PGN - ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - Contra el numeral 2° del artículo 224 del código penal, cuyo

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el numeral 2° del artículo 224 del Código Penal, cuyo texto se trascribe y subraya a continuación EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD-No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba: (…) 2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales”. Los actores solicitan que se declare la inexequibilidad del numeral demandado por desconocer: (i) las libertades de expresión, información y deliberación de asuntos de interés público, así como (ii) el principio de igualdad y el derecho al debido proceso de las víctimas. Lo anterior, puesto que la restricción que contempla sobre la procedencia de la “exceptio veritatis” impide denunciar e informar legamente eventos o circunstancias de violencia sexual, familiar o de género, pues en caso de hacerlo se incurre en los delitos de injuria o calumnia. En efecto, “las únicas defensas disponibles para los imputados por los delitos de injuria y calumnia radican en la demostración de la veracidad de sus imputaciones. Por fuera de este ámbito, la única posibilidad de defensa sería demostrar que las expresiones investigadas no existieron o no fueron proferidas por el sujeto investigado”, con lo cual, ante la publicación de una denuncia o de una nota periodística sobre violencia sexual, familiar o de género, el sujeto que comunica corre el riesgo de ser condenado ante la imposibilidad de hacer uso de la verdad como mecanismo de defensa. “Esto priva a las

víctimas de la posibilidad de hablar sobre sus propios procesos o de pedirle a alguien que lo haga por ellas”. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-La certeza y la suficiencia del concepto de la violación/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos y fundamento legal El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 establece como uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad que se señalen las razones por las cuales las normas superiores se estiman desconocidas por los preceptos legales acusados (concepto de la violación). Al respecto, cabe resaltar que el fundamento de dicha exigencia se deriva del principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes. En efecto, “en la medida en que las leyes son productos de la actividad democrática deliberativa del Congreso, están amparadas por la presunción de ser compatibles con la Constitución. Esta presunción solo puede ser derrotada a través del ejercicio del control de constitucionalidad que, en el caso de aquellas normas susceptibles de la acción pública, supone la existencia de una acusación concreta que demuestre la oposición entre el precepto legal y la Carta Política”. En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que los argumentos que se presenten en la demanda para cuestionar la conformidad de una disposición con la Carta Política deben ser: (i) claros, (ii) ciertos, (iii) específicos, (iv) pertinentes, y (v) suficientes, so pena de la ineptitud de la misma para generar un juicio de constitucionalidad y, a su vez, un pronunciamiento de fondo.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-En tratándose de normas penales/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ante la ausencia de certeza, la 1 demanda incumple el presupuesto de suficiencia, ya que la acusación no es formulada de manera completa En tratándose de normas penales, se ha resaltado que debido a su consagración en códigos, las demandas en su contra no deben ser ajenas a su comprensión sistemática, pues puede acontecer que el precepto considerado inconstitucional, realmente no lo sea si se analiza en consonancia con otras disposiciones del mismo cuerpo normativo que complementan su entendimiento. Ciertamente, “lo contrario, llevaría a la Corte a que, por vía de este tipo de censuras, concentrara su actividad en definir las interpretaciones legales del ordenamiento jurídico y no a examinar si el Legislador vulneró la Carta Política. Por lo tanto, para el cumplimiento del requisito de certeza no basta cuestionar una norma aislada”. … y, por consiguiente, no logra tener un “alcance persuasivo”, esto es, ser “capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma” acusada; situación que conlleva a un fallo inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la demanda. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ineptitud sustantiva de la demanda: los reproches de los accionantes carecen de certeza y suficiencia El artículo 224 del Código Penal establece una causal de ausencia de responsabilidad penal aplicable únicamente para los delitos de injuria y calumnia, la cual se sustenta “en el culto a la verdad y en el interés social de desenmascarar al deshonesto”, denominada

por la doctrina como “exceptio veritatis”. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD-Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia/AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD-Se considera que “la prueba de la verdad de un hecho calumnioso desintegra el delito” , precisamente porque en la calumnia es esencial la falsedad del hecho concreto imputado; y en tratándose de la injuria, la exceptio veritatis excluye la ilicitud o antijuridicidad del acto y equivale, en consecuencia, a una causal de justificación”. Con todo, en el numeral segundo del artículo 224 del Código Penal se dispone que no será aplicable la “exceptio veritatis” cuando se trate de la “imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales”. Entonces, se trata de una excepción a la causal de justificación especial, la cual tiene fundamento en los artículos 15 y 21 de la Constitución consagran los derechos a la honra y la intimidad personal y familiar, puesto que, en principio, “es obvio que lo que ocurre en el interior de la familia o la vida puramente privada de la persona, no es susceptible de difundirse aun siendo verdades, porque deshonra a la persona”. Pues bien, el Ministerio Público considera que los reproches de los accionantes en contra el mencionado numeral carecen de certeza, porque sostienen que impide denunciar e informar asuntos de violencia sexual o familiar sin llegar a incurrir en los delitos de injuria o calumnia, lo cual es inexacto, porque desconoce que la disposición acusada

únicamente consagra una de las causales de justificación penal existentes en el ordenamiento jurídico frente a dichos tipos penales, en tanto hay otras circunstancias en la parte general del Código Penal que sí permiten realizar dichas conductas sin infringir la normativa criminal, según pasa a explicarse. 2 FINES ESENCIALES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-La vida en comunidad de los asociados se encuentra regida por un ordenamiento jurídico/PRINCIPIO DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION-Ordenamiento jurídico, que se caracteriza por su “unidad” y “coherencia”, es decir, por la existencia de diferentes normas que se articulan con base en criterios prestablecidos (v.gr. lex posterior, lex specialis y lex superior), lo que evita contradicciones entre ellas/CAUSALES GENERALES DE JUSTIFICACIÓNEn los artículos 1° y 4° de la Carta Política se consagra la cláusula de Estado Social de Derecho y el principio de supremacía constitucional. A partir de esos mandatos superiores, se ha sostenido que la vida en comunidad de los asociados se encuentra regida por un ordenamiento jurídico, que se caracteriza por su “unidad” y “coherencia”, es decir, por la existencia de diferentes normas que se articulan con base en criterios prestablecidos (v.gr. lex posterior, lex specialis y lex superior), lo que evita contradicciones entre ellas. Al respecto, se resalta que la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico impide que “un comportamiento pueda ser licito a la luz de una rama del derecho e ilícito para el derecho penal, o viceversa. Esto se basa en la unidad del Estado, ya que este es sólo uno, con una sola voluntad, la cual no puede expresarse en manifestaciones

contradictorias, como lo sería la de permitir y prohibir algo al mismo tiempo”. RESPONSABILIDAD CRIMINAL-No habrá lugar a responsabilidad criminal cuando “se obre en legítimo ejercicio de un derecho” o “de una actividad lícita”. Ciertamente, se trata de causales generales de justificación de la actuación de un sujeto activo de una conducta que si bien puede calificarse como típica, no se considera antijuridica y, por ende, no es punible. DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA-En razón de las referidas causales generales de ausencia de responsabilidad, no se consideran antijurídicas las imputaciones de conductas típicas o deshonrosas/DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA-Cuando no constituyen delitos en el ejercicio legítimo del derecho a informar y opinar, sin abuso en el ejercicio del derecho en interés de la comunidad. En relación con los delitos de calumnia e injuria, cabe destacar que, en razón de las referidas causales generales de ausencia de responsabilidad, no se consideran antijurídicas las imputaciones de conductas típicas o deshonrosas cuando se realizan: (a) en ejercicio de un derecho fundamental, como la presentación de denuncias públicas relacionadas con discursos protegidos en uso de la libertad de expresión; o (b) en desarrollo de una actividad lícita, por ejemplo, el periodismo que, además de su responsabilidad social, exige la veracidad e imparcialidad de la información que se divulga. Sobre el particular, en la doctrina especializada, se reseñan como ejemplo de operación de las referidas causales de justificación el ejercicio de la profesión periodística, para

ilustrar, el profesor Fernando Velásquez sostiene que: “Los comunicadores en el cotidiano desempeño de su actividad, cuando emiten informaciones o hacen consideraciones críticas de diversa índole (en la política, el deporte, la economía, etc.), incurren a veces en comportamientos constitutivos de injuria o de calumnia que, sin embargo, están justificados a condición de que coexistan el animus informandi o criticandi y el animus iniuriandi o calumniandi, y enfrente a una ponderación de intereses tenga preferencia la libertad de expresión o información sobre el derecho al honor. Ello parece obvio a la luz del texto constitucional vigente, que 3 garantiza a la persona tanto la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, como el derecho a la honra (Const. Pol., arts. 20 y 21), prerrogativas que deben sopesarse y entenderse dentro de la interacción de los derechos fundamentales como principio ordenador del sistema constitucional (derivado de los arts. 2° y 5° de la Const. Pol.), a partir de cada caso concreto” CAUSAL DE JUSTIFICACIÓN-Para la Procuraduría es claro que, en virtud de las causales de justificación consistentes en obrar en legítimo ejercicio de un derecho o en desarrollo de una actividad lícita Así pues, para la Procuraduría es claro que, en virtud de las causales de justificación consistentes en obrar en legítimo ejercicio de un derecho o en desarrollo de una actividad lícita, es posible realizar imputaciones de conductas típicas o deshonoras relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital o de familia de una persona, sin incurrir

necesariamente en los delitos de injuria y calumnia cuando se tiene el objetivo de denunciar hechos de violencia sexual, familiar o de género, así como de comunicar la ocurrencia de los mismos por su relevancia social e interés público En este orden de ideas, se concluye que los reproches de los actores se fundamentan en un examen aislado de la norma enjuiciada, los cuales se desvirtúan con la revisión sistemática del ordenamiento jurídico penal. En consecuencia, para el Ministerio Público la demanda de la referencia carece de suficiencia, pues ante la evidencia de la lectura parcializada de la disposición acusada, los argumentos que sustentan la petición de inexequibilidad pierden su poder de persuasión y no generan duda sobre la constitucionalidad del numeral 2° del artículo 224 del Código Penal. 4 Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2022 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14496

Referencia: Acción Pública de inconstitucionalidad presentada por Vanessa López Ochoa y otros contra el numeral 2° del artículo 224 de la Ley 599 de 2000, “Por el cual se expide el Código Penal”.

Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger

Concepto No.: 7037

De conformidad con el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes Los ciudadanos Vanessa López Ochoa, Ana Bejarano Ricaurte y Emmanuel Vargas Penagos interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2° del artículo 224 del Código Penal, cuyo texto se trascribe y subraya a

continuación:

“Artículo 224. Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores2 quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba: (…) 2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales”. Los actores solicitan que se declare la inexequibilidad del numeral demandado por desconocer: (i) las libertades de expresión, información y deliberación de asuntos de interés público, así como (ii) el principio de igualdad y el derecho al debido 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 En los artículos 220 a 223 del Código Penal se tipifican los delitos de injuria y calumnia. 5 proceso de las víctimas3. Lo anterior, puesto que la restricción que contempla sobre la procedencia de la “exceptio veritatis” impide denunciar e informar legamente eventos o circunstancias de violencia sexual, familiar o de género, pues en caso de hacerlo se incurre en los delitos de injuria o calumnia. En efecto, “las únicas defensas disponibles para los imputados por los delitos de injuria y calumnia radican en la demostración de la veracidad de sus imputaciones. Por fuera de este ámbito, la única posibilidad de defensa sería demostrar que las expresiones investigadas no existieron o no fueron proferidas por el sujeto investigado”, con lo cual, ante la publicación de una denuncia o de

una nota periodística sobre violencia sexual, familiar o de género, el sujeto que comunica corre el riesgo de ser condenado ante la imposibilidad de hacer uso de la verdad como mecanismo de defensa. “Esto priva a las víctimas de la posibilidad de hablar sobre sus propios procesos o de pedirle a alguien que lo haga por ellas”4.

II. Consideraciones del Ministerio Público a) La certeza y la suficiencia del concepto de la violación de las demandas de inconstitucionalidad El artículo 2° del Decreto 2067 de 19915 establece como uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad que se señalen las razones por las cuales las normas superiores se estiman desconocidas por los preceptos legales acusados (concepto de la violación)6. Al respecto, cabe resaltar que el fundamento de dicha exigencia se deriva del principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes.

En efecto, “en la medida en que las leyes son productos de la actividad democrática deliberativa del Congreso, están amparadas por la presunción de ser compatibles con la Constitución. Esta presunción solo puede ser derrotada a través del ejercicio del control de constitucionalidad que, en el caso de aquellas normas susceptibles de la acción pública, supone la existencia de una acusación concreta que demuestre la oposición entre el precepto legal y la Carta Política”7. En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que los argumentos que se presenten en la demanda para cuestionar la conformidad de una disposición con la Carta Política deben ser: (i) claros, (ii) ciertos, (iii) específicos, (iv) pertinentes, y

(v) suficientes, so pena de la ineptitud de la misma para generar un juicio de constitucionalidad y, a su vez, un pronunciamiento de fondo8. 3 Cfr. Artículos 2°, 13, 20 y 29 de la Constitución, así como 7° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4 Demanda de inconstitucionalidad, folio 36. 5 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). 7 Corte Constitucional, Sentencia C-585 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-121 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y C-035 de 2020 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). 6 Sobre el particular, se ha sostenido que “las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor, o implícita, e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda”9. En tratándose de normas penales, se ha resaltado que debido a su consagración

en códigos, las demandas en su contra no deben ser ajenas a su comprensión sistemática, pues puede acontecer que el precepto considerado inconstitucional, realmente no lo sea si se analiza en consonancia con otras disposiciones del mismo cuerpo normativo que complementan su entendimiento. Ciertamente, “lo contrario, llevaría a la Corte a que, por vía de este tipo de censuras, concentrara su actividad en definir las interpretaciones legales del ordenamiento jurídico y no a examinar si el Legislador vulneró la Carta Política. Por lo tanto, para el cumplimiento del requisito de certeza no basta cuestionar una norma aislada”10. Ahora bien, ante la ausencia de certeza, la Corte Constitucional ha señalado que la demanda paralelamente incumple el presupuesto de suficiencia, ya que la acusación no es formulada de manera completa y, por consiguiente, no logra tener un “alcance persuasivo”, esto es, ser “capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma” acusada11; situación que conlleva a un fallo inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la demanda12. b) Ineptitud sustantiva de la demanda: los reproches de los accionantes carecen de certeza y suficiencia El artículo 224 del Código Penal establece una causal de ausencia de responsabilidad penal aplicable únicamente para los delitos de injuria y calumnia, la cual se sustenta “en el culto a la verdad y en el interés social de desenmascarar al deshonesto”, denominada por la doctrina como “exceptio veritatis”13.

En concreto, según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de dicha figura se considera que “la prueba de la verdad de un hecho calumnioso desintegra el delito, precisamente porque en la calumnia es esencial la falsedad del hecho concreto imputado; y en tratándose de la injuria, la exceptio veritatis excluye la ilicitud o antijuridicidad del acto y equivale, en consecuencia, a una causal de justificación”14. Con todo, en el numeral segundo del artículo 224 del Código Penal se dispone que no será aplicable la “exceptio veritatis” cuando se trate de la “imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales”. Entonces, se trata de una excepción a la causal de justificación especial, la cual tiene fundamento en los artículos 15 y 21 de la Constitución15 que consagran los derechos a la honra y la intimidad personal y familiar, puesto que, en principio, “es 9 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 10 Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 11 Corte Constitucional, Sentencia C-603 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). 12 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). 14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 22 de junio de 1956, G.J. Tomo LXXXIII

pp. 129 y 130-1956. 7 obvio que lo que ocurre en el interior de la familia o la vida puramente privada de la persona, no es susceptible de difundirse aun siendo verdades, porque deshonra a la persona”16. Pues bien, el Ministerio Público considera que los reproches de los accionantes en contra el mencionado numeral carecen de certeza, porque sostienen que impide denunciar e informar asuntos de violencia sexual o familiar sin llegar a incurrir en los delitos de injuria o calumnia, lo cual es inexacto, porque desconoce que la disposición acusada únicamente consagra una de las causales de justificación penal existentes en el ordenamiento jurídico frente a dichos tipos penales, en tanto hay otras circunstancias en la parte general del Código Penal que sí permiten realizar dichas conductas sin infringir la normativa criminal, según pasa a explicarse. En los artículos 1° y 4° de la Carta Política se consagra la cláusula de Estado Social de Derecho y el principio de supremacía constitucional17. A partir de esos mandatos superiores, se ha sostenido que la vida en comunidad de los asociados se encuentra regida por un ordenamiento jurídico, que se caracteriza por su “unidad” y “coherencia”, es decir, por la existencia de diferentes normas que se articulan con base en criterios prestablecidos (v.gr. lex posterior, lex specialis y lex superior), lo que evita contradicciones entre ellas18. Al respecto, se resalta que la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico impide que “un comportamiento pueda ser licito a la luz de una rama del derecho e ilícito para el derecho penal, o viceversa. Esto se basa en la unidad del Estado,

ya que este es sólo uno, con una sola voluntad, la cual no puede expresarse en manifestaciones contradictorias, como lo sería la de permitir y prohibir algo al mismo tiempo”19. Claro lo anterior, se observa que en el artículo 32.5 del Código Penal se dispone que no habrá lugar a responsabilidad criminal cuando “se obre en legítimo ejercicio de un derecho” o “de una actividad lícita”. Ciertamente, se trata de causales generales de justificación de la actuación de un sujeto activo de una conducta que si bien puede calificarse como típica, no se considera antijuridica y, por ende, no es punible. En relación con los delitos de calumnia e injuria, cabe destacar que, en razón de las referidas causales generales de ausencia de responsabilidad, no se consideran antijurídicas las imputaciones de conductas típicas o deshonrosas cuando se realizan: (a) en ejercicio de un derecho fundamental, como la presentación de denuncias públicas relacionadas con discursos protegidos en uso de la libertad de expresión; o (b) en desarrollo de una actividad lícita, por ejemplo, 15 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…)”. // “Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección (…)”. 16 Ferreira, Francisco José. Derecho Penal especial, Tomo I. Editorial Temis, Bogotá, 2006, página 350. 17 “Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho (…)”. // “Artículo 4°. La Constitución es norma de

normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)”. 18 Sobre la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico puede consultarse: Ferrajoli, Luigi. Princpia iuris: teoría del derecho y de la democracia, tomo I. Editorial Trotta, Madrid, 2007. 19 Romero Soto, Luis E. El ejercicio legítimo de un derecho. En: Nuevo Foro Penal, Temis, Bogotá, 1981 (No. 12), página 381. 8 el periodismo que, además de su responsabilidad social, exige la veracidad e imparcialidad de la información que se divulga20. Sobre el particular, en la doctrina especializada, se reseñan como ejemplo de operación de las referidas causales de justificación el ejercicio de la profesión periodística, para ilustrar, el profesor Fernando Velásquez sostiene que: “Los comunicadores en el cotidiano desempeño de su actividad, cuando emiten informaciones o hacen consideraciones críticas de diversa índole (en la política, el deporte, la economía, etc.), incurren a veces en comportamientos constitutivos de injuria o de calumnia que, sin embargo, están justificados a condición de que coexistan el animus informandi o criticandi y el animus iniuriandi o calumniandi, y enfrente a una ponderación de intereses tenga preferencia la libertad de expresión o información sobre el derecho al honor. Ello parece obvio a la luz del texto constitucional vigente, que garantiza a la persona tanto la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, como el derecho a la honra (Const. Pol.,

arts. 20 y 21), prerrogativas que deben sopesarse y entenderse dentro de la interacción de los derechos fundamentales como principio ordenador del sistema constitucional (derivado de los arts. 2° y 5° de la Const. Pol.), a partir de cada caso concreto”21. De igual manera, el doctrinante Luis Enrique Romero Soto explica que bajo los límites del principio de proporcionalidad y “actuando bajo el impulso de un interés social, es posible que las publicaciones, pese a que alguna vez adquieren forma de injuria o de calumnia, constituyan el ejercicio legítimo de un derecho. Lo mismo puede decirse de la palabra hablada cuando se expresa en interés de la colectividad”22. A su vez, en la jurisprudencia, se encuentra que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha estimado que no se configuran los delitos de injuria y calumnia cuando las imputaciones se realizan en el “ejercicio legítimo del derecho a informar y opinar, sin abuso en el ejercicio del derecho”23, esto es, que la información divulgada que afecta la integridad moral “se ajuste a las condiciones de veracidad e imparcialidad, es decir, si refleja la realidad de lo sucedido y si lo hace sin aversión contra la persona a que se refiere”24. En punto de ello, la Corte Constitucional ha precisado que “los principios de veracidad e imparcialidad que, por regla general, son exigibles a cualquier comunicación de información, deben entenderse flexibilizados respecto de quien 20 Sobre el particular, se destaca que el artículo 20 de la Constitución señala que: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 21 Velásquez, Fernando. Derecho Penal. Parte General. Editorial Comlibros, Medellín, 2009, página 748. 22 Romero Soto, Luis E. El ejercicio legítimo de un derecho. En: Nuevo Foro Penal, Temis, Bogotá, 1981 (No. 12), página 394. 23 Al respecto, se recuerda que el artículo 32 del Código Penal indica que “el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible”. 24 Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Auto AP-4132 de 2015 (M.P. Eugenio Fernández Carlier). 9 comunica una vivencia propia y, en concreto, de quien manifiesta su condición de víctima de un delito, pues, para éste, se trata de un hecho objetivo”25. En efecto: “(…) cualquier restricción que se imponga a la comunicación de denuncias por parte de quien aduce ser víctima de una determinada conducta delictiva (más aún cuando se trata de delitos sexuales), parte de la premisa de que la información que se denuncia es falsa y, por consiguiente, termina por desconocer, a priori y sin un fundamento concreto, la condición de víctima de quien denuncia. Ello no solo implicaría que la justicia adopte una postura indolente frente a la situación particular

de quien aduce haber padecido los hechos de un delito, sino que supondría, además, revictimizarlo, en cuanto la persona afectada se vería privada de la posibilidad de reclamar justicia para sí y quedaría sometida a guardar silencio de lo acaecido”26. En esta misma línea, en la Sentencia T-275 de 202127, la Corte Constitucional reiteró que “la Constitución protege el derecho de las mujeres a denunciar por redes sociales los actos de discriminación, violencia, acoso y abuso de los que son víctimas. Las denuncias públicas –individuales o agregadas– de estos actos, comúnmente conocidas como “escraches”, constituyen un ejercicio prima facie legítimo de la libertad de expresión que goza de protección constitucional reforzada. Esto es así, debido a que estas denuncias informan y sensibilizan a la sociedad sobre problemáticas de interés público, permiten crear redes de solidaridad entre las víctimas y tienen un valor instrumental para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, en tanto contribuyen a la prevención, investigación y sanción de los actos de discriminación y violencia”28. Así pues, para la Procuraduría es claro que, en virtud de las causales de justificación consistentes en obrar en legítimo ejercicio de un derecho o en desarrollo de una actividad lícita, es posible realizar imputaciones de conductas tí