CSJ - STL18113-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STL18113-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

SCLAJPT-12 V.00

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente

STL18113-2026 Radicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 Acta 32

Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

La Sala resuelve la impugnación de ECOPETROL SA contra el fallo proferido el 24 de julio de 2026 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, dentro de la acción de tutela que promovi ó contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, trámite al que se vinculó a l Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, al Ministerio Público Delegado ante ese despacho judicial, a la Unión Sindical Obrera (de Ecopetrol) y a las demás partes e intervinientes dentro del trámite de tutela n. o 68081-31-84003-2025-00327.

I. ANTECEDENTES

Ecopetrol SA promovió la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechosRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 2 fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, juez natural, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por los estrados accionados.

Del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario se extrae lo siguiente:

juez natural, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por los estrados accionados.

Del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario se extrae lo siguiente:

C. C. C. C., empleado de Ecopetrol SA, actuando en su propio nombre y en representación de la menor de edad

M. M. M. M ., promovió una acción de tutela contra la empresa, en la cual pretendió el reconocimiento y extensión de los beneficios convencionales y asistenciales, así como la inclusión como beneficiaria de los servicios de salud de la menor, en virtud de su relación como hija de crianza.

Dicho trámite de tutela se identificó con la radicación n.o 2025-00327, y su conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Pr omiscuo de Familia de Barrancabermeja , autoridad que, inicialmente, agotó el asunto con sentencia del 4 de diciembre de 2025. No obstante, por auto del 21 de enero de 2026, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio.

Una vez rehecho el trámite, el Juzgado dictó sentencia el 2 de febrero de 2026, que declaró improcedente el amparo, al estimar que existían vías judiciales ordinarias para proponer la reclamación planteada.Radicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01

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Al desatar la impugnación del accionante, en fallo del 4 de mayo de 2026, el Tribunal revocó la decisión del a quo tras

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Al desatar la impugnación del accionante, en fallo del 4 de mayo de 2026, el Tribunal revocó la decisión del a quo tras considerar que la menor no contaba con mecanismos judiciales que permitieran la protección inmediata de sus derechos a la salud, educación y aquellos derivados de la convención colectiva de trabajo. Agregó que el hijo de crianza es una figura reconocida jurisprudencialmente ; que la expresión «hijos» plasmada en la convención colectiva «no puede limitarse únicamente a hijos biológicos o adoptivos, sino que debe comprender también a los de crianza cuando estos hacen parte del núcleo familiar del trabajador» ; y que la interpretación restrictiva de dicha figura resultaría contraria a la igualdad y a la protección integral de la f amilia. En consecuencia, ordenó a la sociedad accionada realizar los trámites pertinentes para la afiliación de la menor como integrante del núcleo familiar del trabajador.

En la presente acción constitucional, la sociedad criticó la sentencia del Tribuna l, pues, en su opinión, dicha providencia incurrió en defecto sustantivo, por extender los beneficios de la convención colectiva a un tipo de beneficiario no previsto , y por inaplicación de «precedentes constitucionales» y de los requisitos legales del reconocimiento de familia de crianza; en defecto procedimental, por no haberse vinculado a la Unión Sindical Obrera; y en defecto fáctico , por no haber valorado integralmente las pruebas , además de haberlas valorado erróneamente. Agregó que el Tribunal desconoció el principio de subsidiariedad y del juez natural, así como la ausencia de

Obrera; y en defecto fáctico , por no haber valorado integralmente las pruebas , además de haberlas valorado erróneamente. Agregó que el Tribunal desconoció el principio de subsidiariedad y del juez natural, así como la ausencia de perjuicio ir remediable, y sostuvo que la decisión afecta elRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 4 «principio de legalidad del gasto público».

Con base en tales supuestos, solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal y se ordenara a dicha corporación emitir una «nueva sentencia, respetando el debido proceso, valorando integralmente las pruebas y aplicando de manera expresa la Ley 2388 de 2024, la subsidiariedad, el juez natural y las reglas que gobiernan la extensión de beneficios convencionales» , decisión en la cual, además, se estudien los argumentos de la accionante.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Por auto del 1 5 de julio de 2026, la sala cognoscente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial convocada y demás vinculados, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

En respuesta, la Sala Civil Famili a del Tribunal Superior de Bucaramanga def endió la improcedencia de la solicitud de amparo , toda vez que la tutela no es un instrumento idóneo para controvertir sentencias dictadas dentro de otro proceso de tutela. Agregó que la decisión de

Superior de Bucaramanga def endió la improcedencia de la solicitud de amparo , toda vez que la tutela no es un instrumento idóneo para controvertir sentencias dictadas dentro de otro proceso de tutela. Agregó que la decisión de segunda instanc ia proferida el 4 de mayo de 2026, que concedió el amparo a una menor de edad frente a Ecopetrol SA, se fundamentó en un criterio jurídico razonable y en el contexto jurisprudencial aplicable.

El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia deRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01

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Barrancabermeja solicitó que se neg ara la acción de tutela en su contra, en atención a que su actuación se ciñó a la ley. Además, destacó que el inconformismo de la parte accionante se dirig ía específicamente contra la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) solicit ó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva y se le desvinculara del trámite constitucional.

A través de una defensora de familia a dscrita, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó declarar la improcedencia de la acción y la desvinculación de la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.

C. C. C. C. y q uien se identificó como su compañera permanente solicitaron se declarara la improcedencia de la acción tuitiva por atacarse con esta una decisión de tutela, además de que se encontraba pendiente el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.

permanente solicitaron se declarara la improcedencia de la acción tuitiva por atacarse con esta una decisión de tutela, además de que se encontraba pendiente el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.

La sala de prime r grado constitucional, por senten cia del 24 de julio de 2026, declaró improcedente la salvaguarda deprecada, tras concluir que no concurrían los supuestos de eventual procedencia de la acción de tutela contra una providencia de la misma naturaleza. Agregó que la propulsora aún contaba con una vía para recurrir la sentencia de tutela atacada, a saber, la eventual revisión ante la Corte Constitucional, mecanismo que se encontrabaRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 6 pendiente por decidirse.

III. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la convoca nte la impugnó. Al efecto, reiteró sus argumentos iniciales sobre la procedencia de la presente acción y sostuvo la inidoneidad de la «eventual revisión» ante la Corte Constitucional.

IV. CONSIDERACIONES

Para resolver el sub judice, se procede a revisar los motivos de inconformidad con el fallo de primer grado expuestos en la impugnación.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, so pena del quebrantamiento de los principios de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales enmarcados en las decisiones que profieren.

Tal planteamiento aplica en mayor medida cuando la

providencias judiciales, so pena del quebrantamiento de los principios de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales enmarcados en las decisiones que profieren.

Tal planteamiento aplica en mayor medida cuando la providencia que se ataca por esta vía excepcional es proferida por un juez constitucional, como quiera que, principalmente y en palabras de la Corte Constitucional, ello supondría «crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica» (CC SU129-2001) y así continuó por explicarlo:

(i) i mplicaría instituir un recurso adicional para insistir en laRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 7 revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (ii i) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insist ir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”

También, en lo que a este asunto interesa, en providencia CC SU-627-2015, el alto tribunal constitucional señaló que la excepción a dicha regla general ocurre en los

vencer”

También, en lo que a este asunto interesa, en providencia CC SU-627-2015, el alto tribunal constitucional señaló que la excepción a dicha regla general ocurre en los casos en los que se verifica que la autoridad judicial que conoció de la acción de amparo primigenia se ha apartado del trámite de los preceptos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 y, por esa vía, ha incur rido en cosa juzgada fraudulenta o vía de hecho que afecte el derecho fundamental al debido proceso del convocante. Así lo explicó:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

[…]

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de

tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) laRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 8 acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue pr oducto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

Las anteriores premisas resultan relevantes para resolver la controversia que en esta oportunidad ocupa a la Sala, comoquiera que en ésta la promotora dirigi ó sus reparos contra la sentencia de tutela del 4 de mayo de 2026, proferida en segunda instancia p or la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

Pues bien, nótese que el amparo implorado deviene improcedente pues , revisada la decisión censurada, en contraste con los reparos tutelares, notorio resulta que los reproches de la accionante se centraron en criticar la motivación de fondo del fallo censurado, así como la valoración normativa y probatoria que el ad quem constitucional realizó para decidir el asunto controvertido, reiterando los mismos hechos y reparos. Ello, aunado a la

motivación de fondo del fallo censurado, así como la valoración normativa y probatoria que el ad quem constitucional realizó para decidir el asunto controvertido, reiterando los mismos hechos y reparos. Ello, aunado a la ausencia de acreditación de alguna de las situaciones constitutivas de fraude que la Corte Constitucional señaló en la precitada sentencia de unificación.

Además, nótese que la Sala Civil Familia del Tribunal envió las diligencias a la Corte Constitucional, y, al revisar la página web de esa corporación, se observa que las mismas fueron recibidas el 15 de julio de 2026 y que, a la fecha, el expediente cuyo radicado correspondió al T12332672 aún no ha sido asignado a una sala de selección . Por lo tanto, esRadicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01 SCLAJPT-12 V.00 9 claro que la accionante aún tiene a su alcance las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico par a rebatir la decisión aquí censurada , estas son : la eventual revisión ante la Corte Constitucional y, de no ser seleccionado el paginario, el mecanismo de insistencia, de conformidad con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, lo que cierra el paso al estudio de fondo por este medio de una directriz emanada de otro juez constitucional.

Por último, en cuanto a los reproches formulados en la impugnación según los cuales el a quo constitucional no debió declarar la improcedencia de la acción pues, en su opinión, «la “eventual revisión” ante la Corte Constitucional

Por último, en cuanto a los reproches formulados en la impugnación según los cuales el a quo constitucional no debió declarar la improcedencia de la acción pues, en su opinión, «la “eventual revisión” ante la Corte Constitucional […] no es un medio de defensa judicial idóneo ni un recurso a disposición de la parte» y «el “recurso de instancia” que la sentencia impugnada invoca como refuerzo de esa garantía no está, en rigor, a disposición de Ecopetrol SA», la sala advierte un desacierto en la argumentación de la quejosa , por dos razones:

En primer lugar, la finalización del trámite de revisión de una sentencia de tutela por parte de la Corte Constitucional ―bien sea que la revisión ocurra, o bien que se venza el término para que se insista en su selección, sin que la providencia sea escogida ―, determina que la providencia haga tránsito a cosa juzgada constitucional (CC T-497-2020, entre otras) . D e allí que la po sibilidad de confutar lo resuelto en el respectivo fallo de tutela existe , siempre y cuando no se haya concluido el mencionado trámite de revisión.Radicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01

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En segundo lugar, a diferencia de lo planteado en la impugnación, la sentencia del a quo no hace ninguna referencia a un «recurso de instancia» , que, según el recurrente, «solo puede ser propuesta (sic) por un magistrado de la Corte Constitucional o por el Defensor del Pueblo, nunca por la parte interesada».

referencia a un «recurso de instancia» , que, según el recurrente, «solo puede ser propuesta (sic) por un magistrado de la Corte Constitucional o por el Defensor del Pueblo, nunca por la parte interesada».

En todo caso, s i lo que la impugnante procura es descartar la idoneidad del mecanismo de insistencia porque, a su juicio, solo puede ser propuesta por un magistrado de la Corte Constitucional o por el Defensor del Pueblo, tampoco le asiste la razón, pues la solicitud de insistencia puede ser presentada por cualquier persona que tenga interés en la selección de un proceso de tutela excluido de revisión por la Corte Constitucional, mediante petición dirigida a alguna de las autoridades legitimadas para formu lar el pedimento directamente, para que la Corte examine el trámite de tutela y, en el evento de estimarlo necesario, intervenga en el mismo para que se reconsidere la decisión de exclusión.

De conformidad con lo anterior y sin necesidad de más consideraciones, se confirmará el fallo impugnado.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,Radicación n.o 11001-02-03-000-2026-03989-01

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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Aclaración de voto

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Aclaración de votoOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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