PGN - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Nulidad del acto que declara el incumplimiento de conv

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Nulidad del acto que declara el incumplimiento de convenio de Cooperación CONTRATOS ESTATALES-Objeto RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia CONTRATO ESTATAL-Regulado por un régimen mixto CONTRATO ESTATAL - Incumplimiento Esta Delegada observa que la respuesta dada por CIMES no atiende al desarrollo del objeto contractual, son explicaciones de varios aspectos que no funcionaron por culpa, desconocimiento y negligencia de la misma firma contratista. En conclusión, la misma firma contratista señala el no cumplimiento de los resultados esperados con el convenio. Citan varias causas, entre ellas la falta de recursos, la falta de personal calificado, incluso situaciones políticas, que nada tienen que ver con los componentes del convenio, y de que estar efectivamente incidiendo de manera negativa en la ejecución del mismo, ha debido de ser puestos de presente desde el mismo momento en que se presentaron y tomar los correctivos necesarios, y no al final como justificación de su incumplimiento. Todo ello puso en evidencia, dicho por ellos mismos, que el incumplimiento si se había presentado. CONTRATOS ESTATALES-Liquidación según marco legal Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En

defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga. Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación

en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. CONTRATO ESTATAL-Terminación unilateral CLAUSULAS EXORBITANTES-Prerrogativa de la Administración En relación con las clausulas o potestades exorbitantes, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14, establece los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, una de ellas se refiere al pacto de cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado. … El Consejo de Estado ha sido reiterativo que en vigencia de la Ley 80 de 1993, la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios1, ratificó lo expuesto en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264 en cuanto al término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y señaló que la entidad podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatario mismo, pero no después de la expedición de éste. 1 Sentencia del 9 de marzo de 2000, sección Tercera, consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, radicación No. 10540. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

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CONCEPTO No. 007/2018

Bogotá D.C., 16 de enero de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente

Doctor CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 73001-23-00-000-2001-02354-00 (59941)

ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ACTOR: CORPORACIÓN DE IMPULSO A LA ECONOMIA

SOLIDARIA -CIMES

ACCIONADO: LA NACIÓN, DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA, FONDO DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE Y AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 147 de 2000 y 101 de 2001, que decreto el incumplimiento por cuanto la administración habría perdido competencia // Igualmente solicita que se declare la nulidad de la resolución suscrita por ACCI y PLANTE, por falsa motivación, porque según el contratista él si cumplió // con

base en dichas declaratorias, el reconocimiento dinerario // Temas: el silencio administrativo negativo //el incumplimiento contractual // el contrato de resultado y sus diferencias con el contrato de medio. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: El 27 de julio de 20012, La Corporación de Impulso a la Economía Solidaria -Cimes a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plante y Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, con el fin de obtener por parte del A quo la nulidad de la Resolución No. 147 del

27 de diciembre de 2000, expedida por las Directoras del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE y la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIQNALACCI , acto administrativo contractual, por medio del cual se decidió declarar el incumplimiento del convenio de Cooperación No.018 de 1999 celebrado entre la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - ACCI -, el Fondo del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE - y la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIACIMES, suscrito el 28 de diciembre de 1999 y hacer efectiva la 2 Escrito de la demanda visible a folios 1 a 21 del cuaderno 1 del expediente. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 cláusula penal pecuniaria pactada en dicho convenio, ordenándose además el reintegro de los valores determinados como no elegibles y como consecuencia del incumplimiento del convenio, la declaración de la ocurrencia del siniestro; además solicitó que las sumas de dinero que se condene a pagar a los entes demandados sean debidamente indexadas y devengaran intereses moratorios a la máxima tasa fijada por la Superintendencia Bancaria desde el

momento en quede en firme la providencia respectiva y que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas y agencias en derecho. El 2 de enero de 2017, el apoderado judicial, Doctor GERMAN BARBERI PERDOMO, presentó memorial aclarando y corrigiendo la demanda inicial3. Los hechos se resumen de la siguiente forma:

1. El 30 de agosto de 1999, se celebró un convenio de donación entre el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI4., el cual tuvo como objetivo reducir la producción de cultivos ilícitos en nuestro país.

2. En desarrollo del convenio de donación, el 20 de diciembre de 19995 se suscribió el convenio especial de cooperación entre la Directora y representante legal de la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL – ACCI; la Directora y 3 Escrito de la demanda visible a folios 1 a 21 del cuaderno 1 del expediente. 4 visible a folios 605-661 del cuaderno 2 del expediente. 5 visible a folios 662-667 del cuaderno 2 del expediente.

5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00

Representante legal del FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE y la señora BETSABE

PAEZ VIATELA, en su condición de Representante Legal de la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA – CIMES, se suscribió el convenio de cooperación No. 018 de 1999, cuyo objeto consistió en estructurar una propuesta de acompañamiento socio-empresarial para CORPOAGRO y cuatro organizaciones productoras de frutas, socias, con el fin de consolidar la empresa y liderar procesos de producción, comercialización de cultivos lícitos en el Departamento del Tolima. El plazo de ejecución pactado fue de 6 meses a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico y un valor de $65.690.000, discriminados así: aporte de la ACCI $58.216.000, aporte de CIMES $7.474.000.

3. El 27 de junio de 20006, el convenio No. 018 fue modificado por mutuo acuerdo en cuanto al término de ejecución en 2 meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de dicha modificación.

4. La cláusula decima del acuerdo de voluntades estipuló que la supervisión seria ejercida por el Coordinador Departamental Tolima del Fondo Plante y la Subdirección de Proyectos ACCI.

5. De conformidad con la cláusula décimo primera del convenio, el seguimiento y la ejecución física y financiera del proyecto cofinanciado, sería ejercido por CIMES, la ACCI y el PLANTE quienes verificarían que su ejecución se realizara conforme a los 6 visible a folios 698 y 699 del cuaderno 2 del expediente.

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 principios y propósitos que orientan a la ACCI y al PLANTE, correspondiendo a CIMES en virtud del parágrafo de la misma clausula, la responsabilidad de la elaboración y presentación de los informes en desarrollo del proceso de seguimiento elaborados por el Plante.

6. Solicitud de Informe de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del convenio del 12 de septiembre de 20007.

7. Solicitud de informe del 13 de octubre de 2000 por parte de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI a CIMES sobre la legalización de los gastos8.

8. Informe de interventoría del convenio 018, suscrito por el

Coordinador Departamental del PLANTE9.

9. Mediante Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, en el numeral primero declaró el incumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 199910.

10. El 25 de septiembre de 2001, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, modificó el artículo primero de la Resolución No. 147 de 2000 en el sentido del reintegro de los valores determinados como no elegibles11. 1.2. Sentencia de primera instancia: 7 visible a folios 700 y 701 del cuaderno 3 del expediente.

8 visible a folios 705 del cuaderno 3 del expediente. 9 visible a folios 727-735 del cuaderno 3 del expediente. 10 visible a folios 554 a 557 del cuaderno 2 del expediente. 11 Escrito de la demanda visible a folios 565 a 577 del cuaderno 2 del expediente. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

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El Tribunal Administrativo del Tolima12, a través de Sentencia del 2 de junio de 2017, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el aquo en primer lugar se refiere al agotamiento de la vía gubernativa y a la individualización de los actos demandados y en segundo lugar procedió a analizar de fondo la nulidad de las Resoluciones Nos. 147 del 27 de diciembre de 2000 y 101 de septiembre 25 de 2001 que declararon el incumplimiento del convenio 018 de 1999, observando si existió incompetencia por parte del funcionario que lo declaró y se si se vulneró el debido proceso, derecho de audiencia y de defensa. El Tribunal administrativo también analizó si se presentó falsa motivación en los hechos que rodearon la declaratoria de incumplimiento. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Tolima comienza analizando si procede la nulidad de la Resolución No. 147 de 2000,

por presuntamente haberse expedido sin competencia, con violación del debido proceso, derecho de audiencia y defensa o por falsa motivación. Señala el a-quo, que en el momento en que se presentó la demanda se encontraba pendiente de decidir el recurso de reposición que se había interpuesto contra la Resolución No. 147 de 27 de diciembre de 2000, y teniendo en cuenta que el recurso fue resuelto antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, concluye el tribunal que la entidad no había perdido competencia para 12 Providencia visible a folios 1237 a 1245 del cuaderno 6 del expediente. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 pronunciarse sobre el citado recurso, situación que dejó incólume la declaratoria de incumplimiento decretada contra la firma contratista. Así las cosas, y frente a lo invocado por la parte actora, que tiene que ver con la falta de competencia de las entidades demandadas para proferir la Resolución de liquidación del contrato, el Tribunal estableció que una vez recaudados todos los documentos para proceder a la misma, éstas, dieron traslado del informe de interventoría del 4 de octubre de 2000, liquidación y consolidación de pagos del Convenio de Especial de Cooperación, estudio de

terminación al contratista a través del oficio 2614 del 19 de diciembre de 200013, en el cual se les señaló el plazo para pronunciarse sobre los mismos, esto es el 26 de diciembre de 2000. El a-quo de acuerdo con el acervo probatorio allegado, también estableció que las entidades estatales si estaban facultadas para declarar el incumplimiento de las obligaciones que había adquirido el contratista porque hubo una ejecución defectuosa del objeto contractual. Posteriormente, el tribunal con relación a la posibilidad que tiene la administración de ejercer las potestades exorbitantes, considera que de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia las entidades si pueden hacer uso de estas potestades con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. 13 Visible a folio 710 del cuaderno 3 el expediente. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

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Adicionalmente, señala el Tribunal que esas facultades pueden ser aplicadas con posterioridad al vencimiento del plazo contractual, mientras no se haya liquidado el negocio jurídico, por lo tanto concluye que las Resoluciones que declararon el incumplimiento del contrato fueron proferidas con anterioridad a la liquidación del mismo, por tal razón a juicio del a-quo no resultarían contrarias a derecho.

Aunado a lo anterior, concluye que la actuación administrativa surtida para efectos de determinar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, fueron efectuadas conforme a la Ley, se fundamentaron en los informes de interventoría y en los documentos contractuales, lo que les permitió determinar que el contrato no fue cumplido en su totalidad y consecuencia de esto, se ordenó el reintegro de las sumas de dinero que se habían entregado y cuyos soportes no fueron aportados para realizar en debida forma su legalización. Así las cosas, concluye el alto Tribunal que no se demostró en el proceso que los actos administrativos contractuales demandados, se hubieran proferido con desviación de poder o falsa motivación, como tampoco logró desvirtuarse la presunción de legalidad de los mismos, por lo tanto considera que ha de proferirse fallo adverso a las pretensiones de la demanda. De otra parte, el a-quo hace referencia al escrito de contestación de la demanda por parte de Seguros del Estado .SA. y de los alegatos de conclusión y señala que no advierte elementos de juicio o hechos probados que permitan determinar que las Resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001, se expidieron sin que existiera falta de competencia por parte de las entidades que invocaron la figura, o 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

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Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 que las mismas hubieran perdido validez para pronunciarse al respecto, ni tampoco se probó que la misma se hiciera con desviación de poder o falsa motivación. Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. 1.3. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: Por su parte, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia14. En dicho recurso, el accionante afirma que la aseguradora “seguros del estado” comparte los argumentos alegados por él, cuando sostiene que las Resolución No. 147 de 2000 y 101 de 2001 se encuentran afectadas de nulidad por la expedición irregular y violación al debido proceso, y afirma que fueron expedidas por fuera de los términos legales y cuando la administración ya había perdido competencia. En su criterio, el Tribunal ha debido declarar la nulidad del acto administrativo que fue demandado en la adición de la demanda por la pérdida de competencia, por el factor temporal, de los entes demandados incurriendo en un defecto factico por violación de norma sustantiva, configurándose la vía de hecho, ya que señala que el Tribunal fundó su decisión en norma claramente inaplicable. Agrega que frente a que la entidad estaba facultada para declarar el incumplimiento contractual el Tribunal actuó con ligereza al concluir sin argumentos que dichos informes de interventoría y de evaluación 14 Providencia visible a folios 1237 a 1245 del cuaderno 6 del expediente.

11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 prueban el incumplimiento de las obligaciones contractuales, llegando a afirmar que éstas nunca fueron desvirtuadas por la parte actora, y en su criterio esta circunstancia hace incurrir a la sentencia en defecto sustantivo por interpretación inaceptable concatenado con el defecto factico por omisión de consideración de los medios probatorios aportados por ausencia de valoración. Asegura que si bien se hicieron algunos análisis para la liquidación del contrato, ésta nunca se efectuó, señala que es distinto hacer un análisis de liquidación a realizarse en forma efectiva y asegura que nunca le dijeron a su defendido que se trataba de una liquidación del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999, sino de una revisión de cuentas, por lo tanto considera que se violó el debido proceso y su derecho de defensa. En cuanto a las potestades exorbitantes, enfatiza que el Tribunal de instancia incurrió en una equivocación, al no tener en cuenta jurisprudencia posterior y vigente para la época de los hechos y aplicables para el caso, explica que cuando se expidió el primer acto administrativo de incumplimiento de contrato, es decir la Resolución No. 147 de 2000 la entidad no carecía de competencia funcional por

el transcurso del tiempo para declarar dicho incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por el agotamiento de poderes exorbitantes, pues ya se había vencido el término pactado o legal para la liquidación de los contratos. Agrega la parte actora que existe incongruencia de la sentencia, ya que el tribunal no se pronunció respecto a otros cargos concretos como son la violación al debido proceso, el derecho de audiencia y 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 defensa. Indica que en su criterio la decisión sancionatoria adoptada es arbitraria, pues considera que jamás existieron los supuestos incumplimientos durante la ejecución del Convenio Especial de Cooperación y que la administración escondió premeditadamente, con alevosía, mala fe y a mansalva todas las dudas y observaciones que tenía sobre la ejecución del contrato, guardándolas para expresarlas en una resolución posterior, donde por primera vez se le explicaba a CIMES que había incumplido el contrato. En cuanto a la Resolución No. 147 de 2000 indica que las señoras Directoras de PLANTE y de ACCI, no tuvieron en cuenta el artículo 35 del C.C.A. donde se estipula que tan solo se pueden adoptar decisiones administrativas si se ha dado oportunidad real de defensa a las personas que resulten involucradas con la administración,

puntualiza que solo fueron tenidas en cuenta las observaciones planteadas por el interventor o supervisor en oficio del 4 de octubre de 2000 sin que CIMES pudiera ejercer su derecho de contradicción. En tal sentido, se adentra en las observaciones efectuadas por el interventor que sirvieron de fundamento para declarar el incumplimiento del contrato mediante la Resolución No. 147 de 2000 en los numerales 6, 7 y 8 y en especial en el informe de interventoría. En primer término se refiere a que existió un claro desconocimiento del marco legal del Convenio Especial de Cooperación, es decir de su objeto y alcance de las obligaciones. Señala que el contrato era de medio y no de resultado, pues la ejecución estaba determinada por un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de conocimientos para mejorar la experiencia de un grupo de 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 organizaciones agrícolas, las cuales debían poner en práctica los conocimientos trasladados a ellos. En su concepto el contrato se cumplió integralmente, sin objeciones de ninguna clase y hace un análisis de las razones por la cuales no está de acuerdo con los fundamentos para declarar el incumplimiento del contrato. Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la

revocatoria del fallo recurrido y en su lugar que se decrete la prosperidad de las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente

analizar: Problemas planteados por el Ministerio Público: ¿En el Contrato Especial de Cooperación No. 018 de 1.999, existen evidencias que demuestren que se vulneró el derecho de defensa y de audiencia como indica el apelante? ¿El Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 es un negocio jurídico de medio o de resultado? ¿Existió una falsa motivación por parte del Estado Colombiano, a 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (59941) 73001-23-00-000-2001-02354-00 través de sus instituciones: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plantey la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional – ACCIal decretar el incumplimiento del contrato especial de Cooperación No.018 de 1999, por medio de las resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001, hecho que implica que las mismas se encuentran afectadas de nulidad por dicha expedición irregular

invocada? ¿Las resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001 se expidieron por fuera de los términos legales y cuando la administración ya había perdido competencia para pronunciarse al respecto? ¿Se dio el incumplimiento contractual en el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 bajo investigación?. 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. La acción de controversias contractuales. La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala: “(…) 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co LTU

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ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar

los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes (…)”. 2.2.2. El objeto de los contratos estatales. Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado15: “(…) El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes

contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés 15 Sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080), M.P. Doctora Ruth Stella Correa Palacio. 16