JEP - Auto SRVR-04-00-97-20 26-febrero de 2020

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE

RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN

DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 20203240058563 20203240058563 SITUACIÓN No. 004 de 2018

AUTO SRVNH-04/00-97/20

Bogotá D.C., miércoles, 26 de febrero de 2020 Radicación 20203240058563 Asunto La “Situación territorial de Urabá”, caso No. 004, de la SRVR de la JEP solicita a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar información relativa a los Juzgados de Instrucción Penal Militar o Policial que han conocido las investigaciones de Unidades Militares con jurisdicción en los municipios priorizados de Urabá. Fecha de reparto No aplica

I. ASUNTO POR RESOLVER La Magistrada relatora del caso No. 04, “Situación territorial de la región de Urabá” miembro de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante: la Sala de Reconocimiento o SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante: la JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, solicita a la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar, información relativa a la identificación y ubicación de los Juzgados de Instrucción Penal Militar o Policial que han conocido las investigaciones de algunas unidades militares con jurisdicción en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El

Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, con destino al expediente de la Situación territorial de Urabá No. 004. 1

EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 20203240058563

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 040 avocando conocimiento de la Situación territorial de la región de Urabá, nombrando como relatora de la situación a la magistrada Nadiezhda Henriquez Chacín para investigar: … los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables1. .

2. En ejercicio de sus funciones, el despacho relator solicitó el 4 de octubre de 2018 información a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar2 y recibió respuesta el 2 de noviembre de 2018 contentiva de algunos elementos para la apreciación general de competencias e insuficiente como respuesta de

fondo3. La Jurisdicción Especial para la Paz continúa a la espera de la ejecución de los compromisos de la Justicia Penal Militar en el marco de la normativa aplicable4.

3. Entre 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, el despacho relator viene recibiendo en diligencias de versión voluntaria a comparecientes exmiembros de la fuerza pública y exmiembros de FARC-EP. Entre 2019 y hasta la fecha han sido practicadas 24 diligencias de versión voluntaria. En el marco de estos y otros actos de investigación surgen elementos que permiten renovar el interés del caso en la jurisdicción penal militar. 1 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR No.040/2018. Sobre la situación territorial de la región de Urabá.

Disponible en el sitio oficial: www.jep.gov.co. Consultado 4/1/2020. 2 JEP. Salas de Justicia. SRVR. Auto de despacho No. SRVNH-04/00-05/18 (20183240062573). En el caso No. 04, Situación territorial de la región de Urabá. 3 Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Respuesta de 2 de noviembre de 2018. Rad. 20181510352142.

Trámite Oficio No. SRVR-00304 de 4 de octubre de 2018. 4 Ley 1957 de 2019. Art. 79-b 2

EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 20203240058563

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4. Corresponde a este despacho solicitar la ubicación física y la identificación plena de los despachos de la justicia penal militar que tuvieron asignadas investigaciones sobre miembros de unidades militares con

jurisdicción en los territorios priorizados, para que dicha información obre dentro de la investigación de la Situación territorial de Urabá. Para ello, la magistrada relatora procederá a analizar: (i) su propia competencia; y (ii) el procedimiento aplicable.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

(i) Competencia del despacho para solicitar ubicación e identificación de despachos de la Justicia Penal Militar (JPM)

5. La Sala de Reconocimiento es una de las Salas de Justicia de la JEP, que es el órgano de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR –. Su actuación se define a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 (en adelante: el Acuerdo Final)5, el Acto Legislativo 01 de 20176 la Ley 1957 de 2019 estatutaria de la administración de justicia en la JEP (en adelante: Ley 1957 de 2019) y la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 que adopta las reglas de procedimiento de la JEP (en adelante: Ley 1922 de 2018), en armonía con el bloque de constitucionalidad y demás normas concordantes.

6. En este marco, la Ley 1922 de 2018 faculta a los magistrados de la JEP para “… acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto ley 588 de 2017 y 34 de la ley 1621 de 2013”7. En efecto, en su ejercicio misional la Sala de Reconocimiento hace uso de instrumentos de

5 Acuerdo Final. Punto 5. Al respecto, el Acto Legislativo 02 de 2017, derogando el artículo 4 del Acto legislativo 01 de 2016, establece que: “…las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.” 6 Acto Legislativo 01 de 2017. Arts. 1, 5 y 7. 7 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 3

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 20203240058563 conocimiento en el marco de sus competencias durante la investigación judicial8 y puede solicitar de autoridades públicas y privadas, así como de los órganos internos de la JEP, el recaudo de información con fines judiciales.

7. Esta competencia es concordante con las reglas que rigen el acceso a documentos y fuentes de investigación por parte de la magistratura9 conforme a las cuales “el carácter reservado de una información o de determinados documentos no será oponible a los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial”10.

8. Por su parte, la respuesta de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en noviembre de 2018 indica que … los despachos de la Justicia Penal Militar y Policial conocen de las investigaciones de acuerdo a las unidades asignadas mediante acto administrativo por parte de la Dirección Ejecutiva razón por la cual el conocimiento de un hecho punible no está supeditado al lugar de

ocurrencia del mismo sino a la unidad militar que intervino en los hechos…11 Esta referencia es concordante con la información obrante en el expediente que se refiere a despachos de la Justicia Penal Militar que funcionaron en instalaciones de la Brigada XVII y de la Jefatura Militar de Urabá en su momento.

9. En consecuencia, para el despacho es una potestad y un deber legal recabar la información más amplia y suficiente sobre los hechos atribuibles a comparecientes posiblemente vinculados con la Situación territorial de Urabá, para contribuir a la búsqueda de la verdad y en ese marco procederá.

(ii) Procedimiento aplicable 8 Ley 1922 de 2018. Art. 11. 9 Se entiende comprendida en la magistratura el conjunto de profesionales de despacho, incluidos aquellos que fueron designados por las magistradas y magistrados de la JEP para integrar el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) con funciones expresas de procesamiento de la información y responsabilidades de garantía de reserva. JEP. Acuerdo No. 001 de 2018 “Por el cual se adopta el Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Arts. 70 y 71. 10 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 11 Ver nota al pie n. 3, Pág. 2. 4

EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 20203240058563

10. Acopiados los elementos de juicio que permiten asegurar que los despachos de la Justicia Penal Militar jugaron un papel relevante en el tratamiento de información sobre hechos que son de competencia de la Situación territorial de Urabá y que involucran comparecientes que han sido

vinculados con este caso, efectuadas las verificaciones correspondientes, se procederá a enunciar la información que requiere este despacho: (i) Nombre completo, ubicación exacta del lugar de funcionamiento actual, incluidas fechas y lugares de traslado (si aplica), de los despachos de la Justicia Penal Militar que recibieron asignación para conocer sobre hechos que involucren a miembros de la fuerza pública adscritos a las siguientes unidades militares: - Jefatura Militar de Urabá (1986-1993)

• Comando Operativo No. 1 (1986-1993) -Brigada XVII (13 de diciembre de 1993 a 1997) -Batallón de Infantería No. 31 y No. 46 Voltígeros (1986 a 1997) - Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez (1988 a 1998) - Batallón de Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima (1988 a 1999) - Unidad Antisecuestros y Extorsión UNASE (1991-1999)

(ii) Copia de los actos administrativos emanados de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar que asignaron dichas unidades militares a los despachos judiciales, conforme el numeral anterior. (iii) Nombre y datos de identificación de los jueces penales militares que presidieron los despachos a los que se refieren los actos administrativos expedidos que se solicitan en el numeral anterior.

11. Para tal efecto, se requerirá dicha información a la autoridad competente, en aplicación expresa de las reglas de la función pública, en particular, la eficacia, economía y celeridad, aunadas a las facultades de la magistratura para

acceder a documentos y fuentes de investigación12. 12 Ley1922 de 2018. Art. 20. 5

EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 20203240058563

En mérito de lo antes expuesto este despacho,

V. RESUELVE: PRIMERO. – OFICIAR, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar para que, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibido de la comunicación, suministre la información requerida por este despacho y que se enuncia en el numeral 10 de este proveído.

Parágrafo primero. El plazo no será prorrogado. Parágrafo segundo. La información recibida será incorporada en el cuaderno anexo de fuerza pública del expediente de Urabá. SEGUNDO. - INFORMAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la decisión adoptada por el despacho para la notificación por estado a las partes e intervinientes especiales del caso No. 04. TERCERO. - Contra esta decisión no procede recurso.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Original Firmado) NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN Magistrada relatora de la Situación territorial de Urabá Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas Jurisdicción Especial para la Paz

Proyectó: R.ES

Anexos: NA

6