CSJ - STL18002-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STL18002-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-11 V.00
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ Magistrado ponente
STL18002-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 Acta 33
Medellín, Antioquia , nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
La Sala resuelve la impugnación que formuló C. C. C. C. 1 contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación, dentro de la acción de tutela que inició la parte recurrente contra la SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE L DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, trámite que se hizo extensivo a las partes e intervinientes del proceso de suspensión de patria potestad con radicado n.° 15238-31-84-002-202400136-00.
I. ANTECEDENTES
1 De conformidad con el artículo 7.º de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre del menor, como medida de protección de su intimidad. Por tanto, se suprimirá de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, el nombre del menor, así como los dato s e información que permitan conocer su identidad.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
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El promotor inició la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, defensa y prevalencia del interés superior del menor »,
El promotor inició la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, defensa y prevalencia del interés superior del menor », presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En lo que interesa al presente trámite constitucional, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:
A. A. A. A. promovió proceso verbal de mayor cuantía en contra de C. C. C. C -aquí accionante -. con el fin de que se decretara la suspensión de la patria potestad del demandando respecto del menor E. E. E. E., con base en la causal de larga ausencia del artículo 310 del Código Civil, falta de dar alimentos y violencia intrafamiliar. En consecuencia , solicitó se otorgara de forma exclusiva el ejercicio de la patria potestad del niño a la demandante, se ordenara la privación de la administración de los bienes que llegare a tener el menor de edad al suplicado y se decretara la inscripción de la sentencia en el registro civil del niño.
El asunto se asignó al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama, autoridad judicial que, mediante sentencia de 13 de agosto de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con l a decisión anterior, la demandante promovió recurso de apelación; y, en virtud de ello, mediante fallo de 5 de febrero de 2026, la Sala Única del Tribunal Superior
pretensiones de la demanda.
Inconforme con l a decisión anterior, la demandante promovió recurso de apelación; y, en virtud de ello, mediante fallo de 5 de febrero de 2026, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo revocó laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 3 sentencia impugnada y, en su lugar, suspendió al demandado
C. C. C. C. del ejercicio de los derechos de la patria potestad que ostentaba sobre su hijo menor de edad por el término de cinco años y ordenó que el niño y su progenitor C. C. C. C. recibieran tratamiento y asesoría profesional individual mientras así lo requirieran y de manera conjunta, con el fin de procurar restaurar la relación padre e hijo.
El accionante censuró que el colegiado accionado incurrió en defecto fáctico, valoración arbitraria, motivación aparente y desconocimiento del concepto jurídico de abandono, por cuanto dio prevalencia a testimonios de personas cercanas a la progenitora y omitió valorar documentos que evidencia ban gestiones dirigidas a recuperar la relación paternofilial.
Con bas e en lo anterior, solicitó tutelar los derechos fundamentales incoados y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 5 de febrero de 2026 que la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo emitió, para que, en su lugar, profiera una nueva decisión en donde se valore integralmente el acervo probatorio y determine si concurren, de manera real y demostrada, los elementos
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo emitió, para que, en su lugar, profiera una nueva decisión en donde se valore integralmente el acervo probatorio y determine si concurren, de manera real y demostrada, los elementos constitutivos de la causal de abandono
II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
La presente acción de tutela se radicó en línea el 22 de julio de 2026 y, mediante auto del 29 de julio siguiente, la homóloga Sala de Casación Civil , Agraria y Rural la admitió y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y demás vinculadosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 4 en el proceso referido al inicio , para que ejercieran su derecho de defensa.
En respuesta, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo manifestó que acogería la decisión adoptada por esta corporación.
El Juzgado Segundo Promiscuo Familia del Circuito de Duitama remitió el enlace del proceso criticado.
Surtido el trámite de rigor, l a Sala de primer grado, por sentencia de 6 de agosto de 2026, negó el amparo deprecado tras considerar que verificados los argumentos expuestos en el pronunciamiento cuestionado en torno a lo que e ra objeto de queja a través de esta senda excepcional, no se advertía ningún defecto espec ífico de procedibilidad que conllev ara su desautorización. Por el contrario, afirmó que obedecía a un criterio fáctico y jurídicamente fundamentado.
III. IMPUGNACIÓN
defecto espec ífico de procedibilidad que conllev ara su desautorización. Por el contrario, afirmó que obedecía a un criterio fáctico y jurídicamente fundamentado.
III. IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión anterior, el accionante la impugnó y en sustento de ello, reiteró sus inconformidades.
Agregó que, el a quo constitucional: i) no respondió de manera concreta por qué las pruebas aportadas no eran determinantes, limitándose a afirmar que fueron consideradas, sin explicar cómo su valoración conjunta permitía concluir la existencia de un abandono absoluto ; ii) desconoció que el abandono, como causal de suspensión de la patria potestad, exigía una renuncia injustificada a los deberes parentales, noRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 5 simplemente una relación deteriorada, conflictiva o insuficiente; y, iii) omitió examinar el alcance real de la medida de protección de la Comisaría de Familia de Duitama.
IV. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use
éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios de l Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
Al descender al sub judice, se advierte que el amparo se dirige a que se deje sin efecto la sentencia de 5 de febrero de 2026, que la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo emitió, respectivamente, paraRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 6 que, en su lugar, se profiera una nueva decisión en la que se tengan en cuenta sus argumentos.
La Sala estudiará de fondo las vías de hecho reclamadas contra la determinación de 5 de febrero de 2026 , comoquiera que se encuentran acreditados los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, los de inmediatez y subsidiariedad establecidos por la Corte Constitucional en sentencia CC C590-2005, el primero, toda vez que, la acción se promovió el 22 de julio de 2026, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se notificó la providencia
sentencia CC C590-2005, el primero, toda vez que, la acción se promovió el 22 de julio de 2026, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se notificó la providencia reprochada -6 de febrero de 202 6y, el segundo, habida cuenta que, contra la decisión cuestionada, no procede recurso alguno.
De esta manera, la Sala estudiará si la Corporación en mención incurrió en algunas de las causales específicas descritas, entre otras, en la sentencia CC SU-116-2018, lo cual se procede a analizar:
Pues bien, la autoridad judicial determinó que el problema jurídico correspondía en determinar si estaban probadas las causales propuestas por la demandante para suspender la patria potestad de C. C. C. C. respecto de su menor hijo.
Seguidamente, el Tribunal accionado precisó que el artículo 315 del Código Civil consignó taxativamente las causales por las cuales podía decretarse la privación o suspensión de la patria potestad y agregó que, esas causales, por su carácter restrictivo y excepcional, deb ían ser interpretadas de manera estricta y no podían ser ampliadas por analogía ni sustituidas por otras no invocadas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
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En consecuencia, afirmó que si el demandante fund ó su pretensión en una causal específica -como en el caso bajo estudio-, toda vez que en el escrito de subsanación de la demanda l a demandante en sus pretensiones solicitó se decretar a la
En consecuencia, afirmó que si el demandante fund ó su pretensión en una causal específica -como en el caso bajo estudio-, toda vez que en el escrito de subsanación de la demanda l a demandante en sus pretensiones solicitó se decretar a la suspensión de la patria potestad de C. C. C. C. respecto de E.
E. E. E. con base en la causal de la larga ausencia del artículo 310 del C ódigo Civil , falta de dar alimentos y violencia intrafamiliar, el juez no p odía acoger la demanda con base en causal distinta, pues hacerlo implicaría una mutación de la causa petendi, lo cual est aba proscrito por el ordenamiento jurídico.
Ulteriormente, el estrado judicial recordó que la patria potestad era una institución de orden público que comporta ba derechos y deberes irrenunciables en favor de los hijos menores de edad y que su ejercicio debía orientarse al interés superior del menor.
Al respecto, señaló que las principales consecuencias legales derivadas de la pérdida de la patria potestad , conforme al Código Civil y la jurisprudencia eran la pérdida de los derechos parentales como el derecho de representación legal del hijo, la administración de sus bienes, la facultad de corregirlo dentro de los límites razonables, la posibilidad de oponerse a decisiones sobre el menor y conservar los deberes alimentarios, es decir, la privación de la patria potestad no extingu ía la obligación alimentaria.
La sede judicial expuso que para sustentar los hechos de la demanda, se adujo que desde el mes de julio de 2022 C. C.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
obligación alimentaria.
La sede judicial expuso que para sustentar los hechos de la demanda, se adujo que desde el mes de julio de 2022 C. C.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
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C. C. se ausentó totalmente de sus obligaciones como padre frente al menor de edad , específicamente, se sustrajo de suministrar la cuota alimentaria fijada por la Comisaría De Familia de Duitama; no volvió a comunicarse para preguntar sobre el estado del menor; no volvió a preocuparse por el estado escolar de aquel; en el Colegio San Diego nunca asistió a la entrega de notas, ni a recoger al niño -ni siquiera lo conocían en el colegio-; no volvió a participar en eventos familiares, ni participó en los eventos programados por el colegio; no volvió a ejercer visitas al menor; y, demás omisiones que hicieron crecer al niño sin su figura paterna.
La autoridad judicial advirtió que, para validar los anteriores fundamentos fácticos, se recibió el interrogatorio de parte de la demandante en el que sostuvo el alto grado de violencia intrafamiliar ejercida por el demandad o desde el momento en que compartían techo , motivo por el cual ella decidió hacia el año 2021 separarse de aquel y, este no volvió a suministrar la cuota pactada por la Comisaría de Familia de Duitama y tampoco volvió a interesarse por el menor.
El juez plural expuso que para robustecer lo argüido, se recibieron diversas declaraciones por parte de la actual pareja de la demandante, quien confirmó que C. C. C. C. tenía al menor
Duitama y tampoco volvió a interesarse por el menor.
El juez plural expuso que para robustecer lo argüido, se recibieron diversas declaraciones por parte de la actual pareja de la demandante, quien confirmó que C. C. C. C. tenía al menor en total abandono , que los gastos los suministraba directamente la madre y que el niño había presenciado actos de violencia de C. C. C. C. hacia A. A. A. A.
De igual forma, la magistratura advirtió que, por último, se recibió la declaración de H. H. H. H. quien tenía una relación muy estrecha con A. A. A. A. y señaló que C. C. C. C. no teníaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 9 vínculo alguno con el menor de edad desde el año 2021 y que, las pocas veces que llegó a recoger al niño lo hizo en estado de alicoramiento, motivo por el cual, al menor no le gusta ba tener contacto con su padre, porque lo llevaba a bares.
Luego de ello, el colegiado manifestó que el demandado no contestó la demanda y no se hizo presente a la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso, ni a rendir su interrogatorio de parte, motivo por el cual ante su inasistencia injustificada la juez de primera instancia ordenó la aplicación de las sanciones previstas en la norma en cita.
No obstante, agregó que, ante la solicitud de la abogada del demandado y coadyuvada por la Defensora de Familia y el Procurador de Familia, se recibió el interrogatorio de parte de
de las sanciones previstas en la norma en cita.
No obstante, agregó que, ante la solicitud de la abogada del demandado y coadyuvada por la Defensora de Familia y el Procurador de Familia, se recibió el interrogatorio de parte de
C. C. C. C., sin perjuicio de las sanciones ya impuestas, quien señaló que tenían un régimen de visitas con el menor desde el año 2021 ordenado por la Comisaría de Familia de Duitama, que él visitó al niño en el año 2023, que no lo llamaba porque no tenía celular y él tenía restricción hacia la mamá del niño y, que no había ido al colegio del niño, porque que le notificaron la ampliación de la medida de protección respecto de él hacia su menor hijo.
Dicho lo anterior, el Tribunal convocado mencionó que, de acuerdo al caudal probatorio existente en el proceso, se estableció que no existía por parte de la demandante una conducta renuente o negativa tendiente a impedir el acercamiento entre C. C. C. C. y su hijo, al margen de diferencias personales que podí an presentarse con el prenombrado como consecuencia de la finalización de suRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 10 relación sentimental y que, prueba de esta última afirmación, era que, la madre hizo un acuerdo con el tío del menor de edad para que el demandado pudiera recoger y entregar al menor de edad en su casa, pero que aquel incumplió.
Ulteriormente, el sentenciador recordó que la solicitud presentada por el demandado en el año 2024 ante el Instituto
para que el demandado pudiera recoger y entregar al menor de edad en su casa, pero que aquel incumplió.
Ulteriormente, el sentenciador recordó que la solicitud presentada por el demandado en el año 2024 ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y adelantada el 24 de abril de 2024 por el respectivo Defensor de Familia, fue la pieza angular para que el Juzgado de primera instancia negar a las pretensiones de la demanda argumentando, que existía una mala interpretación de las pretensiones de la demanda, pues lo buscado por la demandante, en sí era una regulación de visitas que ya estaba ordenada por la Comisaría de Familia de Duitama y que se notaba el interés del padre para acercarle a su hijo, demostrándose que el padre no había incurrido en abandono de su hijo por su propio querer o por iniciativa propia, sino que ello se generó a partir de una relación disfuncional entre sus padres y que, con dicha actuación, quedaba en evidencia las intenciones de C. C. C. C. para mantener un acercamiento con su hijo y velar por sus derechos en condición de padre.
Sobre el particular, el ad quem relató que:
[…] no cabe duda para esta colegiatura que el A quo omitió hacer una adecuada valoración del caudal probatorio arrimado al expediente digital en especial la prueba testimonial, pues, de los testimonios referidos párrafos antepuestos, se puede colegir que [C.
C. C. C.] desde el año 2021 hasta la fecha de presentación de esta demanda, 6 de mayo de 2024, solo visitó en dos oportunidades a su hijo, no ha participado en ninguna actividad escolar o familiar
C. C. C.] desde el año 2021 hasta la fecha de presentación de esta demanda, 6 de mayo de 2024, solo visitó en dos oportunidades a su hijo, no ha participado en ninguna actividad escolar o familiar atinente al niño, y pese a informar en su declaración de parte que suministra alimentos, tan sólo lo ha efectuado desde que tuvo conocimiento de la presente demandada, las diferentes demandas y denuncias que ha presentado en contra de [A. A. A. A.] soloRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
SCLAJPT-11 V.00 11 demuestran el hostigamiento que se tiene contra la madre, por los conflictos intrafamiliares que presentan los padres, pero no una búsqueda de acercamiento hacia su menor hijo, ya que como se dijo anteriormente existen otros medios para buscar compartir co n su hijo sin tener relación alguna con la demandante, como era a través del hermano de la madre [M. M. M. M.] . El niño no tiene interés alguno de compartir con su progenitor, dada la condición de este, por el alto consumo de alcohol y la forma como se expresa de su hermana, tal y como se pudo evidenciar con la entrevista del niño y que fuera leída por la juez de instancia al momento de recibir el interrogatorio de parte del demandado, donde se puede observar las palabras con que refiere el niño su padre se dirige a su mamá, sin que exista justificación alguna para el comportamiento del padre ante la reiterada ausencia en la crianza y educación del niño, pues tan sólo se excusa en que la COMISARÍA DE FAMILIA DE DUITAMA, amplió la medida de protección que tenía frente a la Sra. [A. A. A. A.] hacia su menor hijo.
tan sólo se excusa en que la COMISARÍA DE FAMILIA DE DUITAMA, amplió la medida de protección que tenía frente a la Sra. [A. A. A. A.] hacia su menor hijo.
Seguido de ello, la célula judicial adujo que, la anterior disculpa se resquebrajaba con el auto emitido el 9 de mayo de 2024 emitido por la Comisaria Primera de Familia de Duitama, pues allí en ningún momento impuso una medida de protección a favor del niño y en contra del accionado, ya que simplemente lo conminó para que se abstuviera de proferir amenazas u ofensas, así como agresiones físicas, verbales y/o psicológicas y/o de todo acto o conducta que implique maltrato físico, psicológico, verbal, patrimonial, económico, por cualquier medio o en cualqui er lugar público o privado en que se encontrara e incluso por redes sociales en contra del niño E. E.
E. E., so pena de hacerse acreedor de las sanciones previstas en el la Ley 294 de 1996, es decir, no se le restringió la posibilidad de compartir con su menor hijo.
Fue así como e l fallador plural determinó que , si bien el demandado había exteriorizado su voluntad de tener una relación activa con su hijo, lo cierto era que desde el año 2021 existía un abandono frente al niño, pues desde ese momentoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 12 desatendió completamente sus obligaciones de progenitor, desde el punto de vista físico, intelectual, psicológico, afectivo y social, omitiendo ofrecerle la atención que requ ería en esa
SCLAJPT-11 V.00 12 desatendió completamente sus obligaciones de progenitor, desde el punto de vista físico, intelectual, psicológico, afectivo y social, omitiendo ofrecerle la atención que requ ería en esa incipiente edad, desconociendo que su hijo ostentaba el derecho fundamental a tener un padre, a gozar de su amor, ayuda y protección, a no ser separados de éste y a tener una familia; situaciones todas que sin lugar a dudas configura ban el abandono, tanto para acceder a la privación de la patria potestad, como a su suspensión.
Posterior a ello, indicó que el demandado alegó que fue A.
A. A. A. quien, con su actitud, impidió el acercamiento entre él y su menor hijo; pero, el colegiado de instancia mencionó que no había prueba en el plenario que acredit ara dicha situación, sin que se pu diera responsabilizar a la demandante, pues ella buscó la forma para que C. C. C. C. compartiera con su menor hijo, sin tener contacto alguno entre ella y el suplicado, sino a través de su hermano M. M. M. M. , pero desafortunadamente
C. C. C. C. , no aprovechó dicha colaboración y nuevamente decidió entregar al menor directamente a A. A. A. A. para poderla agredir verbalmente.
Una vez realizadas las anteriores manifestaciones , la Corporación enjuiciada anotó que el interés superior de los niños, siempre debía prevalecer sobre el de los adultos y, en ese caso, de ser cierto que el demandado tenía voluntad para estar cerca de su hijo y garantizarle sus derechos, era su obligación
niños, siempre debía prevalecer sobre el de los adultos y, en ese caso, de ser cierto que el demandado tenía voluntad para estar cerca de su hijo y garantizarle sus derechos, era su obligación y responsabilidad acudir a las vías existentes para cumplir dicho fin, pero en este caso sencillamente estaban demostrados los reiterados conflictos existentes entre los padres del niño ,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 13 pero no en búsqueda del bienestar del menor, sino por los reiterados episodios de violencia de C. C. C. C. hacia A. A. A. A.
El dispensador de justicia adicionó que , el comportamiento inadecuado del demandado y el estado en que buscó en las dos oportunidades al menor para compartir con él, como e ra su estado de alicoramiento, hizo que el niño no deseara compartir más con él, por no encontrarse en un ambiente propicio para el menor.
Luego, la Sala accionada enunció que la actitud renuente del demandado en participar en este proceso, luego de ser notificado y decidir guardar silencio y solo presentarse en audiencia de debate probatorio, demostraba su poco interés para recuperar la relación filial paternal con su hijo.
En tal orden, adujo que el actuar del demandado fue omisivo y reprochable, en la medida que se sustrajo por un buen tiempo de cumplir una de las tareas más gratificantes del ser humano, que es la de asistir, disfrutar y contribuir al crecimiento de los hijos, a su formación como seres integrales y felices, sobre todo, en su edad temprana, que es cuando más
tiempo de cumplir una de las tareas más gratificantes del ser humano, que es la de asistir, disfrutar y contribuir al crecimiento de los hijos, a su formación como seres integrales y felices, sobre todo, en su edad temprana, que es cuando más necesitan de su presencia , tarea que fue asumida únicamente por A. A. A. A. , pues frente a la actitud del padre, el niño mostraba un desapego físico y emocional frente a él.
En línea con lo expuesto, la célula judicial aseveró que si era cierto que C. C. C. C. tenía la voluntad de estar cerca de su hijo y garantizarle sus derechos, era su obligación y responsabilidad acudir a las vías existentes para cumplir dicho fin y precisó que, aquel se sustrajo durante varios años delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 14 cumplimiento de su obligación como padre , por lo cual, había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y el fallo de primer grado habría de revocarse.
A partir del examen de las actuaciones en comento, se advierte que , tal como lo indicó el a quo constitucional, la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, dado que, el Tribunal que se convocó al trámite constitucional como accionado, no infringió el ordenamiento jurídico y tampoco cometió los desatinos evidentes que, según lo analizado en la parte introductoria de la presente providencia, dan lugar, en forma excepcional, a la intervención del juez constitucional, pues lo cierto es que, dentro del marco de su autonomía, en apego a la realidad probatoria y, en aplicación de la
parte introductoria de la presente providencia, dan lugar, en forma excepcional, a la intervención del juez constitucional, pues lo cierto es que, dentro del marco de su autonomía, en apego a la realidad probatoria y, en aplicación de la normatividad sustancial el juez plural explicó con suficiencia los motivos por los cuales había lugar a revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de suspensión del demandado del ejercicio de los derechos de patria potestad que ostentaba sobre E. E. E. E.
De suerte que, contrario a lo argüido por el promotor, la decisión censurada está arraigada en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y obedecieron a la labor equilibrada de hermenéutica propia de la actividad judicial, así como al análisis de la documental efectivamente aportada al plenario.
Entonces, resulta evidente que la posición de la parte accionante, no va más allá de querer reabrir un debate jurídico ya dirimido y finiquitado por no haberle resultado afín a sus intereses, por ello debe reiterarse que la naturaleza de la tutelaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01 SCLAJPT-11 V.00 15 no radica en la generación de un escenario adicional, en el que la parte interesada pretenda imponer su posición frente a la de los jueces naturales, pues si la decisión del conflicto no resulta descabellada debe descartarse la violación de garantías constitucionales, por ende, la intervención tutelar.
Por último, en cuanto a los argumentos traídos en la
los jueces naturales, pues si la decisión del conflicto no resulta descabellada debe descartarse la violación de garantías constitucionales, por ende, la intervención tutelar.
Por último, en cuanto a los argumentos traídos en la impugnación, respecto al juez constitucional de primer grado, se advierte que, contrario a ello, aquel revisó las censuras de la presente queja y las cotejó con las piezas procesales pertinentes, lo cual le permitió arribar a la conclusión sobre la razonabilidad del proveído cuestionado, que hoy comparte esta Sala.
Lo anterior, máxime cuando, como lo ha dicho esta Sala en anteriores oportunidades resulta innecesario que el juez de tutela insista en un asunto que fue debidamente abordado por el juez natural, quien, como se indicó en precedencia, fue el encargado por el legislador para resolver el asunto puesto a su consideración con base en su sana crítica.
Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión impugnada.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVERadicación n.° 11001-02-03-000-2026-04286-01
SCLAJPT-11 V.00 16
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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