CSJ - STC483-2026

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada Ponente STC483-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 (Aprobado en Sala de veintiocho de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide la acción de tutela que promovió la señora Eliana María Figueroa Gélvez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad.

ANTECEDENTES

1. En procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva, la accionante pidió que se ordene al Tribunal accionado « que deje sin efecto auto 03 de diciembre del 2025 », y que, en su lugar, « se declare admisible el proceso».

2. En sustento, manifestó que en septiembre de 2025 radicó demanda de privación de patria potestad ante los juzgados de familia de Barranquilla. El asunto fue repartido al Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, despacho que inadmitió la demanda por dos razones: (i) no haberse aportadoRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 2 la constancia de remisión previa al demandado de copia de la demanda y sus anexos, exigida por el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, y (ii) no haberse indicado los datos de los abuelos paternos y maternos del menor de edad, conforme al artículo

demanda y sus anexos, exigida por el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, y (ii) no haberse indicado los datos de los abuelos paternos y maternos del menor de edad, conforme al artículo 395 del Código General del Proceso. En el término de ley presentó escrito de subsanación, aportando la información faltante y explic que, al momento de radicar la demanda a través del sistema de «demandas en línea», el archivo que contenía la solicitud de medidas cautelares no cargó debidamente, razón por la cual lo allegó en esa oportunidad. A ello agregó que dicha petición permitía obviar el requisito del artículo 6 de la Ley 2213, pues las medidas cautelares de suspensión provisional de la patria potestad y sobre la administración de los bienes del menor resultaban conducentes y pertinentes. Mediante auto posterior, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda, con fundamento en que la «suspensión de la patria potestad» y la « suspensión en la administración de los bienes del hijo» no constituyen propiamente medidas cautelares de las previstas en los artículos 590 y 598 del Código General del Proceso, sino medidas provisionales de protección, cuya naturaleza y finalidad son distintas. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual no prosperó. En subsidio, interpuso recurso de apelación, pero el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó el rechazo, con dos argumentos centrales: (i) no se sustentó la viabilidad de las

En subsidio, interpuso recurso de apelación, pero el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó el rechazo, con dos argumentos centrales: (i) no se sustentó la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas, y (ii) estas fueron presentadasRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 3 con la subsanación y no con la demanda, como lo exige la norma para exceptuar el requisito de remisión previa. La accionante considera que las autoridades judiciales incurrieron en exceso ritual manifiesto al imponer una carga procesal no prevista en la ley –que la medida cautelar se presente exclusivamente con la demanda, y no con el escrito de subsanación–, y al confundir la razonabilidad sustancial de la medida –si debe o no concederse– con su razonabilidad procesal –si es conducente y pertinente para el proceso–.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Tribunal accionado sostuvo que « la decisión proferida por la Sala Unitaria se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de la (...) Corte Suprema de Justicia, sin que se configure una vía de hecho o causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial».

2. A su turno, el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla adujo que en ese despacho « se tramitó demanda de Privación de Patria Potestad, presentada por ELIANA MARÍA FIGUEROA GÉLVEZ (...); la cual, mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2025, fue

Barranquilla adujo que en ese despacho « se tramitó demanda de Privación de Patria Potestad, presentada por ELIANA MARÍA FIGUEROA GÉLVEZ (...); la cual, mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2025, fue rechazada al estimarse que no fue subsanada en debida forma».

CONSIDERACIONES

1. Providencia que será objeto de análisis.

Corresponde examinar si la decisión cuestionada en sede de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante. Para ello, el análisis se circunscribirá al autoRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 4 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 3 de diciembre de 2025, por ser aquel en el que quedó zanjada la controversia.

2. Síntesis de la actuación.

En su demanda inicial, la convocante reclamó la privación de la patria potestad del padre de su hijo –de trece años–, por la causal de abandono (art. 315-2, Código Civil). El Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla inadmitió la demanda, entre otras razones, porque no se aportó la constancia de remisión previa al demandado, exigida por el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. Al subsanar la demanda, la señora Figueroa Gélvez indicó que la citada norma exceptúa de ese deber a quienes solicitan medidas cautelares. Añadió que, junto con la demanda inicial, había solicitado el decreto de ciertas medidas cautelares en documento separado, pero que, por una falla en

solicitan medidas cautelares. Añadió que, junto con la demanda inicial, había solicitado el decreto de ciertas medidas cautelares en documento separado, pero que, por una falla en la carga del archivo a través del sistema de «demandas en línea», el despacho no tuvo la oportunidad de conocerlo, razón por la cual lo allegaba con la subsanación. A renglón seguido pidió que, como cautela innominada, se ordenara al demandado no ejercer la patria potestad hasta que se dictara sentencia definitiva, y que se le suspendiera en la administración de los bienes del menor, designando a la madre como única administradora. El juzgado de conocimiento rechazó la demanda, tras considerar que las solicitadas « no son propiamente “medidas cautelares” que expresamente estén autorizadas en los artículos 590 y 598Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 5 del C. G. del P. (...) siendo más bien medidas provisionales». Contra esa decisión la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Sostuvo, en síntesis, que (i) la naturaleza de toda medida cautelar es anticipar materialmente el eventual fallo estimatorio de la pretensión; (ii) las medidas provisionales constituyen una subcategoría de las cautelares; (iii) el artículo 590, literal c), del Código General del Proceso habilita al juez para decretar «cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio»; y (iv) para efectos de obviar el

590, literal c), del Código General del Proceso habilita al juez para decretar «cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio»; y (iv) para efectos de obviar el requisito del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, lo determinante no es que la medida cautelar solicitada se decrete, sino que la solicitud sea conducente y pertinente. Negado el primer recurso, se concedió el segundo. El Tribunal confirmó el rechazo de la demanda, tras considerar que «al momento de interponer el libelo, no se cumplió con el derrotero previsto en el artículo 6 la ley 2213 de 2022, en el sentido de hacer la remisión al demandado, de lo que el actor se puede exonerar, entre otras cosas, cuando se soliciten medidas cautelares, lo que, en efecto, no surge patente que se elevaran con aquel, sino que en virtud de la subsanación». A ello agregó que, «además de la imprecisión de no haber pedido la cautela con la demanda, tampoco se cumplieron con los derroteros de argumentar la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, que de cara a los hechos de la demanda no se aprecian, como tampoco la razonabilidad de accederse a ella». Asimismo, sostuvo que los propios hechos de la demanda desvirtuaban la procedencia de la cautela, pues « si lo alegado por la demandante es el alejamiento e incumplimiento de lo que corresponde al padre, no existe sustento para pedir que se le separe provisionalmente, cuando no se han expresado hechos que sean indicativos del ejercicio efectivo de la patria potestad y

incumplimiento de lo que corresponde al padre, no existe sustento para pedir que se le separe provisionalmente, cuando no se han expresado hechos que sean indicativos del ejercicio efectivo de la patria potestad y administración de los bienes del hijo».Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 6 Finalmente, invocó el fallo CSJ STC6648-2025, a fin de señalar que «la conciliación extrajudicial exigida por la norma no puede ser eludida bajo el argumento de solicitar una medida cautelar que resulte improcedente, desproporcionada o ineficaz», de suerte que « es imperativo que se verifique la viabilidad de la cautela solicitada para considerar que se ha cumplido con el requisito».

3. Primera cuestión: la oportunidad de la solicitud.

El Tribunal accionado fundó su decisión, en parte, en que las medidas cautelares no fueron solicitadas con la demanda, sino con la subsanación. Esta distinción, sin embargo, no luce razonable. Si bien lo esperable es que la demanda se presente completa desde el inicio, el ordenamiento prevé la subsanación precisamente para corregir omisiones o defectos del libelo inicial. Quien subsana, pues, no presenta un escrito autónomo ni ejerce una facultad procesal diferente: integra la demanda para que cumpla con los requisitos de admisibilidad. De allí que el artículo 90 del Código General del Proceso disponga que, una vez subsanada la demanda, el juez procederá a su admisión «si reúne los requisitos», sin distinguir entre lo aportado inicialmente y lo allegado con posterioridad.

artículo 90 del Código General del Proceso disponga que, una vez subsanada la demanda, el juez procederá a su admisión «si reúne los requisitos», sin distinguir entre lo aportado inicialmente y lo allegado con posterioridad. Así las cosas, no resulta razonable reprocharle a la accionante que, por una falla en la carga del archivo, la solicitud de medidas cautelares haya quedado incorporada con la subsanación y no con el escrito inicial. Lo determinante es que el libelo esté completo antes de la admisión. Exigir loRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 7 contrario equivale a imponer una carga procesal que la ley no contempla, con sacrificio del derecho de acceso a la administración de justicia.

4. Segunda cuestión: la procedencia formal de la medida cautelar solicitada. 4.1. Depuración del precedente. 4.1.1. El artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 impone al demandante el deber de remitir por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos al demandado, «salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas ». Esta norma guarda simetría con el parágrafo 1º del artículo 590 del Código General del Proceso, que exonera de agotar la conciliación prejudicial a quien solicite medidas cautelares con la demanda.

Sobre el alcance de esta última disposición, esta Corporación ha sostenido dos posturas. De un lado, la que podría denominarse tesis literal , según la cual basta con

solicite medidas cautelares con la demanda. Sobre el alcance de esta última disposición, esta Corporación ha sostenido dos posturas. De un lado, la que podría denominarse tesis literal , según la cual basta con solicitar la práctica de medidas cautelares para quedar relevado del requisito, sin que sea indispensable que el juez las decrete ni que resulten viables ( Cfr. STC16804-2021, STC15644-2024). De otro, la tesis de viabilidad, conforme a la cual « la conciliación extrajudicial exigida por la norma no puede ser eludida bajo el argumento de solicitar una medida cautelar que resulte improcedente, desproporcionada o ineficaz», de modo que «es imperativo que se verifique la viabilidad de la cautela solicitada » (Cfr. STC124902024, STC6648-2025, STC14346-2025, entre otras).Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 8 4.1.2. Ante la divergencia expuesta, la Sala considera pertinente unificar su criterio y decantarse por la tesis de la viabilidad . La solicitud de medidas cautelares no puede convertirse en una herramienta para eludir, sin justificación alguna, los deberes que el legislador ha impuesto al demandante –sea la conciliación prejudicial que prevé el artículo 590, par. 1º, Código General del Proceso, sea la remisión previa de la demanda al demandado a la que se refiere el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022–. Una interpretación

artículo 590, par. 1º, Código General del Proceso, sea la remisión previa de la demanda al demandado a la que se refiere el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022–. Una interpretación puramente literal de estas normas conduciría a que cualquier solicitud, por manifiestamente improcedente que fuera, bastara para exceptuar el requisito, con evidente desmedro de la racionalidad del sistema procesal y de los fines que el legislador tuvo en cuenta al consagrar tales exigencias. Así las cosas, para que opere la exoneración prevista en las normas citadas, no basta con formular cualquier solicitud de medida cautelar: es necesario que la cautela satisfaga un estándar mínimo que permita descartar las peticiones manifiestamente artificiosas o inejecutables, sin anticipar el juicio de fondo sobre su procedencia. Ese estándar debe entenderse en un sentido que preserve el equilibrio entre dos imperativos igualmente valiosos: de un lado, evitar que la solicitud de cautelas se utilice como artificio para burlar requisitos legales; de otro, impedir que el juicio de admisibilidad de la demanda se convierta en un examen anticipado de la procedencia sustancial de la medida, con sacrificio del derecho de acceso a la justicia.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 9 4.1.3. Corresponde, entonces, delimitar los conceptos de viabilidad, razonabilidad y posibilidad material que, en conjunto, conforman el estándar aplicable. Por viabilidad formal se entiende que la medida

9 4.1.3. Corresponde, entonces, delimitar los conceptos de viabilidad, razonabilidad y posibilidad material que, en conjunto, conforman el estándar aplicable. Por viabilidad formal se entiende que la medida solicitada sea jurídicamente admisible en el tipo de proceso de que se trata; es decir, que el ordenamiento la contemple –de manera nominada o innominada– para esa clase de trámite. No se exige que la ley prevea la cautela de modo expreso: basta con que quepa dentro de las facultades generales que el artículo 590, literal c), del Código General del Proceso confiere al juez para decretar «cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio». Por razonabilidad en sentido estricto se entiende que la cautela guarde una relación lógica y coherente con el objeto del litigio, de suerte que no se trate de una solicitud artificiosa, caprichosa o manifiestamente ajena a la pretensión. Su finalidad es excluir aquellas peticiones que, pese a ser formalmente posibles, carecen de toda conexión con la tutela judicial que se persigue y, por ende, revelan un propósito elusivo del requisito legal. Este requisito opera únicamente respecto de las medidas innominadas , pues tratándose de las nominadas el legislador ya efectuó el juicio de pertinencia al preverlas expresamente para determinada clase de proceso. Finalmente, por posibilidad material se entiende que la medida no verse sobre situaciones jurídicas inexistentes o fácticamente irrealizables. No se trata de anticipar si la cautela

preverlas expresamente para determinada clase de proceso. Finalmente, por posibilidad material se entiende que la medida no verse sobre situaciones jurídicas inexistentes o fácticamente irrealizables. No se trata de anticipar si la cautela prosperará tras el examen de fondo, sino de descartar aquellas solicitudes que, por su propio contenido, resultan de imposibleRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 10 ejecución –como pedir el secuestro de un bien que no existe o la suspensión de facultades que el demandado no tiene–. Así delimitados los tres conceptos, el examen que compete al juez en sede de admisión se traduce en las siguientes preguntas: (i) ¿contempla el ordenamiento, de manera nominada o innominada, esta medida para el tipo de proceso de que se trata?; (ii) tratándose de medidas innominadas, ¿guarda la solicitud una relación de sentido con la pretensión?; y (iii) ¿es materialmente ejecutable? Si las respuestas son afirmativas, la solicitud es idónea para exonerar al demandante del deber de remisión previa o, en su caso, del requisito de conciliación prejudicial, con independencia de que la cautela sea decretada o negada tras el análisis de fondo. Por el contrario, no corresponde al juez, al valorar la admisibilidad de la demanda, evaluar si está suficientemente acreditada la apariencia de buen derecho, o si concurren la necesidad, proporcionalidad y efectividad que justificarían el decreto de la cautela. Anticipar ese análisis equivale a prejuzgar la procedencia de la medida como condición para

necesidad, proporcionalidad y efectividad que justificarían el decreto de la cautela. Anticipar ese análisis equivale a prejuzgar la procedencia de la medida como condición para admitir la demanda, lo cual invierte la secuencia lógica del proceso, desnaturaliza ambas figuras y genera una carga desproporcionada para el demandante. Es perfectamente posible que una solicitud cautelar supere el examen de admisibilidad y, no obstante, sea denegada por no acreditarse los presupuestos para su decreto. Pero ello no invalida la admisión, sino que confirma que se trata de juicios distintos, con estándares y finalidades diferentes.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 11 4.2. Análisis del caso concreto. En el caso concreto, la accionante solicitó la suspensión provisional de la patria potestad y de la administración de los bienes del menor, en el marco de un proceso de privación de la patria potestad por abandono. Corresponde aplicar el examen aquí definido previamente. En cuanto a la viabilidad formal, las medidas solicitadas encuentran respaldo en el literal c) del artículo 590 del Código General del Proceso, que habilita al juez para decretar «cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma ». En modo alguno se trata de cautelas ajenas al tipo de proceso: por el contrario, están directamente vinculadas con las facultades cuya extinción se reclama.

derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma ». En modo alguno se trata de cautelas ajenas al tipo de proceso: por el contrario, están directamente vinculadas con las facultades cuya extinción se reclama. En cuanto a la razonabilidad, las medidas guardan estrecha relación con el objeto del litigio: si lo que se pretende es privar al padre de la patria potestad por haber abandonado al hijo, resulta coherente solicitar que, mientras se tramita el proceso, se suspendan provisionalmente las facultades cuya privación definitiva se persigue. No parece tratarse de una solicitud artificiosa ni inconducente. Y en lo que atañe a la posibilidad material, nada obstaría para que las medidas se decreten: el demandado ostenta actualmente la patria potestad y, con ella, la facultad de administrar los bienes del menor. Superado este triple examen, la solicitud de medidas cautelares era suficiente para exonerar a la demandante del deber de remisión previa previsto en el artículo 6 de la Ley 2213Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 12 de 2022. El Tribunal, sin embargo, fue más allá. Sostuvo que «no se cumplieron con los derroteros de argumentar la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida » y que, a la luz de los hechos de la demanda, no se apreciaba « la razonabilidad de accederse a ella», pues «si lo alegado por la demandante es el alejamiento e incumplimiento de lo que corresponde al padre, no existe sustento para pedir que se le separe provisionalmente, cuando no se han expresado

accederse a ella», pues «si lo alegado por la demandante es el alejamiento e incumplimiento de lo que corresponde al padre, no existe sustento para pedir que se le separe provisionalmente, cuando no se han expresado hechos que sean indicativos del ejercicio efectivo de la patria potestad». Tal razonamiento no resulta constitucionalmente admisible, por varias razones. En primer lugar, desborda el examen que corresponde a la etapa de admisión. Al evaluar si los hechos de la demanda justificaban el decreto de la cautela, la corporación accionada anticipó un juicio que pertenece a otra etapa procesal y confundió dos planos que deben permanecer diferenciados. Si consideraba que la medida no debía decretarse por falta de apariencia de buen derecho, de necesidad o de proporcionalidad, la consecuencia lógica era admitir la demanda y negar la cautela, no rechazar el libelo. En segundo lugar, el argumento de fondo empleado por el Tribunal presenta deficiencias que comprometen su solidez. La corporación accionada sostuvo que « si lo alegado por la demandante es el alejamiento e incumplimiento de lo que corresponde al padre, no existe sustento para pedir que se le separe provisionalmente, cuando no se han expresado hechos que sean indicativos del ejercicio efectivo de la patria potestad ». Tal razonamiento parece descansar en la premisa de que suspender provisionalmente la patria potestad a quien no la ejerce de hecho sería una medida inútil o inocua.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 13 Sin embargo, ese planteamiento desconoce que la patria

potestad a quien no la ejerce de hecho sería una medida inútil o inocua.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 13 Sin embargo, ese planteamiento desconoce que la patria potestad no se agota en el ejercicio fáctico de la guarda o el cuidado personal: comprende también la representación legal del hijo y la administración de sus bienes (art. 288, Código Civil). Un padre que ha abandonado materialmente a su hijo conserva, mientras no medie sentencia, la titularidad formal de esas facultades y, con ella, la posibilidad jurídica de realizar actos de disposición sobre los bienes del menor, de intervenir en su representación legal o de obstaculizar decisiones que la madre adopte en ejercicio del cuidado personal. La suspensión provisional conjura precisamente esos riesgos. A ello se añade que el razonamiento del Tribunal conduce a un resultado paradójico: a mayor gravedad del incumplimiento alegado –abandono total–, menor justificación tendría la cautela, pues el padre « no ejerce» la patria potestad. Llevada al extremo, esa lógica implicaría que las medidas cautelares en procesos de privación de patria potestad solo procedieran frente a padres que ejercen activamente sus funciones, pero no frente a quienes las han desatendido por completo. Tal conclusión invierte el sentido protector del régimen cautelar y desconoce que el abandono puede acentuar la vulnerabilidad del menor de edad frente a eventuales actuaciones del progenitor ausente. 4.3. El interés superior del niño.

régimen cautelar y desconoce que el abandono puede acentuar la vulnerabilidad del menor de edad frente a eventuales actuaciones del progenitor ausente. 4.3. El interés superior del niño. El análisis precedente ha demostrado que la decisión del Tribunal no supera el examen de razonabilidad desde la perspectiva del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Pero existe, además, un elemento que refuerza esa conclusión y queRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 14 la corporación accionada omitió ponderar: el proceso subyacente versa sobre los derechos de un niño de trece años, sujeto de especial protección constitucional. El artículo 44 de la Constitución Política consagra la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. En armonía con esa disposición, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño –que integra el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Carta Política– establece que, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, « una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño». De ahí que la jurisprudencia haya precisado que este principio opera como criterio hermenéutico que obliga al intérprete a preferir, entre varias lecturas posibles de una norma, aquella que mejor garantice la efectividad de los derechos del niño, niña o adolescente.

intérprete a preferir, entre varias lecturas posibles de una norma, aquella que mejor garantice la efectividad de los derechos del niño, niña o adolescente. Proyectado al caso concreto, el interés superior del niño impone a las autoridades judiciales el deber de facilitar –no de obstaculizar– el acceso a la jurisdicción cuando lo que se reclama es, precisamente, la protección de sus derechos frente a un progenitor que presuntamente lo ha abandonado. Cerrar las puertas del proceso mediante una interpretación restrictiva que la ley no exige resulta incompatible con ese mandato y priva al NNA de la oportunidad de que un juez examine, en el marco de un debido proceso judicial, si concurren los presupuestos para privar al padre de la patria potestad.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 15

5. Conclusión.

El examen de la decisión adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla revela varias falencias que, consideradas en conjunto, comprometen su razonabilidad y abren paso al amparo solicitado: (i) En cuanto a la oportunidad de la solicitud: aunque lo esperable es que la demanda se presente completa, la subsanación existe precisamente para corregir omisiones o defectos del escrito inicial. No constituye una oportunidad procesal distinta, sino su complemento necesario, de modo que lo allegado con ella no puede considerarse intempestivo. (ii) En cuanto al estándar aplicable: para efectos de la exoneración prevista en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 (así

lo allegado con ella no puede considerarse intempestivo. (ii) En cuanto al estándar aplicable: para efectos de la exoneración prevista en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 (así como para obviar el requerimiento de conciliación prejudicial, cuando proceda) basta con que la cautela solicitada sea viable formalmente, conducente y materialmente posible. El Tribunal, sin embargo, anticipó un juicio de fondo sobre la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, análisis que corresponde a otra etapa procesal. (iii) En cuanto a la coherencia del razonamiento: el argumento según el cual no procede suspender la patria potestad de quien no la ejerce de hecho desconoce que la titularidad formal de esas facultades subsiste mientras no medie sentencia, y conduce al resultado paradójico de negar protección cautelar en los casos de mayor incumplimiento.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 16 (iv) En cuanto al interés superior del niño: el proceso versa sobre los derechos de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional. Las autoridades judiciales tienen el deber de facilitar el acceso a la jurisdicción cuando se reclama la protección de esos derechos. Cerrar las puertas del proceso mediante una interpretación restrictiva de la ley resulta incompatible con ese mandato. En resumen, la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla no superó el examen de razonabilidad y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la accionante, así como los derechos del

En resumen, la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla no superó el examen de razonabilidad y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la accionante, así como los derechos del niño en cuyo favor se promovió la demanda. Por lo anterior, se concederá el amparo solicitado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la señora Eliana María Figueroa Gélvez y de su hijo menor de edad, vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el auto del 3 de diciembre de 2025, proferido por la Sala Civil Familia delRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-06241-00 17 Tribunal Superior de Barranquilla, mediante el cual se confirmó el rechazo de la demanda de privación de patria potestad promovida por la accionante. TERCERO. ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de rechazo proferido por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, con sujeción a los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de rechazo proferido por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, con sujeción a los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión. CUARTO. Si el fallo no es impugnado, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase,

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala (salvamento de voto)

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO