PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Contra el numeral 3 del art. 1025 del código civil re

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el numeral 3 del art. 1025 del Código Civil respecto a la indignidad sucesoral CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Configuración de omisiones legislativas CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Clasificación de las omisiones legislativas OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Casos en que se configura En esta línea argumentativa, se ha indicado que se configura una omisión legislativa relativa cuando el Congreso de la República no le otorga los mismos derechos y obligaciones a los individuos con parentesco consanguíneo y civil, pues se desconoce que: (i) el artículo 13 de la Constitución prohíbe cualquier “discriminación por razones de origen familiar”; y (ii) el artículo 42 de la Carta Política ordena que “las relaciones familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes”, así como que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tengan iguales derechos y deberes Por consiguiente, las normas legales no pueden establecer consecuencias jurídicas disimiles basadas en la diferenciación de los parentescos por consanguinidad y civil. Entonces, cuando el legislador permita, ordene o prohíba algo debe “procurar que los efectos respectivos se proyecten de forma idéntica frente a los dos tipos de parentesco referidos en relación con sus líneas y grados. CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Incurrió en omisión legislativa relativa en el sub examine Pues bien, en la presente oportunidad, la Procuraduría advierte que el Congreso de la

República incurrió en una omisión legislativa relativa al expedir el numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil, porque excluyó de su redacción a los parientes civiles desconociendo que, por mandato constitucional, deben tener el mismo trato que los familiares consanguíneos DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD-Respecto del numeral 3 del art. 1025 del C.C comprendiéndose también a familiares con parentesco civil hasta el sexto grado 1 Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14383

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Fernando Cuervo Aponte contra el numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil.

Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Concepto No.: 7015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano Fernando Cuervo Aponte interpone demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil, cuyo texto se transcribe a continuación: “Artículo 1025. Indignidad sucesoral2. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios: (…)

3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo”.

El demandante afirma que en la norma demandada el legislador incurrió en una

omisión legislativa relativa, pues excluyó de su redacción a los parientes civiles, quienes de conformidad con la Carta Política deben tener un trato igualitario en la ley al previsto para los familiares consanguíneos3. Por ello, el actor solicita que la Corte Constitucional profiera un fallo de exequibilidad condicionada mediante el cual supere dicha discriminación por origen familiar.

II. Consideraciones del Ministerio Público Las omisiones legislativas son abstenciones del Congreso de la República consistentes en no “disponer lo prescrito por la Constitución”4. En consecuencia, para su configuración se requiere que exista una norma superior que contemple el 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5.

Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Modificado por el artículo 1° de la Ley 1893 de 2018. 3 Cfr. Artículos 5°, 13 y 42 de la Constitución. 4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). 2 deber de expedir un preciso marco regulatorio, así como que dicha obligación sea objeto de incumplimiento por parte del legislador5. Al respecto, se ha explicado que las omisiones legislativas pueden ser clasificadas en: (i) absolutas y (ii) relativas. En las primeras, no existe algún desarrollo del precepto constitucional en la ley. En cambio, en las segundas, si bien se expide una disposición legal con la que, en principio, se cumple el deber superior, lo cierto es que ésta resulta incompleta, pues le hace falta “un ingrediente, consecuencia o

condición que resultaba esencial para armonizar el texto legal con los mandatos previstos en la Carta Política”6. En relación con las omisiones legislativas relativas, a partir de una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 4°, 6° y 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional ha sostenido que pueden ser objeto de control por vía de la acción pública de inconstitucionalidad. Para el efecto, se debe demostrar: “(a) La existencia de una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y que (i) excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos equivalentes o asimilables o (ii) que no incluya determinado elemento o ingrediente normativo; (b) Que exista un deber específico impuesto directamente por el Constituyente al legislador que resulta omitido, por los casos excluidos o por la no inclusión del elemento o ingrediente normativo del que carece la norma; (c) Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (d) Que en los casos de exclusión, la falta de justificación y objetividad genere una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma”7. En los procesos en los que se acredite la concurrencia de las referidas exigencias y, con ello, la existencia de una omisión legislativa relativa, la Corte Constitucional ha considerado que el remedio judicial idóneo es “una sentencia que extienda sus consecuencias a los supuestos excluidos de manera injustificada”8. Lo anterior, con la finalidad de mantener “en el ordenamiento el contenido que, en sí mismo,

no resulta contrario a la Carta, pero incorporando al mismo aquel aspecto omitido, sin el cual la disposición es incompatible con la Constitución”9. 5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-664 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). 6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera). En la Sentencia C-351 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte Constitucional señaló que se configura una omisión legislativa relativa “(i) cuando expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución”. 7 Sentencia C-075 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar), reiterando los fallos C-352 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y C-083 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 8 Cfr. Sentencias C-555 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-864 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 9 Cfr. Sentencias C-401 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y C-075 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). 3 En esta línea argumentativa, se ha indicado que se configura una omisión

legislativa relativa cuando el Congreso de la República no le otorga los mismos derechos y obligaciones a los individuos con parentesco consanguíneo y civil10, pues se desconoce que: (i) el artículo 13 de la Constitución prohíbe cualquier “discriminación por razones de origen familiar”; y (ii) el artículo 42 de la Carta Política ordena que “las relaciones familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes”, así como que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tengan iguales derechos y deberes”11. Por consiguiente, las normas legales no pueden establecer consecuencias jurídicas disimiles basadas en la diferenciación de los parentescos por consanguinidad y civil12. Entonces, cuando el legislador permita, ordene o prohíba algo debe “procurar que los efectos respectivos se proyecten de forma idéntica frente a los dos tipos de parentesco referidos en relación con sus líneas y grados”13. Sobre el particular, se toma nota de que, en la Sentencia C-600 de 201114, al resolver “una demanda en la que se alegaba la existencia de una omisión legislativa relativa en los numerales 7 y 8 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, en tanto omitían darle a las relaciones familiares por adopción el mismo trato que se daba a los vínculos por consanguinidad en materia de recusaciones”, la Corte Constitucional consideró que “(i) no existía una finalidad constitucionalmente imperiosa que llevara a admitir un trato diferente entre parientes por consanguinidad y filiación civil, y que, por consiguiente, (ii) a efectos

de superar dicha situación era necesario declarar la exequibilidad de las normas acusadas bajo el entendido que incluían también a los parientes civiles”. Así mismo, se destaca que, en la Sentencia C-110 de 201815, al pronunciarse frente a “una demanda en la que se ponía de presente la configuración de una omisión legislativa relativa en el artículo 32 de la Ley 1306 de 2009, dado que omitía contemplar a las personas con parentesco civil dentro de los familiares legitimados para solicitar la imposición de una medida de inhabilitación dirigida a salvaguardar el patrimonio de los individuos que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial”, la Corte Constitucional estimó que: “(i) no hay una justificación objetiva y razonable que fundamente válidamente la exclusión de los familiares con vínculo de parentesco civil de los 10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-600 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa), C-110 de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) y C-075 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). 11 Adicionalmente, se resalta que el ordenamiento jurídico colombiano configura a la familia como institución básica de la sociedad y núcleo fundamental de la misma (art. 5 C.P), debiendo el Estado y la sociedad garantizar su protección integral, tanto a favor de la propia institución como de cada uno de sus integrantes (art. 42 C.P). 12 En la Sentencia C-145 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte Constitucional indicó que “el mandato constitucional según el cual los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes, supone el derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares, con un impacto importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos a tratos discriminatorios por razón de su origen familiar, es decir, por su condición de hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, siendo rechazada por la jurisprudencia constitucional cualquier forma de discriminación entre ellos”. 13 Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). 14 M.P. María Victoria Calle Correa. 15 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 4 efectos de la disposición demandada; y, en consecuencia, (ii) a fin de enmendar tal trato discriminatorio era imperioso declarar exequible la norma acusada bajo el entendido que comprende también a los familiares con parentesco civil”16. Pues bien, en la presente oportunidad, la Procuraduría advierte que el Congreso de la República incurrió en una omisión legislativa relativa al expedir el numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil, porque excluyó de su redacción a los parientes civiles desconociendo que, por mandato constitucional, deben tener el mismo trato que los familiares consanguíneos, conforme pasa a explicarse. Para empezar, se evidencia que la omisión legislativa se predica sobre una disposición positiva, esta es, el numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 1893 de 2018, en cual no se incluye a los parientes civiles en la regulación de la indignidad sucesoral por omisión de ayuda

ante situaciones de demencia o destitución, ignorándose que no pueden ser objeto de tratos diferenciados frente a los familiares por consanguinidad. En efecto, en los artículos 13 y 42 de la Carta Política, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le impuso al legislador el deber de otorgarle el mismo trato a los parientes consanguíneos y civiles, pues estableció que los “hijos adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen los mismos derechos y obligaciones”. En este sentido, la Procuraduría recuerda que “el parentesco civil, que surge de la adopción, tiene los mismos efectos que el consanguíneo, por lo que toda norma que conceda alguna preferencia o prerrogativa en razón de la naturaleza de la filiación es, en principio, contraria a la Constitución”17. Adicionalmente, se resalta que no existe una razón suficiente desde una perspectiva constitucional para darle un trato diferenciado a los parientes consanguíneos y civiles, puesto que está prohibida de manera expresa la discriminación por motivos de origen familiar. Ciertamente, “el origen familiar es un criterio de distinción constitucionalmente reprochable (…) y que, en consecuencia, todas las categorías de hijos, son titulares de los mismos derechos y obligaciones, motivo por el cual, no pueden recibir un tratamiento desigual en razón del origen filial”18. Por lo demás, se pone de presente que la norma acusada contiene una consecuencia jurídica ante la infracción del deber de solidaridad consagrado en el numeral 2° del artículo 95 de la Constitución19 en el ámbito de las relaciones familiares. En efecto, se trata de una medida que busca asegurar el cumplimiento

de dicha obligación social de ayuda mutua entre los parientes, bajo la premisa de que entre ellos tiene un mayor nivel de exigibilidad20. 16 Cfr. Sentencia C-075 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). 17 Corte Constitucional, Sentencia C-296 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 18 Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger). 19 “Artículo 95. (…) El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. 20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-032 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero). En este sentido, en el fallo T-098 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), dicha corporación resaltó que “el vínculo familiar se encuentra unido por diferentes lazos de afecto, y se espera que de manera espontánea, sus miembros lleven a cabo actuaciones solidarias”. 5 En consecuencia, la ausencia de los familiares civiles en la norma demandada genera una desigualdad negativa en comparación con los parientes consanguíneos que están incluidos en la misma, pues estos últimos, a diferencia de aquellos, podrán beneficiarse de la referida salvaguarda ante el desconocimiento del deber de solidaridad. En suma, se observa que concurren los presupuestos exigidos en la jurisprudencia constitucional para la configuración de una omisión legislativa relativa en relación con la norma demandada y, por consiguiente, el Ministerio Público solicitará que

se declare su exequibilidad bajo el entendido que comprende también a los familiares con parentesco civil hasta el sexto grado inclusive.

III. Solicitud Por las razones expuestas, la Procuraduría le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del numeral 3° del artículo 1025 del Código Civil, bajo el entendido que comprende también a los familiares con parentesco civil hasta el sexto grado inclusive.

Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Diana Pilar Pulido Gómez – Asesora Grado 19.

Revisó y aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales.

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