PGN - ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO - Debe respetar el debido proceso

Procurador General ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Debe respetar el debido proceso/ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Medidas cautelares En el evento de haber medidas cautelares, si se presentan oposiciones, dispone que dichas oposiciones serán resueltas por la autoridad judicial de conocimiento, en la oportunidad procesal respectiva. Con esta previsión normativa se garantiza el debido proceso de los terceros no propietarios, a quienes le es dable acudir al proceso judicial para el ejercicio de sus derechos. Además, el inciso quinto del artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, establece que el acto que disponga hacer efectiva la entrega se comunicará por el medio más expedito al poseedor, tenedor o persona que a cualquier título se encuentre ocupando o administrando el bien, es decir, que de manera precisa, sin que quepa duda de ello, antes de hacer efectiva la entrega real y material de los bienes, se comunica la decisión. INEPTA DEMANDA-Requisitos de certeza, especificidad y suficiencia Bogotá, D.C., (SELLO: 2 FEB. 2011) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

Actor: José Alonso Cruz Pérez.

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Expediente D-8333. Concepto 5093. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la

demanda instaurada por el ciudadano JOSE ALONSO CRUZ PEREZ, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, solicita que se declare la Procurador General Concepto 5093. inconstitucionalidad del artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, disposición que a continuación se transcribe: LEY 1395 DE 2010 (julio 12) Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010 Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

(…) ARTÍCULO 73. FUNCIONES DE POLICÍA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. El Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefaciente tendrá funciones de Policía de índole Administrativa para hacer efectiva la entrega real y material de los bienes inmuebles urbanos o rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de comercio ordenada en la sentencia de extinción de dominio de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002. Así mismo, tendrá funciones de índole administrativa para hacer efectiva la entrega favor de la Nación– Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco– Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, de los bienes respecto de los cuales la autoridad judicial haya decretado las medidas de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo. En este evento, las oposiciones presentadas serán dirimidas por la autoridad judicial de conocimiento en la oportunidad

procesal respectiva y, en este caso no se suspenderá el cumplimiento de la medida cautelar decretada, ni el curso de la diligencia. Las autoridades de Policía locales, departamentales y nacionales estarán obligadas a prestar el apoyo que requiera el Subdirector Jurídico para estas actuaciones. Corresponde al Subdirector Jurídico en el término de cuarenta y ocho (48) horas hacer efectiva la entrega ordenada por la Autoridad Judicial competente de bienes sobre los cuales recae la medida cautelar o la sentencia de extinción de dominio. El acto que disponga hacer efectiva la entrega, se comunicará por el medio más expedito al poseedor, tenedor o persona que a cualquier título se encuentre ocupando administrando el bien. Transcurridos tres (3) días desde la fecha de comunicación del acto, el Subdirector Jurídico practicará la diligencia directamente o por comisión al Inspector, Corregidor o Comisario de Policía.

1. Planteamientos de la demanda.

El actor considera que la expresión demandada vulnera los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 22, 25, 29, 42, 58, 83, 88, 93, 188 y 213 de la Carta, los 2 Procurador General Concepto 5093. artículos 2, 8.1, 21.1, 24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los artículos 3, 6 y 15 del Protocolo del Salvador, así como los artículos 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 14, 16 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aduce, que dentro del proceso administrativo que se menciona en el artículo

impugnado no se da la oportunidad para vincular o escuchar a los terceros no propietarios, con lo cual se vulnera su derecho a la igualdad, por cuanto no se tienen en cuenta los contratos que, con el lleno de los requisitos legales, han suscrito estas personas. Agrega que también se vulnera el debido proceso, en la medida en que al momento de la entrega o del desalojo de bienes extinguidos o en proceso de extinción, se desconoce su condición de terceros y los contratos por ellos suscritos.

2. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda.

El concepto de la violación, uno de los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 para las demandas de inconstitucionalidad, según lo precisa la Corte, entre otras, en las Sentencias C-1052 de 2001, C-185 de 2002 y C-987 de 2005, se cumple cuando la demanda expresa en forma cierta, clara, específica, pertinente y suficiente, las razones por las cuales la norma superior se considera vulnerada. Estas condiciones son presupuestos materiales que de inobservarse hacen inepta la demanda. Existe certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente en el ordenamiento jurídico, y no sobre un contenido normativo deducido por el actor, es decir, derivado exclusivamente de su criterio subjetivo, o contenido en disposiciones sobre las cuales no recae la acción. La claridad alude a la existencia de un hilo conductor en la 3 Procurador General Concepto 5093. argumentación que permita al lector comprender qué se demanda y cuáles son las razones en que se apoya la petición de inconstitucionalidad. El

concepto de violación es específico si plantea un cuestionamiento constitucional concreto contra la norma demandada que permita la confrontación racional y directa entre ella y el texto Superior presuntamente vulnerado. Por ello, es inadmisible decidir sobre la constitucionalidad de una disposición legal con base en argumentos ambiguos, amplios, indirectos, gaseosos y globales que no guardan conexidad concreta y directa con la norma legal acusada. Los cargos de la demanda deben ser también pertinentes, es decir, de naturaleza constitucional, no legal o doctrinaria ni basados en supuestas aplicaciones de la ley. Por último, es preciso que el actor presente argumentos suficientes, de tal forma que hagan sospechar de la constitucionalidad de la norma impugnada y por lo tanto provoquen un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el presente caso, como pasa a verse, el cargo invocado no cumple con los requisitos referidos, circunstancia que hace inepta a la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de del artículo 73 de la Ley 1395 de 2010. Es menester poner de presente que la Corte, por medio de Auto del 25 de noviembre de 2010, inadmitió la demanda por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. En esta providencia se dice que los numerosos reproches propuestos por el ciudadano son en extremo amplios, genéricos e indeterminados, de manera que resultan ambiguos y no siguen una mínima coherencia que permita comprender el contenido de la demanda ni las justificaciones en las que se apoya.

También se dice en la providencia que el mero hecho de invocar 4 Procurador General Concepto 5093. numerosos preceptos superiores como vulnerados no es suficiente para considerar un como apto un cargo de inconstitucionalidad, ya que en realidad no se plantea ningún reproche de esa naturaleza, sino que sólo se manifiesta la inconformidad del actor. En su oportunidad se corrige la demanda. No obstante, un estudio detenido de dicha corrección, permite apreciar que en ésta el actor se limita a reiterar y a transcribir sus argumentos iniciales, sin hacer modificaciones de fondo, para ajustar su demanda a los requisitos establecidos para que la Corte se ocupe de estudiarla de fondo. Al no acatar las orientaciones de la Corte, contenidas en el auto en comento, la corrección de la demanda no logra subsanar sus falencias. El extenso análisis realizado en la demanda está enfocado a establecer, sin fundamento, que a los terceros no propietarios se les vulnera sus derechos, pues éstos no tienen la oportunidad de oponerse en el momento de la diligencia a que alude la disposición demandada. Esta apreciación subjetiva, no se desprende de la norma demandada, y corresponde a una singular interpretación que denota una falta de lectura del texto completo de la norma. Basta leer el artículo demandado para constatar que éste, en el evento de haber medidas cautelares, si se presentan oposiciones, dispone que dichas oposiciones serán resueltas por la autoridad judicial de conocimiento, en la oportunidad procesal respectiva. Con esta previsión normativa se garantiza el debido proceso de los terceros no propietarios, a quienes le es

dable acudir al proceso judicial para el ejercicio de sus derechos. Además, el inciso quinto del artículo 73 de la Ley 1395 de 2010, establece que el acto que disponga hacer efectiva la entrega se comunicará por el medio 5 Procurador General Concepto 5093. más expedito al poseedor, tenedor o persona que a cualquier título se encuentre ocupando o administrando el bien, es decir, que de manera precisa, sin que quepa duda de ello, antes de hacer efectiva la entrega real y material de los bienes, se comunica la decisión. Esta comunicación tiene el propósito de que las personas puedan proteger sus derechos. No sobra advertir que la norma demandada regula la mera ejecución de una decisión judicial de extinción de dominio, que es resultado de un proceso judicial previo, en el que los terceros no propietarios tuvieron la oportunidad de participar en el mismo, para hacer valer sus posibles derechos. En vista de las anteriores circunstancias, no es cierto que los terceros no propietarios carezcan de la oportunidad para hacer valer sus derechos, pues tal hipótesis corresponde a una mala lectura de la norma, circunstancias que impide a la Corte estudiar de fondo la demanda, ya que en ésta no se logra estructurar ningún cargo.

3. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión demandada del artículo 73° de la Ley 1395 de 2010, por ineptitud sustantiva de la demanda. Señores Magistrados, 6 Procurador General Concepto 5093.

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/AespinosaB 7