CSJ - STL17790-2026

SCLAJPT-12 V.00

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente

STL17790-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01 Acta 32

Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La Sala resuelve la impugnación que OIDEN CAMACHO SOLANO interpuso contra el fallo que la SALA DE CASACIÓN CIVIL , AGRARIA Y RURAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA profirió el 24 de julio de 202 6, dentro de la acción de tutela que el recurrente present ó contra la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, trámite al cual se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso objeto de amparo.

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Oiden Camacho Solano instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna y acceso a la administración de justicia, los cuales fueronRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 2 presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

En lo que a este trámite interesa, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se constató que Oiden Camacho Solano promovió proceso de responsabilidad civil contractual contra Seguros de Vida Suramericana S. A. y Asojuncal, con el fin de conseguir el cumplimiento de la

de las pruebas obrantes en el plenario, se constató que Oiden Camacho Solano promovió proceso de responsabilidad civil contractual contra Seguros de Vida Suramericana S. A. y Asojuncal, con el fin de conseguir el cumplimiento de la póliza de seguros de seguros de vida.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, bajo el radicado 4100131-03-005-2023-00008-00 autoridad que, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Inconforme con lo anterior, las partes intervinientes en el proceso interpusieron recurso de apelación.

Mediante acta de reparto de 25 de junio de 2025, el proceso fue repartido en la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para resolver el recurso de alzada y en auto de 22 de septiembre de 2025, el Tribunal admitió el recurso y ordenó correr traslado. Vencido el término, subió al despacho para sentencia desde el 20 de octubre de 2025.

En memorial de 24 de noviembre de 2025, el accionante a través de su apoderado judicial, solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 121 del Código General del Proceso y en auto de 18 de diciembre de ese mismo año, dicha autoridad prorrogó el término legal para proferir sentenciaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 3 por un lapso adicional de 6 meses contados a partir del vencimiento inicialmente determin ado en la ley, esto es,

SCLAJPT-12 V.00 3 por un lapso adicional de 6 meses contados a partir del vencimiento inicialmente determin ado en la ley, esto es, hasta el 25 de junio de 2026.

El 5 de marzo de 2026, nuevamente requirió el cumplimiento de los términos procesales, y por ende que se aplicara la pérdida de competencia y en proveído de 7 de abril siguiente, negó la solicitud e in formó que el proceso se encontraba en el «turno No. 35 de procesos civiles, de acuerdo con el ingreso al Despacho y el acta de reparo, sin que sea posible establecerse una fecha probada de su definición».

El 26 de marzo de 2026, Oiden Camacho Solano promovió acción de tutela contra la Sala Civil familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con el fin de que la mencionada autoridad en «el término de cinco (5) días se pronuncie de manera definitiva de la seg unda instancia dentro del proceso civil declarativo de responsabilidad contractual». El conocimiento del mecanismo tutelar le correspondió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación que en proveído CSJ STC54832026 de 17 de abril de 2 026, negó el amparo, la anterior decisión fue objeto de impugnación y en sentencia de STL16127-2026 de 3 de junio de 2026 esta Sala de casación Laboral confirmó la decisión recurrida , tras considerar que no se había configurado una mora judicial injustificada.

El 30 de junio de 2026, el apoderado judicial de la parte accionante, remitió solicitud, mediante el cual requirió dar

Laboral confirmó la decisión recurrida , tras considerar que no se había configurado una mora judicial injustificada.

El 30 de junio de 2026, el apoderado judicial de la parte accionante, remitió solicitud, mediante el cual requirió dar cumplimiento «auto de 18 de diciembre de 2025 y se emitaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 4 inmediatamente la sentencia de segunda instancia» y en auto de 8 de julio de 2026, ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen con el fin de que organizaran y completaran dicho expediente.

El peticionario reparó que el Tribunal accionado ha incurrido en mora judicial, pues desde el 25 de junio de 2025 el proceso se encuentra en esa dependencia para resolver el recurso de apelación sin que se haya emitido el respectivo pronunciamiento.

De conformidad con lo expuesto, solicitó la protección de sus garantías fundamentales invocadas, y, en consecuencia , se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que dentro de un término de 48 horas « declare la pérdida de competencia y se remita el expediente al funcionario o Sala que le sigue en turno» o en defecto, se le dé prelación de turno para emitir fallo en razón a su edad y sus quebrantos de salud.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Mediante auto de 9 de julio de 2026, la Sala de Casación Civil admitió la súplica , ordenó notificar a l a convocada y vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso a fin

Mediante auto de 9 de julio de 2026, la Sala de Casación Civil admitió la súplica , ordenó notificar a l a convocada y vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.

Dentro del término de traslado, la magistrada de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva quien tiene a su cargo el proceso objeto deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 5 censura informó que « tomé posesión en propiedad del cargo de Magistrada de este despacho el 26 de mayo de 2026, circunstancia relevante para la adecuada contextualización de las actuaciones objeto de análisis».

Además, señaló que el despacho fue creado mediante Acuerdo PCSA22 -12028 de 19 de diciembre de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura; que dicha disposición ordenó a los despachos más antiguos remitir 337 procesos a esa dependencia.

También, mencionó que luego de realizar un inventario de los procesos obrante en su despacho, estableció que:

al momento de la posesión, se encontraban pendientes de decisión quinientos ochenta (580) procesos ordinarios de segunda instancia y que, durante el primer mes de g estión, ingresaron once (11) nuevos asuntos por reparto, para un total de quinientos noventa y un (591) procesos ordinarios pendientes de decisión. A ello se sumaban sesenta (60) actuaciones posteriores a la sentencia que igualmente requerían decisión del despacho, de manera que la carga jurisdiccional ascendía, al 30

de quinientos noventa y un (591) procesos ordinarios pendientes de decisión. A ello se sumaban sesenta (60) actuaciones posteriores a la sentencia que igualmente requerían decisión del despacho, de manera que la carga jurisdiccional ascendía, al 30 de junio de 2026, a seiscientos cincuenta y un (651) asuntos. Incluso se identificaron tres procesos ingresados a la Corporación desde el año 2016, de los cuales uno ya fue decidido y los dos restantes cuentan actualmente con proyecto registrado. Como resultado de ese diagnóstico, se implementaron medidas de organización, priorización y optimización de la gestión judicial y, mediante oficio de 26 de junio de 2026, se solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del Huila la adopción de una medida temporal de descongestión, petición que a la fecha permanece pendiente de decisión.

Precisado lo anterior, rindió informe sobre las actuaciones adelantadas en el litigio y explicó que:

Posteriormente, el 30 de junio de 2026, el demandante presentó un nuevo memorial mediante el cual solicitó que se otorgara prelación al asunto y se profiriera la sentencia de segundaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 6 instancia.

En atención a dicha solicitud y en ejercicio de la dirección del proceso, mediante auto de 8 de julio de 2026 se dispuso la remisión temporal del expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva para que, dentro del término perentorio allí señalado (3 días), diera cumplimiento al Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del

remisión temporal del expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva para que, dentro del término perentorio allí señalado (3 días), diera cumplimiento al Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente, divulgado mediante la Circular PCSJC20 -27 de 21 de julio de 2020 y actualizado por la Circular PCSJC21-6 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura.

Tal determinación obedeció a que, durante la revisión preliminar del expediente, se advirtió que este no se encontraba organizado conforme a los lineamientos previstos en el citado protocolo, circunstancia que impedía identificar de manera clara y secuencial las actuaciones procesales y , por ende, abordar el estudio integral de los recursos de apelación.

Asojuncal manifestó que no vulner ó los derechos fundamentales alegados.

Seguros de Vida Suramericana S. A. rindió informe y solicitó negar el amparo.

Surtido el trámite de rigor, en sentencia de 24 de julio de 2026, el juzgador de primera instancia negó el amparo, tras considerar que no se advertía que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido « injustificadamente en la demora endilgada, pues que, pese a que transcurrió un tiempo desde que al despacho le fue asignado el proceso objeto de crítica, ello no obedeció a una actitud renuente o descuidada».

III. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, para lo cual reiteró lo expuesto en el escrito inicial.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

III. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó, para lo cual reiteró lo expuesto en el escrito inicial.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

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IV. CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.

Al descender al caso bajo estudio, encuentra la Sala que el amparo se dirige a que se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que dentro de un término de 48 horas « declare la pérdida de competencia y se remita el expediente al funcionario o Sala que le sigue en turno» o en defecto, se le dé prelación de turno para

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que dentro de un término de 48 horas « declare la pérdida de competencia y se remita el expediente al funcionario o Sala que le sigue en turno» o en defecto, se le dé prelación de turno para emitir fallo en razón a su edad y sus quebrantos de salud.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

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Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral debe entrar a dilucidar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, así como lo establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias, la presente acción cumple con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra omisiones judi ciales, como lo ha enseñado la jurisprudencia de esa Corporación en varias sentencias, entre ellas la CC T-186-2017, es decir, si acata los siguientes requisitos:

(i) legitimación por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez).

Así, es importante señalar:

(i) Oiden Camacho Solano se encuentra legitimado en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto funge como demandante dentro del proceso que cuestiona la mora judicial.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto funge como demandante dentro del proceso que cuestiona la mora judicial.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

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(ii) Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la súplica se dirige contra la autoridad encargada de dar cumplimiento a lo pretendido.

(iii) Se cumple el requisito de inmediatez porque la omisión se mantiene en el tiempo.

(iv) Se satisface el presupuesto de subsidiariedad respecto a la alegada mora judicial,  en la medida que no existen otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la presunta tardanza en el cumplimiento de los términos judiciales, frente a los derechos fundamentales de la parte actora.

Sin embargo, no se cumple dicho presupuesto frente a la solicitud encaminada a que se ordene al Tribunal que decrete la pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso toda vez que, si bien el actor elevó la misma pretensión y fue desestimada por el colegiado encartado, a la fecha, nos encontramos ante supuestos de hecho diferentes comoquiera que ha transcurrido más de 4 meses desde que acudió a la autoridad accionada y no hay motivo o razón que le impida al actor pres entarla nuevamente.

Conforme a lo anterior, se advierte que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros

motivo o razón que le impida al actor pres entarla nuevamente.

Conforme a lo anterior, se advierte que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, sin que le sea posible invadir elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 10 ámbito que la propia Constitución Política le ha reservado a estos, so pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial contemplados en los artículos 228 y 230 superiores.

Ahora bien, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Constitucional, entre otras decisiones, en sentencia CC SU179-2021 indicó i) que la mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia «como un “fenómeno multi causal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”»; ii) que frente al cumplimiento de los términos judiciales, le corresponde al juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o injustificada, y iii) que «no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique».

Así, frente a la mora judicial justificada señaló que:

de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique».

Así, frente a la mora judicial justificada señaló que:

no existe violación de los derechos al debido proceso (en su faceta de obtener decisión sin dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable) y acceso a la administración de justicia, comoquiera que la dilación en la resoluc ión del proceso no es imputable a la negligencia del tribunal de casación, sino a otras causas, por ejemplo, problemas estructurales de congestión judicial. Por estas razones, se niega el amparo de los mencionados, disponiendo que el actor se someta al sis tema de turnos para recibir fallo. Sin embargo, excepcionalmente, “[cuando] se está ante la posible materialización de un dañoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 11 cuyos perjuicios no puedan ser subsanados, se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales comp rometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”.

Y sobre la mora judicial injustificada, acotó que esta se configura cuando la tardanza:

(i) [es fruto de] un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumpli miento de las funciones por

motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumpli miento de las funciones por parte de una autoridad judicial.” En esta hipótesis, para el remedio constitucional “bien puede ordenarse excepcionalmente que se proceda a resolver o que se observen con diligencia los plazos previstos en la ley, lo que en la práctica se traduce en una posible modificación del sistema de turnos, salvo aquellos escenarios previamente reconocidos por el legislador”.

En esta última hipótesis, determinó la Corte Constitucional que «bien puede ordenarse excepcionalmente que se proceda a resolver o que se observen con diligencia los plazos previstos en la ley, lo que en la práctica se traduce en una posible modificación del sistema de turnos, salvo aquellos escenarios previamente reconocidos por el legislador».

Aunado a lo anterior, la misma Corporación antes citada, en la reciente sentencia CC T-183-2024 precisó sobre el plazo razonable para el trámite de decisiones judiciales que

la garantía procesal de plazo razonable se desconoce, entre otras, “por la ausencia de celeridad en una actuación judicial” [75]. La falta de celeridad puede ser el resultado de, entre otras, (i) la mora judicial injustificada del fallador o (ii) el abuso del derecho de defensa de las partes en el proceso. Por otra parte, (iii) la Corte Constitucional ha señalado que el incumplimiento injustificado y deliberado de decisiones judiciales ejecutoriad as afecta losRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

Constitucional ha señalado que el incumplimiento injustificado y deliberado de decisiones judiciales ejecutoriad as afecta losRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 12 derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

En esa misma línea, sintetizó las reglas de decisión frente al plazo razonable en los siguientes términos:

1. El plazo razonable es una de las garantías iusfundamentales que forman parte del ámbito de protección de los derechos fundamentales al debido proceso

(art. 29 de la CP) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 de la CP). Esta garantía exige que los procesos judiciales se tramiten de forma célere y sin dilaciones injustificadas.

2. La mora judicial injustificada y el abuso del derecho de defensa desconocen la garantía de plazo razonable y vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

(i) La mora judicial injustificada se presenta cuando, por causas imputables a la falta de diligencia de la autoridad judicial, los procesos judiciales no se resuelven en los términos previstos en la ley o se presentan dilaciones irrazonables. (ii) El abuso o exceso en litigio, se presenta cuando una de las partes ejerce el derecho para promover y privilegiar su posición de parte, “sin importarle los medios que tengan que ser empleados para ello, es decir sin que considere si son o no admitidos por el ordenamiento jurídico”.

3. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela

posición de parte, “sin importarle los medios que tengan que ser empleados para ello, es decir sin que considere si son o no admitidos por el ordenamiento jurídico”.

3. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela puede adoptar dos tipos de remedios si constata la existencia de una violación a la garantía del plazo razonable: (i) la priorización del proceso en el sistema de turnos (ii) el amparo y reconocimiento transitorio de la prestación solicitada.

4. El cumplimiento de las decisiones judiciales forma parte del núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. En tales términos, la Corte ha dicho que el incumplimiento del iberado e injustificado de una decisión judicial vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la persona a la cual resultó favorable la providencia

En este orden, es menester resaltar que en los casos como en el presente, en el que se alega la mora judicial, acceder a la solicitud de amparo generaría la vulneración delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 13 derecho a la igualdad de otras personas que, con anterioridad a la parte accionante y, por tanto, con un turno antepuesto, se encuentran en la misma condición de gestor y a la espera de la resolución del asunto.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de la revisión del expediente con radicado 41001-31-03-005-2023-00008-00 y efectuada la Consulta de Procesos Nacional Unificada, se avizora que el mismo fue remitido y admitido por el Tribunal

expediente con radicado 41001-31-03-005-2023-00008-00 y efectuada la Consulta de Procesos Nacional Unificada, se avizora que el mismo fue remitido y admitido por el Tribunal accionado el 25 de junio de 2025 ; que en auto de 18 de diciembre de ese mismo año, el Colegiado prorrogó el término legal para proferir sentencia por un lapso adicional de 6 meses contados a partir del vencimiento inicialmente determinado en la ley, esto es, hasta el 25 de junio de 2026; que ant e solicitud de dar cumplimiento de los términos procesales, y por ende que se aplicara la pérdida de competencia, en proveído de 7 de abril siguiente, negó la solicitud e informó que el proceso se encontraba en el «turno No. 35 de procesos civiles, de acue rdo con el ingreso al Despacho y el acta de reparto, sin que sea posible establecerse una fecha probada de su definición» y en auto de 8 de julio de 2026, ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen con el fin de que organizaran y completaran dicho e xpediente y actualmente se encuentra pendiente de recibir nuevamente el proceso para proferir sentencia, de manera que no se configurado un tiempo excesivo o desproporcionado por parte de la autoridad judicial accionada desde que se puso en conocimiento el asunto.

Por su parte, en relación con la prelación del turno enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

SCLAJPT-12 V.00 14 atención a las condiciones de edad, salud y circunstancias económicas, advierte la Sala que dicho aspecto debe ser

SCLAJPT-12 V.00 14 atención a las condiciones de edad, salud y circunstancias económicas, advierte la Sala que dicho aspecto debe ser ventilado ante el juez natural a quien le corresponderá resolver si hay lugar a ello; empero, no hay constancia que se haya elevado una solicitud en tal sentido, de ahí que no es dable pretermitir, a través de este mecanismo constitucional, las instancias legalmente establecidas ni interferir en la órbita de competencia que ha sido asignada por la Constitución y la Ley.

En este orden de ideas , y sin que se hagan necesarias otras motivaciones, habrá de confirmarse la decisión de primer grado que negó la súplica propuesta.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primer grado , por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-03854-01

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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