PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Suplantación de electores

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C. 23 de mayo de 2007 Concepto N° 033 Doctor

REINALDO CHAVARRO BURITICA

Consejero Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso No. 110010328000200600134 00

Radicado Interno No. 4074-4075-4076 (acumulados) Actor: Antonio José Caicedo Abadía Asunto: Nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral especial de las Comunidades Negras, para el período 2.006-2.010.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para presentar alegatos de conclusión, como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia a continuación presento a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

ANTECEDENTES 1. - La demanda del señor ANTONIO JOSÉ CAICEDO ABADÍA Radicado interno número 4074 El señor Antonio José Caicedo Abadía, en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el H. Consejo de Estado, para que previos los trámites de los artículos 223 a 251 del Código Contencioso Administrativo, se efectúen las siguientes declaraciones: “PRIMERO: Que se declare la NULIDAD DE LA RESOLUCION No. 0909 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2006, NOTIFICADA POR ESTRADOS EL DIA 8 DE JUNIO DE 2006, EXPEDIDA POR EL CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES A LA CAMARA POR LA

CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS Y

SE ORDENO LA EXPEDICION DE LAS RESPECTIVAS

CREDENCIALES PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2006-2010.

SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES Nos. 0886, 0887, 0889, 0890 Y 0891 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2006,

EXPEDIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, POR

MEDIO DE LOS CUALES DECIDIERON UNAS RECLAMACIONES

PRESENTADAS POR PRIMERA VEZ ANTE EL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en todo el territorio nacional, excluyendo del cómputo general de la votación los votos depositados en las mesas de votación que fueron objeto de reclamación ante los Magistrados del Consejo Nacional Electoral y desestimadas conforme a los hechos de esta demanda; mesas que relaciona a folios (2 a 13) de la demanda.

CUARTA: Que se expida a quienes resulten ganadores en este nuevo escrutinio, las respectivas credenciales que los acrediten como los 2 nuevos electos Representantes a la Cámara por la Circunscripción

Especial de Comunidades Negras.” Hechos Dijo el actor que, para las elecciones a celebrarse el 12 de marzo del 2006, se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por la

circunscripción electoral especial de Comunidades Negras, avalado por el movimiento político Raíces Negras, en las elecciones a celebrarse el 12 de marzo de 2006. Señaló que efectuadas las elecciones se dio inicio a los escrutinios municipales, zonales y distritales, los cuales en algunos sitios fueron objeto de reclamaciones presentadas por algunos testigos, apoderados y candidatos, tal como lo reflejan las actas generales de escrutinio de cada comisión escrutadora. Indicó que el 19 de marzo se dio comienzo en cada uno de los Departamentos, a los escrutinios Generales practicados por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, presentándose igualmente reclamaciones de algunos testigos, candidatos o apoderados debidamente acreditados. Posteriormente el Consejo Nacional Electoral, conoció de los escrutinios nacionales de la circunscripción especial de Comunidades Negras, el que culminó con la expedición de las Resoluciones 0886, 0887, 0889,0890 Y 0891 de fecha 30 de mayo de 2006 y resolución 093 de 1 de junio de 2006. Que en desarrollo de los escrutinios anteriormente determinados, el actor presentó por primera vez reclamaciones ante los Magistrados del Consejo Nacional Electoral con fundamento en el artículo 192 del Código Electoral; más adelante señala que el inciso 1º del artículo 192 del Código Electoral, 3 concordante con lo reglado en el numeral 7º del artículo 265 de la Constitución Nacional, prevé que al Consejo Nacional Electoral le compete realizar el escrutinio general de toda votación nacional y hacer la declaración de elección y expedir sus credenciales; que por ello, se podían presentar por

primera vez, ante esa corporación, por parte de los candidatos, apoderados y testigos electorales debidamente constituidos las reclamaciones de que trata el artículo 192, siempre y cuando no hubieren sido objeto de reclamación por el mismo candidato testigo o apoderado. Seguidamente señaló que las reclamaciones que presentó, algunas de las cuales fueron por error aritmético, fundamentadas en la causal 11 del artículo 192, fueron despachadas desfavorablemente por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, aplicando en su sentir una teoría ilegal y arbitraria al tenor de lo estipulado en las Resoluciones que resolvieron las mismas; en tanto que las reclamaciones presentadas, alegaban y aportaban clara y específicamente la causa del error presentado en los formularios E11, E-14 y E24 y actas parciales de escrutinio, para que el Magistrado realizara un juicio objetivo en cada caso, con el cotejo de los documentos electorales, ordenando las correcciones del caso, o en caso de que el error fuera evidente, excluyendo las mesas de votación que presentaban dichas inconsistencias. Las mesas que fueron reclamadas, las relaciona a folios 15 a 18, y dijo que no obstante que los Magistrados manifestaron no ser competentes para conocer de esas reclamaciones con argumentos que reiteró, fueron arbitrarios e ilegales, realizaron algunas disquisiciones en relación a algunas de ellas, en una abierta contradicción con sus propias decisiones. Que al realizar dicha labor contradictoria, erró el Consejo Nacional Electoral en forma grave al hacer afirmaciones y motivaciones que rayaban con la

4 verdad, toda vez que, las reclamaciones decididas, eran distintas a las presentadas, pues en ellas, se hizo alusión a mesas de votación no reclamadas, como aconteció con la resolución 0886 de 2006, páginas 22 y 23. Con relación a otras reclamaciones presentadas, dijo que se las negaron bajo el mismo criterio de no ser competentes, soportando igualmente su decisión en el hecho de que las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras municipales, ya por vía de recuento de votos o porque habían anotado la frase “sin novedad” o “correcta”, consideraron que dichas votaciones tenían las correcciones pertinentes. Al respecto, se preguntó si no existía una desviación de poder al considerarse el Consejo Nacional Electoral competente para decidir algunas reclamaciones y otras no; circunstancia que violaba el principio de igualdad y debido proceso consignado en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política. Otras reclamaciones señaló haberlas presentado con fundamento en la causal 3ª del artículo 192 del Código Electoral, por cuanto las actas de los jurados no estaban firmadas al menos por dos de ellos; hechos ocurridos en Bogota en la zona 7, puesto 1, mesa 39; puesto 7, mesa 05; puesto 12, mesa 25; en el Municipio de Maria la Baja, zona 99, puesto 25, mesa 02; y puesto 29 mesa 10. Frente a dichas reclamaciones, dijo que el Consejo Nacional Electoral no les dio trámite ya que solo las enunció en la parte motiva y las negó en la parte considerativa (remitió a la Resolución 0887 de mayo 30 de

2006). Que la misma suerte corrieron las reclamaciones presentadas por esa causal con relación a tres mesas de votación de la zona 7 (Bosa) de Bogotá, en donde en la Resolución 0886 solamente se limitó a enunciar las mesas en la parte final del punto 2.58, sin tenerse en cuenta la parte motiva. 5 Estas circunstancias, constituyen en su sentir, una clara incongruencia entre lo pedido y lo fallado, lo cual hace nula la decisión por falsa motivación del acto administrativo, y contener la decisión un fallo infrapetita. En síntesis, manifestó que existe una falsa motivación y una clara desviación y abuso de poder al ignorar abiertamente las reclamaciones que en tal sentido se presentaron oportuna y fundamentalmente. Dentro de las reclamaciones presentadas con fundamento en la causal 11 señaló que se presentó un indebido escrutinio (mesas no escrutadas) por pretermitirse los requisitos del artículo 163 del Decreto 2241 de 1986, por lo que los resultados electorales de las mesas que relaciona a folios 20 a 21 no se encontraban soportadas en un registro electoral válido y por tanto no debieron ser contabilizadas. En dichas mesas, indicó, no existían formularios E-14C, ni E-24, ni E-23 que permitieran establecer que efectivamente existió un recuento de votos. Con relación a la causal 7 del artículo 192, que tiene relación con las reclamaciones presentadas en el escrutinio del Municipio de Buenaventura, dijo que era claro que la inexistencia del documento de entrega oportuna de los documentos electorales por parte del presidente de los jurados de

votación a los Delegados de la Registraduría Municipal de Buenaventura conforme lo establece el artículo 144 del Código Electoral constituía una falsedad que debía conllevar a la exclusión de las mesas, esta reclamación fue negada con el simple argumento de que no existía dicho documento. A folio 24 a 33 señala las mesas objeto de esa reclamación. Sostuvo que el día de las elecciones en los boletines de la Registraduría aparecía ocupando el primer lugar dentro de los Partidos y Movimientos 6 Políticos que participaban en la contienda electoral para ocupar una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de Comunidades Negras y que posteriormente se realizaron maniobras para suprimirle los votos legítimamente obtenidos y colocárselos a quienes no los habían conseguido. Normas violadas y concepto de la violación Como normas violadas cita el actor las siguientes:  Los artículos 171, 176 a 178, 209, 258, 260, 263, 265-1-5-7, 316. de la Constitución Política  Los artículos 84, 223 a 245 del Código Contencioso Administrativo.  Los artículos 7, 10, 13, 17, 18, 36, 44, 45 a 48 y 61 de la ley 446 de 1998.  Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14,123 a 193 del Decreto 2241 de 1986. Como concepto de violación expresa varios cargos a saber: 1.- La violación directa del ordenamiento jurídico vigente por inaplicación de

los artículos 171, 176, 228 y numerales 1 y 7 del artículo 265 de la Constitución Nacional; inaplicación del artículo 187 literal a); inaplicación del artículo 189 del Código Electoral; inaplicación de los artículos 187, 188, 189, 190, 191 y 192 e inaplicación parcial del artículo 193 del Código Electoral. Sostuvo el actor que, el Consejo Nacional Electoral es el garante, inspector y director de todas y cada una de las elecciones que se realizan en el territorio nacional y que como tal, tenía plena competencia para estudiar las actas de escrutinio y todos los documentos electorales del proceso electoral; bajo ese 7 entendido, mal podía afirmar como lo hizo en las Resoluciones que se acusan, que no tenía competencia para conocer las reclamaciones presentadas por primera vez ante la Corporación, las cuales hacían alusión a errores aritméticos; Que de lo anterior se deducía igualmente que el Consejo Nacional Electoral era la única y última instancia ante la cual se realizan los escrutinios nacionales, debiendo sujetarse a lo regulado en los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 del Código Electoral, aplicables por analogía, atendiendo al salvamento de voto hecho por el Magistrado Lizarazo Ocampo a la decisión contenida en la Resolución 0909 de junio 1 de 2006, en el que dijo, que aunque tales disposiciones se referían específicamente al escrutinio de los votos depositados para la elección de Presidente de la República, único cargo que antes de la Constitución del 91 se elegía por circunscripción nacional, debía aplicarse por analogía a los demás cargos y corporaciones

en virtud de la nueva Constitución. De otra parte sostuvo que el Consejo Nacional Electoral desconocía la facultad oficiosa de verificar los escrutinios hechos por sus Delegados y por las Comisiones Escrutadoras auxiliares, municipales y distritales y generales cuando se encontraran por si o a petición de parte errores aritméticos; cuando los resultados electorales no coincidían entre si; o existieran tachaduras en los nombres de los candidatos o en la cantidad de votos anotados a su favor, acudiendo a fundamentos ilegales o arbitrarios que los llevaban a prevaricar, violentando con su actuación el derecho fundamental de elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40 y 29 de la Constitución Política. De igual manera resaltó que las reclamaciones presentadas por primera vez por quienes intervinieron en el escrutinio nacional eran procedentes, pero que según el criterio de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, las mismas resultaron extemporáneas al manifestar que debieron ser 8 presentadas en las Comisiones Escrutadoras zonales o auxiliares, creando en su sentir, la teoría novedosa y arbitraria de que solo podían examinar errores aritméticos de las actas de escrutinio de sus Delegados y no de las Comisiones Escrutadoras municipales o auxiliares, presentándose una desviación de poder; comportamiento que consideró, violentaba lo reglado en el artículo 192 del Código Electoral. Al respecto, trascribe apartes del salvamento de voto del Dr. Lizarazo Ocampo, para concluir que la actuación desplegada por la mayoría de los Magistrados del Consejo era ilegal y

arbitraria, toda vez que se desconocía la competencia que les fue asignada expresamente por el citado artículo. También adujo que el Consejo Nacional Electoral con su errada y equivocada interpretación de las normas legales y Constitucionales violentó claramente lo regulado en el artículo 193 del Código Electoral, que permitía presentar reclamaciones por primera vez en una cualquiera de las Comisiones Escrutadoras si ellas tenían relación con las causales de reclamación del artículo 192, en tanto que las verificaciones y recuento de votos del artículo 164 si precluían en la medida en que ellas no fueron conocidas por vía de apelación al tenor de lo reglado en el inciso 3 del artículo 182. Que por ello, al no atender las reclamaciones por las causales 3, 7 y 11, se denegó la aplicación de la justicia electoral por la indebida y errada interpretación de las normas legales. 2.- Violación del principio constitucional del debido proceso: dijo el actor que con la expedición de los actos administrativos impugnados se desconoció el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política cuando sus consideraciones y parte resolutiva desconocían flagrantemente el Código Electoral, en la medida en que existiendo trámites, etapas y ritualidades que debían respetar y acatar, sus delegados no las desarrollaron como lo estipula el artículo 163 y 169 del Código Electoral. Que 9 las normas que señalan el debido proceso debían aplicarse a toda actuación judicial o administrativa, y en este evento, el escrutinio, debió realizarse de conformidad con lo reglado en el artículo 163 del Código Electoral.

Sobre el particular señaló que las comisiones escrutadoras zonales y municipales de los municipios relacionados en los hechos de la demanda dejaron de leer actas de escrutinio de los jurados de votación y no se mencionaron algunas de las mesas en el acta General; mesas que sin lugar a dudas no debieron ser consideradas en el proceso electoral. 3.- Por contener los actos administrativos impugnados una falsa motivación: dijo el actor que los actos administrativos impugnados contenían una falsa motivación en la medida en que desestimaron las reclamaciones que oportuna y fundadamente se presentaron; que se establecieron unos procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico vigente en la medida en que no se aceptó tramitar y estudiar las reclamaciones por primera vez presentadas ante los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, con el argumento de que las mismas eran extemporáneas; y que inexplicablemente consideraron estudiar algunas de ellas violentando el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. A folios 45 a 118 realiza el actor un cuadro comparativo de cada una de las reclamaciones que el Consejo Nacional Electoral decidió estudiar y desestimar con argumentos que consideró contradictorios. 4.- Por contener los actos administrativos demandados una clara desviación de poder: según el actor, del contenido del artículo 193 del Código Electoral se desprendía que la ley no hizo limitaciones ni distinciones de ninguna naturaleza, como pretendía hacerlo ver equivocadamente el Consejo Nacional Electoral cuando consideró que cada escrutinio auxiliar, municipal, 10 distrital y general contenía una etapa preclusiva para presentar reclamaciones. Seguidamente, realizó una síntesis de la competencia del

Consejo Nacional Electoral en relación con las distintas clases de elecciones, señalando que en el caso particular de circunscripción especial de Comunidades Negras, “las Comisiones escrutadoras auxiliares solo consolidan y contabilizan los resultados electorales, al igual que lo hacen las comisiones escrutadoras municipales y generales, presididas por los Delegados del Consejo Nacional Electoral asignados para cada ciudad o departamento, quienes no pueden realizar dicha declaratoria de elección; solamente lo realizan los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto es el máximo Tribunal de Justicia Electoral quien puede conocer de reclamaciones presentadas por primera vez interpuestas contra las actas de escrutinio de jurados de votación, formularios E-24, actas de escrutinio municipal y departamental.” Que desconociendo el Consejo Nacional Electoral esa cláusula de competencia de declaratoria de elección, la cual es la guía para interpretar las facultades optativas para presentar las reclamaciones de que trata el artículo 193 del Código Electoral, era quitarle la esencia y naturaleza mismas de las comisiones escrutadoras. 5.- Por contener los actos administrativos demandados, un claro abuso de poder: dijo el demandante que el Consejo Nacional Electoral en la expedición de sus actos desconoció todo el ordenamiento jurídico amparado en el poder que ostenta, con el único propósito de no tener que afectar los intereses políticos de quienes eventualmente salen perjudicados con las reclamaciones que oportuna y fundadamente presentaron los interesados. Adujo que era tan claro el abuso de poder, que quienes expidieron los actos administrativos omitieron su capacidad oficiosa consagrada en el artículo 189 del Código Electoral. Que tampoco atendieron las reclamaciones que tenían

que ver con la causal 3 del artículo 192 del Código Electoral, basada en la falta de firmas de los jurados. 11 Admisión de la demanda La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 19 de julio de 2006, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley. Contestación de la demanda El señor Silfredo Morales Altamar, contestó la demanda por conducto de apoderado judicial oponiéndose a todas y cada una de sus pretensiones. En relación con los hechos de la misma, admitió unos como ciertos y de otros dijo no constarle y que se atenía a lo que resultare probado dentro del proceso. Con relación a los cargos de la demanda, sostuvo que no debían prosperar porque el demandante no cumplía con el deber de explicar el concepto de violación de las normas que cita como violadas, ni individualizó a las razones por las cuales consideró que se violaron; que, el único hecho en el que sustentaba el actor la violación de las normas, resultaba falso, toda vez que de la lectura de las consideraciones del Consejo Nacional Electoral en relación con las reclamaciones presentadas por primera vez, dentro de las Resoluciones atacadas, se desprendía todo lo contrario; esto es, que en ningún momento negó su competencia para conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez. Que tampoco era cierto que el Consejo Nacional Electoral se negara a aplicar el escrutinio de votos depositados por las listas correspondientes a la circunscripción especial de Comunidades Negras, ya que de conformidad con el artículo 187 era el competente, pero que de conformidad con la sentencia de 18 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, se desprendía

12 que su competencia lo era con base exclusivamente en las actas de escrutinio y registros electorales elaborados por sus Delegados, y que solo excepcionalmente en virtud de apelación contra una decisión de sus delegados o desacuerdo de las comisiones municipales podía entrar a revisar los registros efectuados por las comisiones escrutadoras distritales o municipales. Con idénticos argumentos dijo que debían despacharse las demás pretensiones en relación a la inaplicación del Código Electoral, ya que en ningún momento el Consejo Nacional Electoral manifestó la extemporaneidad de las reclamaciones presentadas por el demandante; que sobre este punto debía hacerse la distinción entre la competencia del Consejo Nacional Electoral para conocer de reclamaciones que se presenten por primera vez y las reclamaciones que conozca en segunda instancia y la competencia derivada de uno u otro evento. En cuanto al salvamento de voto a que alude el demandante, sostuvo que por sí solo no evidencia el desconocimiento de normas legales que impliquen desviación de poder o falsa motivación, ni que tal circunstancia por si sola torna la decisión en ilegal. Respecto a la violación del debido proceso, señaló que la parte demandante tuvo la oportunidad en cada una de las etapas del escrutinio de realizar las solicitudes procedentes y elevar las respectivas reclamaciones, y que en ningún momento se le impidió ejercer tal facultad. Finalmente, propuso el apoderado la excepción de caducidad aduciendo que según la hoja individual de reparto que imprime la Secretaria de la Sección Quinta y que se incorpora al expediente (ver folio 371), la demanda aparece 13 presentada con fecha 12 de julio de 2006, es decir, un día después de que

caducó la acción. De otra parte, señaló que al momento de fallar, debía tenerse en cuenta el principio de eficacia del voto. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De manera previa al estudio del asunto de fondo se referirá esta Agencia del Ministerio Público a la excepción de caducidad propuesta por el apoderado de la parte opositora. El apoderado de la parte opositora señala que en el asunto en examen se ha presentado el fenómeno de la caducidad de la acción porque “según la hoja individual de reparto que el funcionario de la Secretaría de la Sección Quinta imprime cuando recibe la demanda y que se incorpora al expediente (fl. 63), la demanda fue recibida el 12 de julio de 2006 y repartida en la misma fecha; un día después de aquél en que caducó la acción” El argumento no está llamado a prosperar y la excepción de caducidad ha de ser denegada habida consideración de que la demanda fue presentada dentro del término de Ley. El acto acusado se notificó el 8 de junio del 2006, según constancia expedida por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (ver folio 68) y la demanda se presentó el 11 de julio del 2006, como se aprecia en el matasellos que se imprime en el folio 16 de la demanda y en el que se aprecia que la demanda fue presentada personalmente en la Secretaría de la Sección Quinta el 11 de 14 julio del 2006, ultimo día hábil dentro del cual era susceptible de interponerse

la acción. Ahora bien, la caducidad de la acción tiene como fecha límite la presentación de la demanda, este acto es el que interrumpe, impide que reproduzca la caducidad, no el de reparto al Magistrado como lo pretende el actor y que en los términos del artículo 233 del Código Contencioso Administrativo “deberá ser repartida el mismo día o a más tardar el siguiente hábil” que es lo que acontece en el sub examen y se esclarece con la certificación expedida por la Secretaría de la H. Sección Quinta, obrante a folios 142 y siguientes del plenario. EL ASUNTO DE FONDO Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio en el trámite del procedimiento que se ha surtido hasta este momento se procede a emitir el concepto de rigor que le corresponde. Con el ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral pretende el demandante que se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaro la elección de los dos (2) Representantes a la Cámara que se eligen por la circunscripción electoral especial de las Comunidades Negras. De conformidad con la demanda y siguiendo lo señalado en ella, se efectuará el estudio de los cargos formulados por el actor y con fundamento en los cuales pretende desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto de elección expedido por el Consejo Nacional Electoral. 15

Primer cargo: Violación de los artículos 171, 176, 265 -1 y 7 de la Carta Política; 187, letra a), 188, 189, 190, 191y 192 del Código Electoral por inaplicación e indebida interpretación Este primer cargo a la luz del artículo 84 del Código Contencioso

corresponde a la causal de nulidad de los actos administrativos, que dice que se podrá solicitar la nulidad de éstos cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse. El quebrantamiento del ordenamiento se presentó según el demandante porque el Consejo Nacional Electoral, en el curso de los escrutinios que efectuara para la elección de los dos (2) Representantes a la Cámara por la circunscripción especial de las Comunidades Negras, se negó a considerar las reclamaciones que con fundamento en el artículo 192 del Código Electoral, fueron presentadas por primera vez. Dijo el demandante, que al Consejo Nacional Electoral le corresponde la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y que tiene plena competencia para estudiar las actas de escrutinio de mesa de votación o formulario E-14, el resultado mesa a mesa consignado en el formulario E-24; las Actas de Escrutinio Municipal, Auxiliar, Distrital y Departamentales y todos los documentos electorales elaborados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que son utilizadas por las personas que intervienen en el proceso electoral, por tal razón, el Consejo Nacional Electoral no podía, como lo señaló al expedir las Resoluciones 0886, 0887, 0889, 0890 y 0891 y la 0909, abstenerse de darle curso a las reclamaciones que por errores 16 aritméticos le fueran formuladas, con el argumento de que no tenia competencia para conocer y decidir sobre las mismas. El proceso electoral se ha instituido sobre el principio de la preclusividad, y se desarrolla agotando etapas bien determinadas y definidas en las disposiciones del Código Electoral, en las que, cada una de las autoridades

que interviene en el desarrollo de la misma, tiene asignada su especial competencia. Agotada la etapa se continúa con la subsiguiente, pero sin que sea posible retrotraer la actuación a situaciones ya concluidas y consolidadas y mucho menos so pretexto del ejercicio de competencias que las normas no han consagrado; en primera medida porque ello implicaría desconocer el carácter célere del procedimiento electoral, que el mismo se haga inacabable, y además, porque le impondría al Consejo Nacional la asignación de funciones que no le son propias, como por ejemplo realizar el escrutinio de los votos depositados en las mesas de votación o efectuar recuentos de los mismos, funciones que les corresponde a los jurados de votación o a las comisiones escrutadoras, o decidir sobre reclamaciones que no tienen cabida por cuanto que la misma ley ha señalado la oportunidad en la que se han de formular. Las reclamaciones sobre las que tiene competencia el Consejo Nacional Electoral para conocer y decidir, no están referidas con las etapas antecedentes al escrutinio que realiza la Corporación sino a las que surgen como consecuencia del escrutinio que realiza, el que se efectúa con base en los documentos elaborados por los Delegados del Consejo que constituyen su soporte; por manera que no es dable, so pretexto de que se pueden presentar por primera vez reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral solicitar el recuento de los votos depositados en una mesa de votación cuando esa etapa ya se ha agotado. 17 La sentencia que profiriera el H. Consejo de Estado al decidir la acción de nulidad impetrada contra la elección de los Senadores de la República, período 2002 – 2006, es clara, en ella se señalan las razones por la cuales

se precisa que la competencia del Consejo Nacional Electoral no se predica ab initio del proceso electoral y que la plena y completa competencia que le asigna el artículo 192 del Código Electoral para apreciar cuestiones de hecho y de derecho no comprenden todo el proceso sino aquél que le corresponde realizar a la Corporación y que, como atrás se señaló, se hace con fundamento en los documentos electorales elaborados por los Delegados del Consejo Nacional Electoral. Con la venia de la H. Corporación esta Procuraduría se permite transcribir el aparte de la sentencia a que se ha aludido y que considera pertinente para oponerla a los argumentos que trae el actor y desestimar la pretensión de nulidad que con fundamento en ellos ha estructurado.

Dijo la H. Corporación: “2.4.3. LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 2.4.3.1. El artículo 120 de la Constitución Política instituyó la Organización Electoral en los siguientes términos: “ART. 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas”.

El Consejo Nacional Electoral tiene asignadas sus funciones en el