JEP - Resolución SDSJ-5137 27-octubre de 2021

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

IVÁN MARINO HERRERA SERNA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2021

Número de Expediente ORFEO: 9002820-61.2019.0.00.0001

Compareciente: Iván Marino Herrera Serna

C.C. No. 1.056.300.184

Situación Jurídica: Libertad Delito: Homicidio en persona protegida Fecha de reparto: 21 de junio de 2019

Resolución SDSJ No. 5137 de 2021

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Procede el Despacho de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, a pronunciarse sobre la competencia que le asiste en la solicitud de sometimiento presentada por el señor Iván Marino

Herrera Serna, identificado con C.C. No. 1.056.300.184 en calidad de agente miembro de la fuerza pública; más específicamente como Soldado Profesional del Ejército Nacional, por el Radicado 76-834-60-00187-2008-80350-00 conocido por la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Cali (V) por los delitos de homicidio en persona protegida.

2. El caso del compareciente no está incluido dentro de los listados de miembros de la fuerza pública remitidos ante la JEP por el Ministerio de Defensa 1 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth

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ZAID SAILE ORDEP rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .91F7A1 ogidóc le y 1000.00.0.9102.16-0282009 osecorp le emrofni SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS IVÁN MARINO HERRERA SERNA Nacional y de las piezas allegadas no se observa que se encuentre privado de la libertad.

II. HECHOS

3. Los hechos objeto de investigación dentro del proceso Radicado 76-834-6000187-2008-80350-00, fueron relacionados de la siguiente forma: […] que el día 01 de julio de 2008 a las 10 horas en la vereda Santa Elena de Piedritas del Municipio de Tuluá, mientras se desempeñaba como miembro del Batallón Contraguerrilla No. 19 [1191] del Ejército Nacional de la misión táctica “Justicia”, la cual tenía como objetivo debilitar las estructuras del grupo guerrillero FARC que operaba en la zona, ocasionó la muerte del ciudadano César Cuadros Leal, campesino del sector, quien fue reportado como miembro de las FARC muerto en un enfrentamiento.2

II. ANTECEDENTES EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

4. Los citados acontecimientos son conocidos por la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Cali

(V) bajo el radicado 76-834-60-00187-2008-80350-00 por el delito de homicidio

persona protegida. En fecha 15 de enero de 2019 el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantía Ambulante de Buga (V) realizó formulación de imputación, entre otros al señor Iván Marino Herrera Serna por el delito de homicidio persona protegida establecido en el Art. 135 del Código Penal, en la mencionada audiencia el peticionario no aceptó los cargos imputados y la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento por la solicitud del procesado de sometimiento a la JEP, argumentando que podría darse aplicación a lo establecido en el Decreto 706 de 2017.3

III. TRÁMITE ANTE LA JEP 1 Audiencia de Formulación de imputación, Min 26:00 a 27:52 2 Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga, acta de audiencia, formulación de imputación del 15 de enero de 2019 proceso 76-834-60-00187-2008-80350-00, imputado, Iván Marino Herrera Serna. Expediente Legali 9002820-61.2019.0.00.0001 Folio 983 y 984 3 Audio Formulación de imputación, Folio 985 Expediente Legali 9002820-61.2019.0.00.0001, Min. 40:0041:33 2 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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etsE .91F7A1 ogidóc le y 1000.00.0.9102.16-0282009 osecorp le emrofni EXPEDIENTE: 9002820-61.2019.0.00.0001

5. A través de radicados Orfeo No. 20181510375202 del 26 de noviembre de 2018 y 20191510037432 del 29 de enero de 2019, el señor Iván Marino Herrera Serna, informó su deseo de someterse a esta jurisdicción aduciendo su calidad de ex integrante del Ejército Nacional de Colombia, en el grado de soldado profesional y que en su contra se adelanta un proceso penal por el delito de homicidio en persona protegida, conocido por el Juzgado Penal Municipal de Garantías Ambulante de Buga (Valle del Cauca) bajo el número 76-834-60-00187-2008-80350-00.

6. En resolución No. 003770 del 23 de julio de 2019, este Despacho resolvió asumir conocimiento de la solicitud de sometimiento y ante la ausencia de documentación, ordenó la práctica de algunas pruebas, entre ellas, la comisión a la Unidad de Investigación y Acusación de esta Corporación para el recaudo de piezas procesales e información de las actuaciones penales contra el peticionario; entre otras.

7. Mediante radicado 202001005165 la Delegada de la Procuraduría Segunda con Funciones de Intervención ante la JEP, solicitó el rechazo de la solicitud de sometimiento presentada por el señor Herrera Serna, al no ser atendido el

requerimiento hecho y no acreditar su calidad de miembro del Ejército Nacional.

8. El 25 de junio de 20204 la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, asignó al abogado Sergio Alberto Pardo Giraldo como defensor técnico del peticionario.

9. Por resolución 3947 del 23 de agosto de 2021, el Despacho impulsó el proceso con el fin de documentar la actuación y lograr resolver el sometimiento instado, requiriendo la profesional del derecho mencionado para que presente el correspondiente poder especial que lo faculte para actuar. Requerimiento que fue atendido en el 25 de agosto siguiente en el cual mencionó que el solicitante le había dado a conocer que asignaría abogado de confianza.

10. En fecha 13 de septiembre de 2021 el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Buga (V) allegó copia del acta y del audio de la audiencia de imputación adelantada en contra del señor Iván Marino Herrera Serna. 4 Radicado JEP 202003003024. 3 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Precisiones iniciales

11. Los beneficios propios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP, y destinados a los agentes del Estado en virtud del tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico5; fueron elevados a rango constitucional a través del Acto Legislativo 01 de 20176.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que estos beneficios, entre otros, se materializan dentro del ámbito del Régimen de libertades7, que para el efecto están previstos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017, en tratamientos anticipados y condicionados como la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar, para los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, y la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento para quienes se encuentren investigados por dichos delitos y afectados en virtud de ello con una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras se surte el proceso.

12. Se debe señalar que el señor Iván Marino Herrera Serna elevó su solicitud de sometimiento ante la JEP por la investigación bajo radicado No. 76-834-6000187-2008-80350-00 que actualmente es adelantado por la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Cali

(V).

2. Competencia 5 Punto 5.1.2. ibidem: “…32.- (…) El componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico…” 6 Acto Legislativo 01 del 04 de abril de 2017: Artículo 1° “Artículo transitorio 17. Tratamiento diferenciado para Agentes del Estado. El componente de Justicia del SIVJRNR también se aplicará respecto de los Agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico…”

7 Corte Constitucional Sentencia 647/2017 4 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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13. Este despacho deriva su competencia para resolver el presente asunto de los artículos transitorios 5º, 6º, 17º y 21º del Acto Legislativo 01 de 2017; del

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2, numerales 32 y 50; de los artículos 2, 9, 28, 44 y 52 de la Ley 1820 de 2016; del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 y de los artículos 51 (s.s.) y 84 de la Ley 1957 de 2019.

3. Orden de análisis

14. Se realizará el estudio del presente asunto de la siguiente manera: i) la aceptación del sometimiento del señor Iván Marino Herrera Serna, para lo cual se recordará lo correspondiente al sometimiento de los agentes de Estado miembros de la fuerza pública, procediendo a verificarse el cumplimiento de los factores de competencia; ii) se analizará lo referente al status libertatis y; iii) se hará alusión al régimen de condicionalidad que, como mecanismo de supervisión y requisito esencial para el ingreso a esta Jurisdicción, debe imponérsele al compareciente, bajo los parámetros que se indicarán.

4. Sometimiento de miembros de fuerza pública a la Jurisdicción Especial para la Paz

15. Como consecuencia de lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el capítulo 5 estableció un tratamiento especial, simétrico, diferenciado, equilibrado y equitativo para integrantes de las FARC-EP, agentes del Estado y otros actores del conflicto.

16. Para contribuir efectivamente con la terminación del conflicto y con el objetivo de una paz estable y duradera, se consideró a las personas que como agentes del Estado se vieron inmiscuidos en actuaciones que desembocaron en

investigaciones y/o condenas de naturaleza penal y que fueron realizadas en el marco del conflicto armado interno, sean procesados bajo un régimen penal favorable que contempla incluso beneficios propios de carácter provisional y otros definitivos, bajo un tratamiento simétrico, simultáneo, equitativo y diferencial. 5 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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17. El Acuerdo Final previó que todo aquél que haya cometido delitos en el contexto del conflicto armado debía someterse obligatoriamente, sin embargo, lo anterior fue modulado por la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017, al revisar la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2017.

18. En dicha decisión, el máximo tribunal en materia constitucional precisó que el sometimiento de los terceros y los agentes del Estado no miembros de fuerza pública a la Jurisdicción Especial para la Paz debía ser voluntario; pues en el evento de ser forzado, el mismo desconocería la garantía del juez natural.

19. No obstante, y en lo que respecta a los agentes del Estado integrantes de

fuerza pública, el sometimiento a la JEP se dispuso como obligatorio, pues esta jurisdicción transitoria fue creada en el marco de un proceso de negociación de paz en el cual ellos participaron y donde además se comprometieron a sujetarse al régimen que en ella se establezca.

20. Ahora bien, en vista que el sometimiento puede resultar favorable a los interesados, porque una vez acogidos a la JEP tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento penal más benigno al previsto en la jurisdicción ordinaria, la Sección de Apelación señaló que dicha figura constituye, en sí misma, el primer beneficio del cual se desprenden todos los demás8, siendo necesario entonces que el misma sea integral; es decir, que abarque todas las conductas punibles relacionadas con el conflicto.9

5. De la Jurisdicción Especial para la Paz y sus factores de competencia

21. La Jurisdicción Especial para la Paz, cuenta con parámetros definidos en cuanto a los asuntos que pueden ser de su competencia. Estos se establecieron desde el momento de suscripción del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP, y se especificaron en 8 Sección de Apelación Tribunal para la Paz. Auto TP-SA No. 020 de 2018.Considerando No. 32. 9 Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP. Auto TP-SA 110 de 2019. Párrafo No. 53; “Si la exigencia de un sometimiento integral, irreversible e irrestricto rige para los comparecientes voluntarios a la JEP, con mayor razón rige para los comparecientes obligatorios. Esto porque el acuerdo de paz y su incorporación

normativa al orden jurídico colombiano, firmado entre las partes beligerantes en función de la satisfacción de los derechos de las víctimas, obligan a los combatientes a contribuir integralmente al esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad, a la reparación y no repetición como componente de la paz y la reconciliación.” 6 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ZAID SAILE ORDEP rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .91F7A1 ogidóc le y 1000.00.0.9102.16-0282009 osecorp le emrofni EXPEDIENTE: 9002820-61.2019.0.00.0001 la Ley 1820 de 2016 y el Acto Legislativo 01 de 2017, mismos que además vale la pena aclarar deben ser concurrentes10. Estos son:

22. FACTOR TEMPORAL: El artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, en armonía con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley 1820 de 2016, establece que la Jurisdicción Especial para la Paz, conocerá de manera preferente sobre las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.

23. FACTOR PERSONAL: relacionado con la calidad con que se concurre al proceso, fue resumido por la Sentencia C-007 de 201811, al establecer que los beneficiarios y destinatarios en el ámbito personal de competencia de la

Jurisdicción Especial para la Paz, solo podrán ser: - Los exmiembros de las FARC-EP - Los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública. - Los agentes del Estado distintos a los integrantes de la fuerza pública. - Los terceros que tuvieron participación en el conflicto (colaboradores o financiadores). - Las personas que incurrieron en conductas punibles en el marco de protestas sociales o en disturbios públicos.

24. FACTOR MATERIAL: Este factor se refiere a los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, o hechos delictivos perpetrados en disturbios públicos o en la protesta social y los delitos comunes conexos con los anteriores. 10 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-328 del 2015 advirtió “Los criterios o factores de competencia tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de justicia. En este contexto, de manera regular, la competencia se fija de acuerdo con los siguientes criterios o factores: (i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); (ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso

(factor subjetivo); (iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); (iv) el lugar o foro donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y (v) la competencia previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que con relación a un

tema específico puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción).” 11 C-007 de 2018 numeral 544 7 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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25. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en línea con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, definió que el ámbito de aplicación de la Jurisdicción: (…), se contrae a “todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final12. (Subrayas fuera del texto original).

26. Se trata así de una armonización de competencias en virtud de la cual la Jurisdicción Especial para la Paz, creada a través del acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP, circunscribe su actuar a ciertas conductas delictuales, cometidas en el escenario del conflicto

armado; lo anterior por cuanto, al tratarse de delitos comunes o que no guarden relación con el conflicto, la competencia se mantiene en cabeza de la jurisdicción ordinaria, implicando de facto que quienes las hayan cometido, tengan impedido su acceso al Sistema. - Análisis del caso concreto

27. Descendiendo al caso objeto de estudio, se debe señalar que se encuentra acreditado el factor temporal. Se tiene certeza de que los hechos ocurrieron el 1° de julio de 2008, fecha anterior a la suscripción del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – FARC – EP, pues este, data del 1° de diciembre de 2016, dando por cumplido el requisito enunciado y otorgando competencia temporal a esta Jurisdicción para adelantar el conocimiento del asunto.

28. En cuanto al factor personal, al verificar los insertos procesales recolectados de la justicia ordinaria se desprende que los hechos fueron acaecidos cuando fungía como soldado profesional del Ejército Nacional adscrito al Batallón Contraguerrilla No. 119.13 En consecuencia, está acreditada la competencia personal de esta Jurisdicción para conocer del caso sub examine. 12 Corte Suprema de Justicia. Auto interlocutorio AP5058-2017 del 9 de agosto de 2017. Mag. Ponente: Gustavo Enrique Malo Fernández. 13 Audiencia de Formulación de imputación, Folio 985 Expediente Legali 9002820-61.2019.0.00.0001, Min 26:00 a 27:52 8 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe

la redecca araP

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29. Ahora bien, el factor de competencia material de esta Jurisdicción es el aspecto que demanda para el Despacho mayor estudio, pues su análisis, implica como se dijo en precedencia, desentrañar si dentro de este caso en concreto, se trata o no de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

30. Al efecto, es importante recordar que, para definir la competencia material de la Jurisdicción Especial para la Paz, se tiene un margen amplio de aplicación e interpretación que permite a la Sala analizar y estudiar distintas posiciones, sin que, debido a ello, este deje de ser un estudio estricto prima facie14 centrado en la relación del hecho concreto con el conflicto armado interno.

31. En esta línea, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de manera constante ha considerado que la citada relación con el conflicto está definida, más allá del contexto de las hostilidades y los enfrentamientos de los actores armados, también y de conformidad con lo previsto por tribunales internacionales, por el papel fundamental que el conflicto jugó en: (…) la habilidad del perpetrador para cometerlo, en su decisión de

cometerlo, en la manera en la que se comete o el propósito para el que fue cometido. Así, si se puede establecer, como en el presente caso, que el perpetrador actuó en promoción o bajo la apariencia del conflicto armado, será suficiente que sus actos están relacionados de manera cercana con el conflicto armado 15.

32. En igual forma, en el artículo transitorio 23 del Acto Legislativo 01 de 2017, se indica que a fin de verificar el vínculo entre los hechos delictivos y el conflicto armado, debe tenerse en cuenta que el conflicto haya influido en el autor, participe o encubridor de la conducta punible, lo que implica que por razón de este, el perpetrador haya: adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta (capacidad); determinando su disposición para cometerla (decisión); abierto la oportunidad de contar con medios que le 14 Decreto 1269 de 2017, parágrafo del artículo 2.2.5.5.2.1. “Cuando se haya determinado prima facie, que el delito ha sido cometido por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado interno para efectos de decidir sobre alguno de los beneficios de la ley 1920 de 2016 (…)” 15 JEP. Sala Definición Situaciones Jurídicas. Resolución 38 de abril 23 de 2018. Radicado 10-000022-2018.

Cita de la TPIY. Sala de Juzgamiento. Decisión sobre la apelación interlocutoria de jurisdicción en el caso del Fiscal vs. Dusko Tadić, 2 de octubre de 1995, párr. 6870 e Id. Página 59.

9 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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33. Bajo esas precisiones, se tiene que de acuerdo con los hechos expuestos ad supra pág. 2, fueron enmarcados por el ente fiscal dentro del delito de homicidio en persona protegida el que fue imputado al peticionario, de ahí, que es posible inferir que nos encontramos frente a una conducta que se encuadraría en las denominadas ejecuciones extrajudiciales.16

34. Las ejecuciones extrajudiciales se enmarcan en acciones u omisiones de representantes del Estado de carácter sistemático y generalizado que constituyen una violación al reconocimiento general del derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 6, 2, párrafo 2 del artículo 4, 26 y los artículos 14 y 15), el cual como bien lo ha señalado esta Sala en

pretéritas oportunidades, no resulta ajeno al conflicto armado interno17, encuadrándose como acciones que nacen de las dinámicas y lógicas propias de la violenta realidad vivida por el país, misma que realmente llegó incluso a fomentar que hechos por los cuales él fue condenado tuvieran ocurrencia dentro del territorio colombiano de forma continua, reclamando así la vida de varios de sus habitantes.

35. Además del modus operandi detallado en la indagatoria presentada permite entrever de manera clara, que la actuación adelantada por los uniformados requirió del uso de sus capacidades adquiridas dentro de la entidad marcial, así como de sus instrumentos bélicos de dotación, los cuales sirvieron de herramientas para ejecutar el acto que extinguió la vida de la víctima, quien a la postre fue presentado como baja en combate. Sobre ello señaló: […] La misión táctica “Justicia” de la operación Magazín de fecha 27 de febrero de 2008 misión táctica suscrita por el Coronel Jairo Raúl Lopez Colinge, en ese entonces comandante de la Brigada Móvil No. 20 del 16 Las ejecuciones extrajudiciales no tienen un tipo penal equivalente y autónomo en el ordenamiento penal colombiano, como sí sucede en otras legislaciones, por lo que su punición se deriva del delito de homicidio en persona protegida (Art. 135 del Código Penal) y del homicidio agravado; y por la connotación, el contexto, la generalización y sistematicidad de la conducta, trasciende el derecho nacional y se ubica en el derecho internacional como un delito de lesa humanidad y crimen de guerra. 17 Resoluciones SDSJ 360 del 31 de mayo de 2018 y 690 del 5 de julio de 2018, entre otras.

10 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ZAID SAILE ORDEP rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .91F7A1 ogidóc le y 1000.00.0.9102.16-0282009 osecorp le emrofni EXPEDIENTE: 9002820-61.2019.0.00.0001 Ejército Nacional, tenía por objetivo capturar o en caso de resistencia armada someter mediante el empleo legítimo de la fuerza al rebelde Pablo Catatumbo…quien era concretamente coordinador del bloque móvil Arturo Ruíz y otros comandantes de las antiguas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC, que delinquían en la región, destruyendo su logística, golpeando su estructura armada y de milicias que la protegen…es así como el 1° de julio de 2008 luego de un registro se encuentra la patrulla militar con un campamento de la guerrilla para capacidad para cinco personas, en la vereda Santa Elena Piedrita del corregimiento de Monteloro cerca al cual se hallaba una vivienda de madera con tejas de lámina en ese lugar se monta un puesto de observación… y de ese lugar sale un hombre con una cantina de leche la abandona y se dirige a una quebrada cercana de la casa, allí saca un arma de fuego de largo alcance tipo fusil y un camuflado se aleja un poco, es

entonces cuando se le da la señal de alto, el sujeto reacciona, levanta el arma y se escuchan unos disparos, segundos más tarde el sujeto aparece tendido en el piso con el fusil al lado y un bolso en el cual se encontraron estopines, granadas de mano y un uniforme camuflado, además de cinco proveedores para fusil, la persona dada de baja en el presunto enfrentamiento, responde al nombre de Cesar Cuadro Leal. Esta versión corresponde a la que oficialmente entregó el Sargento Yerson León Pineda quien fungía como comandante de la compañía Explosor del Batallón Contraguerrilla 119…Sin embargo, la información obtenida por la Fiscalía es distinta, la que indica que la ocurrencia de ese hecho, es otra…se dice que ese día el 1° de julio en horas de la mañana el campesino Cesar Cuadro Leal, salió de su inmueble como era de costumbre a realizar las labores de ordeño en su predio la finca Eucalitera…se acreditó que por el contrario a la versión de la patrulla, la víctima era un campesino de la región distante de ser un guerrillero, sin antecedente alguno y que su muerte ocurrió cuando procedía a efectuar la labor de ordeño y que la escena luego de la muerte fue alterada[…]18.

36. De lo expuesto, se observa que prima facie se cumplen con los factores de competencia material, temporal y personal, los cuales están contemplados en el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en el siguiente entendido: la JEP conocerá de las conductas cometidas con causa, con ocasión o en relación

directa e indirecta con el conflicto armado interno (factor material), con anterioridad del 1° de diciembre de 2016 (factor temporal), por aquellos 18 Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga, acta de audiencia, formulación de imputación del 15 de enero de 2019 proceso 76-834-60-00187-2008-80350-00, imputado, Iván Marino Herrera Serna. Expediente Legali 9002820-61.2019.0.00.0001 Folio 983 y 984 Audio Formulación de imputación, Folio 985 Expediente Legali 9002820-61.2019.0.00.0001, Min. 31:53-17:38 11 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ZAID SAILE ORDEP rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .91F7A1 ogidóc le y 1000.00.0.9102.16-0282009 osecorp le emrofni SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS IVÁN MARINO HERRERA SERNA combatientes que hayan suscrito un acuerdo final de paz con el gobierno nacional (factor personal).

37. En consecuencia, se debe aceptar el sometimiento del señor Iván Marino Herrera Serna, por la investigación penal radicado 76-834-60-00187-2008-8035000, adelantado en su contra, por el delito de homicidio en persona protegida por

la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Cali (V)

38. Ahora bien, como quiera el señor Iván Marino Herrera Serna no ha suscrito hasta la fecha el acta de sometimiento ante la JEP, es de anotar que dicha situación no impide que la Sala se pronuncie respecto de su sometimiento a la JEP, pues como la Sección de Apelación lo ha dicho: De hecho, las deficiencias estrictamente formales pueden ser subsanadas y, por tanto, no siempre cabe tratarlas como limitantes. Incluso, de verificarse que una persona cumple de manera íntegra las condiciones para ingresar al ámbito competenci