CSJ - STL18146-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STL18146-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-11 V.00
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente
STL18146-2026 Radicación n. o 11001-02-05-000-2026-02306-00 Acta 33
Medellín, Antioquia, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Resuelve la Corte la acción de tutela promovida por
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S AS contra la SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ.
I. ANTECEDENTES
La sociedad gestora acudió al mecanismo constitucional con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vu lnerados por la autoridad judicial convocada.
En lo que interesa al presente trámite constituci onal, del escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente:Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00
2 Juan José Velasco Bejarano persiguió mediante demanda ordinaria laboral que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con Servici os Postales Nacionales SAS, vigente desde el 1. ° de octubre de 2019 hasta el 14 de marzo de 20 23, en el que ostentó la calidad de trabajador oficial, por lo que, era beneficiario de la prima de navidad consagrada en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, que la empresa no le reconoció.
En consecuencia, que se condenara a la enjuiciad a al
prima de navidad consagrada en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, que la empresa no le reconoció.
En consecuencia, que se condenara a la enjuiciad a al pago de la referida prestación para las vigencias 2021, 2022 y 2023 , y de la indemnización moratoria de que trata el artículo 1. o del Decreto 797 de 1949.
El asunto se identificó con el radicado n.o 2025-000431 y le correspondió por reparto al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que, por sentencia de 28 de noviembre de 202 5, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.
Inconforme con la decisión , el actor interpuso recurso de apelación que se concedió en el efecto suspensivo.
Al desatar la alzada, el juez plural —en providencia de 28 de noviembre de 2025 — revocó la decisión de primer grado, para, en su lugar declarar que el actor ostentó la calidad de trabajador oficial; condenar a la enjuiciada al pago de $3.066.058 «por concepto de prima de navidad
1 11001-31-05-020-2025-00043-00.Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 3 correspondiente a las vigencias 2021, 2022 y 2023 », y de la indemnización rogad a «por la suma diaria de $48.343,43 correspondiente a un día de salario por cada día de retraso », la cual, a 30 de noviembre de 2025 ascendía a la suma de
indemnización rogad a «por la suma diaria de $48.343,43 correspondiente a un día de salario por cada día de retraso », la cual, a 30 de noviembre de 2025 ascendía a la suma de $42.783.935.
La sociedad propulsora censuró que el tribunal convocado, al emitir la decisión de 28 de noviembre de 2025, desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Laboral de esta Corte respecto de l régimen aplicable a «las empresas descentralizadas por servicio s de carácter indirecto (…) que tienen como objeto la prestación del servicio postal en Colombia (servicio público) », que, conforme con varias disposiciones normativas, es el del derecho privado.
Lo anterior, debido a que erró al concluir que su naturaleza es la de una empresa industrial y comercial del estado, aun cuando su «acto de creación» la define como una «sociedad pública filial».
Alegó que el estrado encartado no valoró las pruebas demostrativas de que la relación laboral que sostuvo con el demandante se rigió bajo las disposiciones del CST, cuerpo normativo en el que no se regulan «derechos previstos para los trabajadores oficiales».
Aclaró que, aun cuando se aceptara que el actor ostentó la calid ad de trabajador oficial, lo cierto es que no tenía derecho a la prima de navidad , por cuanto ya se le habíaRadicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 4 pagado una prima de servicio s, y que reconocerle la prestación reclamada generaría la aplicación de dos «regímenes jurídicos al tiempo que son excl uyentes entre sí »;
SCLAJPT-11 V.00 4 pagado una prima de servicio s, y que reconocerle la prestación reclamada generaría la aplicación de dos «regímenes jurídicos al tiempo que son excl uyentes entre sí »; sendos reclamos de parte de sus trabajadores , y un «riesgo» a la «sostenibilidad financiera» de la empresa.
Afirmó que el juez plural la condenó a reconocer la indemnización moratoria con fundamento en el «no pago de un concepto prestacional», y sin realizar «un análisis real de la buena o mala fe» de sus actuaciones.
Con base en tales supuestos, solicitó tutelar las prerrogativas fundamentales incoadas y dejar sin efecto la sentencia de 28 de noviembre de 2025, para que, en su lugar, se profiera una decisión favorable a sus aspiraciones.
La acción de tutela se radicó el 4 de agosto de 2026 y su conocimiento se le asignó al Juzgado Treinta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la Localidad de Puente Aranda de Bogotá D. C., quien, por proveído de 5 de agosto siguiente, alegó la falta de competencia para conocerla por cuanto el superior jerárquico del estrado encartado es la Sala de Casación Laboral de esta Corte.
Arribadas las diligencias, por auto de 31 de agosto hogaño, luego de subsanarse la petición de amparo, se admitió la queja constitucional , se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, así como a las demás partes e intervinientes en el proceso cuestionado, para que ejercieran su derecho de defensa. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
autoridad judicial accionada, así como a las demás partes e intervinientes en el proceso cuestionado, para que ejercieran su derecho de defensa. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá afirmó que la providencia fustigad a «noRadicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 5 incurr[ió] en ninguno de los defectos invocados por la accionante», y pidió que se desestimara la salvaguarda rogada.
Juan José Velasco Bejarano, demandante en el proceso censurado, pidió que se declarara la improcedencia del resguardo por incumplimiento del requisito de inmediatez.
En el término concedido no se aportaron respuestas adicionales.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos c onstitucionales fundamentales, cuando estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el sub examine, el propulsor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 28 de noviembre de 2025 dictada por el juez colegiado —que zanjó y definió el asunto en
perjuicio irremediable.
En el sub examine, el propulsor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 28 de noviembre de 2025 dictada por el juez colegiado —que zanjó y definió el asunto en discusión— para que, en su lugar, se dice una de reemplazo que acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Ciertamente, la acción de tutela no tiene un término de caducidad, pero la jurisprudencia constitucional ha sido pacifica en señalar que la inmediatez es un principio consustancial a la protección que brinda la acción que debe regir su ejercicio y que, en tal contexto, la petición de amparo debe presentarse dentro de un tiempo adecuado y razonable que resulte acorde con las medidas perentorias y urgentesRadicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 6 que demandan los derechos fundamentales cuya salvaguarda se requiere.
De consiguiente, la Corte Constitucional ha establecido que, el análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez debe ser más exigente cuando se tratan de tutelas contra providencias judiciales, so pena de que, se afecten los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica por permitirse un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia judicial.
Por ese motivo, la procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales se encuentra sometida a un término razonable que impide su uso en cualquier momento , que es el de los seis (6) meses c ontados a partir de la ocurrencia de los hechos presuntamente generadores de la
contra de providencias judiciales se encuentra sometida a un término razonable que impide su uso en cualquier momento , que es el de los seis (6) meses c ontados a partir de la ocurrencia de los hechos presuntamente generadores de la vulneración.
No obstante, también ha adoctrinado que ese presupuesto puede ‘flexibilizarse’ si la tardanza en el ejercicio de la tutela estuvo mediada por circunstancias jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, tales como la existencia de una situación de debilidad manifiesta, interdicción, incapacidad física, minoría de edad u otra en la que se halle el actor, o la permanencia en el tiempo de la transgresión o amenaza de los derechos fundamentales. Al respecto, entre otras, en sentencias CC T-136-2007 y CC SU-108-2018 explicó que elRadicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 7 juez debe analizar si se presenta alguna circunstancia que justifique la inactividad, a saber:
(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, l a ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece , es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa
previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece , es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razon able resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquella s personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.
De las premisas expuestas se observa que en el sub examine, se desatendió el aludido requisito de procedibilidad, comoquiera que desde la fecha en que se notificó la providencia criticada —29 de noviembre de 2025— y la data en que se presentó la petición de salvaguarda —4 de agosto 2026— transcurrieron sin justificación alguna, más de seis (6) meses, término que excede el plazo prudencial al que se hizo alusión previamente, de ahí que se descarte la necesidad
2026— transcurrieron sin justificación alguna, más de seis (6) meses, término que excede el plazo prudencial al que se hizo alusión previamente, de ahí que se descarte la necesidad de la salvaguarda y la intervención urgente, excepcional eRadicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
SCLAJPT-11 V.00 8 inmediata del juez constitucional que la sociedad convocante demandó.
Sumado a lo anterior, adviértase que con las pruebas allegadas no se acreditó la confi guración de alguno de los eventos que ha señalado la Corte Constitucional para ‘relativizar’ el requisito de inmediatez, es decir que, justifiquen válida y razonablemente, la omisión de procurar en tiempo la defensa de sus derechos fundamentales.
Además, tampoco está demostrado un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialísima, si se tiene en cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida en que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, porque el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad, porque las medidas que se requieren para conjurar dicho perjuicio sean urgentes y porque la protección sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer los derechos transgredidos, características que no fueron acreditadas en este caso.
Nótese que la situación expuesta por la sociedad reclamante consistente en que la decisión reprochada podría generar un «riesgo» a la « sostenibilidad financiera» de la empresa no se enmarca en las características previamente
este caso.
Nótese que la situación expuesta por la sociedad reclamante consistente en que la decisión reprochada podría generar un «riesgo» a la « sostenibilidad financiera» de la empresa no se enmarca en las características previamente descritas.Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02306-00
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9 Por lo anterior, se declarará improcedente la salvaguarda implorada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela impetrada.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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