CSJ - STL18140-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STL18140-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-11 V.00
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente
STL18140-2026 Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02403-00 Acta 33
Medellín, Antioquia, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Resuelve la Corte la acción de tutela presentada por
MARÍA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ contra la SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA , la POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA , la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA – NUEVA EPS, JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, en su calidad de interventor de dicha entidad y las demás partes e intervinientes dentro del incidente de desacato de radicado n°. 05001-31-05-009-2025-10012-00/01.
I. ANTECEDENTES
La gestora promovió la queja constitucional con el propósito de obtener el amparo de sus derechosRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 2 fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre, y el que denominó «patrimonio», presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y entidades convocadas.
En lo que interesa al presente trámite constitucional,
al buen nombre, y el que denominó «patrimonio», presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y entidades convocadas.
En lo que interesa al presente trámite constitucional, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:
Al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín le correspondió conocer por reparto la acción de tutela que promovió Sergio Andrés Serna Betancur contra Nueva EPS SA, en la que pretendió que se le ordenara a dicha entidad que le agendara cita para control por especialista en neumología y otorrinolaringología.
Por sentencia de 6 de febrero de 2025 , el a quo constitucional concedió el amparo deprecado y ordenó a la accionada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a notificación de dicha decisión, «realice las gestiones administrativas necesarias para realizar el cambio de IPS del señor SERGIO ÁNDRES SERNA BETANCUR, IPS en la cual puedan lleva rse a cabo la consulta por OTORRINOLARINGOLOGÍA requerida por el accionante para su diagnóstico “G473-APNEA DEL SUEÑO”».
Al avizorar el incumplimiento de la orden tutelar, el allá accionante, en escrito de 1 8 de febrero de 2025, formuló incidente de desacato.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
3 Adelantas las etapas procesales respectivas, e l 27 de febrero de idéntico año , el juez primigenio dio apertura al
SCLAJPT-11 V.00
3 Adelantas las etapas procesales respectivas, e l 27 de febrero de idéntico año , el juez primigenio dio apertura al trámite incidental . En auto de 25 de febrero siguiente, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR qu e la Dra. MARIA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ en calidad de gerente de la sucursal regional noroccidente de la NUEVA EPS identificada con C.C. No. […], ha incurrido en DESACATO respecto de la orden impartida en la sentencia proferida por este Despacho dentro de la acción de tutela instaurada por SERGIO ANDRÉS SERNA BETANCUR
contra la NUEVA EPS S.A.
SEGUNDO: En consecuencia de la anterior declaración, SANCIONAR a la Dra. MARIA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ en calidad de gerente de la sucursal regional noroccidentede la NUEVA EPS identificada con C.C. No. […] con multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual vigente, que para la presente anualidad asciende a la suma de $7.117.500,oo ($1.423.500,oo x 5), a favor de la Nación–Consejo Superior de la Judicatura, consignables en la cuenta corriente No. 30070000030-4DTM Multas y Cauciones Efectivas, Banco Agrario de
Colombia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, como lo establecen los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, así como en la Ley 2213 de 2022; y enterar de esta decisión a la Dra. MARIA
medio más expedito, como lo establecen los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, así como en la Ley 2213 de 2022; y enterar de esta decisión a la Dra. MARIA LEONOR LÓPEZ ARBELÁEZ en calidad de gerente de la sucursal regional noroccidente y a su superior jerárquico Dr. BERNARDO
ARMANDO CAMACHO RO DRÍGUEZ como AGENTE ESPECIAL
INTERVENTOR de la NUEVA EPS.
En providencia de 28 de febrero de 2025, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín , al surtir el grado jurisdiccional de consulta de la decisión sancionatoria la confirmó en su integridad.
La propulsora cuestionó la sanción por desacato que se le impuso , pues, en su sentir lesionó las prerrogativas iusfundamentales incoadas.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
4 Al efecto, explicó que se desempeñó como Gerente Regional Noroccidente de Nueva EPS, entre el 22 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2025; que, durante ese periodo, se le asignó la representación legal para suscribir contestaciones de acciones de tutela e incidentes de desacato, y que no tenía facultades reales de decisión, manejo presupuestal, contratación o de recursos que le permitieran materializar las órdenes constitucionales, pues las áreas encargadas de autorizar servicios, gestionar pagos y atender los requerimientos j udiciales dependían del nivel central de la entidad.
manejo presupuestal, contratación o de recursos que le permitieran materializar las órdenes constitucionales, pues las áreas encargadas de autorizar servicios, gestionar pagos y atender los requerimientos j udiciales dependían del nivel central de la entidad.
Sostuvo que, pese a que actuó de manera diligente y de buena fe, se le impusieron sendas sanciones por desacato, como la que aquí critica, consistentes en órdenes de arresto y multas, derivadas de incumplimientos que, según afirmó, obedecieron a las deficiencias estructurales de Nueva EPS y no a una conducta personal negligente o deliberada.
Señaló que desde que finalizó su vínculo laboral con esa entidad no tiene acceso «al correo institucional», de ahí que no conozca «con precisión el alcance real de la afectación a [su] patrimonio por concepto de multas, [ni] el número exacto de órdenes de arresto proferidas a [su] nombre»
Indicó que gestionó reiteradamente ante Nueva EPS el cumplimiento de las órdenes judiciales y le solicitó asumir su responsabilidad frente a los pacientes y las sanciones impuestas a su nombre, sin obtener una respuesta efectiva.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
5 Afirmó que ya le retuvieron dineros d e una de sus cuentas bancarias y que, según información suministrada el 14 de julio de 2026 por Bancolombia 1, registraba 121 procesos de cobro por un valor de $1.250.438.439, suma que podría aumentar debido a sanciones que aún no han sido trasladadas a cobro coactivo.
14 de julio de 2026 por Bancolombia 1, registraba 121 procesos de cobro por un valor de $1.250.438.439, suma que podría aumentar debido a sanciones que aún no han sido trasladadas a cobro coactivo.
Agregó que los embargos han afectado su perfil crediticio y han generado el bloqueo a servici os financieros, tarjetas de crédito y apertura de nuevas cuentas y, además, ponen en riesgo su patrimonio.
Manifestó que las sanciones se trasladaron a su «esfera personal» generándole «consecuencias patrimoniales y restricciones a la libertad manifiestam ente desmedidas (…) sin que existiera de [su] parte competencia real para evitarlos».
Además, puso de presente decisiones judiciales en las que se habrían amparado los derechos de otros exgerentes de la entidad (CSJ STP11855-2026 y STP118611-2026).
Con base en tales supuestos, pidió lo siguiente:
[…] ordenar el LEVANTAMIENTO E INAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES de arresto y multa impuestas dentro [del trámite incidental n.° 2024-10202], al evidenciarse la ausencia de responsabilidad subjetiva y la imposibilidad material y funcional de cumplimiento deriv ada de la situación estructural de la entidad, circunstancia notoria y ajena a la órbita de control individual de la suscrita.
SUBSIDIARIAMENTE SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y TEMPORAL de los efectos de las sanciones de arresto y
1 Respuesta al radicado n.° 8018841074.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
Y TEMPORAL de los efectos de las sanciones de arresto y
1 Respuesta al radicado n.° 8018841074.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 6 multa actualmente vigentes en contra mía, así como de los procesos de cobro coactivo derivados de las mismas, por el término que el Despacho estime razonable, con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la defensa individual y la gestión progresiva de su lev antamiento ante cada autoridad judicial competente.
[…] ORDENAR a NUEVA E.P.S. y su actual INTERVENTOR designado el Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en cabeza del DR. DANIEL QUINTERO como actual SUPERINTENDENTE que en el marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.
La acción de tutela se radicó el 5 de agosto de 2026, y por auto de 19 de agosto siguiente, la homóloga Sala Civil advirtió que la propulsora censuró «119 trámites tutelares» , cuyo conocimiento correspondía a distintas autoridades judiciales.
Por tal motivo, desglosó y escindió la queja
advirtió que la propulsora censuró «119 trámites tutelares» , cuyo conocimiento correspondía a distintas autoridades judiciales.
Por tal motivo, desglosó y escindió la queja constitucional con el propósito de que cada uno de los procesos referenciados fuera analizado «por el juez constitucional competente», y tramitado en expediente separado.
En ese orden, mediante acta de reparto de 26 de agosto de 2026, se le asignó el suscrito el conocimiento del trámite tuitivo en contra del incidente de desacato de radicado n.° 2025-10012.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
7 Por providencia de 27 de agosto hogaño, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las autoridad es judiciales accionadas, ent idades convocadas y demás vinculados, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín rindió un informe de las actuaciones desplegadas en el trámite censurada y allegó el enlace de acceso al expediente.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que trasladó los aspectos que correspondían a la Seccional competente, a efectos de que, dentro del ámbito de sus funciones, se adelanten las actuaciones y se suministre la información pertinente al trámite constitucional.
El Consejo Superior de la Judicatura , la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda pidieron que se declare que existe falta de legitimación en la causa
la información pertinente al trámite constitucional.
El Consejo Superior de la Judicatura , la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda pidieron que se declare que existe falta de legitimación en la causa respecto de esas entidades.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín aseguró que no existe alguna actuación que vulnere los der echos fundamentales expuestos por el accionante, pues, por el contrario, viene actuando en cumplimiento de un deber legal conforme lo consagrado en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas para el recaudo de las obligaciones a su favor, a través de la jurisdicción coactiva, deben seguir el procedimiento definido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, porRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 8 ende, mientras que no se genere la pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del act o administrativo, hecha por autoridad competente debe continuar con el trámite legal.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier a utoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa
cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier a utoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el sub-examine la propulsora persigue, básicamente, que se invaliden las providencias de 28 y 28 de febrero de 2025, última en la que esta Sala centrara su estudio por ser la que zanjó el asunto en discusión.
Ciertamente, la acción de tutela no tiene un término de caducidad, pero la jurisprudencia constitucional ha sido pacifica en señalar que la inmediatez es un principio consustancial a la protección que brinda la acción que debe regir su ejercicio y que, en tal contexto, la petición de amparo debe presentarse dentro de un tiempo adecuado y razonableRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 9 que resulte acorde con las medidas perentorias y urgentes que demandan los derechos fundamentales cuya salvaguarda se requiere.
De consiguiente, la Corte Constitucional ha establecido que, el análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez debe ser más exigente cuando se tratan de tutelas contra providencias judiciales, so pena de que, se afecten los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica por permitirse un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una provi dencia judicial.
Por ese motivo, la procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales se encuentra sometida a un
permitirse un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una provi dencia judicial.
Por ese motivo, la procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales se encuentra sometida a un término razonable que impide su uso en cualquier momento , que es el de los seis (6) meses contados a partir de la ocurrencia de los hechos presuntamente generadores de la vulneración.
No obstante, también ha adoctrinado que ese presupuesto puede ‘flexibilizarse’ si la tardanza en el ejercicio de la tutela estuvo mediada por circunstancias jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, tales como la existencia de una situación de debilidad manifiesta, interdicción, incapacidad física, minoría de edad u otra en la que se halle el actor, o la permanencia en el tiempo de la transgr esión o amenaza de los derechos fundamentales. Al respecto, entre otras, en sentencias CC T-136-2007 y CC SU-108-2018 explicó que elRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 10 juez debe analizar si se presenta alguna circunstancia que justifique la inactividad, a saber:
(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamen te nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamen te nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece , es decir, su situac ión desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada l a situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición econ ómica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.
De las premisas expuestas se observa que en el sub examine, se desatendió el aludido requisito de procedibilidad, comoquiera que desde la fecha en que se notificó la providencia criticada, 14 de marzo de 2025, y la data en que se presentó la petición de salvaguarda, 5 de agosto de 2026, transcurrieron sin justificación alguna, más de seis (6)
providencia criticada, 14 de marzo de 2025, y la data en que se presentó la petición de salvaguarda, 5 de agosto de 2026, transcurrieron sin justificación alguna, más de seis (6) meses, término que excede el plazo prudencial al que se hizo alusión previamente, de ahí que se descarte la necesidad de la salvaguarda y la intervención urgente, excepcional eRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00 SCLAJPT-11 V.00 11 inmediata del juez constitucional que la sociedad convocante demandó.
Sumado a lo anterior, adviértase que con las pruebas allegadas no se acreditó la configuración de alguno de los eventos que ha señalado la Corte Constitucional para ‘relativizar’ el requisito de inmediatez, es decir que, justifiquen válida y razonablemente, la omisión de procurar en tiempo la defensa de sus derechos fundamentales.
Además, tampoco está demostrado un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialísima, si se tiene en cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida en que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, porque el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad, porque las medidas que se requieren para conjurar dicho perjuicio sean urgentes y porque la pr otección sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer los derechos transgredidos, características que no fueron acreditadas en este caso.
Refuerza la improcedencia de este mecanismo, el hecho
porque la pr otección sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer los derechos transgredidos, características que no fueron acreditadas en este caso.
Refuerza la improcedencia de este mecanismo, el hecho de que en el presente asunto tampoco se satisface el presupuesto de subsidiariedad comoquiera que la tutelante no ha solicitado a nte el juez natural la inaplicación de las sanciones aquí reprochadas.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
12 Al efecto, memórese que la acción constitucional no está prevista para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las d ecisiones de determinado asunto sometido a su consideración, con fundamento en la supuesta vulneración de prerrogativas iusfundamentales.
En ese orden de ideas, para la Sala, la censura consistente en que se ordene a Nueva EPS, al actual interventor de la entidad y a la Superintendencia Nacional de Salud que adelanten de manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de la orden de tutela que originó el trámite incidental, pues tal pedimento debe ser expuesto ante esas entidades y, de ser el caso, ser promovido por ellas, según sus competencias, ante los juzgadores naturales, esto es, del desacato y del cobro coactivo.
Misma suerte corre la censura relacionada con las notificaciones de las decisiones proferidas al interior del trámite incidental, puesto que si la promotora considera que ocurrió una irregularidad sobre ese punto tiene la posibilidad
coactivo.
Misma suerte corre la censura relacionada con las notificaciones de las decisiones proferidas al interior del trámite incidental, puesto que si la promotora considera que ocurrió una irregularidad sobre ese punto tiene la posibilidad de formular el respetivo incidente de nulidad por la indebida notificación, el cual, debe adelantar ante las autoridades judiciales convocadas para que sean estas quienes se pronuncien respecto a la configuración o no de alguna de las causales taxativas que establece el artículo 133 del Código General del Proceso para su procedencia, pero, a contrario sensu, no se observa que haya agotado tal mecanismo defensivo previo incoar esta solicitud de amparo.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
13 En el mismo sentido, la afirmación de la accionante relativa a que en las provi dencias CSJ STP11855 -2026 y STP11861-2026 se ampararon los derechos fundamentales de otros exgerentes de Nueva EPS tampoco habilita la intervención del juez constitucional en esta oportunidad. Precisamente, conforme a la regla expuesta en esos pronunciamientos, quienes consideren encontrarse en una situación semejante deben acudir directamente ante los jueces o magistrados que tramitaron los respectivos incidentes de desacato, poner de presente tales decisiones y solicitar, con fundamento en ellas, la inapl icación o el levantamiento de las sanciones impuestas, sin embargo, no se acreditó que la promotora hubiera formulado previamente tal solicitud ante los jueces naturales de los trámites incidentales.
Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la
levantamiento de las sanciones impuestas, sin embargo, no se acreditó que la promotora hubiera formulado previamente tal solicitud ante los jueces naturales de los trámites incidentales.
Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la salvaguarda rogada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02403-00
SCLAJPT-11 V.00
14 SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: D8BA2793A4FA18579982B915C59A4C1BBB277669028E3FB3496F7DEFD0687B85
Documento generado en 2026-10-05