realizada en el marco del proceso de tutela y antes de proferida la Sentencia; (negrillas del Despacho) (iii) Cuando el juez de tutela vulnera un derecho fundamental con una actuación durante el trámite del incidente de desacato.

3. En el caso bajo estudio la queja de la sociedad promotora está dirigida contra el fallo de tutela de 27 de marzo de 2025, por medio del cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla revocó la decisión de primera instancia de 16 de enero de 2025, concediendo el amparo invocado y ordenado el reintegro laboral, así como el pago de prestaciones y la indemnización por despido injusto.

Con base en tales premisas, se concluye la procedencia de este nuevo resguardo por cuanto la decisión del JuzgadoRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 9 Sexto Civil del Circuito de Barranquilla se basó en un dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado después del despido, el cual la empresa no conoció ni pudo impugnar, y que además no guardaba relación con la enfermedad en

dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado después del despido, el cual la empresa no conoció ni pudo impugnar, y que además no guardaba relación con la enfermedad en disputa. Esta valoración irregular vulneró los principios del debido proceso y del derecho de contradicción, fundamentales en cualquier decisión judicial. Y es que una vez analizadas las pruebas arrimadas con el expediente, esta Sala Especializada pudo determinar que el dictamen utilizado no tenía ninguna relación con la patología invocada (condromalacia patelar), pues se refería a enfermedades digestivas y urológicas, lo que convirtió su uso en un fundamento irracional y arbitrario para ordenar el reintegro. Al no analizar este punto, se validó una decisión carente de fundamento lógico y probatorio, configurando un defecto fáctico y procesal que perpetuó la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Súmese a lo anterior, que Lorena Paola Carrillo Hernández solo registró una incapacidad de 3 días en abril de 2024, y al momento de su desvinculación en septiembre de 2024, sus recomendaciones médicas ya habían vencido en mayo de 2024. No notificó nuevas incapacidades ni restricciones que pudieran afectar su trabajo. Además, la tutela no es el mecanismo adecuado para resolver disputas sobre reintegro laboral o prestaciones sociales, ya que existen otros recursos en la jurisdicción laboral ordinaria que no se han utilizado.Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 10 Ahora bien, es importante destacar que solo procedía

otros recursos en la jurisdicción laboral ordinaria que no se han utilizado.Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 10 Ahora bien, es importante destacar que solo procedía estudiar este mecanismo excepcional y otorgar la protección invocada si se hubiere acreditado la existencia de una situación de estabilidad laboral reforzada que justificara su procedibilidad. Sin embargo, las pruebas presentadas no demuestran que este sea el caso. Dado que existe otro medio de defensa judicial adecuado para resolver el conflicto, la acción de tutela no puede sustituir la competencia del juez laboral, ya que esto violaría el principio subsidiario del amparo y terminaría por atribuir funciones que no le corresponde al juez constitucional. Lo anterior para resaltar que, aun cuando se hubiere acreditado cualquier condición extraordinaria de estabilidad laboral reforzada, no habría siquiera lugar a que el juez constitucional resolviera de fondo la controversia, puesto que, la tutela se tendría que haber concedido únicamente como mecanismo transitorio, en tanto se define la controversia planteada ante el juez laboral, quien es el llamado a adoptar las decisiones en la materia e inclusive establecer las sumas de dinero que correspondería restituir producto de la situación, en el hipotético caso de que considerara que las pretensiones estuvieren llamadas a prosperar. De otra parte, se hace necesario destacar que, en el sub judice, el máximo órgano de la jurisdicción Constitucional no

considerara que las pretensiones estuvieren llamadas a prosperar. De otra parte, se hace necesario destacar que, en el sub judice, el máximo órgano de la jurisdicción Constitucional no seleccionó la decisión de tutela recurrida para revisión, conforme se verificó en la página web de esa entidad 1. En 1https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente? proceso=2&expediente=T11137770&lista=datosExpedientes_1762025253092Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 11 consecuencia, y teniendo en cuenta que para esta Corporación es más que evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad actora, en el marco de la actuación de la tutela cuestionada, no queda otro mecanismo diferente que este para controvertir esa determinación, por lo que se torna necesario y procedente analizar y corregir la decisión en esta nueva sede constitucional, en aras de corregir el yerro cometido.

4. Basta lo dicho para revocar la sentencia de primer grado.

DECISIÓN Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado. En consecuencia , dispone:

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Sexto Civil del

autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado. En consecuencia , dispone: PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, deje sin efecto la sentencia de 27 de marzo de 2025, junto con todas las determinaciones que de esta dependan, dictada dentro de la acción de tutela rad. 0800141-89-020-2024-01101-01. Hecho lo anterior, en un término máximo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria del anterior proveído,Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 12 proceda a emitir una nueva decisión en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: La autoridad accionada deberá enterar a esta Corporación sobre el acatamiento de lo aquí dispuesto, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de que trata el numeral anterior.

TERCERO: Comuníquese por el medio más expedito a los interesados y, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

(Salvamento de voto)

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Salvamento de voto)Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 13

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Salvamento de voto)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

(Aclaración de Voto) ENRIQUE VIVEROS CASTELLANOS ConjuezRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 14

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA Radicación n° 08001-22-13-000-2025-00682-01

Con respeto por los Magistrados que conformaron mayoría para la adopción de la sentencia proferida en la presente acción de tutela, me permito expresar los motivos de mi discrepancia. 1.- La Sala mayoritaria revocó el fallo proferido el 6 de octubre de 2025 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y, en su lugar, concedió el amparo promovido por C.I. Farmacápsulas S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad; y, en consecuencia, le ordenó dejar sin efecto la providencia emitida el 27 de marzo de 2025 dentro de la acción de tutela con radicado n°. 0800141-89-020-2024-01101-01, y dispuso que, «(…) en un término

ordenó dejar sin efecto la providencia emitida el 27 de marzo de 2025 dentro de la acción de tutela con radicado n°. 0800141-89-020-2024-01101-01, y dispuso que, «(…) en un término máximo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria del anterior proveído, proceda a emitir una nueva decisión en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia». Para arribar a esa conclusión, la mayoría advirtió que, si bien en el resguardo de la referencia se reprocha una decisión adoptada en otra «acción de tutela», lo que, en principio, comporta su improcedencia conforme a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la SU-627 de 2015, en dicho precedente también se establecieron excepciones que la habilitan en eventos específicos.Radicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 15 De acuerdo con esa premisa, estimó que el fallo censurado, mediante el cual el estrado querellado dispuso el reintegro laboral del allá accionante, así como el pago de prestaciones y la indemnización por despido injusto, incurrió en una «evidente vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho de contradicción» de C.I. Farmacápsulas S.A.S., por cuanto “(…) se basó en un dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado después del despido, el cual la empresa no conoció ni pudo impugnar, y que además no guardaba relación con la enfermedad en disputa (…)”

“(…) se basó en un dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado después del despido, el cual la empresa no conoció ni pudo impugnar, y que además no guardaba relación con la enfermedad en disputa (…)” Y que “solo procedía estudiar este mecanismo excepcional y otorgar la protección invocada si se hubiere acreditado la existencia de una situación de estabilidad laboral reforzada que justificara su procedibilidad. Sin embargo, las pruebas presentadas no demuestran que este sea el caso. Dado que existe otro medio de defensa judicial adecuado para resolver el conflicto, la acción de tutela no puede sustituir la competencia del juez laboral, ya que esto violaría el principio subsidiario del amparo y terminaría por atribuir funciones que no le corresponde al juez constitucional”. 2.- No comparto el veredicto, principalmente porque, en mi criterio, en este caso específico no existe justificación alguna para la procedencia de la denominada «tutela contra tutela», razón por la cual no debió concederse la protección suplicada. 2.1.- La Corte Constitucional en la sentencia SU 627 de 2015, unificó los requisitos generales de procedibilidad de la «acción de tutela contra tutela», a saber: (…) por regla general, la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela . No obstante, cuando el fallo es proferido

por un juez o tribunal diferente a esta Corporación, se ha admitidoRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 16 de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación (negrilla fuera de texto). 2.2.- En el sub lite, no se satisfacen los «requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela», en tanto la promotora no empleó el medio de defensa idóneo que tenía a su alcance y, además, no se advierte objetivamente la configuración de un «fraude procesal», lo que torna inviable el estudio de fondo del asunto. 2.2.1.- Se afirma lo primero, porque si bien el fallo proferido por el juzgado accionado fue excluido de revisión por la Corte Constitucional, la gestora no hizo uso de la facultad de insistencia, circunstancia que cierra la posibilidad de reexaminar, por esta vía excepcional, una providencia emitida por otro juez supralegal. De manera que

facultad de insistencia, circunstancia que cierra la posibilidad de reexaminar, por esta vía excepcional, una providencia emitida por otro juez supralegal. De manera que la discusión planteada ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. 2.2.2De igual modo, resultaba indefectible establecer que la “decisión hubiese sido proferida con fines ilegales ligados a una intención dolosa, en la misma se evidencie una interpretación abiertamente contraria a los postulados constitucionales y la buena fe judicial” (CC T-073 de 2019). Y es que, como he manifestado en pretéritas oportunidades, se trata de una figura restrictivaRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 17 y excepcional que solo es admisible cuando se compruebe de manera clara y suficiente la cosa juzgada fraudulenta.

(STC14611-2022; STC240-2023).

Así, trascendental es este análisis, porque si bien basta que se trate de una interpretación abiertamente contraria a la Constitución y a la buena fe judicial, ello no convierte cualquier yerro o interpretación discutible en fraude, so pena de desnaturalizar la figura. En esta línea, la Corte Constitucional en la sentencia T-023 de 2023, reafirmó que este no es una simple irregularidad ni un error judicial, pues no es una tercera instancia en la que pueda reabrirse el debate jurídico. En este caso analizado por la Sala, considero que debió

este no es una simple irregularidad ni un error judicial, pues no es una tercera instancia en la que pueda reabrirse el debate jurídico. En este caso analizado por la Sala, considero que debió analizarse con mayor detenimiento si se estructuró «fraude procesal» en los términos descritos como causal para examinar de fondo la problemática esbozada. 3.- En otras palabras, en mi criterio, no resulta lógico ni razonable que la Corte Constitucional, máxima defensora de los derechos iusfundamentales, no hallara mérito para revisar la salvaguarda confutada y, en su lugar lo haga está Colegiatura sin la verificación de alguna de los ítems para su procedencia. Con el debido respeto, dejo así consignada mi discrepancia. HILDA GONZÁLEZ NEIRA MagistradaRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 18 Radicación n.º 08001-22-13-000-2025-00682-01 SALVAMENTO DE VOTO Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayoría para la adopción de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia.

1. En el caso analizado, C.I. Farmacápsulas S.A.S. reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales consideró vulnerados con la decisión de 27 de marzo de 2025, a través de la cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla revocó la

reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales consideró vulnerados con la decisión de 27 de marzo de 2025, a través de la cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla revocó la sentencia que había declarado improcedente la salvaguarda objeto de revisión y, en su lugar, «ordenó un reintegro laboral, el pago de prestaciones e indemnización por despido». En concreto, el ad quem estimó que la sociedad tuvo conocimiento del estado de debilidad manifiesta en el que se encontraba su trabajadora con anterioridad a su despido y que hubo una « falta de justificación suficiente para la desvinculación », motivos que a su juicio eran pertinentes para la habilitación de la excepcional intervención constitucional, emitiendo varias órdenes y condenas en contra de la hoy accionante. La empresa promotora afirmó que el juez del circuito apreció indebidamente el panorama fáctico y probatorio de laRadicación no. 08001-22-13-000-2025-00682-01 19 litis. En su concepto, el funcionario fundó su

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