PGN - ACCIÓN DE NULIDAD - Contra patrullero por desviación de poder y falsa motivación

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra fallos de destitución contra patrullero por desviación de poder y falsa motivación FALTA DISCIPLINARIA-Relación de faltas gravísimas para la Policía Nacional según ley 1015 de 2.006,art 34 PUEBAS OBRANTES-Arrojan que actor fue responsable de imputaciones formuladas/DISCIPLINADO-Varió hechos para excusarse de su comportamiento/DESVIACIÓN DE PODER-En el presente caso se conceptúa que no se incurrió en esta figura/ACTOS ADMINISTRATIVOS-No está demostrado que adolecieran de falsa motivación Por el lado de lo dicho por el accionante en su versión libre, surge claramente su actitud, por cuanto se le preguntó sobre el momento en que estaba armado y esperando a…. para agredirlo y se limitó a contestar que no tenía nada que decir al respecto, e igual respuesta cuando se le pidió que hablara telefónicamente con la mamá o la Personera de Ituango, respuestas que le hubieren permitido explicar todas las cosas planteadas en la demanda, pero se silenció sobre esos particulares y, trató de desviar el asunto a la presunta costumbre de…. de andar embriagado, lo cual no tenía nada que ver con los hechos investigados (folios 10 y ss.). Concluye esta dependencia del Ministerio Público, que la parte actora no dijo la verdad completa, varió los hechos para excusarse de su comportamiento y prever una futura defensa, pues sabía de lo contrario a la disciplina policial de su comportamiento…… …… Por lo dicho y lo que puede leerse en las declaraciones rendidas por quienes estuvieron cercanos o directamente relacionados con los hechos, las conclusiones

de los operadores disciplinarios, como las de la primera instancia contenciosa administrativa, no pueden ser diferentes, el actor fue responsable de las imputaciones formuladas y no hubo un interés torcido o elementos contrarios a la realidad que se introdujeran al proceso para dar apariencias de verdad lo que no lo era, pues el asunto no tuvo tropiezo alguno para precisarse, aun leyendo con desapasionamiento las posiciones del actor, las conclusiones no podían ser de otra forma; por ello no se observa causal de desviación de poder o de falsa motivación, ni prueba cercana a demostrar algo de esa naturaleza. ACTOS ADMINISTRATIVOS-No poseen vicio de nulidad por violación del debido proceso por calificación de conducta y valoración indebida de prueba/ PROCESO DISCIPLINARIO-La ley da un término de traslado para alegatos de conclusión/SENTENCIA-Debe ser confirmada negando pretensiones de demanda ….Sobre el último argumento traído ahora a discusión, relativo a la omisión de correr traslado para alegar en la segunda instancia disciplinaria, la propia cita hecha por el apelante permite establecer que es un asunto del fuero de las partes, que si bien tienen interés en presentar alegatos pueden hacerlo y para ello la ley les da un término concreto. Sobre el aspecto subjetivo de la falta, el dolo saltó a la vista y, es por esos aspectos externos de la conducta que se llega a establecer la intención conocida y querida de Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 2 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016)

Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 actuar en forma contraria al deber funcional, como lo hizo, evidentemente el actor, Lo que surge de los medios probatorios obrantes el proceso. Conforme lo expresado, no hubo violación al principio del debido proceso por vía de la calificación de la conducta y la valoración indebida de la prueba, lo que permite dar plena validez al fallo impugnado. De acuerdo con lo anterior, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicita que se NIEGUEN las pretensiones y se confirme en todas sus partes la sentencia de primera instancia apelada ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-No prospera al no demostrarse la ilegalidad de los actos demandados. 2 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 3 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 176 – 2017

SIAF 2017 - 609604

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2017 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejero Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

E. S. D.

No. Interno : 4531-2016

Expediente : 05001233300020130176501

Actor : Luis Carlos Camargo Díaz

Demandada : Min – Defensa, Policía Nacional

Acción : Nulidad y Restablecimiento Asunto : Concepto Ministerio Público Tema : Actos Disciplinarios – destitución – Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se corrió traslado a las partes y a esta Agencia para alegar de fondo en segunda instancia, debido al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de agosto de 2016, proferida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. Debate planteado La parte actora demanda se declare nula la actuación disciplinaria por la cual se destituyó como Patrullero de la Policía Nacional al demandante, en cuanto se le encontró responsable de incurrir en falta disciplinaria gravísima, conforme al artículo 34-27 y al artículo 35-2 de la ley 1015 de 2006

(ausentarse sin causa justificada del lugar de facción –gravísimay agredir a un compañero –grave-), pues se practicaron pruebas con base en la ley 906 de 2004 y no la ley 600 de 2000, no se tuvo en cuenta la persecución del Capitán Ortiz Ardila, acusa los fallos disciplinarios de encontrarse afectados de desviación de poder y falsa motivación; posición no compartida por la accionada que evalúa la actuación conforme a las normas y procedimientos previstos en el ordenamiento para regular el proceso disciplinario en todos 3 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 4 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 sus aspectos, que la parte demandante lo que pretende es revivir un debate probatorio, defendió la autonomía del derecho disciplinario y que no hubo falsa motivación ni desviación de poder.

1. Pretensiones Que son nulos: Los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional de Antioquia del 23 de agosto de

2011 y la Inspección Delegada para la Región de Policía No. 6 del 21 de diciembre de 2011 y; de la resolución 95 del 13 de enero de 2012, expedida por el Director General de la Policía Nacional. Como restablecimiento del derecho que se condene a la Policía Nacional a reintegrar al servicio activo al demandante, con efectividad al 23 de enero de 2012, al cargo que desempeñaba y al grado que corresponda conforme al Decreto de Carrera, atendiendo el tiempo acumulado a la fecha del reintegro para el curso de promoción. Que se condene a la Policía Nacional a reconocer y pagar todos los derechos laborales dejados de percibir desde la fecha del retiro, como sueldos, primas (antigüedad, actividad, orden público, etc.), derechos prestacionales ordinarios y extralegales, reajustes, ascensos, subsidios, vacaciones, bonificaciones y demás emolumentos, hasta cuando sea efectivamente reintegrado al servicio en el cargo que corresponda. Que se declare que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio

Que del total de las sumas se liquide a favor del actor la indemnización prevista en el nuevo contencioso administrativo, por el mismo periodo dicho atrás. Que los pagos se hagan en moneda legal colombiana con el ajusta al valor, certificado por el DANE. De no pagarse oportunamente, se condene a la demanda a reconocer y cancelar al actor los intereses corrientes y moratorios, hasta el cumplimiento debido, conforme al artículo 177 del C.C.A. Que se condene a la demandada al pago de las costas procesales y agencias en derecho, conforme a los artículos 392 al 395 del C.P.C. y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

2. Hechos relevantes El Patrullero Luis Carlos Camargo Díaz ingresó a la Policía Nacional el 5 de

mayo de 2006, tuvo éxito en la carrera, por lo que fue condecorado; 4 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 5 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 permaneció por 5 años y 4 meses, hasta su retiro el 23 de enero de 2012, cuando le fue notificada la Resolución 95 acusada, que dio cumplimiento a la actuación disciplinaria. El asunto disciplinario nació con ocasión del informe presentado por el actor el 17 de enero de 2011, en el que dio cuenta al Comandante de Policía del Departamento de Antioquia, que el 16 de enero de 2011 se dio una novedad

vista al informe No 15 de dicha fecha suscrito por el Comandante de la Policía de Ituango (Capitán), dirigido al Comandante de Policía del Departamento, en el que dio a conocer sobre las agresiones recíprocas entre los patrulleros Camargo Díaz y León Sandoval Edward, en las que resultó el daño al televisor del actor y lesionado León Sandoval, lo que se convirtió en una amenaza para la integridad del demandante. El accionante pidió al Comandante de la Policía de Ituango, como conducto regular, permiso para dirigirse a Santa Rosa de Osos y a Medellín para hablar con los superiores y explicarles la situación presentada, además para pedir el traslado de estación, pues a raíz de ese problema no se sentía seguro trabajando en Ituango por la presencia de León Sandoval, pero el Oficial le negó el conducto regular; motivo por el que salió de la unidad, previa información a la Personera Municipal, para ir a Santa Rosa de Osos, donde se presentó en el Municipio, que hizo la anotación en el Libro de Información y, después se presentó en la base del Departamento de Policía Antioquia, haciendo el respectivo registro en libro. La vida del accionante estaba seriamente amenazada por el policial León, por lo que de no haber salido de Ituango podría haber ocurrido una tragedia, motiva para pretermitir el conducto regular, por lo que no hubo falta disciplinaria, pues tratándose de asuntos de ésta materia o penal puede pretermitirse tal conducto. (Artículo 31, parágrafo 2, ley 1015 de 2006).

El actor solicitó el permiso para trasladarse, pero no tenía que hacerlo, conforme a la disposición citada, por lo que no hay explicación de la sanción impuesta. La norma citada como infringida, artículo 34, numeral 27 de la ley 1015, tipifica la conducta censurada: Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada; texto del cual se observa la omisión de aplicación de ésta última parte, es decir, la causa justificada; por ello existió el motivo o la causa justificada originada en el altercado con otro policial, por lo que debió eximírsele de responsabilidad. Faltó análisis de las pruebas en las dos instancias, porque no se relacionó el cargo con la prueba, quebrantando el artículo 163-5 del C.D.U. por no hacer uso de la sana crítica, la ciencia, la jurisprudencia, se obró a la topa tolondra. El auto de llamamiento a audiencia parece el proyecto de fallo y no un acto de esa naturaleza, porque de una vez se dejó sentado que hubo comisión de la falta, al utilizar expresiones como: “es conocedor”…”como es no 5 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 6 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 ausentarse del sitio donde presta su servicio sin autorización…”. No se demostró el dolo mediante prueba, pero si se violó el debido proceso por no probarse la intención del dolo, lo cual era claro, porque probar el dolo de qué,

de proteger su vida? De hablar con los superiores del caso relacionado con lo disciplinario, que no requería conducto? Mediante Directiva del 12-05-2010, el Procurador General, dijo que la ley 906 de 2004 era incompatible con el proceso disciplinario y por tanto debía seguirse aplicando la ley 600 de 2000, por lo que al aplicarse aquella se vulneró el debido proceso. Hubo persecución laboral por parte del Capitán Darlenson Ortiz Ardila contra el accionante, porque éste denunció a aquél ante la Personería Municipal de Ituango por ese motivo de persecución laboral, debido a que la había levantado dos folio de vida, paralelos, uno normal y, el otro con anotaciones negativas, además del trato discriminatorio frente a los otros policiales, constitutivo de acoso laboral. Pedir permiso no es lo mismo que conducto regular, son situaciones diferentes, por el primero se pide autorización para realizar una actividad y por el segundo, se informa que se va a hablar con un superior, lo que no requiere permiso. El Despacho disciplinario calificó el aspecto subjetivo de la falta en forma desigual frente al policial León Sandoval, que fue quien prácticamente provocó el incidente y, se le reprochó haber obrado con culpa grave, lo que es antitécnico y antijurídico.

3. Normas violadas y concepto de violación Señaló el demandante como disposiciones infringidas por los actos administrativos acusados, los artículos: 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29 y 123 de la C.P.; 2 y 10 del C.C.A.; 1, 2, 4, 6, 25, 42 y 45 del Decreto 1800 de 2000; 6, 7,

9, 13, 14, 15, 220 y, 163-5-6 del C.D.U. y; la ley 1015 de 2006. Planteó el demandante que con la formulación de los hechos se evidencian las violaciones de la actuación disciplinaria y del acto de ejecución. El Preámbulo de la C.P. asegura el trabajo, la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, a todos los colombianos, por lo que la autoridad administrativa no puede ir en contra de los derechos de los ciudadanos, mediante la desviación de su poder en la aplicación normativa. El artículo 1º, en cuanto el respeto a la dignidad humana, el trabajo fueron vulnerados, como salta a la vista, mediante los actos acusados afectados por violaciones a la igualdad a normas superiores, pues basta con observar la denuncia del actor respecto al Capitán Comandante de Estación, para entender que la destitución se estaba fraguando desde hacía tiempo. 6 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 7 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 El artículo 2º porque contiene como fines esenciales del Estado la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes previstos por la C.P. como el debido proceso, la igualdad, la no persecución laboral, que fue justamente lo quebrantado al actor. El artículo 4º que consagra el respeto a la C.P. y las leyes, fue infringido por

el acto de retiro, al guardarse los motivos de tal decisión lo cual ha sido proscrito por la Corte Constitucional que ha dicho que los motivos deben ser claros y basados en pruebas debidamente practicadas, de lo contrario se viola el debido proceso. El artículo 6º, en cuanto los operadores disciplinarios se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones al no valorar las pruebas, pues desde el auto de llamamiento a audiencia se dictó el fallo anunciando la destitución; por ello debería llamarse en garantía para que explique cómo puede dañarse un mueble con culpa grave. El artículo 25 fue infringido porque habría que preguntarse si este derecho no fue aplicado o es que opera el retiro involuntario con violación al debido proceso. El artículo 29, que garantiza el debido proceso, no fue aplicado al no valorarse las pruebas, ni se demostró el dolo sin explicar por qué; hubo desigualdad, persecución laboral, aplicación indebida de la ley 906 de 2004. Desviación de poder. Debido a la expedición del acto bajo las formalidades legales, pero con motivos diferentes a los de sus atribuciones, contrarios a derecho, como en este caso, incurriendo en vía de hecho. Falsa motivación. Por no haberse valorado de manera conjunta e imparcial las pruebas, sin aplicar lo favorable. El artículo 3º del C.C.A. por no haber aplicado las disposiciones y procedimientos administrativos, pues fue vulnerada la C.P.; el artículo 10 del C.P.A.C.A. en cuanto no fue aplicado el estatuto anticorrupción que reformó parcialmente el C.D.U., al no practicar las pruebas conforme a la ley 600 ni

acogiendo las jurisprudencias sobre valoración probatoria, no con criterios propios incurriendo en vía de hecho. El Decreto 1800 de 2000, que prevé la forma de llevar los folios de hoja de vida, pero el oficial superior del actor le llevaba dos hojas de vida, lo que evidencia la persecución. La ley 734 de 2002, fue vulnerada en su artículo 6º, por las infracciones al debido proceso; el artículo 7º por no aplicar la ley 600; el 9 porque al contrario de presumir la inocencia se obró para destituir al actor; el 15 al tratar en forma desigual a los dos policiales involucrados en el incidente, pues a quien lo propició le dieron un tratamiento benévolo y por poco es 7 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 8 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 felicitado y, el numeral 6º de éste porque el auto de llamamiento a audiencia pública no se hizo una exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, el numeral 7º porque el aspecto subjetivo no fue soportado en prueba alguna; el 164-5 porque la valoración probatoria no fue lógica, pero si en forma caprichosa y amañada para perjudicar al actor y, sin usar la sana crítica. La ley 1015 de 2006, porque no había lugar a acudir al conducto regular. La ley 1010 porque existía una persecución, contra el actor por parte de su

superior inmediato, la cual fue transmitida a los operadores disciplinarios que procedieron a la destitución.

3. Contestación de la Demanda.

La Institución accionada contestó la demanda (folios 341 y ss.), se opuso a las pretensiones de la demanda y dijo que los hechos relativos a la expedición de los actos son ciertos como los eventos en que el actor no cursó el conducto regular ante el único oficial que debía hacerlo y causó lesiones a un par suyo, en lo demás son aspectos probatorios ya debatidos en sede administrativa y que deben probarse sus otras afirmaciones en el proceso. En el capítulo de las “Razones de la Defensa”, plantea que la parte actora pretende traer ante la jurisdicción el debate probatorio que ya fue realizado en el proceso disciplinario y que se abordó en todos sus aspectos; escenario en el que contó con las oportunidades y garantías que le da el ordenamiento jurídico, el cual fue cumplido en todas las etapas procesales; agregó que la finalidad del derecho disciplinario, que es autónomo, difiere de la del derecho penal y ninguna de las acciones surgidas por hechos comunes tienen que derivar en decisiones idénticas, pues pueden variar. Citó apartes de la sentencia C-819 de 2006, que estudio la naturaleza del derecho disciplinario y, sobre el tema referido a la inexistencia de tercera instancia citó apartes de la providencia dictada por el C. de E. del 13-12-2012, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en cuanto explicó que el proceso contencioso no es una simple extensión del proceso disciplinario sino que es algo funcionalmente distinto; explicaciones reiteradas en sentencia del 27-022013, del mismo M.P. (folios 344 y 345). Precisó que la conducta del actor infringió el deber, entendido como la infracción al deber funcional es sus expresiones de cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, esto es, conforme a la ley y la C.P. y la garantía de una representación adecuada del Estado, lo que legitima la conminación disciplinaria en su aspecto sustancial; por esto, la tipificación de la conducta se ciñó a este principio de ilicitud sustancial, previsto en las leyes 1015 de 2006 y 734 de 2002, artículos 4º y 5º respectivamente (Transcribió). 8 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 9 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 Los Despachos disciplinarios obraron conforme a esos principios y desvirtuaron las posturas de la defensa, por lo que decidieron adecuándose a las previsiones de la ley 734 citada. En los fallos de primera y segunda instancia se dio el debate probatorio planteado en este proceso, por lo que en dichos actos constan las razones por las cuales no deben prosperar las pretensiones del presente asunto, pues hubo prueba contra el actor que cometió una falta gravísima debidamente prevista por la ley. La conducta del actor fue ilícita, afectó su deber profesional, no acató las órdenes, reglamentos, leyes y C.P. reguladoras del actuar policial, por lo que incurrió en una conducta sustancialmente ilícita, sin dejar de lado que los

policiales investigados y sancionados estaban obligados a comportarse en forma coherente con la filosofía funcional, por cuanto se les capacitó sobre la misión institucional, respecto a que deber ser ejemplos de comportamiento como servidores públicos; por ello el actuar del actor fue contrario a los valores institucionales de honestidad y respeto, obligatorios a los policías, pues de allí se desprenden, la credibilidad, prestigio y posicionamiento institucionales; su comportamiento defraudó la confianza entregada por la institución. La conducta desplegada por el actor lo hizo merecedor de una sanción de destitución e inhabilidad por 13 años, lo que justificó plenamente el retiro del servicio, pue la institución debe contar con personas especiales que propendan por la consecución de los fines del Estado. No se presentó desviación de poder porque en los fallos acusados se hicieron las evaluaciones probatorias y de responsabilidad con el análisis propio de cada aspecto, atendiendo los argumentos de la defensa que actuó a lo largo del proceso, por cuanto se le respetaron todas las etapas para el ejercicio idóneo de la defensa. No se presentó falsa motivación porque los hechos ocurrieron y se probaron, la conducta censurada lesionó el bien jurídicamente tutelado y se ajustó a las descripciones de la ley aplicable. Explicó, a su manera, las nociones de ilicitud sustancial y las concepciones sobre el particular de la Corte Constitucional (folio 348); a renglón seguido dijo que los procesos, penal y disciplinario, no necesitan basarse en las

mismas pruebas, debido a los fines de cada acción y proceso, de allí la innecesariedad de responsabilidad penal declarada para proceder a determinar la responsabilidad disciplinaria. Dice que en el derecho disciplinario no hay un bien jurídico protegido en estricto sentido, que tenga que verse afectado por la conducta del servidor público; la ilicitud sustancial no comprende el resultado material, pues la ausencia de éste no impide la estructuración de la falta disciplinaria; es el incumplimiento del deber funcional el que determina la antijuridicidad de la conducta (sentencia C-948 de 2002). 9 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 10 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 Explica que la sanción impuesta es la ordenada por la propia ley al personal uniformado que incurra en falta disciplinaria, por lo cual tal imposición no obedeció a un capricho de la administración pues los operadores se ajustaron en todo el proceso a garantizar los derechos del encartado y le dieron las oportunidades para ejercer su defensa. En el acápite referida a la “Presunción de legalidad”, insiste la defensa de los actos acusados que estos fueron expedidos por autoridades competentes en acatamiento de las garantías procesales y con el acogimiento a las etapas y procedimientos previstos por las normas sustantivas de la ley 1015 y las procedimentales de la ley 734. Comenta que el personal de la Policía Nacional, según la Corte

Constitucional, está sujeto a exigencias de confiabilidad y eficiencia que generen condiciones de credibilidad en sus miembros; por tanto la conducta asumida por el actor no podía quedar sin sanción, pues se expondría la Policía a perder credibilidad con el actuar irregular de sus agentes, quienes están para proteger a las personas en su vida, honra y bienes. Insiste en las nociones del debido proceso y las aplica al caso concreto en el sentido manifestado intensamente a lo largo de la contestación de la demanda, esto es, que fue cumplido estrictamente por funcionarios competentes que brindaron todas las oportunidades y garantías procesales al disciplinado. Propuso la excepción innominada.

4. Audiencia Inicial.

El 28 de octubre de 2014 se practicó la citada audiencia, con la presencia de las partes, se saneó el proceso sin advertirse irregularidad alguna o cause nulidad, lo que se declaró y no hubo impugnaciones; se verificó la competencia del Tribunal luego que el C. de E. remitiera el caso, el término de caducidad y el requisito de procedibilidad, encontrando ajustado lo actuado a derecho. Respecto a las excepciones de presunción de legalidad, inexistencia de vicios de legalidad e, innominada; se explicó que la demanda se tenía por no contestada en razón a que no se observó poder de quien hizo la contestación y por ende, a pesar de ello, las excepciones formuladas no son de aquellas que deban ser resueltas en esta etapa procesal. Se fijó el litigio, precisando las pretensiones, dando por no contestada la demanda, encontrando los puntos de consenso de las partes, como el

proceso disciplinario, las decisiones tomadas dentro de su curso y el acto de ejecución, que se presentaron agresiones entre los procesados y conforme a 10 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 11 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 esos hechos resultaron sancionados los policiales y, que el traslado del actor a Santa Rosa de Osos y a Medellín se hizo sin autorización. Las diferencias entre las partes hacen relación a la vulneración al debido proceso, a la desviación de poder, a la falsa motivación y, a la contradicción con el ordenamiento jurídico, por parte del demandante y, por parte de la demandada defiende la legalidad de los actos acusados. Precisó el problema jurídico, en la procedencia de declarar la nulidad de los actos administrativos que culminaron con las actuaciones administrativas en contra del actor que dispusieron sancionarlo con destitución e inhabilidad de 13 años y, en consecuencia si procede el reintegro y el pago de los derechos laborales del accionante. No hubo ánimo conciliatorio ni medidas cautelares que decretar; sobre las pruebas se dijo que se les daría valor a las aportadas con la demanda y su contestación, se ordenó aportar el fallo de segunda instancia; sin impugnaciones de las decisiones anteriores.

5. Sentencia de primera instancia. Caso Concreto Presentados los alegatos de conclusión por las partes, el Tribunal Administrativo de Antioquia procedió a dictar sentencia de primera instancia,

el 19 de agosto de 2016 (folio 708 y ss.), negando las pretensiones; efecto para el que consideró: El Tribunal es competente para determinar que hacer frente al litigio planteado, que nos pone el problema jurídico de preguntar si procede declarar la nulidad de los actos administrativos que culminaron la actuación administrativa disciplinaria contra el demandante, que le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 13 años, por violación al debido proceso y defensa, en consecuencia si procede el restablecimiento pretendido. Se declaró inhibido para decidir la nulidad del acto de ejecución por no ser ese tipo de actos administrativos, pasivos de la acción de nulidad, como lo ha señalado reiteradamente el C. de E. En el acápite del caso concreto, abocó las causales de nulidad invocadas por la parte demandante y, concretó: Respecto a la primera falta disciplinaria, se acusa por el accionante que el operador de esa instancia dejó de lado la parte de la disposición citada como infringida, relativa a “o causa justificada”, lo que evidencia que la institución sabía que el actor tenía causa justificada para salir de la Estación, lo que eximía de responsabilidad al procesado (Art 34, numeral 27, ley 1015 de 2006); a ese respecto, la Sala consideró, que no hubo transgresión alguna porque en el auto de citación a la audiencia pública del 14-07-2011, el operador disciplinario se ajustó a las previsiones del artículo 177 del C.D.U. 11 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado 12

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Luis Carlos Camargo Díaz Vs. Policía Nacional Expediente 05001233300020130176501 (4531-2016) Concepto 176 de 2017 – SIAF 609604 al consignar las normas que tipificaban la conducta calificada como irregular, partiendo de los hechos investigados, realizó un ejercicio de razonamiento lógico para encuadrar las normas presuntamente infringidas por la conducta realizada por el pasivo de la acción, señaló la norma precisa constitutiva de falta en la que pudo incurrir el actor, todo de manera presunta y provisional y referida al hecho que éste describió la conducta: “Ausentarse del lugar donde preste su servicio sin permiso”, imputación de la cual pudo, por ello, defenderse apropiadamente el encausado, debido al conocimiento concreto del reproche. La expresión en la que se funda la inconformidad de la parte actora, describe el interés del accionante, pero en realidad lo que refleja es la determin