CSJ - STL3031-2022

SCLAJPT-11 V.00

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL3031-2022 Radicación n.° 11001023000020220039200 Acta 7 Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la acción de tutela que presentó SILVIA NATALIA

LUNA NIÑO contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE

ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA y el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

SANTANDER.

I. ANTECEDENTES La ciudadana Silvia Natalia Luna Niño presentó acción de tutela con el propósito de conseguir el amparo de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, mínimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.Radicación n.° 2022-00392

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Como fundamento de la acción constitucional, expuso que, el 13 de enero de 2022, radicó documentos a fin de conseguir la aprobación de su práctica jurídica ante la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia y, el 18 de enero de 2022, la entidad confirmó el recibido de los documentos. Adujo que, el «15 de febrero de 2022», se venció el término para emitir resolución; no obstante, a la fecha no se le ha dado respuesta. Destacó que la universidad programó grados para el 19

Adujo que, el «15 de febrero de 2022», se venció el término para emitir resolución; no obstante, a la fecha no se le ha dado respuesta. Destacó que la universidad programó grados para el 19 y 20 de mayo de 2022, y que, de no poder graduarse en esas fechas, le tocaría esperar hasta el mes de octubre, lo cual le impediría optar por un trabajo como abogada. De conformidad con lo anterior, solicitó el amparo de la prerrogativa constitucional implorada y, como consecuencia de ello, se ordene al Consejo Superior de la JudicaturaUnidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia enviar la resolución que valida la práctica jurídica. Mediante auto de 21 de febrero de 2022, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad convocada, con el objetivo de que ejerciera los derechos de defensa y contradicción. 2Radicación n.° 2022-00392

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Dentro del término de traslado otorgado, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura rindió informe sobre el trámite para la aprobación de la práctica jurídica y respecto al aumento de las solicitudes idénticas a la de la promotora. Puntualizó que emitió resolución 1782 de 17 de febrero de 2022 a través la cual reconoció el cumplimiento de la judicatura a la convocante, el cual remitió al correo

Puntualizó que emitió resolución 1782 de 17 de febrero de 2022 a través la cual reconoció el cumplimiento de la judicatura a la convocante, el cual remitió al correo electrónico de la solicitante, de suerte que concluyó que se configuró un hecho superado. Por último, allegó copia del oficio enviado a la convocante mediante el cual se le puso de presente sobre el acto administrativo referido, así como de la constancia de envío al correo electrónico «silvialuna1018@gmail.com» de 17 de febrero de 2022.

II. CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

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Al descender al sub judice , encuentra la Sala que el amparo se dirige a que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia enviar la resolución que valida la práctica jurídica. Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral  debe entrar a dilucidar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6

Auxiliares de la Justicia enviar la resolución que valida la práctica jurídica. Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral  debe entrar a dilucidar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, así como lo establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias, la presente acción cumple con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela,  como lo ha enseñado la jurisprudencia de esa Corporación en varias sentencias, entre ellas la CC T-010-2017, es decir, si acata los siguientes requisitos:

(i) legitimación por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez). Así, es importante señalar que: (i) Silvia Natalia Luna Niño se encuentra legitimada en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto que fue quien elevó la petición encaminada a obtener la aprobación de la práctica jurídica. (ii) Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la súplica se dirige contra la autoridad que debe resolver la solicitud elevada por la 4Radicación n.° 2022-00392 SCLAJPT-11 V.00 convocante. (iii) El asunto tiene relevancia constitucional, habida

autoridad que debe resolver la solicitud elevada por la 4Radicación n.° 2022-00392 SCLAJPT-11 V.00 convocante. (iii) El asunto tiene relevancia constitucional, habida cuenta que involucra la posible vulneración de los derechos fundamentales de la convocante. (iv) Frente al requisito de inmediatez, estima necesaria la Sala rememorar lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia CC T-332 de 2015, en lo atinente a este presupuesto:

La Corte en Sentencia T-037 de 2013 ha señalado que la solicitud de amparo es procedente, cuando trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen a la afectación alegada y la presentación de la acción, sean analizadas las condiciones específicas del caso concreto, es decir, la valoración del requisito de inmediatez se vuelve menos estricto bajo las siguientes circunstancias:

“(i) La existencia de razones que justifiquen la inactividad del actor en la interposición de la acción. (ii) La permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, esto es,  que como consecuencia de la afectación de sus derechos, su situación desfavorable continúa y es actual.  [5] (iii) La carga de la interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,

acción de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”. [6] En aplicación del anterior derrotero jurisprudencial, debe indicar la Sala que el requisito de inmediatez se cumple respecto al derecho  de petición elevado por la parte  porque se cuestiona la falta de resolución del mismo. (v) Se cumple con el presupuesto de subsidiariedad porque en el caso concreto del derecho de petición la Corte Constitucional ha estimado que el ordenamiento jurídico 5Radicación n.° 2022-00392 SCLAJPT-11 V.00 colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien considere que la debida resolución a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional. (Sentencia CC T-077 de 2018). Conforme a lo anterior y analizados los medios de convicción allegados a este trámite procesal, se advierte que: 1) La accionante radicó solicitud de aprobación de la judicatura, para lo cual adjunto los documentos necesarios.

Conforme a lo anterior y analizados los medios de convicción allegados a este trámite procesal, se advierte que: 1) La accionante radicó solicitud de aprobación de la judicatura, para lo cual adjunto los documentos necesarios. 2) El 1 de febrero de 2022, se presentó la acción de tutela. 3) El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le informó a la petente que emitió resolución 1782 de 17 de febrero de 2022 a través de la cual validó la práctica jurídica. 4) La mencionada respuesta fue comunicada el 17 de febrero de 2022 al correo electrónico «silvialuna1018@gmail.com», el cual corresponde a la misma dirección que se consignó para efectos de notificación en el escrito de tutela, igualmente, se le envió el respectivo acto administrativo. 6Radicación n.° 2022-00392

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De ahí que se configure lo que la jurisprudencia y doctrina han denominado carencia actual del objeto por hecho superado, donde cualquier pronunciamiento del juez constitucional no tiene sentido por sustracción de materia, pues, estando en trámite la acción de tutela, desapareció la razón que daba lugar a su presentación. En este orden, resulta menester señalar que, entre otras, en sentencia CC T-038 de 2019, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar el fenómeno referido, frente a lo cual expuso: […] Este escenario se presenta cuando entre el momento de

otras, en sentencia CC T-038 de 2019, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar el fenómeno referido, frente a lo cual expuso: […] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. (Negrilla fuera de texto) Así las cosas y sin que se hagan necesarias otras motivaciones, se habrá de negar el amparo invocado.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela impetrada, de

7Radicación n.° 2022-00392 SCLAJPT-11 V.00 conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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