PGN - ACCIÓN DE NULIDAD - El listado de número de plazas aun sin proveer.

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación Nº: 071-17498-06

Investigado: RAFAEL CASTILLO PACHECO.

Cargo y Entidad: Secretario de Educación del Departamento del Atlántico y funcionarios de la dependencia.

Quejoso: ENEDYS MARÍA BANDERA JÍMENEZ Fecha de Queja: 14 de febrero de 2006

Fecha hechos: Octubre de 2005

Conducta: No dar respuesta al derecho constitucional de petición y el nombramiento de docentes y directivos docentes en las plazas vacantes.

Providencia: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 de la ley 734 de 2.002)

Bogotá D.C., 27 de abril de 2009.

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Atlántico, mediante Resolución del 29 de septiembre de 2008, sancionó al señor RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO, en su condición de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, con AMONESTACIÓN ESCRITA, por encontrarlo disciplinariamente responsable (fls. 319 a 329). Mediante escrito visible a folios 332 a 334 el investigado RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión sancionatoria.

2. CARGOS.

Mediante decisión del 30 de octubre de 2007, visible a folios 176 a 181, la Procuraduría Regional del Atlántico le formuló pliego de cargos, así: “Se le imputa a usted haber vulnerado presuntamente el derecho

fundamental de petición de la señora ENEDIS (sic) MARÍA BANDERA JÍMENEZ, como quiera que no dio respuesta oportuna a la petición impetrada ante su despacho el día 4 de octubre de 2005 y respondida mediante oficio de enero 20 de 2006 (ver fls. 161 a 165), habiéndose vencido el plazo para dar respuesta oportuna el 20 de octubre de 2005, lo que pudo constituir una violación al derecho fundamental de petición, con lo cual pudo haber desconocido lo consagrado en los artículos 6º y 9º del Código Contencioso Administrativo.” (fls. 176 a 181). La falta se calificó como GRAVE, cometida a título de CULPA. Las normas señaladas como presuntamente desconocidas, fueron: Constitución Política, artículo 6 y Ley 734 de 2002, artículos 23, 34.1 y 35.

DESCARGOS: El señor RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO investigado, a los cargos impuestos, dijo: (fls. 188 a 192) 1º. Es cierto que la quejosa formuló derecho de petición ante la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico, el 4 de octubre de 2005. 2º. No es cierto que no se le haya dado respuesta a la petición, pues como bien lo dijo el juez de tutela la respuesta dada fue incompleta, razón por la cual se tutelo parcialmente el derecho fundamental de petición ordenando dar respuesta a la solicitud en forma completa “exactamente lo concerniente con una relación de los docentes elegibles nombrados y/o posesionados hasta la fecha en cada nivel y

especialidad correspondiente, el listado de número de plazas aun sin proveer. Como también, la solicitud de veeduría dentro del proceso de nombramiento y/o posesión de docentes del Atlántico quienes por merito (sic) obtuvieron esa convocatoria”. 3º. Lo anterior, permite llegar a la conclusión de que la petición interpuesta por la quejosa si fue resuelta, pero de forma incompleta, por lo que se procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, resolviendo la solictud el 19 de enero de 2006 a ENEDYS MARÍA BANDERA JÍMENEZ en los términos ordenados por el Juez. 4º. Si bien, la quejosa interpuso incidente de desacato por que a su parecer no se había dado cumplimiento a la decisión judicial, este no prosperó como se estableció con la prueba documental obrante en el expediente. 5º. Así las cosas, el haber dado respuesta a la petición de forma completa hace que desaparezcan las razones que dieron lugar a la queja, por lo tanto no se debió abrir indagación preliminar y mucho menos imponerse la sanción que hoy se apela, en la medida en que los supuestos de hecho ya no existen. 6º. Finalmente solicitó el archivo de las diligencia, por no existir mérito para seguir con la investigación disciplinaria.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: El investigado no presento escrito de alegatos, según constancia visible a folio 318 vto.

4º. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2

Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 Pese a que se encuentran consignados en el acápite correspondiente de la providencia objeto de impugnación de 29 de septiembre de 2008, se resume, así (fls. 319 a 328): a. Resulta claro que el señor RAFAEL CASTILLO PACHECO, en su condición de Secretario de Educación para la época de los hechos, si dio respuesta al derecho de petición presentado por la señora ENEDYS MARÍA BABDERA, el 4 de octubre de 2005, en forma parcial, es decir que a los 5 puntos invocados por la peticionaria, el disciplinado respondió oportunamente 3, quedando por tanto sólo por responder el numeral 4º, hecho con el que se esta de acuerdo con lo dicho por el juez de tutela en providencia de 15 de diciembre de 2005, en donde ordenó al investigado dar respuesta en forma completa a la solicitud. b. La Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico a través de la Jefe de División de Gestión Administrativa y Talento Humano respondió todos los puntos invocados en el derecho de petición de 4 de octubre de 2005, y le hizo saber a la quejosa que todas las dependencias de la entidad le habían atendido de manera personal y verbal todas las sus solicitudes. c. Si bien, en el auto de descargos se calificó provisionalmente como grave a título de culpa la conducta imputada al señor RAFAEL CASTILLO PACHECO, en atención a que ella se produjo por violación de un derecho fundamental y teniendo en cuenta el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 para determinar la gravedad o levedad de la falta, se tiene que la falta fue

cometida en grado de culpa. d. Esta variación de la calificación de la conducta de grave a leve, la hizo en consideración a lo dicho por la H. Corte Constitucional en Sentencia SU901-05, en donde planteó que en el evento en que las pruebas solicitadas en la contestación de los cargos y luego practicadas desvirtúe o atenúe la inicial forma de imputación, esa variación es posible y es consecuente con el debido proceso disciplinario y con el derecho de defensa que le asiste al disciplinado. e. Para el caso de las faltas leves culposas, como es la que se tipifica para los hechos probados en el expediente, se debe imponer sanción disciplinaria de amonestación escrita de conformidad con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pues la sanción debe ser proporcional a la falta cometida y como aquí la falta no afectó gravemente el servicio público, la sanción que se impone es la coherente con la falta.

4. RECURSO DE APELACION: El investigado interpone en nombre propio la alzada bajo los siguientes supuestos:

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 a. Critica el fallo del a-quo, por tipificar incumplimiento del derecho de petición como una falta sancionable; descarta que se hubiere desantendido la petición de la señora BANDERA JÍMENEZ, porque como se demostró en expediente se le dio respuesta en los términos señalados por el juez de tutela y de forma verbal cada vez que lo requirió. Concluye haber resuelto y satisfecho el Derecho de Petición.

b. Es así, que también se le dio respuesta señalándose que en la página Web de la Gobernación se encontraba toda la información relacionada con la lista de elegibles de acuerdo a la convocatoria pública consagrada en los Decretos 00442 de 22 de octubre de 2004 y 00543 de 21 de diciembre de 2004, quedando desvirtuada las apreciaciones hechas en la decisión recurrida, en cuanto a que no se resolvió en su momento el punto 4, de la solicitud de la quejosa. c. Resalta que sino se hubiera cumplido con lo estipulado por el Decreto que reglamentó el concurso, en cuanto a la lista de elegibles, bien pudo ella, en su momento, como Presidenta del Comité Veedor haber realizado las acciones legales que tenía a su disposición, pero vemos de manera clara que dicha lista fue tramitada de acuerdo a lo establecido en la ley como lo menciona la peticionaria en el acápite de los hechos. d. Lo dicho lo pueden corroborar los señores INDIRA BENAVIDES y SAUL RODRIGUEZ, miembros del Comité de Docentes Elegibles y las señoras ELIZABETH DIAZ y ELVIA ESTELA MORALES, quienes ejercían sus funciones en la Secretaría de Educación en ese entonces. e. Finalmente, pide que se revoque el fallo sancionatorio y, en consecuencia, sea absuelto de la sanción disciplinaria impuesta. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO De conformidad con el artículo 25, numeral 4º del Decreto-Ley 262 de 2000 (Estructura de la Procuraduría General de la Nación), esta Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa es competente para conocer en segunda

instancia de los procesos que en primera profieran la Procuradurías Regionales del país. Analizados los términos de las diferentes etapas del presente proceso disciplinario (indagación preliminar, investigación y pliego de cargos), especialmente, la del juicio, no encuentra el Despacho configuración alguna de las causales de nulidad previstas en el art. 143 del Código Disciplinario Único. Así las cosas, hay lugar a desatar, legalmente, el recurso de apelación interpuesto por el señor RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO, quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico. Pasando al plano procesal-sustancial que interesa, el Despacho considera que, de acuerdo con el contenido de la queja y pruebas obrantes en el expediente, existe mérito suficiente para CONFIRMAR la decisión recurrida, especialmente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 responsabilidad disciplinaria establecida sobre el inculpado para el tema de la vulneración del derecho fundamental de petición, por las siguientes razones: 1ª. De acuerdo con los términos del Pliego de Cargos formulado al señor RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO, en su condición de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico “(…) como quiera que no dio respuesta oportuna a la petición impetrada ante su despacho el día 4 de octubre de 2005 y respondida mediante oficio de enero 20 de 2006 (ver fls. 161 a 165), habiéndose vencido el plazo para dar respuesta oportuna el 20 de octubre de

2005, lo que pudo constituir una violación al derecho fundamental de petición, con lo cual pudo haber desconocido lo consagrado en los artículos 6º y 9º del Código Contencioso Administrativo.”, debe hacerse el siguiente análisis jurídico: a. Que dicha conducta encaja en la descripción típica constitucional y legal (C.P., Art. 23 y CCA., Arts. 6 y 7), que describe el derecho de petición en interés particular o general; este presupuesto de comportamiento ilícito conlleva a desconocer la Constitución y la Ley, tal como lo prevé el art. 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 (deber funcional desconocido); de modo que, había lugar a la variación de la falta de grave a leve como así lo hizo el a quo en la decisión objeto de alzada. b. Lo que tipifica, jurídicamente, el hecho investigado, por incumpliendo del derecho de petición, fue haber dado respuesta fuera del término de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud hecha por la señora ENEDYS BANDERA JÍMENEZ (quejosa), y que esta haya sido de forma incompleta como lo afirmó la quejosa, lo acepto el investigado y lo ratificó el juez de tutela en providencia de 15 de diciembre de 2005 al tutelar parcialmente el derecho fundamenta de petición a la señora BANDERAS JÍMENEZ (fls. 13 a 17). 2ª. De otra parte, es claro que el incumpliendo formal y material de la ley (Ilicitud Sustancial) se deduce, especialmente, de los deberes (tipicidad) asignados al funcionario, una vez toma posesión del cargo, puesto que desde ese mismo

momento se entera de ellos. La conciencia del elemento ilicitud, ubicado en la culpabilidad, representa un simple juicio acerca de la posibilidad de que el autor material o intelectual de una falta tenga que reconocer en su actuar sí fue por error inevitable o evitable. Dicho conocimiento de la ilicitud sirve al propósito de evitar la responsabilidad objetiva y además, para efectos de graduación de la sanción. Por eso, la solución dada al error vencible de derecho no está exenta de responsabilidad disciplinaria, puesto que por principio de igualdad sí un ciudadano que voluntariamente se sitúa ante un deber de garantía y que fundamenta un especial deber de esforzarse en la información y conocimiento de las normas, por regular el espacio de la acción social y en el que voluntariamente decide participar, es un sujeto al cual debe exigírsele más que al común del ciudadano1. Este evento es el que se aprecia objetivamente del comportamiento del señor RAFAEL CASTILLO PACHECO, quien teniendo la calidad de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, cuyas funciones esta, entre otras, la de 1 Lecciones de Derecho Disciplinario Volumen 1, páginas 17 a 51: La ilicitud Sustancial. Doctor

CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 “Responder o asignar un responsable para responder los requerimientos que lleguen a su despacho, de manera que se garantice una respuesta oportuna y adecuada al ciudadano solicitante.”, como se desprende del numeral 7º del Manual de Funciones del cargo, que obra a folios 126 a 128. De dónde se

establece la existencia de deber objetivo, pues el ejercicio de dicha función se encuentra dentro del marco de aquellas que le son propias en el ejercicio de la función pública que desempeñó como titular del cargo, del cual tomo posesión y juro cumplir a cabalidad. Ahora, dentro de dicha función se encontraba la posibilidad de asignar un responsable para responder los requerimientos que llegasen a ese despacho, delegación que no se demostró, para el momento en se dio la infracción, quedando bajo el resorte del investigado la responsabilidad de dar respuesta oportuna y adecuada a los ciudadanos, no sólo en cumplimiento de la facultad fijada, sino también del deber constitucional de guarda de los derechos fundamentales como autoridad del Estado. La Corte Constitucional ha dicho que quienes ejerzan funciones públicas debe exigírsele un particular nivel de responsabilidad, en razón a que no puede ser ajeno de la conciencia del servidor público, quien está obligado a conocer y cumplir sus deberes. La responsabilidad disciplinaria busca la eficiencia en los servicios a cargo del Estado, la moralidad, la responsabilidad, la conducta del servidor público para que cumpla la Constitución, la Ley y el Reglamento2. No hay duda que el ilícito disciplinario se refiera al quebrantamiento del orden jurídico y al desconocimiento de los deberes funcionales, pero, de manera sustancial3. El quebrantar sustancialmente un deber no significa necesariamente que la conducta enjuiciada desconozca el ropaje jurídico del deber y la razón de ser; o que la norma es un Estado de Derecho contentiva de fines y funciones; en cambio, sí se verifica que la conducta únicamente quebrantó el deber formalmente

y no sustancial, podría estarse en presencia de una aparente ilicitud lo que se traduce en antijuridicidad formal. Entonces, ha de concluirse que el Derecho Disciplinario no protege bienes jurídicos sino la función pública, la cual se desarrolla en observancia a los fines del Estado, siendo del resorte de los servidores públicos el cumplimiento de los deberes impuestos y una vez exista infracción a ello, debe entrarse a proteger los derechos vulnerados y la buena marcha del servicio. Cuando el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 menciona la ilicitud sustancial, está advirtiendo que la falta o conducta será antijurídica sí afecta el deber funcional sin justificación alguna. El Injusto disciplinario, se reitera, contiene la conducta del servidor público, es decir, su incumplimiento a los deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Por, eso en el derecho disciplinario la clave es el desvalor de la conducta en la infracción del deber que implica directamente el incumplimiento de los fines del 2 Sentencias C-088 de febrero 13 de 2002 y C-155 de marzo 5 de 2002. Corte Constitucional. 3 Artículo 5 de la Ley 734 de 2002 “Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.”. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 Estado; siendo entonces el fundamento constitucional del derecho disciplinario las relaciones de sujeción especial. 3ª. Es claro que la actuación del Secretario de Educación RAFAEL ÁNGEL

CASTILLO PACHECO, para la época de los hechos, frente al tema del derecho fundamental de petición fue CULPOSA, pues si bien, le dio respuesta a la solicitud de la quejosa esta fue de forma incompleta como ella misma lo sostuvo en la queja, lo acepto el investigado y lo ratificó el juez de tutela en providencia de 15 de diciembre de 2005 al tutelar parcialmente el derecho fundamenta de petición a la señora BANDERAS JÍMENEZ ordenando dar respuesta de forma completa a la petición de 4 de octubre de 2005 (fl. 47). Sin embargo, el acatamiento a la decisión judicial se dio sólo hasta el 20 de enero de 2006 (fls. 23 a 28), la cual no satisfizo los intereses de la quejosa, por lo que presentó incidente de desacato ante el juez de tutela el 10 de febrero de 2006 (fls 29 a 30) y aunque no obra en el plenario la decisión judicial que resolvió el desacato, el despacho observa de las documentales visibles a folios 23 a 28 y 166 que si se dio cumplimiento a la decisión judicial en los parámetros ordenados ya no por el sujeto disciplinable sino por la Jefe de División de Gestión Administrativa y Talento Humano de la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico a quien se le encargo tal función. De lo anterior concluye el Despacho, que el investigado realizó una conducta negligente, dilatoria del derecho de petición de la quejosa, pues si bien resolvió la petición esta no fue de fondo, lo que hace evidente e indiscutible una actuación culposa. El Despacho comparte algunas precisiones hechas por la primera

instancia, tendiente a responsabilizarlo de la comisión ilícita disciplinaria culposa, pues su conducta de ninguna transcendencia nacional o que hubiere comprometido la vulneración de otros derechos fundamentales de mayor jerarquía. Sobre el derecho fundamental de petición la H. Corte Constitucional, ha dicho: 4“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. (...) c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 4 Sentencia T-1075 de 13 de noviembre de 2003, M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde reitera la Sentencia T-377 de 2000, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, por esta sistematización sistematizó los elementos característicos del derecho de petición Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 (...) g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por

regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. » Bajo el criterio jurisprudencial expuesto se tiene que el investigado no justificó las razones que lo llevaron ha incumplir con el deber constitucional de dar respuesta oportuna y de fondo a la petición de la quejosa, siendo de su competencia constitucional y legal el deber de resolverla de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. El hecho de que los ciudadanos tengan que acudir a mecanismos judiciales para buscar el cumplimiento de los deberes propios de los servidores públicos atenta contra los principios de eficacia, economía y celeridad pues cuando se presenta tal omisión el Estado empieza a funcionar defectuosamente ya que se requiere de la intervención de otra autoridad (juez) para el cumplimiento de los deberes propios de la administración. Así las cosas, los argumentos del apelante de que si se le dio respuesta a la

peticionaria, pero que esa fue incompleta no lo exime de la responsabilidad disciplinaria calificada por el A quo, pues no probó justificación alguna que lo llevara ha incumplir con los deberes propios del cargo que se encontraba desempeñando, por el contrario si esta probado que incumplimiento de sus obligaciones dio paso a que el Estado funcionara defectuosamente como ya se dijo. Nota el despacho con extrañeza que al investigado sólo se le abrió pliego de cargos y se le investigó por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición de la señora ENEDYS MARÍA BANDERA JÍMENEZ, como quiera que no dio respuesta oportuna a la petición impetrada ante su despacho el día 4 de octubre de 2005, cuando no sólo se pedía investigar ese hecho, sino también se estudiara las posibles irregularidades sobre la ejecución del concurso de docentes, pues dentro de los hechos de la queja y el oficio No 430 visibles a folios 49 a 50 de la Directora de Descentralización del Ministerio de Educación Nacional le solicitó a la Asesora del Despacho del Delegado para la Descentralización de las Entidades Territoriales, que revisará como se estaba llevando a cabo el proceso de concurso de docentes y directivos docentes en el Departamento del Atlántico, pues al parecer se estaban presentando irregularidades con ejecución de la lista de elegibles en las plazas vacantes. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705 Lo anterior, fue advertido en la apertura de la investigación, pero nada se dijo al respecto en el pliego de cargos, pues sólo se calificó la conducta del investigado

por la vulneración al derecho fundamental de petición. El despacho deja claro que en aras del principio constitucional de la Prohibición de la reformatio in pejus5, y de lo establecido en los artículo 1166 y 171 parágrafo7 de la Ley 734 de 2002 CONFIRMA la providencia impugnada, sin hacer pronunciamiento alguno respecto al tema relacionado con las presuntas irregularidades con la ejecución de la lista de elegibles del Concurso de Méritos de docentes y directivos docentes que llevaba a cabo la Gobernación del Atlántico, en donde la quejosa hacia parte de dicha lista. Sin embargo, se le hace saber a la Procuraduría Regional del Atlántico que en lo sucesivo revise y desarrolle todos los puntos materia de la queja y aquellos en los que de oficio advierta la presencia de presuntas infracciones a los deberes que debe cumplir el servidor público investigado. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMASE la decisión de 28 de septiembre de 2008, proferida por la Procuraduría Regional del Atlántico, dentro del expediente No 071-1749806, mediante la cual se impuso a RAFAEL ÁNGEL CASTILLO PACHECO, en su condición de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Por la oficina de origen, notificar personalmente al implicado la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación

indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. 5“Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. (negrilla fuera del texto) 6 “Artículo 116. Prohibición de la reformatio in pejus. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único. ” (Subrayado fuera del texto) 7 “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.” Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 9 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705

TERCERO : Devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción y archive las diligencias

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBA CRISTINA GRUESO SANCHEZ

Procuradora Segunda Delegada

Vigilancia Administrativa Proyectó: AMG 071-17498-06 fallo 2ª. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 10 Carrera 5 N° 15-80 piso 8° PBX 5878705