JEP - Resolución SDSJ 191 25 enero de 2023

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Resolución No. 191 Bogotá D.C., 25 de enero de 2023

Número de Expediente SAJ: 0001193-73.2022.0.00.0001

Solicitantes: J osé Alexander González González,

R obinson Holguín Montaño, Miguel Rodríguez Socha, Wberney Guzmán Muñoz, Orley Humberto Díaz Martínez, Aquilin Quitumbo Machín, Giovanny Moreno Bohórquez, Jhon Cleiver García Rojas, Andrés Cruz Luna, Ever Rafael Manjarres Rico, Elver Cuellar Castillo, José Víctor Díaz y Jhon Faiver Piamba Jiménez.

Situación jurídica: En juzgamiento Delitos: Homicidio en persona protegida ASUNTO Procede el Despacho a: i) asumir el conocimiento del proceso disciplinario surtido en contra de los señores José Alexander González González, C.C.

7.319.857, Robinson Holguín Montaño, C.C. 79.976.792, Miguel Rodríguez Socha, C.C. 74.085.657, Wberney Guzmán Muñoz, C.C. 93.407.055, Orley Humberto Díaz Martínez, 1.082.772.244, Aquilin Quitumbo Machín, C.C. 14.279.961, Giovanny Moreno Bohórquez, C.C. 1.030.527.211, Jhon Cleiver García Rojas, C.C.

12.247.166, Andrés Cruz Luna, C.C. 83.212.138, Ever Rafael Manjarres Rico, C.C. 84.452.400, Elver Cuellar Castillo, C.C. 1.118.469.254, José Víctor Díaz, C.C. 74.352.978 y Jhon Faiver Piamba Jiménez, C.C. 83.258.430, ii) pronunciarse sobre Página 1 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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AICRAG OICIRUAM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .11F8C2 ogidóc le y 1000.00.0.2202.37-3911000 osecorp le emrofni JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ GONZÁLES Y OTROS RADICADO EXPEDIENTE SAJ: 0001193-73.2022.0.00.0001 la competencia de la JEP sobre el proceso disciplinario que se surte en contra de los solicitantes y a tomar otras determinaciones en el presente asunto.

ANTECEDENTES

1. A través de decisión del 31 de octubre de 2013, proferida en el marco de proceso IUS 2008-268047 y IUC 077-03-986-2008, la Procuraduría Delegada para la Defensa de las Derechos Humanos profirió pliego de cargos en contra de los

señores José Alexander González González, Robinson Holguín Montaño, Miguel

Rodríguez Socha, Wberney Guzmán Muñoz, Orley Humberto Díaz Martínez, Aquilin Quitumbo Machín, Giovanny Moreno Bohórquez, Jhon Cleiver García Rojas, Andrés Cruz Luna, Ever Rafael Manjarres Rico, Elver Cuellar Castillo, José Víctor Díaz y Jhon Faiver Piamba Jiménez, como presuntos responsables de una falta gravísima por haber incurrido en una grave violación del DIH, a raíz del homicidio del señor Oseas Tapiero.

2. Con Auto del 26 de septiembre de 2019, la Procuraduría Delegada para la Defensa de las Derechos Humanos decidió suspender el proceso IUS 2008-268047 y IUC 077-03-986-2008 y remitirlo a la JEP por considerarlo de competencia de

esta Jurisdicción Especial.

3. Por medio de Acta 317 del 19 de agosto de 2022, la Secretaría Judicial de la SDSJ adjudicó el proceso IUS 2008-268047 y IUC 077-03-986-2008 a este despacho judicial.

CONSIDERACIONES

4. De conformidad con lo previsto en los artículos 5, 6 y 21 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2. numerales 32 y 50, de los artículos 2, 9, 28, 44, 51 y siguientes de la Ley 1820 de 2016, del artículo 48 de la Ley 1922 de 2017 y del artículo 84 de la Ley 1957 de 20191, la Sala de

Definición de Situaciones Jurídicas es competente para asumir el conocimiento y posteriormente determinar la competencia de la JEP para conocer del presente asunto. 1 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial Para la Paz. Página 2 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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5. En vista de lo anterior, se ASUME el conocimiento del proceso disciplinario de radicación IUS 2008-268047 y IUC 077-03-986-2008 en el que se procesa a los antes mencionados, al igual que se DISPONE: i) estudiar la comparecencia obligatoria de los integrantes de la fuerza pública a la JEP, ii) la competencia de la JEP respecto de los hechos enjuiciados bajo el mencionado proceso, iii) analizar la continuidad de los procesos en la jurisdicción preferente de la Procuraduría General de la Nación y la competencia exclusiva de la JEP, iv) pronunciarse sobre el régimen de condicionalidad. Finalmente, se hará referencia a otras

determinaciones. i) De la comparecencia obligatoria de los integrantes de la fuerza pública

6. En cumplimiento del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el Congreso de la República expidió la Ley 1820 de 2016 que regula las amnistías e indultos por delitos políticos y delitos conexos con estos. Además, establece tratamientos penales especiales diferenciados, simétricos, simultáneos, equilibrados y equitativos, para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final2.

7. En la misma línea, los numerales 32 y 34 del punto 5.1.2. del Acuerdo Final y el artículo 63 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, establecen como factor de competencia personal, que el componente de justicia del SIVJRNR se aplicará a: (i) integrantes de las FARC-EP, (ii) miembros de la fuerza pública,

(iii) agentes del Estado diferentes a los anteriores, (iv) los financiadores o colaboradores de los paramilitares o de cualquier otro actor del conflicto y (v) aquellas personas involucradas en la protesta social o en disturbios públicos. Además de estos ámbitos de aplicación personal, el artículo transitorio 16 del Acto Legislativo (en adelante A.L.) 01 de 2017 estableció uno más relativo a los terceros. 2 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y

Duradera, noviembre 24 de 2016. punto 5.1.2. numeral 32. Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio

17. Ley 1820 de 2016, artículos 2 y 9.

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8. A su vez, en el Auto TP-SA No. 063 del 13 de noviembre de 2018, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz precisó, conforme a lo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017, que son objeto de competencia por esta Jurisdicción, los: “(i) integrantes de los grupos armados al margen de la ley; (ii) agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Pública;

(iii) agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (sic); y (iv) terceros civiles, estos dos últimos, siempre y cuando acudan voluntariamente a esta jurisdicción especial”.

9. Al respecto, en el Auto TP-SA 019 de 2018, la Sección de Apelación expuso que, en virtud del acuerdo de paz, y con el fin de propender por un equilibrio entre la paz y la justicia, “se diseñó un régimen penal más flexible para incentivar la entrega de armas por parte de las FARC-EP y su reintegración a la vida civil; se procedió a establecer condiciones equitativas, equilibradas, simultáneas, diferenciadas y simétricas para los agentes del Estado, y se ofrecieron las condiciones para facilitar el sometimiento de otros actores”3.

10. Cuando la Corte Constitucional efectuó el control automático, único y posterior sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, señaló que la presentación de los Agentes del Estado no Integrantes de la Fuerza Pública (AENIFPU) y los terceros debía ser siempre potestativa, de lo cual se infiere razonablemente que, por contraposición, los miembros de la fuerza pública son comparecientes forzosos y que su comparecencia es obligatoria4.

11. En la línea de la anterior conclusión, la Sección de Apelación en Auto TPSA 019 de 2018, precisó: En relación con los integrantes de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, en cambio, su sometimiento obligatorio es constitucionalmente admisible. La JEP fue creada en el marco de un proceso de negociación de paz del que ambos participaron. Se infiere, así, que las dos partes decidieron someterse al nuevo régimen allí previsto5. Adicionalmente, existen razones superiores que justifican la instauración de una jurisdicción especial y transitoria, como lo es la terminación del

3 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 19 de 2018. Párr. 6.13. 4 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, consideraciones 5.2.5, 5.5.2 y 6.5.6 5 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, consideración 5.5.2.3. Página 4 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Además, señaló: La limitación de la competencia personal forzosa de la JEP a los actores más visibles del conflicto, como lo son los miembros de la Fuerza Pública y los integrantes de las FARC-EP, responde a una interpretación específica de la justicia transicional, según la cual, esta pareciera enmarcarse en la lógica de las transiciones de regímenes dictatoriales a gobiernos democráticos, mas no en el tránsito de la guerra hacia la paz. Mientras que en los primeros las violaciones son el resultado de la tiranía y del abuso unilateral del poder por parte de la institucionalidad, en los segundos el escenario es usualmente más caótica y las violaciones tienen lugar como consecuencia de la confluencia de múltiples actores e intereses.

12. En la misma línea, esta Sala en Resolución 1326 del 13 de marzo de 2020 precisó lo siguiente: Al respecto, debe indicarse que el sometimiento ante esta jurisdicción es forzoso para los miembros de la fuerza pública que son responsables o han sido señalados de cometer violaciones de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado durante su vinculación a dicha institución. El sometimiento forzoso de los combatientes es un desarrollo del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz previsto en el numeral 15 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final de paz y el artículo 21 del Acto Legislativo 01 de 2017, e implica que es este

componente del Sistema Integral el que administrará justicia respecto de ellos. En virtud de lo anterior, “[e]l juez de las conductas objeto del Sistema, cometidas por miembros de la Fuerza Pública (sic), es la JEP.”8 6 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, consideración 5.5.2.3. 7 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, consideración 5.5.2.3. 8 Auto TP-SA N. 037 de 2018, Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Bogotá 17 de octubre de 2018. Página 5 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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13. En ese orden de ideas, la figura de la comparecencia obligatoria de los miembros de la fuerza pública implica que cuando estos se encuentren vinculados formalmente a un proceso penal, disciplinario o fiscal cuyos hechos generadores sean de competencia material de esta Jurisdicción, no es necesario que medie un acto de postulación para que la SDSJ pueda asumir el

conocimiento de sus casos, en tanto su juez natural es la Jurisdicción Especial para la Paz, régimen de justicia transicional que fue adoptado con el consentimiento de estos y como resultado de la negociación de las partes en conflicto, situación que se entiende como supletoria del acto de postulación, el cual, por el contrario, sí es requisito sine qua non en los casos de terceros y Agentes del Estado no Integrantes de la Fuerza Pública, al ser comparecientes voluntarios.

14. Así las cosas, en virtud del principio de juez natural y conforme al artículo transitorio 5 y 6 del Acto Legislativo No. 01 y al artículo 8 de la Ley 1957 de 2019, corresponde a esta Jurisdicción conocer de los casos relacionados con el conflicto armado de los miembros de la fuerza pública, quienes, por tanto, no pueden escoger libremente el juez de su causa. De hecho, la Sala ha señalado que la única excepción a esa regla general de competencia es la relacionada con los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública quienes pueden someterse voluntariamente a la JEP9, razón de ser de la distinción entre comparecientes forzosos y voluntarios.

15. Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-674 de 2017, determinó que “la creación de ese sistema especial de justicia fue una condición de quienes se encontraban al margen de la ley [integrantes de las FARC] para incorporarse al proceso de paz y para someterse a la justicia”. De esta forma, “el esquema institucional introducido en el Acto Legislativo 01 de 2017

[resultaría] aplicable a todos los combatientes”, en la medida que garantizaría “el tratamiento simétrico a todos los actores del conflicto que se encuentran en posiciones jurídicas equivalentes”.

16. En tal virtud, el máximo tribunal constitucional concluyó que es la JEP quien tiene la competencia prevalente y preferente para investigar, juzgar y sancionar los delitos y faltas cometidos en el marco del conflicto armado, por 9 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Resolución 8079 del 27 de diciembre de 2019.

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AICRAG OICIRUAM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .11F8C2 ogidóc le y 1000.00.0.2202.37-3911000 osecorp le emrofni JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ GONZÁLES Y OTROS RADICADO EXPEDIENTE SAJ: 0001193-73.2022.0.00.0001 miembros de la fuerza pública, circunstancia que ofrece “garantías simétricas y equivalentes a las que se contemplan para los grupos alzados en armas, sin que se advierta el propósito de disminuir las garantías orgánicas, procesales y sustantivas o de hacer más gravosa la situación de quienes se someten al sistema institucional de transición”.

17. Valga precisar, frente a la naturaleza del acto de postulación de miembros de la fuerza pública, que este se trata de un acto de carácter eminentemente formal que, de no existir en un caso en concreto, no suprime la facultad y el deber que tiene la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de asumir el conocimiento de cuestiones de su competencia.

18. En efecto, tal como lo señaló la Secretaría Ejecutiva, en Oficio nº. 202103011616 del 6 de agosto de 2021, el acto de postulación por parte del Ministerio de Defensa Nacional, tuvo como objetivo primordial, antes de la entrada de funcionamiento de las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la Paz, la concesión de beneficios transicionales, especialmente el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA) a miembros de la fuerza pública que, previa verificación del Ministerio de Defensa Nacional, cumplieran con los requisitos para su aplicación.

19. Esto, además se sustenta en la comprensión de la finalidad del Acuerdo de Paz y de la creación del componente de justicia referida hasta ahora, pues admitir una interpretación en contrario y conforme a la cual los miembros de la fuerza pública necesariamente deban postularse para que su sometimiento pueda ser analizado en esta Jurisdicción: (i) los equipararía a los comparecientes voluntarios, cuestión que no se acompasa con la filosofía de la Página 7 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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JEP, y con los principios pro paz10, pro víctimas11, pro justicia12, pro verdad13 y juez natural14 que la caracterizan; y (ii) implicaría vaciar de contenido la figura de la comparecencia forzosa, al igual que anular los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final para la Paz15. Ello, en palabras de la Corte Constitucional, en Sentencia C-080 de 2018, implica que: 10 En el Auto TP-SA 019 de 2018, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz estableció que “el propósito medular de la JEP consiste en facilitar la transición del país hacía la paz, entendida esta como un estado binario. Por un lado, se visualiza la paz negativa, que descansa en la ausencia de violencia. Por el otro, se contempla la paz positiva, a ser vivida como integración social. Está última abarca la reconciliación nacional, la verdadera de las violaciones (SIC), de impartir justicia, de garantizar reparación a las víctimas y a la sociedad, y de evitar la repetición del pasado (…)”. 11 Desde el Acuerdo de Paz se consagró que las víctimas son eje central del Sistema Integral de Justicia,

Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición (artículo 13 transitorio del A.L. 01 de 2017), lo cual implica que debe haber una participación efectiva de las víctimas en las diferentes actuaciones que se lleven a cabo al interior de la JEP (artículo 12 transitorio del A.L. 01 de 2017) y que se debe propender por la garantía de sus derechos “a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, especialmente frente a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Corte Constitucional, C-080 de 2018). 12 De conformidad con la C-080 de 2018, el derecho a la justicia impone al Estado el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Especialmente, en el marco del sistema de justicia transicional, la Corte Constitucional en Sentencia C-080 de 2018, expresó: “la JEP tiene competencia para conocer de las conductas en el marco del conflicto armado cometidas por los agentes del Estado, entre ellos, de los miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2017, dicha competencia es obligatoria y prevalente en el caso de miembros de la Fuerza pública y voluntaria en el caso de agentes del Estado civiles”. 13 En relación con la verdad, es de resaltar que, la JEP tiene como uno de sus objetivos primordiales, la consecución de la verdad por parte de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, de forma tal que debe procurar que, los comparecientes brinden toda la información sobre la comisión de los hechos y, de ser el caso, que reconozcan responsabilidad en etapas tempranas del proceso, sobre los

hechos que hayan cometido. 14 El principio de juez natural dictamina que “ninguna persona puede ser procesada por tribunales de excepción, autoridades administrativas ni por jueces instituidos con posterioridad a la comisión del delito, con las salvedades que se derivan de la justicia transicional”. (Corte Constitucional, C-080 de 2018). 15 Sobre el particular, el Acuerdo de Paz en el punto 5.1.2. Justicia, establece que “los objetivos del SIVJRNR son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”. Adicionalmente, el numeral 32 del punto 5.1.2. Justicia, determina que “el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado”. Finalmente, se señala que, “el componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado. En el caso

de los agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Por lo anterior, sus agentes, en Página 8 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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herramienta de venganza política y, al contrario, promueve el cierre integral del conflicto armado y propicia la reconciliación basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho frente a todos los responsables, pero también basada en el ofrecimiento de tratamientos especiales y seguridad jurídica para todos ellos. Así, el tratamiento diferenciado permite que la justicia transicional sea una auténtica herramienta de justicia de acuerdo con la posición jurídica, así como al nivel y grado de responsabilidad de cada actor.

20. Así las cosas, es claro que, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, le asisten unos deberes oficiosos cuyo cumplimiento es obligatorio y que no pueden ser desatendidos bajo el presunto argumento de que no está dada la voluntad de alguno de sus comparecientes forzosos; siendo uno de esos deberes, la asunción de conocimiento de los asuntos de su competencia16. De ahí que, si llega a conocimiento de la SDSJ un expediente en el que se encuentran involucrados miembros de la fuerza pública por hechos relacionados con el conflicto armado, es obligación de la Sala asumirlos.

21. En el mismo sentido, y al analizar un caso similar al aquí estudiado17, la Sección de Apelación en Auto TP-SA 748 del 2021, refirió lo siguiente: “23. La Sección de Apelación no comparte los argumentos del abogado. En primer lugar, el agente retirado de la Policía Nacional (r) OSPINA CASTRO es un compareciente forzoso u obligatorio ante la JEP, calidad personal que particular los miembros de la Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se

presumen legales.” 16 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 19 de 2018. Párr. 7.44. “(…) las distintas Salas y Secciones de la JEP tienen deberes oficiosos que no pueden ser válidamente desatendidos invocando la voluntad del compareciente. Dentro de estos se encuentran los de asumir conocimiento sobre asuntos de su competencia, así como los de ordenar la remisión interna de los casos que hacen parte del resorte simultáneo o exclusivo de otros órganos”16. 17 En el caso analizado por la Sección de Apelación en Auto TP-SA 748 del 10 de marzo de 2021, el abogado del compareciente puso de presente como uno de sus argumentos de disenso que, no se había solicitado el sometimiento a la JEP de su representado. Página 9 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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AICRAG OICIRUAM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .11F8C2 ogidóc le y 1000.00.0.2202.37-3911000 osecorp le emrofni JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ GONZÁLES Y OTROS RADICADO EXPEDIENTE SAJ: 0001193-73.2022.0.00.0001 se configura por ministerio de la ley, es decir, carece de relevancia para los

efectos del sometimiento su expresión de voluntad de acogerse o no al componente de justicia del SIVJRNR. Dado que, en el asunto sub examine, la Sala de Definición de Situaciones jurídicas, por medio de la Resolución 3650 de 2020, aceptó el sometimiento del compareciente (ut supra párr. 8), esta jurisdicción es desde ese momento su juez natural y le corresponde conocer del asunto de manera prevalente, preferente, exclusiva e inescindible, desplazando para el efecto, a las autoridades penales. En ese sentido, no es de recibo el alegato del apoderado del compareciente sobre la ausencia de solicitud de sometimiento. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas acertó al estudiar el asunto que le trasladó la Fiscalía 253, pues como se dijo, se trata de un compareciente forzoso que, además, según conceptúo el a quo, cumple con los factores temporal y material de competencia.” (Negrillas fuera del texto original).

22. En línea con lo anterior, la Sección de Apelación confirmó en el Auto TPSA748 de 10 de marzo de 2021 que, la comparecencia de los integrantes de la fuerza pública es obligatoria. En dicha oportunidad sostuvo lo siguiente:18

En primer lugar, el agente retirado de la Policía Nacional (r) OSPINA CASTRO es un compareciente forzoso u obligatorio ante la JEP, calidad personal que se configura por ministerio de la ley, es decir, carece de relevancia para los efectos del sometimiento su expresión de voluntad de acogerse o no al componente de justicia del SIVJRNR. Dado que, en

el asunto sub examine, la Sala de Definición de Situaciones jurídicas, por medio de la Resolución 3650 de 2020, aceptó el sometimiento del compareciente (ut supra párr. 8), esta jurisdicción es desde ese momento su juez natural y le corresponde conocer del asunto de manera prevalente, preferente, exclusiva e inescindible, desplazando para el efecto, a las autoridades penales. (Negrillas fuera del texto original).

23. En conclusión, el sometimiento de los comparecientes forzosos

(miembros y exmiembros de las fuerzas militares y exmiembros de las FARCEP) no puede estar supeditado únicamente a su voluntad de someterse, en cuanto carecen de la facultad de sustraerse de la competencia de esta Jurisdicción y no tienen la posibilidad de escoger con libertad a su juez natural19. Lo anterior, en tanto la JEP es el reflejo de los contenidos del Acuerdo Final de Paz y, por tanto, no es necesario que medie acto de postulación o 18 En el asunto de José William OSPINA CASTRO. 19 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Resolución 8079 del 27 de diciembre de 2019. Página 10 de 41 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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y 1000.00.0.2202.37-3911000 osecorp le emrofni JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ GONZÁLES Y OTROS RADICADO EXPEDIENTE SAJ: 0001193-73.2022.0.00.0001 solicitud de sometimiento, contrario a lo que sucede con los terceros civiles y AENIFPU, frente a quienes no es posible asumir competencia sin que medie una solicitud de sometimiento, el cual es de carácter optativo y tiene como consecuencia habilitar a la Jurisdicción Especial Para la Paz para el estudio de dichos asuntos.

24. Con fundamento en lo anterior, se procederá a realizar el análisis competencial de la JEP en el caso sub examine, aún cuando a la fecha no se han presentado solicitudes de sometimiento por parte de los disciplinados. ii) Competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al proceso disciplinario IUS 2008-268047 y IUC 077-03-986-2008

25. Según se desprende del pliego de cargos proferido en contra de los solicitantes, a estos se le procesa por los siguientes hechos: En hora de la tarde del 10 de enero de 2008 en la vereda la (sic) Primavera Inspección de Bolivia del municipio de Paujil, Caquetá, resultó muerto el joven Oseas Tapiero, quien fue presentado por el Ejército Nacional como subversivo de la ONT FARC, dado de baja en combate.

No obstante lo anterior, la señora Maria Dely Banina Timote Chilantra, compañera de la víctima y otros vecinos manifestaron que Oseas Tapiero no

pertenecía a ningún grupo ilegal, era un campesino del lugar, trabajador, y el día de los hechos dos sol