PGN - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Nulidad de acto administrativo que decreto el incumpli

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Nulidad de acto administrativo que decreto el incumplimiento del contrato OBJETO DEL CONTRATO-Jurisprudencia del consejo de estado “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce

en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las

prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-Jurisprudencia del consejo de estado “(…) El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (negrilla fuera de texto). (…)” PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Los contratos se celebran para ser cumplidos, respetando lo acordado entre las partes CONTRATO DE INTERVENTORIA-Elementos, características, finalidad y

funciones FALTA DE MOTIVACION-Invocada por la parte actora, señala que la interventoría del contrato de obra no cumplió con su gestión 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) INTERVENTORIA-Irregularidades encontradas

CONCEPTO No. 180/2018

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

Doctora MARIA ADRIANA MARIN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000233600020150125001 (62195)

ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ACTOR: CONSORCIO INTERCOL ACCIONADO: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADESentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia

recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 031 de 2013 y 0011 de 2014, que decreto el incumplimiento por cuanto la administración habría perdido competencia // Falsa motivación, porque según el contratista él si cumplió // Temas: //el incumplimiento contractual // La función de la interventoría en los contratos//Dictamen pericial//. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195)

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: El 3 de junio de 20151, el CONSORCIO a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de

Acción Contractual en contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo “FONADE”, con el fin de obtener por parte del A quo la nulidad de la Resolución No. 031 del 20 de diciembre de 2013, expedida por la Subgerente de Contratación de FONADE, a través de la cual se declaró el incumplimiento del contrato No. 2111950 suscrito el 24 de octubre de 2011, para la ejecución de diseños, estudios técnicos y construcción del proyecto denominado “Grupo 1: I.E. Sagrado Corazón de JesúsSede Principal localizada en el Municipio de Buenavista, en la I.E. Las Delicias localizada en el Municipio de Tierra Alta y en la I.E. Técnica en Promoción Social el Rosario –Sede Principal localizada en el Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba”. Además solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 011 del 25 de marzo de 2014, expedida por la Gerente de la Unidad de Gestión contractual Subgerencia de Contratación de FONADE, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 031 el 20 de Diciembre de 2013; también solicita que se declare que FONADE incumplió el contrato No. 211950 de 2011 y que se le condene a pagar los perjuicios materiales 1 Escrito de la demanda visible a folios 3 a 30 del cuaderno 1 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) por daño emergente y lucro cesante. 1.2. Concepto del Ministerio Público La Procuradora 11 Judicial II para Asuntos Administrativos, ALBA LUCIA BECERRA AVELLA, solicitó que se no accediera a las suplicas de la demanda; respecto de la nulidad solicitada, considera que no procede ya que FONADE tenía la facultad y la competencia de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 Señala que en el presente caso, si se probó el incumplimiento del contrato No. 2111950 de 2011 por parte del CONSORCIO INTERCOL y finaliza afirmando que se encuentra probado el “error grave” en que incurrió el dictamen pericial aportado por el extremo actor por las siguientes razones: “i) el dictamen pericial aportado por el Ingeniero José Hilario Benavides, especialista en Estructuras fue claro en presentar las imprecisiones e incorrecciones tanto de los fundamentos como de las conclusiones del dictamen objetado y, ii) el Arquitecto Tulio Eduardo Suarez Ramírez, en audiencia de pruebas, celebrada el 6 de febrero de 2018, reconoció que el conocimiento y experiencia de Ingeniero Benavides, permite una mejor y correcta apreciación del objeto del dictamen”. 1.3. Sentencia de primera instancia: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, a través de Sentencia del 26 de abril de 2018, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el a2 Providencia visible a folios 465 a 476 del expediente.

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) quo en primer lugar se refiere al cambio normativo del régimen de contratación de FONADE, y en segundo lugar procedió a analizar de fondo la nulidad de las Resoluciones Nos. 031 del 20 de diciembre de 2013 y 011 de marzo 27 de 2014 que declararon el incumplimiento del contrato No. 2111950 de 2011, observando si existió incompetencia por parte de FONADE para su declaración y si existió abuso y desviación de poder. El Tribunal administrativo también analizó si se presentó falsa motivación en los hechos que rodearon la declaratoria de incumplimiento. Señala el a-quo, que la declaratoria de ocurrencia del siniestro no es un procedimiento sancionatorio, como tampoco es el uso de una facultad exorbitante de las contempladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por tal razón consideró que los cargos de abuso y deviación de poder quedan descartados, contrario a lo afirmado por la parte actora cuando afirma que FONADE hizo uso de la facultad exorbitante sin tener competencia para ello. Respecto a este punto concluye que FONADE, entidad pública, declaró la ocurrencia del siniestro de conformidad con las facultades establecidas en el Código Contencioso Administrativo, competencia de la cual gozan

todas las entidades estatales independientemente de su naturaleza jurídica, como es, la de Empresa Industrial y Comercial del Estado. En cuanto al cambio normativo relacionado con el procedimiento de selección, que debe tener en cuenta determinada entidad para seleccionar al contratista cuando el procedimiento administrativo se está realizando; la ley 80 de 1993, artículo 78 y la Ley 1150 de 2007, artículo 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) 31 ha establecido un régimen de transición referido a que el procedimiento iniciado y el futuro contrato se rigen con las normas vigentes al momento de su iniciación. Señala que para el Tribunal en materia de contratación no es dable como lo pretende el demandante independizar el procedimiento de selección con la celebración del contrato, por cuanto se ha entendido, que ambas actuaciones comprende el conjunto de las obligaciones que le corresponde cumplir a los extremos jurídico negóciales. Frente a la falsa motivación como causal de anulación de los actos administrativos se configura cuando el funcionario ha expedido el acto administrativo inspirado en motivos diferentes a los previstos legalmente. Con relación a este punto el Tribunal hace un recuento de los distintos requerimientos y comunicaciones cruzadas entre el contratista y el interventor y agrega que el contratista de la obra está obligado a cumplir

cada uno los requerimientos que le realice el interventor, por cuanto éste se encuentra verificando el cumplimiento técnico de las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones, por ente afirma el Tribunal que no le es dable desconocer y muchos menos cuestionar las recomendaciones del interventor. Por tal razón la falsa motivación no es aplicable en el presente caso, pues existen requerimientos de sobra por parte de la interventoría al contratista. El a-quo de acuerdo con el acervo probatorio allegado, también estableció que FONADE si estaba facultada para declarar el incumplimiento de las 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) obligaciones que había adquirido el contratista porque hubo una ejecución defectuosa del objeto contractual. Así las cosas, concluye el alto Tribunal que no se demostró en el proceso que los actos administrativos contractuales demandados, se hubieran proferido con desviación de poder o falsa motivación, como tampoco logró desvirtuarse la presunción de legalidad de los mismos, por lo tanto considera que ha de proferirse fallo adverso a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 1.4. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante:

Por su parte, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia3. En dicho recurso, el accionante afirma que el Tribunal se equivoca en la argumentación del problema jurídico planteado, por cuanto NO hace referencia a la competencia de FONADE al expedir los actos administrativos demandados de nulidad, a través de los cuales se declaró el incumplimiento del contrato No. 2111950 del 24 de octubre de 2011, sino que únicamente hace referencia a la competencia para declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 3 Providencia visible a folios 465 a 476 del expediente. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) Afirma que FONADE no podía declarar el incumplimiento del contrato como lo hizo, porque dicho incumplimiento es una potestad de derecho público y no de derecho privado, desbordando así sus competencias e incurriendo en una clara desviación de poder; ya que es incompatible el sometimiento de las regulaciones de derecho privado y el ejercicio de las potestades o cláusulas excepcionales, en cuanto a que éstas son de derecho público. Aduce que no comparte la argumentación del Tribunal, cuando dice que el acto administrativo que ordenó la apertura de la licitación pública fue

dictado cuando aún estaba vigente el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, que permitía que FONADE aplicaría la Ley 80 de 1993, y que esto no puede ser así, en la medida que la Resolución de Apertura de la licitación pública si bien es cierto fue dictada en vigencia de dicha norma, no era posible que se siguiera aplicando cuando se aplicó la sanción de incumplimiento, pues no estaba vigente, pero además, no surtía efectos al momento de la celebración del contrato que es cuando nacen las obligaciones de las partes que intervienen en el mismo, según lo previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Agrega que el acto de apertura de la licitación pública y la referencia o sustentación normativa a que hace referencia la sentencia en cuanto a la Ley 80 de 1993, solo podía tenerse en cuenta para el proceso de selección del contratista, y no, para los efectos contractuales sancionatorios en este caso de incumplimiento del contrato, ya que la normatividad era distinta, por cuanto las normas que se incorporan al contrato, son aquellas vigentes al momento de su celebración y en el caso 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) que nos ocupa aún no existía contrato; por el contrario, cuando el contrato fue celebrado, el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 ya había sido

derogado y continua haciendo un análisis respecto de las razones por la cuales Fonade no tenía a su juicio competencia para proferir el incumplimiento del contrato. Indica que los argumentos del Tribunal son frágiles en cuanto al incumplimiento del contrato, porque se limita a indicar que el Consorcio Intercol no entregó los productos a que se había comprometido, lo cual en su criterio no corresponde a la realidad, ya que el contratista si cumplió con las obligaciones pactadas y entrego los diseños a que se había comprometido para poder continuar con la ejecución de la obra. Enfatiza que la interventoría en forma totalmente irregular se dedicó a entorpecer las actividades del Consorcio y en múltiples oportunidades hizo observaciones a los productos entregados pero que de todas formas mi poderdante procedió a realizar los ajustes ordenados y sin embargo la interventoría una vez realizadas las correcciones de un forma poco técnica pedía hacer correcciones de las correcciones, lo cual entorpecía el desarrollo del contrato. Expone que el Tribunal cuestionó el dictamen pericial porque afirma que el perito manifestó que no era idóneo, y no comparte este señalamiento puesto lo afirmado por el perito fue que se asesoró de otros profesionales de la ingeniería para desarrollar el dictamen con el fin de darle más certeza y garantía a los conceptos que estaba rindiendo. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la revocatoria del fallo recurrido y en su lugar que se decrete la prosperidad de las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente

analizar: Problemas planteados por el Ministerio Público: ¿Le son aplicables a FONADE las normas de contratación estatal conforme la ley 80 de 1.993, entre ellas las clausulas exorbitantes, no obstante la derogatoria del artículo 26 de la ley 1150 de 2007, según lo argumenta el apelante? FONADE tenía la competencia para expedir los actos administrativos sancionatorios a través de las resoluciones No. 031 de 2013 y 011 de 2014? Adolecen de nulidad las Resoluciones No. 031 de 2013 y 011 de 2014? ¿Existió una falsa motivación por parte de FONADE, al decretar el 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) incumplimiento del contrato No. 2111950 de 2011.

¿Se dio el incumplimiento contractual en el acuerdo de voluntades No. 2111950 de 2011 bajo investigación?. 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala: “(…) ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo

podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (…)”. 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado4: “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la

administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe 4 Sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080), M.P. Doctora Ruth Stella Correa Palacio. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución (…)”. 2.2.3. Responsabilidad civil contractual Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “(…) El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados 5 (…)" 2.2.4. Incumplimiento de los contratos De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 5 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 14 de Marzo de 1996, magistrado Pedro Lafont Pianetta, exp. 4738. 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) Así mismo, el artículo 1603 del Código Civil, establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. El contrato estatal se encuentra regulado por un régimen mixto, conformado por normas del derecho privado (civil y comercial) y por normas del derecho público. El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo

14 de la Ley 80 de 1993 estipula que: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: “1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato” En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. 25000233600020150125001 (62195) contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. Entre tanto, el Consejo de Estado6, destacó que en relación con las obligaciones contractuales estatales y el incumplimiento del contrato bilateral lo siguiente: “(…) En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con l