PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto que fijó liquidación oficial de

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que fijó liquidación oficial de aforo del impuesto predial IMPUESTO PREDIAL-Su base gravable es el avalúo catastral IMPUESTO DE RENTA-Base gravable al momento de enajenación de inmuebles IMPUESTO DE RENTA-Instrumentos para la determinación del valor comercial de inmuebles IMPUESTO PREDIAL-Reglas para la actualización del avalúo de los inmuebles Como bien lo precisó el a quo y comparte el Ministerio Público, la norma señalaba una forma particular de determinar el valor comercial de inmuebles, procedimiento que también resulta aplicable para establecer el avalúo a partir del cual se fija el Impuesto de Predial de un inmueble. A su vez, la regla hace referencia al avalúo catastral de los inmuebles urbanos indicando únicamente un límite inferior y no un superior, cuando dispone que dichos avalúos no puedan ser inferiores al 40% del avalúo comercial. IMPUESTO PREDIAL-Competencia para efectuar el avalúo de los inmuebles Adicionalmente, se preceptuaba con claridad que el avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por el Instituto Agustín Codazzi o por las Lonjas de Propiedad Raíz o sus afiliados y que los contribuyente pueden objetar el avalúo, y pedir que se practique un nuevo avalúo a su consta por parte de una lonja de propiedad raíz, el Instituto Agustín Codazzi o los catastros municipales. IMPUESTO PREDIAL-Pueden aplicarse las normas que regulan la práctica de pruebas contenidas en el C. C. A.

Sin embargo, para los efectos probatorios de la vía contencioso administrativa, deben aplicarse las normas que regulaban la práctica y discusión de las pruebas, contenidas en el Código Contencioso Administrativo anterior; pues, este Estatuto es el aplicable al presente proceso y habida cuenta que de acuerdo con el mismo las decisiones judiciales se deben fundamentar en los hechos demostrados y la aplicación de las normas jurídicas pertinentes a cada caso, según los artículos 169 y 170 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984). VALORACIÓN PROBATORIA-Deben evaluarse en sede judicial las practicadas por la administración DICTÁMEN PERICIAL-El juez tiene la competencia para estudiarlo bajo la sana crítica y en libertad de valorar sus resultados Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 19749 2 DICTÁMEN PERICIAL-Requisitos que debe contener el informe RECURSO DE APELACIÓN-No es la oportunidad procesal para cuestionar una prueba o dictamen pericial DICTÁMEN PERICIAL-Objeción por error grave DICTÁMEN PERICIAL-Su objeción no puede fundarse en apreciaciones subjetivas ausentes de asidero fáctico Expediente 19749 3 Concepto 054 - 2013 - 98653 Bogotá D.C., 8 de abril de 2013 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia

Referencia: 050012331000199903966 01

Radicado: 19749

Asunto: IMPUESTO PREDIAL

Actor: Poblado Country Club S.A.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES: 1.- De la demanda se resumen los siguientes hechos: 1.1.- La sociedad Poblado Country Club, es propietaria de un predio ubicado en la Diagonal 28 No. 16-129 (0300) del Barrio Asomadera de Medellín. 1.2.- Mediante la Resolución de Actualización No. 004 de 1998, la División de Catastro fijó el avalúo catastral del predio citado en $31.352.513.000. Frente a lo señalado la sociedad propietaria solicitó la revisión del avalúo el 10 de febrero de 1999.

Sustentó que el valor comercial del inmueble, incluyendo las diferentes dependencias, ascendía a $22.966.900.000; es decir, un valor inferior al avalúo catastral, y destacó que la política del municipio de Medellín, era fijar los avalúos catastrales en un 45% o 50% de los avalúos comerciales. Agregó que en la Resolución No. 10461 de 1997, la misma autoridad fijó el avalúo en $16.618.901.000, por lo que, se produjo un incremento en el año 1998 correspondiente a 88.49%. 1.2.- Expuso que mediante Resolución No. 812 de 1999, el Director de la División de Catastro rectificó parcialmente la Resolución de Actualización No. 004 de 1998, fijando el nuevo avalúo del predio mencionado en $23.990.552.000

a partir del primer trimestre de 1999. Acto que fue recurrido por la sociedad y confirmado por la administración. Expediente 19749 4 1.3.- Indicó que la Secretaria de Hacienda de Medellín liquidó los tres primeros trimestres de 1999, teniendo en cuenta el avalúo de $31.325.513, para un total de $129.217.741 y luego de la ejecutoria de la Resolución SH 18-33 de la Secretaria de Hacienda Municipal se realizó la liquidación con el valor de $23.990.552.0000, que corresponde al último trimestre de 1999. Insistió en que si se hubiera acogido el valor presentado por el contribuyente el valor a pagar sólo sería de $64.608.870. 2.- La sociedad Poblado Country Club S.A. instauró la acción de nulidad y restablecimiento prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, y solicitó la nulidad de la Resolución No. 812 de 24 de marzo de 1999, proferida por el Director de Catastro Municipal de Medellín; de la Resolución No. 5607 de 12 de julio de 1999, del Subsecretario de Catastro de la misma entidad, y de la Resolución SH-18-133 de 6 de agosto de 1999 de la Secretaria de Hacienda de Medellín. Invocó como normas violadas los artículos 13 y 363 de la Constitución Política; el artículo 9 de la ley 14 de 1983, y el artículo 30-3 del Acuerdo Municipal 70 de 1997. En cuanto al concepto de violación afirmó que por haberse fijado un avalúo catastral superior al avalúo comercial del inmueble se vulneró la ley 14 de 1983.

Explicó que la Administración no aplicó los mismos criterios con los diferentes contribuyentes del impuesto predial y el avalúo consignado en la Resolución No. 812 de 1999 no corresponde con la realidad, porque el valor comercial del inmueble era de $21.501.380.000. Adicionalmente se invocó como fundamento del avalúo presentado por la Administración, algunas compraventas realizadas en la zona, sin precisar cuales, ni ponderar las particularidades del predio valorado. 3.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 25 de junio de 2012, declaró la nulidad de los actos demandados. Consideró que correspondía establecer si el avalúo fijado por el Municipio de Medellín en los actos acusados era coherente con las condiciones físicas, jurídicas y económicas del inmueble objeto del proceso, y si el avalúo catastral puede exceder el valor comercial del inmueble. Observó la Sala que en el caso sub examine la sociedad contribuyente solicitó la revisión ante el Municipio de Medellín y esta entidad tramitó de manera oportuna tal solicitud, de acuerdo con las normas vigentes; por tanto, aún cuando la respuesta fue negativa, no se vulneró de ninguna forma los preceptos legales invocados. En cuanto a la política de la entidad municipal de aplicar el 50% de los valores comerciales como valores catastrales, encontró la Sala que no se probó con las pruebas practicadas y la normatividad señalada que la contribuyente tuviera derecho a obtener un avalúo inferior al 100% del valor asignado, porque la administración tiene una base mínima del 40% y una máxima del 100% para fijar el valor cuestionado.

Expediente 19749 5 Explicó que los actos acusados se fundamentaron en las competencias atribuidas al municipio, así como en la obligación de mantener actualizado el censo predial y las condiciones y características detectadas en predios de la actora que condujeron al aumento en el avalúo, por lo cual, no puede considerarse una falsa motivación; pues, los supuestos fácticos y jurídicos concuerdan con la decisión tomada y obedecen a la realidad encontrada en el momento. Destacó que en el expediente la única prueba técnica del valor comercial del inmueble para el año 1999, es el dictamen practicado dentro del proceso judicial, el cual no fue objetado por las partes, y en el cual se indica que el valor del bien corresponde a $21.501.380.000; por tanto, dado que el avalúo catastral no puede superar el 100% del valor comercial, los actos administrativos que consagraron un valor mayor, sobrepasaron el avalúo comercial. Dicho valor establecido en el dictamen técnico se considera razonable y es comparable con los avalúos anteriores fijados por la administración; por tanto, se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. 4.- La entidad municipal demandada presentó recurso de apelación afirmando que el valor fijado por la municipalidad tiene como parámetro la normatividad vigente, esto es, la ley 223 de 1995, artículo 79, parágrafo 2; y se elaboró con base en investigaciones en el mercado de la zona y su construcción, con información extraída de la revista construdata, por personal idóneo y directrices del instituto Agustín Codazzi. Manifestó que el valor del metro cuadrado que acepta el despacho no puede

aceptarse si se considera la ubicación del inmueble en un sector tan prestigioso, y el entorno calificado de estrato seis, con construcciones de hasta 23 pisos con excelentes acabados, y no se trata de un sector de alto riesgo, factor que no debió considerarse por el perito para devaluar el predio. Insistió en que no se dan razones de peso para sustentar el avalúo comercial, ni se aplica la metodología del Instituto Agustín Codazzi para estos casos. Mencionó que el valor tomado por el Tribunal, y el propuesto inicialmente por la demandante no puede ser sostenido por el perito de la justicia. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema principal en esta instancia se centra en establecer la procedencia de la utilización del avalúo practicado con ocasión del proceso y si resultan aceptables las objeciones que expone la parte demandada en la presente instancia. 1.- Normas aplicadas. Para principiar es necesario analizar el contenido de las normas que hacen referencia al avaluó para efectos del impuesto predial que es objeto de debate. ARTÍCULO 79. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: Expediente 19749 6 'Artículo 90-1. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Cuando el Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca que el valor de enajenación de los bienes raíces que aparece en las respectivas escrituras, es inferior en más de un cincuenta por ciento (50%) al valor comercial del correspondiente predio en el momento de enajenación, podrá tomar como valor comercial de enajenación y para todos los demás fines del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor comercial determinado en la forma prevista

en este artículo, menos el 50% de margen de error. 'Para la determinación del valor comercial de los inmuebles, los administradores de impuestos y aduanas nacionales deberán utilizar estadísticas, avalúos, índices y otras informaciones disponibles sobre el valor de la propiedad raíz en la respectiva localidad, suministradas por dependencias del Estado o por entidades privadas especializadas u ordenar un avalúo del predio, con cargo al presupuesto de la DIAN. El avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por el Instituto Agustín Codazzi o por las Lonjas de Propiedad Raíz o sus afiliados. En caso de que existan varias fuentes de información, se tomará el promedio de los valores disponibles. 'Cuando el contribuyente considere que el valor comercial fijado por la Administración Tributaria no corresponde al de su predio, podrá pedir que a su costa, dicho valor comercial se establezca por la lonja de propiedad raíz, el Instituto Agustín Codazzi o los catastros municipales, en los municipios donde no operen las lonjas. Dentro del proceso de determinación y discusión del impuesto, la Administración Tributaria podrá aceptar el avalúo pericial aportado por el contribuyente o solicitar otro avalúo a un perito diferente. 'En caso de que haya diferencia entre los dos avalúos, se tomará para efectos fiscales el promedio simple de los dos. 'PARÁGRAFO 1o. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTROS. El artículo 5o., de la Ley 14 de 1983 y el artículo 74 de la Ley 75 de 1986, quedarán así: 'Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o

actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. 'PARÁGRAFO 2o. El avalúo catastral de los bienes inmuebles urbanos no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) de su valor comercial. 'Establécese un período de transición de cuatro (4) años (1996-1997-1998 y 1999) para dar cumplimiento total a la presente norma. (Subrayados fuera de texto) Como bien lo precisó el a quo y comparte el Ministerio Público, la norma señalaba una forma particular de determinar el valor comercial de inmuebles, procedimiento que también resulta aplicable para establecer el avalúo a partir del cual se fija el Impuesto de Predial de un inmueble. Expediente 19749 7 A su vez, la regla hace referencia al avalúo catastral de los inmuebles urbanos indicando únicamente un límite inferior y no un superior, cuando dispone que dichos avalúos no puedan ser inferiores al 40% del avalúo comercial. Adicionalmente, se preceptuaba con claridad que el avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por el Instituto Agustín Codazzi o por las Lonjas de Propiedad Raíz o sus afiliados y que los contribuyente pueden objetar el avalúo, y pedir que se practique un nuevo avalúo a su consta por parte de una lonja de propiedad raíz, el Instituto Agustín Codazzi o los catastros municipales.

Estos cánones son procedentes para las actuaciones que se realicen por parte de la Administración y además, regulan las reclamaciones por parte de los administrados frente a dichos actos. Sin embargo, para los efectos probatorios de la vía contencioso administrativa, deben aplicarse las normas que regulaban la práctica y discusión de las pruebas, contenidas en el Código Contencioso Administrativo anterior; pues, este Estatuto es el aplicable al presente proceso y habida cuenta que de acuerdo con el mismo las decisiones judiciales se deben fundamentar en los hechos demostrados y la aplicación de las normas jurídicas pertinentes a cada caso, según los artículos 169 y 170 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984). ARTÍCULO 168. PRUEBAS ADMISIBLES. Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. ARTÍCULO 169. PRUEBAS DE OFICIO. Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. El texto vigente hasta esa fecha es el siguiente: En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso. ARTÍCULO 170. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. El texto vigente para la época es el siguiente. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas. (Subrayados fuera de texto) Expediente 19749 8 Cabe destacar que la práctica de las pruebas tiene como finalidad aportar al fallador el convencimiento y los motivos para resolver las peticiones, de allí la gran importancia y prevalencia de las pruebas practicadas dentro de la jurisdicción, frente a las practicadas en la vía gubernativa o procedimiento administrativo. No quiere decir, esto último que las pruebas practicadas ante la Administración no deban ser consideradas, sino que deben ser retomadas en su análisis junto a las nuevas que se presentan y también adquieren el carácter de sumarias cuando son puestas a disposición de las partes para discusión dentro del

proceso jurisdiccional. Cabe destacar que si presenta una prueba como un dictamen que no fue objetado en la oportunidad respectiva, la valoración de la misma puede ser plena por parte del juez; sin que ello signifique que tenga el carácter de plena prueba por ese simple hecho. Sobre este particular en sentencia de la sección tercera de veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), Radicación número: 07001-23-31-000-200000177-01(23778), se ha manifestado: El juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”. (…) En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho. Adicionalmente, resulta conveniente mencionar que no es el recurso de apelación la oportunidad procesal correspondiente para cuestionar una prueba o dictamen pericial, pues, para ello la norma procedimental ha establecido el

traslado de las mismas a las partes y la oportunidad para cuestionarlos u objetarlos. Tales inconformidades que deben ser decididas en la sentencia. Complemento de lo anterior, acerca de la valoración del dictamen por parte del juez, en sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 24 de marzo de dos mil once (2011), Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00887 01(17344), se explicó: “Observa la Sala que la valoración del dictamen pericial no está sometida a una tarifa legal, ni un experticio per se tiene el valor de plena prueba. El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala que “ al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Es decir, si el juez no encuentra que la prueba está bien fundamentada, tiene la facultad de separarse de ella. Expediente 19749 9 La prueba pericial se valora de acuerdo con la sana crítica. En virtud de este principio el juez tiene la facultad de analizar el dictamen, no sólo por sus conclusiones, sino por los elementos que tuvo en cuenta el experto para emitirlo. De manera que si alguno de esos elementos no otorga la certeza suficiente para soportar el dictamen, simplemente el dictamen pierde su valor, sin que esto signifique que se confunda la prueba pericial con otro medio probatorio1. No prospera el cargo”. (Subrayados fuera de texto) 2.- Caso concreto. En el presente caso se encuentra acreditado dictamen pericial practicado sobre

el inmueble ubicado en la Diagonal 28 No. 16-129 (0300) para el año de 1999; además, obra constancia que contra el mismo no se presentó ninguna objeción por las partes con lo cual dicha prueba técnica adquirió la calidad de sumaria. Asimismo, se estableció que el dictamen discriminó los valores correspondientes al inmueble de acuerdo con el terreno, construcciones terminadas y parqueaderos, fue realizado por una persona competente en forma personal, ratificado por un experto en actividad inmobiliaria, presentado de manera razonada de acuerdo con la materia, debidamente fundamentado, claro, coherente, y sujeto a contradicción de las partes, sin que hubiese sido objetado; por tanto, se puede concluir que tiene eficacia probatoria y no es cuestionable como fundamento de la decisión del juez. Sobre esta temática en sentencia de la sección tercera de 21 de marzo de 2012, antes citada, se mencionó: “8.2.1.1.2 Ha considerado la Sala que para que el dictamen de expertos que obre en el proceso, pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal 2 y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su

imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que de cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo 1 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 25 de marzo de 2010, exp. 16663 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 2 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss. Expediente 19749 10 mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones3. En relación con lo que debe entenderse como error grave, no hay discusión en la jurisprudencia que éste es el que se opone a la verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito; por lo tanto, no constituirán error grave las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. Criterio

sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha hecho claras precisiones, que han sido acogidas por esta Corporación. Dijo la Corte: “...si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos…pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje…es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven..., de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada...”4. (Subrayados fuera de texto) A partir de lo expuesto no queda duda que la remisión a la aplicación del dictamen técnico resulta acertada; mientras que por otra parte, no resulta aceptable la interpretación que realiza la demandante en el sentido de afirmar que no existe un soporte real en la determinación del valor comercial del bien. Débese insistir que no es el recurso de apelación la oportunidad procesal para

formular objeciones al dictamen pericial, debido a que estas inconformidades debieron haber sido presentadas en el término del traslado de dicha prueba. Tampoco es de recibo que se argumente por parte de la entidad recurrente que la ubicación del inmueble en un sector prestigioso, y en estrato seis, no fue considerada por el perito para evaluar el predio; porque al contrario, dichas características o condiciones del predio se encuentran plenamente descritas en el dictamen y son el sustento de la valoración del terreno y las construcciones en el inmueble objeto de dicho estudio. 3 Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, M. P. Ruth Stella Correa Palacio. 4 Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, exp. 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en sentencia C-807 de 2002. Expediente 19749 11 Además, no se hallaron elementos de juicio suficientes para afirmar que se presentó error grave en el dictamen, por ausencia o indebida aplicación de una metodología, habida cuenta que la objeción presentada en el recurso tiene su soporte en afirmaciones subjetivas ausentes de un asidero fáctico suficiente que demuestre una discrepancia significativa entre el valor real del bien frente al establecido en el dictamen y considerado por el Tribunal para declarar la nulidad de los actos demandados. Por las razones expuestas, considera el Ministerio Público que el recurso presentado no está llamado a prosperar y solicita respetuosamente se confirme la sentencia impugnada. De los Señores Consejeros,

ÁLVARO JOSÉ MARTÍNEZ ROA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado