PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Solicitud de medida cautelar de suspensión

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección como representante a la cámara por la circunscripción transitoria especial de paz -citrepno. 13, período 2022-2026 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Bogotá D.C., 8 de junio de 2022 Concepto No. 2022-06-NE094 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Sustanciadora Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2022-00047-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL

DEMANDANTE: DIONISIO ENRIQUE MAURY TAPIA

DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS

VARGAS SOLER COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR

LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PAZ NO. 13 – PERÍODO

2022-2026.

ASUNTO DE INTERÉS: VÍNCULO CON EMPLEADO PÚBLICO,

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

CON ENTIDADES PÚBLICAS.

Respetada Magistrada: Dentro del término concedido mediante auto de 27 de mayo de 2022, intervengo como Agente del Ministerio Público en el trámite de solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de JUAN CARLOS VARGAS SOLER como

Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz -CITREPNo. 13, período 2022-2026.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 25 de agosto del 2021, entró en vigor el Acto Legislativo 02, mediante el cual se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales tienen como finalidad permitir que grupos históricamente marginados por el conflicto armado, puedan participar en la conformación del poder político. 1.1.2. El día 13 de marzo de 2022, se celebraron las elecciones para Congreso de la República, período 2022-2026.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.3. Mediante formulario E-26 CTP, del 18 de marzo de 2022, se declaró la elección de JUAN CARLOS VARGAS SOLER, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz -CITREPNo. 13, período 2022-2026. 1.1.4. En ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del C.P.A.C.A, el ciudadano DIONISIO ENRIQUE MAURY TAPIA, demandó la elección de JUAN CARLOS VARGAS SOLER, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz-CITREPNo. 13, período 2022-2026.

1.1.5. En el mismo escrito de la demanda, solicitó como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Acta de elección de quien resultó electo; esto es, de JUAN CARLOS VARGAS SOLER. 1.2. Argumentos y normas que sustentan la solicitud de la medida cautelar Dentro de las consideraciones de la demanda, el apoderado de DIONISIO ENRIQUE MAURY TAPIA, presentó solicitud de suspensión provisional del acto de elección E-26 CTP del 18 de marzo de 2022, por medio del cual se eligió a JUAN CARLOS VARGAS SOLER, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz-CITREPNo. 13, período 2022-2026, al considerar que se desconoció que el demandado estaba incurso en las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 3º y 5º del artículo 179 de la Constitución Política de 1991, toda vez que (i) se encuentra vinculado (por matrimonio o unión marital de hecho) con persona que ejerce autoridad en la circunscripción electoral y (ii) administró recursos públicos, al haber sido representante legal de COAGROSUR.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la suspensión provisional de los efectos del Acto de elección de JUAN CARLOS VARGAS SOLER, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz-CITREPNo. 13, período 2022-2026

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Página 3 Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la suspensión provisional; ii) requisitos para aspirar a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; y, iii) luego analizará los fundamentos de la medida cautelar en el presente caso. 2.2. El mecanismo de la suspensión provisional y requisitos para su procedencia. La Ley 1437 de 2011, -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, estableció como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que se demandan en ejercicio de los distintos medios de control. Sobre el particular, la Sección Quinta ha analizado a profundidad las condiciones y requisitos que se deben agotar para su procedencia, indicando entre otros argumentos que, si bien tratándose de la medida cautelar del acto electoral no se reguló la medida provisional de urgencia, nada se opone para que la misma se decrete cuando se cumplan los requisitos para ello, en los términos del artículo 234 del CPACA. Igualmente, el legislador tampoco consagró un traslado previo de la solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la Sección Quinta, en aras de revestir de mayores garantías al demandante y a las partes intervinientes, encontró que nada se oponía a dar traslado de la solicitud de la medida antes de ordenar la admisión de la demanda, con el fin de escuchar a

unos y otros sobre su procedencia, la cual ha de decidirse en el auto admisorio y, por tanto, acude al artículo 233 el C.P.A.C.A, para ordenar el traslado previsto, a diferencia de otros medios de control regulados en la norma en cita, en los que la solicitud de medida cautelar se puede hacer en cualquier tiempo. Ahora bien, frente a los requisitos que se deben observar para que se suspenda un acto electoral se ha indicado que: i) La medida cautelar se debe solicitar (no es oficiosa), ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el actor sustente en escrito separado presentado con esta u otro posterior, siempre y cuando se pida antes de admitir la misma. Lo anterior exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. ii) Que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor, desde esta instancia procesal, es decir, cuando el proceso apenas comienza y para ello, pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado”.

Igualmente se ha advertido que, para resolver la solicitud de medida cautelar, el juez de lo contencioso “…debe efectuar un estudio, un análisis de los argumentos expuestos y

confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados al proceso para llegar al convencimiento sobre la procedencia o no de la medida, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del artículo 152 del C.C.A., en donde la infracción debía ser manifiesta” En consecuencia, con las pruebas presentadas en la demanda y los argumentos expuestos para solicitar la medida cautelar, al juez le corresponde efectuar un juicio previo de legalidad, el cual es provisional y, por tanto, puede variar al resolver el asunto de fondo, según la dinámica del proceso, razón por la que el artículo 229 del CPACA señala que, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Bajo ese análisis, la medida cautelar se puede decretar en el auto que admita la demanda si i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas se advierte violación de las mismas; o, ii) si del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico. Asimismo, corresponderá analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y los documentos allegados, para determinar su procedencia, en aras de garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo. 2.3. Las reglas normativas para aspirar a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz El artículo 40 constitucional consagra el haz de derechos políticos de los ciudadanos, entre ellos, elegir y ser elegido, así como formar parte de las corporaciones públicas y acceder al Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 desempeño de funciones y cargos públicos. También permite la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, lo que impone como deber para las autoridades, habilitar la posibilidad de participación efectiva en todos los niveles decisorios de la función pública de los ciudadanos en ejercicio.

El Gobierno Nacional y el grupo de las FARC-EP celebraron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el 24 de noviembre de 2016, sobre el cual, después de muchas discusiones sobre su alcance normativo, se entendió que requería del desarrollo por parte del Congreso de la República, tanto en la condición de Constituyente derivado, como de Legislador, por cuanto el precitado acuerdo carecía de fuerza normativa; Siendo necesario cualificarlo a través de la ratificación, para asegurar y blindar ese compromiso a través de la incorporación al ordenamiento jurídico con el fin de cumplir con lo pactado, facilitar su implementación y ofrecer garantías de seguridad y estabilidad jurídica, para la materialización del derecho y deber a la paz, contenido en el artículo 22 de la Carta Política. Fue así como la Corte Constitucional, mediante sentencia C-379 de 2016, declaró la exequibilidad del título del proyecto de Ley Estatutaria 1806 de 2016, “bajo el entendido de que el Acuerdo Final es una decisión política y la refrendación a la que alude el proyecto no implica la incorporación de un texto normativo al ordenamiento jurídico”, por

lo que era preciso elevar a rango constitucional y legal algunos aspectos de lo acordado. En el mismo sentido, en sentencia C-630 de 2017, mediante la cual revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, resaltó la relación entre la materialización del Acuerdo Final y el derecho-deber a la Paz: “En ese entendido del derecho a la paz, se ha indicado que el Acuerdo Final es un medio para concretar el derecho y deber a la paz, contenido en el artículo 22 Superior, que debe darse con respeto de la Constitución, y que al Constituyente haber habilitado a los órganos políticos para discutir su contenido concreto, no es necesario recurrir a figuras como una nueva constituyente, con el fin de derogar o sustituir la Constitución Política de 1991, sino encontrar mecanismos dentro del ordenamiento constitucional existente, para construir los diseños institucionales específicos y las Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 políticas públicas concretas, que le den un contenido material y tangible a dicho derecho”.

Bajo ese marco, el Acto Legislativo 01 de 2016 fijó un procedimiento legislativo especial

para las reformas constitucionales en el marco del Acuerdo de Paz, el cual se caracterizó por ser abreviado, excepcional y transitorio, que requería, entre otros aspectos, la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y el control automático de la Corte Constitucional, procedimiento que se denominó -fast track-. En tanto, mientras el Acto Legislativo 01 de 2016 estuvo orientado a reformar procedimientos de actos legislativos, una vez aprobado el mismo y convalidado por la Corte Constitucional, el Acto Legislativo 02 de 2017 tuvo por objeto “facilitar y asegurar” la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final, con el fin de “dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. El Acto Legislativo 02 de 2017 fue declarado exequible mediante la sentencia C-630 de 2017, destacando que esta reforma definió el Acuerdo Final como una política pública de Estado, que implica un compromiso y obligación de todas las autoridades de este y de la ciudadanía, para lograr en un corto, mediano y largo plazo, su cumplimiento e implementación de buena fe, a efectos de materializar el derecho y deber de la paz, artículo 22 constitucional. En ese orden, el constituyente derivado promulgó el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, “por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030”. El artículo transitorio 1, dispuso que “La Cámara de Representantes tendrá 16 representantes

adicionales para los períodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030, estos serán elegidos en igual número de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, uno por cada una de dichas Circunscripciones. La curul se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las listas deberán elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género”. Se crearon 16 circunscripciones, entre ellas, la número 13, compuesta por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur -todo estos en el Departamento de Bolívary Yondó (Antioquia). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 7 En cuanto a los requisitos para inscribirse como candidato, el artículo transitorio 3 dispuso que el registro de los candidatos solo se podía realizar por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres y grupos significativos de ciudadanos. Los partidos con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político Comunes, no pueden inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones. También señaló: “Los candidatos, además de los requisitos genérales, deberán ser ciudadanos en ejercicio y cuyo domicilio corresponda a la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno”. Finalmente, el artículo transitorio 5 señaló, en cuanto a los requisitos para ser candidato, que

se debía cumplir con los requerimientos generales establecidos en la Constitución y en la ley para los Representantes a la Cámara, además de los siguientes de naturaleza especial:

1. Haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección o,

2. Los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación, deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época.

PARÁGRAFO 1°. Para los solos efectos del presente acto legislativo, se consideran víctimas aquellas personas que individual -y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidado colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La condición de víctima individual o colectiva se acreditará según certificación expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

(UARIV).

PARÁGRAFO 2º. No podrán presentarse como candidatos quieres hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año.

PARÁGRAFO 3°. Dado el carácter especial de estas circunscripciones, los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de Paz con el Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual en los últimos veinte años, no podrán presentarse como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de Paz. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 8 PARÁGRAFO 4°. El Gobierno nacional reglamentará las sanciones de quienes habiendo sido elegidos en alguna de las circunscripciones transitorias ele Paz no cumplan con los requisitos y reglas establecidas en el presente acto legislativo. Para la reglamentación de las sanciones, el Gobierno nacional deberá tener en cuenta el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política. El Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, encargado de regular la creación de las 16 curules de paz, los requisitos de inscripción y la forma de elección, fue declarado exequible de manera integral e incondicionada, según el comunicado de la Corte Constitucional 07 de 10 de marzo de 20221. Entre las consideraciones del Tribunal Constitucional, quedó claro que la normativa tiene como propósito garantizar la representación de las víctimas en el Congreso de la República, apuesta por una medida de reparación en favor de quienes han vivido al margen del

desarrollo y han padecido las consecuencias de la violencia, lo cual redunda en el fortalecimiento de la democracia, el pluralismo político y la integración de los territorios. Consecuente con lo anterior, se expidieron, por un lado, el Decreto 1207 de 20212 “Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 20262030, en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021” y, por el otro, la Resolución No. 10592 de 2021 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, “Por la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento para la organización y dirección de la elección de los representantes adicionales a la Cámara por las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los períodos 20222026 y 2026 – 2030”. Lo que se constituye en desarrollos normativos que dan cuenta de las condiciones y las prohibiciones para la aspiración y elección en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. 1 Ver en https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/II.%20Comunicado%20No.%2007%20- %20Marzo%2010%20de%202022.pdf, vista el 19 de mayo de 2022. 2 ARTÍCULO 13. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz de quienes hayan sido candidatos o miembros de las direcciones de los partidos. No podrán presentarse

como candidatos quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con Personería Jurídica. Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya Personería Jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la inscripción. Igualmente, no serán candidatos quienes hayan hecho parte de las direcciones de los partidos o movimientos políticos antes señalados. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 9 En ese sentido, el Decreto 1207 de 2021, en el artículo 53 establece las condiciones y los requisitos, y, en los artículos 124 y 13 las prohibiciones, determinando el último que: Artículo 13. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz de quienes hayan sido candidatos o miembros de las direcciones de los partidos. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica. Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la inscripción. Igualmente, no serán candidatos quienes hayan hecho parte de las direcciones de los

partidos o movimientos políticos antes señalados. (Negrilla fuera de texto). En los mismos términos se relaciona en la Resolución No. 10592 de 2021 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la figura de inhabilidades especiales: Artículo 7°. Inhabilidades especiales. Además de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y en la ley para ser Representantes a la Cámara, no podrán inscribirse como candidatos a las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: 3 Artículo 5. Verificación de calidades y requisitos de los candidatos a/ interior de los movimientos ciudadanos. Los candidatos a ocupar las curules en estas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Los requisitos generales establecidos en la Constitución y la ley para ser elegido Representante a la

Cámara.

2. Haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección o, los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación, quienes deberán haber nacido o habitado en él, al menos tres años consecutivos en cualquier época.

3. Acreditar su condición de víctima del conflicto, en los términos del presente decreto.

4. Ser ciudadano en ejercicio y cuyo domicilio corresponda a la circunscripción desplazados de estos territorios en proceso de retorno. 4 Artículo 12. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz

para miembros desmovilizados de grupos armados al margen de la ley. Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de Paz con el Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual en los últimos veinte (20) años, no podrán presentarse como candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El término de los veinte (20) años, a que se refiere el inciso anterior, es el comprendido entre el 10 de diciembre de 1996 y el 10 de diciembre de 2016. Esta prohibición aplica igualmente para aquellos miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilizaron a partir del 1 o de diciembre de 2016, o que hayan reincidido en la comisión de delitos luego de haberse desmovilizado de manera individual y/o colectiva.

Parágrafo: El Consejo Nacional Electoral solicitará, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), la verificación en base de datos para establecer si los inscritos como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz, tienen o no la condición de desmovilizado colectivo o individual.

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1. Quienes en cualquier tiempo hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el

Congreso de la República o con personería jurídica.

2. Quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción.

3. Quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción.

4. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, en los últimos veinte (20) años.

(…). No obstante, la frase “Quienes en cualquier tiempo” de la causal de inhabilidad considerada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el numeral 1, “Quienes en cualquier tiempo hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica”, fue objeto de suspensión por el Consejo de Estado mediante providencia de 6 de diciembre de 20215, dentro del proceso de nulidad por inconstitucionalidad de radicado 11001-03-28-000-2021-00072-00, al considerarse contraria al texto previsto en el parágrafo 2° del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, que limita en el tiempo esa específica inhabilidad a que haya

acontecido dentro del plazo o término previsto al final de esa norma. Bajo los presupuestos mencionados, se analizará el caso del acto demandado y los argumentos expuestos en la medida cautelar. 2.4. Análisis del caso concreto Observa esta Delegada que se satisfacen los requisitos para el análisis de la solicitud de medida cautelar, en razón a que se realizó a petición de parte y fue debidamente sustentada, como expresamente lo prescribe el artículo 233, en concordancia con el 277 del CPACA. 5 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 2.4.1. Exigencias para la configuración de la inhabilidad de los numerales 3 y 5 del artículo 179 constitucional.

El Artículo 179 Superior, determina quiénes no pueden ser congresistas, así: “1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones

parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones. Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.”

De acuerdo con lo anterior, tenemos que del numeral 3 del artículo en comento, se desprende que la causal inhabilitante contiene en sí misma una multiplicidad de situaciones fácticas que pueden conllevar a su configuración, siendo estas: - La gestión de negocios ante entidades públicas; - La celebración de contratos en interés propio o de terceros ante entidades públicas y; - El haber desempeñado la representación legal de entidades que administren tributos y contribuciones parafiscales. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 12 Referente a la gestión de negocios ante entidades públicas y la celebración de contratos con las mismas, en interés propio o de terceros, el Consejo de Estado6 ha señala