CSJ - STL18144-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STL18144-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-11 V.00
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente
STL18144-2026 Radicación n. o 11001-02-05-000-2026-02475-00 Acta 33
Medellín, Antioquia, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Resuelve la Corte la acción de tutela presentada por
JOSÉ EMILIO FOREST RODRÍGUEZ contra la SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE L DISTRITO
JUDICIAL DE IBAGUÉ y el JUZGADO PRIMERO LABORAL
DEL CIRCUITO DE HONDA.
I. ANTECEDENTES
El accionante acudió a la queja constitucional con el propósito de obtener el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.
En lo que interesa al presente trámite constitucional, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Sindy Vanessa Álvarez Hicapié persiguió mediante demanda ordinaria laboral que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con José Emilio Forest Rodríguez, desde el 14 de enero de 2022 hasta el 20 de agosto de 2024, y que durante la vigencia de la relación laboral su empleador no le reconoció las prestaciones y acreencias laborales causadas en ese lapso, ni los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
de agosto de 2024, y que durante la vigencia de la relación laboral su empleador no le reconoció las prestaciones y acreencias laborales causadas en ese lapso, ni los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
En consecuencia, que se condenara a la enjuiciada a pagarle los conceptos reclamados , las indemnizaciones previstas en los artículos 65 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990 y las costas del proceso.
Fundamentó sus pretensiones , básicamente, en que i) se vinculó laboralmente con José Emilio Forest Rodríguez el 14 de enero de 2022; ii) desempeñó la s labores de «aseo general, (…) cocina, compra de mercado », entre otros oficios; iii) recibió «órdenes directas del demandado», y iv) renunció el 20 de agosto de 2024 poque no le pagaban las acreencias referidas.
El asunto se identificó con el radicado n.o 2025-000541 y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Honda, autoridad que, por sentencia de 20 de abril de 2026, declaró:
[…] que entre la demandante (…) [y] el demandado (…) existieron [t]res (3) contratos de trabajo verbales, el primero vigente del 14 DE FEBRERO AL 06 DE JULIO DE 2022 , el segundo desde el
173349-31-05-001-2025-00054-00.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO
SCLAJPT-11 V.00 3
PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023, ambos ejecutados en jornada de medio tiempo y un tercer vínculo vigente del PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE 2023 al VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024 , ejecutada en jornada completa, vínculo que terminó por renuncia voluntaria de la demandante.
En consecuencia, condenó al querellado a pagar las sumas reclamadas en cada uno de los periodos señalados. Inconforme con la decisión, el aquí accionante interpuso recurso de apelación que se concedió en el efecto suspensivo.
Al desatar la alzada, el colegiado encartado —en providencia de 2 de julio de 2026— revocó parcialmente la sentencia primigenia, para, en su lugar:
[…] DECLARAR que entre [entre las partes], existieron dos contratos de trabajo: uno del 24 al 30 de enero de 2022 y otro del 19 de junio al 9 de julio de 2023.
CONDENAR al [demandado] a pagar a [la demandante], los siguientes valores y conceptos respecto de cada contrato de trabajo:
Por el primero de ellos, del 24 al 30 de enero de 2022: $19.444.00 por cesantías, $19.444.00 por prima de servicios, $45.37 por intereses de cesantía, $9.722.00 por vacaciones.
Por el segundo, del 19 de junio al 9 de julio de 2023: $64.444.00 por cesantías, $64.444.00 por prima de servicios, $429.63 por
intereses de cesantía, $9.722.00 por vacaciones.
Por el segundo, del 19 de junio al 9 de julio de 2023: $64.444.00 por cesantías, $64.444.00 por prima de servicios, $429.63 por intereses de cesantía, $32.222.00 por vacaciones y la suma diaria de $38.667.00 diarios d esde el 10 de julio de 2023 y hasta cuando se verifique el pago de las condenas impuestas por prestaciones sociales.
NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
El gestor censuró que las autoridades judiciales accionadas, al emitir las sentencias de 20 de abril y 2 de julio de 2026, incurrieron en defecto fáctico porque les dieron un alcance inadecuado a las pruebas obrantes en el expediente.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Arguyó que las certificaciones que aportó, expedidas por la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas y el SENA, daban cuenta que la demandante ―durante el periodo en el que alegó la supuesta existencia de una relación laboral― estaba estudiando, por lo tanto, no podía trabajar . De ahí que lo s extremos temporales d el contrato laboral fueran erróneos.
Alegó que los estrados encartados , con base en unos documentos « simbólicos» que suscribió con la reclamante, afirmaron que existió un contrato de trabajo aun cuando en los mismos no se consignaron datos como la «la identificación de las partes, un domicilio, lugar y fecha de celebración, naturaleza del trabajo», entre otros.
afirmaron que existió un contrato de trabajo aun cuando en los mismos no se consignaron datos como la «la identificación de las partes, un domicilio, lugar y fecha de celebración, naturaleza del trabajo», entre otros.
Alegó que los testimonios decretados en favor de Sindy Vanessa Álvarez Hicapié incurrieron en sendas contradicciones, especialmente, el de Yisel Mariana Sánchez Aguirre ―compañera de estudio de la actora ― porque la relación que sostuvo con ellas era « personal» y no laboral pues lo visitaban y él las apoyaba económicamente , pero nunca hubo subordinación.
Con base en tales supuestos , solicitó tutelar las prerrogativas fundamentales incoadas y dejar sin efecto la s sentencias de 20 de abril y 2 de julio de 2026, para que, en su lugar, se profiera una decisión favorable a sus aspiraciones.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Por auto de 2 de septiembre de 2026, se avocó conocimiento de la acción de tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y demás vinculados, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
El Juzgado Laboral del Circuito d e Honda , Tolima, rindió un informe de las actuaciones desplegadas en el trámite criticado y defendió la legalidad de las decisiones que profirió.
En el término concedido no se aportaron respuestas adicionales.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política
profirió.
En el término concedido no se aportaron respuestas adicionales.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el sub - examine el gestor persigue que se dejen sin efectos las sentencias de 20 de abril y 2 de julio de 2026 ,Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
SCLAJPT-11 V.00 6 proferidas dentro del proceso ordinario laboral n.o 202500054.
Es de precisar que, aunque el disenso de l propulsor abarca las decisiones en mención, únicamente se abordará el estudio de la sentencia dictada por el fallador plural —2 de julio de 2026 — por ser la que zanjó el debate y por encontrarse acreditados los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, los de subsidiariedad e inmediatez; pues nótese que, respecto del primero, no procedía el recurso de casación por falta de interés económico para recurrir; y, en lo concerniente al segundo, se cumple el plazo de seis (6) meses que la jurisprudencia
inmediatez; pues nótese que, respecto del primero, no procedía el recurso de casación por falta de interés económico para recurrir; y, en lo concerniente al segundo, se cumple el plazo de seis (6) meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado prudencial para activar la vía tuitiva, en tanto que, la decisión se notificó el 3 de julio de 2026 y la tutela se presentó el 31 de agosto siguiente.
En ese orden, prontamente la Sala advierte el fracaso de la solicitud de amparo, comoquiera que en la providencia criticada no se observa una decisión arbitraria, irregular o irracional que abra paso a la intervención constitucional anhelada, conforme pasa a explicarse.
Para resolver el asunto, el tribunal accionado efectuó un análisis de la decisión de primer grado en relación con los reparos concretos que el apelante formuló, que consistieron, en síntesis, en que:
- únicamente celebró dos (2) contratos con la demandante y no tres (3), como lo afirmó el juez unipersonalRadicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
SCLAJPT-11 V.00 7 porque había temporadas en donde la trabajadora estaba de vacaciones, circunstancia que le impedía prestarle sus servicios al enjuiciado.
- No era cierto que en esas relaciones la borales la actora debiera cumplir con un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. porque «el servicio social obligatorio», que la demandante debía acreditar en el SENA , implicaba que en ciertas temporadas estuviera ocupada en el horario de la tarde,
p.m. porque «el servicio social obligatorio», que la demandante debía acreditar en el SENA , implicaba que en ciertas temporadas estuviera ocupada en el horario de la tarde, concretamente, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
En descenso, el juez plural analizó el material probatorio adosado al caso de marras y observó que, en la certificación expedida por la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas ubicada en Honda, Tolima, se indicó que en el 2022 y 2023 la actora «realizó las horas correspondientes al servicio social obligatorio de manera conjunta con las horas de pasantía del área técnica del SENA».
En ese documento, se especificó que en el 2022 inició las laborales referenciadas el 7 de julio y las culminó el 30 de noviembre de ese año , en un horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; mientras que, en el 2023, las desempeñó desde el 1. ° de marzo hasta el 30 de octubre de esa anualidad, en el mismo horario; información que coincidía con los oficios expedidos por el SENA.
Al efecto, concluyó que la demandante no prestó servicios al demandado en el horario vespertino debido a que se encontraba estudiando.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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También, desestimó los extremos temporales de las tres (3) relaciones laborales que declaró el a quo tras indicar que la aludida prueba no acreditaba que la actora « luego de finalizado el servicio social obligatorio (…) inmediatamente
También, desestimó los extremos temporales de las tres (3) relaciones laborales que declaró el a quo tras indicar que la aludida prueba no acreditaba que la actora « luego de finalizado el servicio social obligatorio (…) inmediatamente hubiera prestado servicios personales al demandado».
Adujo que en el plenario no obraba elemento probatorio que diera cuenta de las fechas señaladas por el juez primigenio, porque en el documento suscrito por Sindy Vannesa Álvarez Hincapié de fecha de «14 de 2022 (sic)», en donde se comprometía a « prestar asistencia personal » al enjuiciado, no se especificaron las datas de inicio y finalización de esa labor.
Además, las conversaciones sostenidas entre las partes «en Facebook» únicamente demostraban que la demandante se obligó a laborar «por $300.000 mensuales de 1 a 5 o 6:00 p.m. (sic)», sin indicar los extremos temporales.
Seguidamente analizó los testimonios decretados en favor de la demandante, así:
Respecto de la declaración rendida por Luz Marina Hincapié González , madre de la reclamante, señaló que carecía de «veracidad» por cuanto afirmó que su hija asistía «todos los días» a la casa del demandado, lo cual, contradecía las pruebas documentales demostrativas de que en el 2022 y 2023 estaba prestando el «servicio social obligatorio»; hecho que le impedía colaborarle a José Emilio Forest Rodríguez con esa intensidad.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Sobre la deposición de Yisel Mariana Sánchez
con esa intensidad.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Sobre la deposición de Yisel Mariana Sánchez Rodríguez, compañera de estudio de la actora, sostuvo que desvirtuó los extremos temporales alegados po r esta al afirmar que también laboró para el llamado a juicio y que se turnaba con «Sindy» pues, ello permitía inferir que «la labor de la demandante no se desarrolló todos los días como se afirmó (…) entre el 14 de enero de 2022 y 20 de agosto de 2024».
Frente a la declaración de Narciso Arenas, «vecino» de ambas partes, acotó que no había forma de que el testigo viera a la actora realizar labores de aseo en la casa del convocado «a través del portón», debido a que «esa estructura tenía dos metros de altura», era de madera y metal, y no tenía «orificio o espacio alguno que [diera visibilidad] al interior de la vivienda ». Además, la calificó de «contradictoria» pues afirmó que la demandante « laboraba todos los días », y que estudiaba «los fines de semana» aun cuando «la información reportada por la institución educativa » demostraba que «su jornada escolar era en las mañanas, entre semana».
Ulteriormente, examinó las deposiciones de «los dos testigos presentados por la parte demandada », José Ricardo González Salgado y Jairo Rodríguez Cardona, quienes sostuvieron conocer al enjuiciado hace un tiempo considerable porque le colaboran con trabajos de « poda de árboles» y «soldadura», respectivamente, en su residencia, y
González Salgado y Jairo Rodríguez Cardona, quienes sostuvieron conocer al enjuiciado hace un tiempo considerable porque le colaboran con trabajos de « poda de árboles» y «soldadura», respectivamente, en su residencia, y que entre el 2022 y el 2024, asistieron a su propiedad en reiteradas oportunidades.Radicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
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Destacó que Gonzáles Salgado afirmó que no conocía a la accionante; no obstante, dijo que el demandado le contó que en esas anualidades «iba una niña y lo acompañaba y le pedía plata (sic)» a la que él «nunca vio».
Resaltó que Rodríguez Cardona expresó que fue el que construyó «el portón» en madera y metal de la casa de José Emilio Forest Rodríguez ; que dicha estructura no «tiene orificios» por lo que « no es posible observar hacía adentro la casa (sic)», y que «como una o dos veces» vio a «una chica ahí en la casa del demandado (…) con un celular »; sin embargo, no observó que el convocado «le diera órdenes».
A renglón seguido , el estrado encartado concluyó que los declarantes « conocieron de manera directa lo que narraron», motivo por el cual, les otorgó credibilidad. Además, explicó que de dichos testimonios era dable concluir que la actora si prestó un servicio al demandado, pero no de forma continua ni en el periodo señalado en el escrito inicial.
Luego, enfatizó que en el interrogatorio de parte la demandante señaló que durante el lapso que cumplió con el
actora si prestó un servicio al demandado, pero no de forma continua ni en el periodo señalado en el escrito inicial.
Luego, enfatizó que en el interrogatorio de parte la demandante señaló que durante el lapso que cumplió con el servicio social no prestó servicios al actor ; de ahí que «los únicos periodos a declarar» fueran del «24 al 30 de enero de 2022 y julio 19 a julio 9 de 2023».
Por último, indicó que pese a que « avalaba lo afirmado por [el juez de primer grado] » frente a la aplicación de la política de género en la administración de justicia, más aún, en un caso que in volucra «una labor tan mal remunerada yRadicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
SCLAJPT-11 V.00 11 tratada, como lo es la del servicio doméstico» , así como lo referente al postulado de carga dinámica de la prueba en favor de la demandante, « dada la dificultad para aportar medios probatorios», no podía adoptar una decisión «alejada del material probatorio [obrante en el expediente]».
Así las cosas, concluyó que:
[…] sin duda alguna se probó que la actora (…) prestó servicios personales al demandado, pero lo que no se demostró fue que hubiere ocurrido de manera continua e ininterrumpida en el extenso período indicado en la demanda, como tampoco en los tres períodos interrumpidos entre sí, que declaró la Jueza.
De lo descrito en precedencia se advierte que el tribunal convocado al trámite constitucional no infringió el ordenamiento jurídico y tampoco cometió los desatinos
tres períodos interrumpidos entre sí, que declaró la Jueza.
De lo descrito en precedencia se advierte que el tribunal convocado al trámite constitucional no infringió el ordenamiento jurídico y tampoco cometió los desatinos evidentes que dan lugar, en forma excepcional, a la intervención del juez constitucional, pues al margen de que esta Sala comparta o no lo dis cernido, lo cierto es que, tras un análisis racional del caso y dentro del marco de la libre formación del convencimiento consagrada en el artículo 61 del CPTSS, consideró que entre las partes existieron dos contratos de trabajo.
Entonces, resulta eviden te que la posición de la parte convocante no va más allá de querer reabrir un debate jurídico ya dirimido y finiquitado, por no haberle resultado afín a sus intereses, por ello debe reiterarse que la naturaleza de la tutela no radica en la generación de un escenario adicional, en el que la parte interesada pretenda imponer su posición frente a la de los jueces naturales, pues si laRadicación n. ° 11001-02-05-000-2026-02475-00
SCLAJPT-11 V.00 12 decisión del conflicto no resulta descabellada debe descartarse la violación de garantías constitucionales, por ende, la intervención tutelar.
Lo anterior resulta suficiente para negar el amparo deprecado.
I. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
I. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si este fallo no fuere impugnado.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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