CSJ - STC2421-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STC2421-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente STC2421-2026 Radicación n.° 11001-22-03-000-2025-03670-01 (Aprobado en sesión del veinticinco de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Esta Sala decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., que negó el amparo promovido por María Leonor Montoya contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Financiera de ColombiaDelegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Al trámite se vinculó a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de protección al consumidor identificado con el radicado 110010800-008-2023-03290-01.
I. ANTECEDENTES
1. La tutelante reclamó la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso – en sentido amplio y estricto-, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas.FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01
2 Pidió que «declare sin efectos las decisiones de fecha 23 de enero del 2025, proferida por la Superintendencia Financiera de ColombiaDelegatura para Asuntos jurisdiccionales, así como la sentencia de
2 Pidió que «declare sin efectos las decisiones de fecha 23 de enero del 2025, proferida por la Superintendencia Financiera de ColombiaDelegatura para Asuntos jurisdiccionales, así como la sentencia de segunda instancia de fecha 29 de septiembre del 2025, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá dentro del radicado número 11001-0800-008-2023 03290-01 » y ordenar proferir la decisión que en derecho corresponda.
2. Como hechos jurídicamente relevantes para la definición del asunto, se resaltó lo que viene. María Leonor Montoya Avella se desempeñaba como Gerente de la Sucursal Tunja de la Previsora S.A., cargo que ejerció desde el 12 de octubre de 2010. La Previsora S.A. había contratado con AXA Colpatria la póliza de responsabilidad civil No. 8001483849, destinada a amparar, entre otros, los gastos de defensa judicial derivados de actuaciones de servidores públicos asegurados. 2.1. En el 2013 se promovió denuncia penal contra varios funcionarios de la Previsora S.A., entre ellos posteriormente la accionante, a quien la Fiscalía le imputó cargos el 6 de septiembre de 2021, fecha en la cual —según afirma— fue identificada e ingresó formalmente al proceso penal. Tras la imputación penal, el 4 de octubre de 2022, la accionante presentó reclamación ante la Previsora S.A., el
afirma— fue identificada e ingresó formalmente al proceso penal. Tras la imputación penal, el 4 de octubre de 2022, la accionante presentó reclamación ante la Previsora S.A., el corredor de seguros y AXA Colpatria para activar el amparo de gastos de defensa. Durante el trámite, la aseguradora solicitó múltiples documentos y exigió requisitos que la tutelante considera improcedentes.FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 3 2.2. Adujo que, mediante comunicación del 5 de diciembre de 2022 , AXA Colpatria declinó el pago de la cobertura, argumentando que la investigación penal se remontaba al 2018, fecha previa a la vigencia de la póliza, y que por tanto operaba la exclusión por ausencia de cobertura temporal. Con fundamento en la negativa, la accionante promovió proceso de protección al consumidor (rad. 2023-076555). En sentencia del 23 de enero de 2025 , la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superfinanciera declaró probada la excepción de ausencia de cobertura temporal, al considerar acreditado que la accionante tuvo conocimiento del proceso penal desde febrero de 2018, negando así las pretensiones. 2.3. La tutelante apeló la sentencia. El 29 de septiembre de 2025 , el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión, pues estimó que «está de acuerdo
2.3. La tutelante apeló la sentencia. El 29 de septiembre de 2025 , el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión, pues estimó que «está de acuerdo con la decisión proferida por el A quo, toda vez que, en dicha exclusión no se requiere una notificación formal del proceso penal a la demandante, pues resulta ser suficiente con que la asegurada haya tenido conocimiento efectivo de los hechos que motiven la reclamación, tal como lo indica el texto de la póliza y en el caso concreto se tiene demostrado que la demandante asistió el 05 de febrero de 2018 a rendir indagatoria dentro de la investigación penal iniciada en su contra, situación que permite concluir, que para febrero de 2018, se configuraba la exclusión por falta de cobertura temporal ». Según la actora, el despacho basó su decisión en una diligencia de “indagatoria” que nunca tuvo lugar, pues en el sistema penal de la Ley 906 tal actuación no existe y la única forma de vinculación formal y de individualización es la imputación.FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 4 Destacó que «respecto a la instancia penal, esta cobertura del amparo de gastos de defensa trae relacionada en la póliza, norma que debe tenerse en cuenta para el análisis. “Se aclara que para efectos de la cobertura se considera que hay reclamación desde la notificación al empleado asegurado del auto o resolución de apertura de investigación preliminar, investigación o juicio. Igualmente, tratándose de procesos
cobertura se considera que hay reclamación desde la notificación al empleado asegurado del auto o resolución de apertura de investigación preliminar, investigación o juicio. Igualmente, tratándose de procesos civiles, penales o administrativos la reclamación será la notificación será la admisión de la demanda presentada contra el empleado asegurado o la notificación del auto de apertura de investigación penal. todos los eventos anteriormente descritos, constituirán reclamo o circunstancia que afecta la póliza desde el momento que existe vinculación formal del funcionario asegurado cuyo cargo se encuentra amparado en la póliza “opera a partir de “la notificación de la demanda presentada contra el empleado asegurado, la notificación del auto de apertura de la demanda presentada contra el empleado asegurado”». 2.4. Sostuvo que ambos despachos incurrieron en errores fácticos y jurídicos al: i) dar por probado que existió una notificación o conocimiento formal del proceso penal en 2018; ii) asumir que asistió a una diligencia de indagatoria inexistente; iii) desconocer la prueba aportada sobre la verdadera fecha de imputación (6 de septiembre de 2021); iv) interpretar erróneamente el clausulado contractual de la póliza, especialmente en lo relativo a la noción de “reclamación” y los eventos que constituyen siniestro en seguros “claims made”. 2.5. De esta forma, aseveró que la sentencia del 29 de septiembre del 2025, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, dentro del radicado 11001-0800seguros “claims made”. 2.5. De esta forma, aseveró que la sentencia del 29 de septiembre del 2025, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, dentro del radicado 11001-0800008-2023-03290-01 incurrió en: i) defecto fáctico por valoración arbitraria y contraevidente del materialFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 5 probatorio, pues «para la fecha del 5 de febrero del 2018 no existió ni determinación de vinculación en etapa de indagación, ni existió notificación, ni tampoco existió indagatoria, y la vinculación del proceso penal de la suscrita María Leonor Montoya, se actualiza, evidencia y sucede a partir del 6 de septiembre del 2021, lo que posibilita la reclamación, pues este es el hecho que da lugar a la reclamación, o sea esta es la fecha de siniestro que actualiza la reclamación del seguro. La valoración de la prueba de citación a la diligencia no lleva en si misma ni la vinculación, ni el conocimiento de un proceso que es inexistente respecto de la suscrita ». ii) Defecto fáctico por violación del principio de congruencia, debido a que « el enunciado de la excepción, como la argumentación considerada por el despacho, es contradictoria, incongruente y afecta principios del debido proceso, pues la denuncia en una actuación de la Ley 906, no se notifica, ni al
excepción, como la argumentación considerada por el despacho, es contradictoria, incongruente y afecta principios del debido proceso, pues la denuncia en una actuación de la Ley 906, no se notifica, ni al investigado, ni al procesado, porque es una prueba que se incorpora en la etapa del juicio, a más de que la denuncia nunca estuvo dirigida contra la suscrita María Leonor Montoya, y no había proceso, para el año 2018, en que fui citada a rendir versión » y en su sentir, no se consideraron los criterios de interpretación contenidos en la póliza. Y iii) defecto fáctico por omisión de los medios probatorios aportados, ya que « dentro del trámite procesal se decretó, una prueba constancia de la Fiscalía en el que se establece la fecha de la vinculación de la suscrita al proceso penal, prueba que fue solicitada a instancia del apoderado de la parte demandada, doctor RAFAEL ALBERTO ARIZA VESGA, en el que se precisa con exactitud la fecha en la que se hizo la imputación y por lo tanto la vinculación a la suscrita al proceso penal fecha que es del 6 de septiembre del 2021, hecho probado que se desconoce».
II.RESPUESTAS RECIBIDAS
1. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia contestó que en elFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 6 caso «se acogió la excepción denominada por la compañía de seguros
denominada AUSENCIA DE COBERTURA TEMPORAL DE LA PÓLIZA
6 caso «se acogió la excepción denominada por la compañía de seguros
denominada AUSENCIA DE COBERTURA TEMPORAL DE LA PÓLIZA
RESPONSABILIDAD CIVIL D&O NO. 8001483849, QUE FUE
CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD “CLAIMS MADE” O “POR
RECLAMACIÓN” – LA NOTIFICACIÓN AL ASEGURADO(A) DEL PROCESO Y DENUNCIA SE SURTIÓ CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA TEMPORAL DEL SEGURO, por cuanto a la doctora Montoya la citaron el 5 de febrero de 2018 a una diligencia de interrogatorio que surtió, derivado de la denuncia penal que se presentó y por el cual le tocó contratar los servicios profesionales de un abogado. En esa diligencia conoció de la existencia de ese asunto penal y la póliza que se estaba buscando afectar tenía una vigencia entre el 1º de septiembre de 2021 al 1º de septiembre de 2022 y la cobertura de la póliza estaba supeditada a que
la RECLAMACIONES O INVESTIGACIONES NOTIFICADAS A LOS
FUNCIONARIOS ASEGURADO POR PRIMERA VEZ DURANTE LA
VIGENCIA DE LA PÓLIZA; O CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE LOS FUNCIONARIOS ASEGURADOS TENGAN CONOCIMIENTO POR PRIMERA VEZ DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ». Invocó la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidad, en sede jurisdiccional. Alegó que la tutelante pretende utilizar este mecanismo constitucional
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidad, en sede jurisdiccional. Alegó que la tutelante pretende utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia, en contravía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Memoró la presunción de acierto de la decisión adoptada y argumentó la razonabilidad de la misma.
2. A su vez, el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá se pronunció en el sentido de que el fallo que profirió garantizó el debido proceso y demás derechos fundamentales de la accionante.FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01
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3. Por su parte, Axa Colpatria Seguros S.A. solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad – relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad-. Y en gracia de discusión, pidió no conceder el amparo por no configurarse los defectos planteados. Resaltó que la actora pretende convertir este escenario en una tercera instancia en transgresión de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá D.C. negó la tutela promovida por María Leonor Montoya Avella . Primero, recordó la excepcionalidad de la procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales. La cual tiene lugar ante decisiones desviadas de las normas llamadas a regir el caso, parcializadas, arbitrarias
Montoya Avella . Primero, recordó la excepcionalidad de la procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales. La cual tiene lugar ante decisiones desviadas de las normas llamadas a regir el caso, parcializadas, arbitrarias y contrarias a derecho. Siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia. Segundo, al estudiar el sub judice, estimó que analizada la sentencia de segunda instancia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá « se avizora que no desemboca en una vía de hecho, pues el juez convocado -luego de explicar los presupuestos legales y jurisprudenciales de la actividad aseguraticia, en especial con “la denominada clausula claims made”, así como de referirse al contenido, coberturas y exclusiones de la póliza No. 8001483849 - señaló que, “en dicha exclusión no se requ(ería) necesariamente una notificación formal del proceso penal a la demandante, pues resulta ser suficiente con que la asegurada (hubiera)FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 8 tenido conocimiento efectivo de los hechos que moti(baban) la reclamación, tal como lo indica(ba) el texto de la póliza, y en el caso concreto se (tenía) demostrado que la demandante asistió el 05 de febrero de 2018 a rendir indagatoria dentro de la investigación penal iniciada en su contra, situación que permit(ía) concluir que, para febrero
concreto se (tenía) demostrado que la demandante asistió el 05 de febrero de 2018 a rendir indagatoria dentro de la investigación penal iniciada en su contra, situación que permit(ía) concluir que, para febrero de 2018, se configuraba la exclusión por falta de cobertura temporal, pues no se trata(ba) de determinar cuando hay o no proceso penal, como lo indicó la apelante en su escrito de sustentación de la alzada, tan solo se deb(ía) determinar el momento en que la señora María Leonor Montoya le fue notificada o tuvo conocimiento de la investigación penal en su contra adelantada por la Fiscalía General de la Nación, evento que ocurr(ió) de forma previa a la vigencia de la póliza, esto es, previo al 05 de febrero de 2018”.
Y continuó diciendo: “dado que la vigencia de la póliza se extendió únicamente entre el 1 de septiembre de 2021 y el 1 de septiembre de 2022, cualquier reclamación, investigación o conocimiento previo a dicho período queda(ba) expresamente excluido de cobertura, conforme al clausulado contractual (de seguro)”.». Por lo que la afirmación de que la reclamación se realizó por fuera de la vigencia del contrato de seguro, no luce «caprichosa, arbitraria ni antojadiza». Y, por el contrario, «se observa debidamente sustentada y, compártase o no, consulta un criterio razonable, lo que conlleva el fracaso del amparo invocado».
IV. LA IMPUGNACIÓN La formuló la actora. Criticó que «el despacho, omitió hacer un pronunciamiento sobre los requisitos generales y específicos de
invocado».
IV. LA IMPUGNACIÓN La formuló la actora. Criticó que «el despacho, omitió hacer un pronunciamiento sobre los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial que se enunciaron en el libelo de la demanda y sin análisis sustancial, simplemente transcribir el argumento del Juez de segunda Instancia, y sacar conclusiones subjetivas con las que se determinó negar el amparo solicitado». Precisó que no pretendía debatir sobre laFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 9 argumentación de la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera ni sobre la planteada por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá
D.C. Destacó que « la pretensión es que en el amparo constitucional solicitado, se considere el error judicial planteado. E igualmente convocar a que a través de la presente impugnación se analicen y consideren los argumentos respecto de los requisitos especiales de procedibilidad, que fundamentaron el defecto fáctico invocado, en tres modalidades debidamente enunciados en el libelo de la demanda de Tutela; defecto fáctico por valoración arbitraria, defecto fáctico por valoración al principio de congruencia y defecto fáctico por omisión de medios probatorios aportados ». Y luego refirió los hechos relevantes y los yerros expuestos en la demanda de tutela.
valoración al principio de congruencia y defecto fáctico por omisión de medios probatorios aportados ». Y luego refirió los hechos relevantes y los yerros expuestos en la demanda de tutela. Apuntó que su petición en el proceso ordinario que entabló giró entorno a que «se haga efectiva la póliza número 8001483849, en consideración al siniestro que implicaba con cargo a la misma, cubrir el costo de representación judicial por el trámite del proceso penal en mi contra, clarificando que la misma póliza fue contratada por la Previsora S.A., con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., que fue objeto de reclamación, tiene una vigencia desde el 17-10 de 2021 hasta el 01-09 de 2022, y fue prorrogada hasta el día 01-01-2023 ; El hecho que da base a la reclamación lo constituye la iniciación del proceso en contra de la suscrita, MARIA LEONOR MONTOYA AVELLA, con fecha 06 de septiembre de 2021, que es la fecha del acto de comunicación realizado por la Fiscalía 15 Seccional De Tunja, con radicado, No. 150016000133201301809 y que en etapa de Juicio fue asignado al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja; Es en este momento que nacen las obligaciones para las partes del contrato de seguros conforme el código de comercio, entre otros artículos:1036, 1037, 1053, 1074,1075,1077 y 1080 . La reclamación está referida a la cobertura,
nacen las obligaciones para las partes del contrato de seguros conforme el código de comercio, entre otros artículos:1036, 1037, 1053, 1074,1075,1077 y 1080 . La reclamación está referida a la cobertura, GASTOS DE DEFENSA-HONORARIOS PROFESIONALES reclamados en consideración a la modalidad de la póliza “Claims Made”; aunque el hecho generador de la reclamación (6 de septiembre del 2021), sucedeFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 10 con anterioridad a la vigencia de la póliza, se actualiza la reclamación por la modalidad de la póliza, es decir hay cobertura retroactiva, reiterando, a partir de la notificación de iniciación del proceso penal acto de imputación».
V. CONSIDERACIONES
1. La Sala negará la protección constitucional por las razones que se exponen a continuación.
2. En el asunto que se examina, aunque la inconformidad de la actora se dirige contra las decisiones de primera y segunda instancia, el estudio de la Corte se limitará a la sentencia del 29 de septiembre del 2025, proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de protección al consumidor identificado radicado 11001-0800-008-2023-03290-01 . En tanto dicha providencia fue la que resolvió de manera definitiva el caso.
Asimismo, se estudiarán los requisitos de procedencia del amparo, puesto que la apelante critica la ausencia de
providencia fue la que resolvió de manera definitiva el caso. Asimismo, se estudiarán los requisitos de procedencia del amparo, puesto que la apelante critica la ausencia de pronunciamiento expreso sobre los mismos por parte de la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá D.C.
3. De acuerdo con la sólida y reiterada jurisprudencia de esta Corte, el juez constitucional no puede intervenir en los procesos ordinarios, excepto cuando se evidencia una actuación que contradice de manera evidente el ordenamiento jurídico por ser arbitraria o caprichosa. En ese sentido, aunque los jueces de la jurisdicción ordinariaFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 11 cuentan con un margen razonable de discreción para interpretar y aplicar la ley, la intervención del juez constitucional solo procede «si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras muchas en
STC17160-2025 y STC8016-2025).
fundamental constitucional vulnerado o amenazado » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras muchas en STC17160-2025 y STC8016-2025). 3.1 En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha indicado que para que una solicitud de amparo sea procedente deben concurrir los requisitos de (i) relevancia constitucional1, (ii) legitimación en la causa por activa 2, (iii) legitimación en la causa por pasiva 3, (iv) inmediatez 4 y (v) 1 Se cumple cuando se verifica que el asunto involucra algún debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental. SU-617 de 2014, T-291 de 2016, T-651 de 2017, T-063 de 2018 y T-176 de 2018, entre otras.2 SU-377 de 2014. Reglas reiteradas en los fallos T-083 de 2016, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018 y T-176 de 2018. (i) la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales que toda persona puede formular “por sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario que el titular de los derechos instaure directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii) ese tercero debe tener la calidad de: a) representante del titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal. Respecto a las calidades del tercero fijadas en la última regla, se tiene que representante puede ser, por una parte,
debe tener la calidad de: a) representante del titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal. Respecto a las calidades del tercero fijadas en la última regla, se tiene que representante puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra, el apoderado judicial (en los demás casos). Ver SU-377 de 2014, reiterada en las sentencias T-083 de 2016, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018 y T-176 de 2018.3 Según lo previsto en el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra: (i) toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya vulnerado, vulnere o amenace vulnerar cualquier derecho fundamental, y (ii) las acciones u omisiones de los particulares. Esta exigencia refiere a la aptitud legal y constitucional de la persona (natural o jurídica – pública o privada) contra quien se dirige la acción, de ser la posiblemente llamada a responder por la violación o amenaza del derecho fundamental.4 Se ha indicado que la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y
y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucionalFJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 12 subsidiariedad5. El presente asunto ostenta relevancia constitucional, puesto que se invocó la vulneración de derechos fundamentales, tales como el acceso a la administración de justicia y al debido proceso. De igual manera, la accionante interpuso la acción en nombre propio, por lo que se encuentra legitimada por activa. Y dirigió la demanda en contra de autoridades públicas judicialesJuzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales - que podrían estar llamadas a garantizar los derechos invocados. Por lo que se encuentran legitimadas por pasivas. Asimismo, se cumple el requisito de inmediatez porque la sentencia de segundo grado se profirió el 29 de septiembre de 2025, notificada por estado en la misma calenda, y la tutela se presentó el 10 de diciembre de 2025, es decir, dos meses y 12 días después de enterada la decisión que finalizó el proceso ordinario. Por tanto, se encuentra dentro de los 6 meses razonables para presentar el amparo 6. Y reúne el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la tutelante no
meses y 12 días después de enterada la decisión que finalizó el proceso ordinario. Por tanto, se encuentra dentro de los 6 meses razonables para presentar el amparo 6. Y reúne el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales, ni siquiera extraordinarios, para cuestionar la sentencia adoptada en sede de segunda instancia por el juzgado acusado. Ello es así porque los defectos planteados no se encuadran en el marco 5 La acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa o, existiendo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Corte Constitucional T-027-20196 Ver: CSJ, STC12196-2014, CSJ SC, 11 de septiembre, rad. 01892-00. CSJ, STC2710-2015, CSJ SC, 12 mar., rad. 00505-00. CSJ, STC1837-2023, 1º de mar., rad. 2023-00002-01.FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 13 de un recurso de revisión – artículos 354 y 355 del Código General del Proceso, ni tampoco era procedente el recurso extraordinario de casación, toda vez que, según lo previsto en el artículo 3347 del Código General del Proceso, ese mecanismo procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia.
extraordinario de casación, toda vez que, según lo previsto en el artículo 3347 del Código General del Proceso, ese mecanismo procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. 3.2 Ahora bien, en el caso de tutelas contra providencias judiciales, en fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional abandonó el concepto de vía de hecho por los de causales específicas para la procedencia del amparo. Previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales, a saber: (i) R elevancia constitucional. (ii) Subsidiariedad. (iii) Inmediatez. (iv) Que de tratarse de irregularidades procesales, las mismas hayan tenido incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. (v) El actor debe identificar los hechos vulneradores y los derechos vulnerados. Y (vi) no debe tratarse de una tutela contra tutela. Los tres primeros ya fueron estudiados. Respecto de los restantes debe decirse: en el sub judice no se invocan irregularidades procesales, se identificaron los hechos vulneradores y los derechos presuntamente transgredidos y no se trata de una tutela contra un fallo de la misma naturaleza. 7 «Artículo 334. Procedencia del recurso de casación. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
7 «Artículo 334. Procedencia del recurso de casación. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.
3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.
Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».FJBU Radicación no. 11001-22-03-000-2025-03670-01 14 Respecto de los motivos específicos y excepcionales de procedencia de tutelas contra providencias judiciales, la actora formuló el de defecto fáctico. Sobre este, la Corporación ha señalado que: «Uno de los supuestos que estructura aquella [vía de hecho] es el defecto fáctico, en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere mérito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos de la
recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil), también es cierto que jamás pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderación de los medios de persuasión implica la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, e
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