PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto que niega pago de salarios y pr

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega pago de salarios y prestaciones con ocasión de reintegro ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-El pago de salarios y prestaciones debe ser ordenado por el juez ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procede contra el oficio que ejecuta resolución de cumplimiento de fallo de Tutela Continuando con lo ya mencionado, se tiene que la demandante presentó una petición en aras de lograr el reconocimiento y pago de los efectos económicos que surgieron al ordenar su reintegro, obteniendo como respuesta el oficio demandado; por lo tanto, no puede considerarse que el acto acusado era a título de información como lo pretende hacer ver la entidad demandada, señalando que su negativa obedeció a que el Juez de Tutela no ordenó realizar ningún pago, y que se dio cumplimiento por parte de ellos a lo que estrictamente se ordenó en el fallo de tutela; luego, desde el momento en que se expide la Resolución No.0-5103 del 29 de octubre de 2009, por medio de la cual se resuelve reintegrar a la parte actora en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos, queda sin efectos la resolución por medio de la cual se le declaró insubsistente. ACTO DE EJECUCIÓN-Es demandable si la administración se aparta del alcance de la decisión/ACTO DE EJECUCIÓN-Comprende no solo el reintegro del empleado sino el pago de salarios y prestaciones ACTO DE EJECUCIÓN-Si reconoce solo el reintegro en abstracción del

pago de salarios y prestaciones vulnera los derechos al trabajo y al salario Corolario a lo anterior, no cabe duda que el oficio demandado creó una situación jurídica que modificó las condiciones de la demandante, y que dado su alcance se vislumbra como acto administrativo; en este sentido, cabe indicar que la negativa de la Fiscalía al pago de los salarios y prestaciones solicitados por la actora, va en contravía del derecho al trabajo y a su remuneración, y que en efecto lo que buscó el Juez de tutela era devolver las condiciones a su estado inicial, es decir, como si la servidora no se hubiera declarado insubsistente, lo que conlleva directamente al pago de los salarios y prestaciones reclamadas. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 177-2014

SIAF: 2014-178974

Bogotá, D. C., 6 de junio de 2014.

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

E.S.D.

REFERENCIA : 66001233100020100013102 (4317-2013)

ACTOR : TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO

IDENTIFICACION : C.C. 29.950.214 de Pereira

DEMANDADO : NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION

ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CONTROVERSIA : DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES

I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante y la entidad demandada contra la sentencia del 23 de julio de 2013, proferida por el

Tribunal Administrativo de Risaralda.

II. ANTECEDENTES 2.1 Pretensiones En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la señora TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO, por intermedio de apoderado, solicitó: - Que se declare la nulidad de la decisión contenida en el oficio OJ-006708 del 29 de diciembre de 2009, expedido por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se niega a la demandante el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2009, la indexación de las sumas de dinero reclamadas y los intereses moratorios.

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Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 3 - En subsidio, y por ser contraria a la Constitución Nacional, declárese la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Carta y désele aplicación a los artículos 25, 53, 58 y 125 de la Carta. - Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, la NaciónFiscalía General de la Nación, reconocerá y pagará a la doctora TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadanía No.24.950.214 expedida en Pereira, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha de despido (28 de febrero de 2002) y cuando se hizo efectivo la orden de reintegro en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia (28 de octubre de 2009), sin solución de continuidad. - Las sumas que resulten a favor del actor deberán reajustarse o actualizarse desde que el derecho se hizo exigible hasta la fecha de la sentencia. - Que se ordene dar cumplimiento a la conciliación que ponga fin al proceso en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. - Que se condene al pago de las costas. 2.2 Hechos

• Mediante la Resolución No.0-0304 del 27 de febrero de 2002 la actora fue declarada insubsistente en el cargo de Fiscal Local Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de

Pereira, sin que existieran motivos para esa determinación, su expedición obedeció al capricho y la arbitrariedad del nominador, funcionario que sin detenerse a estudiar su hoja de vida, en donde está demostrado el compromiso con la institución y el fiel cumplimiento de las labores encomendadas, toma la determinación de separarla del cargo, desconociendo sus derechos y garantías laborales y probando a la entidad de una funcionaria con más de ocho (8) años de experiencia y con probado profesionalismo. - En ejercicio del derecho de defensa y ante la arbitrariedad cometida por la Fiscalía General de la Nación, la actora acudió ante la administración de justicia, por intermedio de apoderado judicial, fue así que el 26 de junio de 2002 se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la referida entidad, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia de su nombramiento como Fiscal Local Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos de la Sección de Fiscalías de Pereira. - Una vez surtido el traslado para alegar, la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda profirió sentencia en primera instancia, el 28 de febrero de 2005, negando las súplicas de la demanda, con Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación

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el argumento de que la demandante no tenía las garantías de la carrera administrativa por no haber ingresado al servicio a través del concurso de méritos, que su nombramiento en provisionalidad no le otorgaba fuero de estabilidad alguno, lo que facultaba al nominador para declarar la insubsistencia sin motivación alguna. Además, que el buen desempeño laboral no generaba estabilidad. - En su oportunidad se interpuso recurso de apelación ante la Sección Segunda del Consejo de Estado; Corporación que luego de agotado el trámite de rigor profirió sentencia de segunda instancia recurrida apartándose de lo sostenido por la Corte Constitucional sobre la necesidad de motivar los actos administrativos por medio de los cuales se declara la insubsistencia de funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad. - Ante el anterior escenario, se presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado y de la Fiscalía General de la Nación, correspondiendo por competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Corporación mediante sentencia del 17 de septiembre de 2008 negó el amparo solicitado con el argumento de que se había incumplido el principio de inmediatez. - Frente a la decisión asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca se interpuso recurso de impugnación, el cual fue resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, instancia judicial que mediante sentencia del 16 de diciembre de 2008 revocó el fallo impugnado y concedió la acción de tutela.

• En vista de que la Fiscalía General de la Nación no cumplía con el fallo de tutela, por escrito del 30 de abril de 2009 se ejerció el derecho de petición con el propósito de que el señor Fiscal General de la Nación acatara el fallo judicial y, en consecuencia, se ordenara el reintegro de la demandante. - Mediante oficio No. OJ-002271 del 05 de mayo de 2009, la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación informa que no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela por no contar con copia auténtica de la sentencia, sin embargo, de acuerdo con nota expresa en el expediente, específicamente en el último folio de la sentencia, dicha copia fue entregada el 04 de mayo de 2009. - El apoderado de la demandante indicó que en múltiples ocasiones se comunicó con la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, en

Bogotá D.C., sin encontrar una respuesta positiva a la petición de cumplimiento del fallo, el 15 de septiembre de 2009 se le informó que no habían cumplido con el fallo judicial por cuanto en la parte considerativa de la sentencia, en el numeral 2° se dijo que la resolución por medio de la cual se retiró del servicio a la actora era la No. 0-0304 del 27 de febrero de 2007, cuando en verdad era la No.0-0304 del 27 de febrero de 2002 y que ante esa Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014

Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 5 inconsistencia no procedía el cumplimiento del fallo, a pesar de contar la plaza respectiva para efectuar el reintegro. - Como el reintegro no se hacía efectivo sin que existieran razones que justificaran esa posición negativa y arbitraria, la actora presentó incidente de desacato, proceder que disgustó a los dignatarios de la entidad pública accionada, por lo que reaccionaron expidiendo la resolución No.0-5103 del 29 de octubre de 2009 a través de la cual se dispone el reintegro de la actora, pero al cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia, en el Departamento de Caquetá. - A través de derecho de petición del 21 de diciembre de 2009 la actora mediante apoderado, solicitó a la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales generados entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2009, como consecuencia del reintegro ordenado mediante sentencia del 16 de diciembre de 2008 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, debidamente indexados y los intereses moratorios generados a partir de la ejecutoria del fallo de tutela. - Por escrito del oficio Oj-006708 del 29 de diciembre de 2009 la Fiscalía General de la Nación niega el pago de lo reclamado con el argumento, consistente en que no se podía efectuar pago alguno hasta que existiera una

orden judicial. - La sentencia que dispuso el reintegro de la actora, del 16 de diciembre de 2008 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tiene el carácter de definitiva, toda vez, que como se indicó, ya se había agotado la vía ordinaria con el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dejando sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia que habían negado las pretensiones de la demanda, por ser contrarias a la Constitución Nacional, por lo que dicha determinación no es controvertible y por lo tanto, deben otorgársele los efectos jurídicos que corresponden, que no son otros que el restablecimiento de los derechos laborales de la actora como Fiscal Local, tales como el pago de salarios y prestaciones sociales y demás efectos económicos derivados de la relación laboral. - Prueba de lo anterior, es que la entidad demandada reconoció a la actora al inicio de la reincorporación, los efectos jurídicos del reintegro, al otorgarle vacaciones, esto es, periodo de descanso y la respectiva remuneración por el lapso 24-01-03 a 23-01-04, 14-12-09 a 07-01-10, por un término de 25 días cada uno, resolución No.344.0000 del 03 de noviembre de 2009. - De lo anterior, surge como conclusión que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad por desconocer las normas jurídicas que lo rigen y por falsa motivación, siendo procedente la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 6 declaratoria de nulidad y el restablecimiento de los derechos de la demandante. - El 18 de mayo de 2010 se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial sin llegar a un acuerdo sobre el objeto de la controversia, cumpliéndose así con el requisito de procedibilidad previsto por la Ley 1285 de 2009 para acudir a la vía judicial. 2.3 Disposiciones Violadas y Concepto de la Violación. Citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 1, 2, 4, 25, 53, 58, 83, 85, 93, 209. Código Contencioso Administrativo artículos 2, 3, 36, 84, 85, subrogados por los artículos 14 y 15 del Decreto 2304 de 1989, artículos 176 y 177. Como concepto de violación indicó que el acto administrativo atacado es nulo por concurrir en su expedición causales de nulidad consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, relativas a la violación de las normas que gobiernan su expedición, regla de derecho de fondo y a la falsa motivación. Así mismo, indicó que la accionada desconoce el mandato del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, cuando incumple el término allí previsto para adoptar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento íntegro de la orden de reintegro ordenada por el Juez constitucional, pues como se ha advertido no bastaba con la reincorporación

del trabajador ilegalmente retirado, sino que era menester el pago de lo adeudado durante el tiempo que estuvo privada de su empleo. Señaló que tampoco se presentó la hipótesis normativa prevista en el inciso 7 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, para que cesara la causación de emolumentos generados a favor de la demandante, la larga espera para que atendiera el fallo de reintegro se debió a culpa imputable a la entidad accionada, a la que se le tuvo que adelantar un incidente de desacato para que atendiera la orden judicial. Entre tanto, de la lectura del acto demandado manifestó que se evidencia una falsa motivación, cuando se afirma que el juez de tutela no ordenó el pago de suma alguna, toda vez, que la orden de reintegro por sí misma, involucraba el restablecimiento de la relación laboral desde el mismo momento en que la actora fue retirada del servicio y ello traduce en el pago de los salarios y prestaciones generadas entre la fecha de retiro y la fecha del reintegro. 2.4 Contestación de la demanda Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación

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A través de apoderado la entidad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones, ya que en el oficio cuya nulidad se solicita, la demandada se limitó a dar respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de salarios “supuestamente” dejados de percibir por la demandante TERESA

DE JESUS CADONA CLAVIJO. En dicho oficio, al igual que la parte resolutiva del fallo de tutela que concede el amparo, advierte que la respuesta del 29 de diciembre de 2009, contenida en el oficio 006708 cuya nulidad se solicita en esta demanda, simplemente se limitó a indicar una situación ya creada, y no a generar, modificar o extinguir situación jurídica alguna de la actora. En ese orden de ideas, manifestó que el contenido del oficio atacado en ninguna forma creó, modificó o extinguió la situación salarial de la Doctora

TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO.

Adicional a lo anterior, indicó que a la Fiscalía General de la Nación no le era dable entrar a reconocer los salarios y prestaciones sociales solicitados en la demanda, ya que, el fallo que concedió la tutela le ordenaba motiva la resolución de insubsistencia, en un plazo de 10 días, so pena de tener que reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba, o a otro de igual jerarquía. De acuerdo con el oficio, argumenta la defensa de la demandada, la entidad optó por el cumplimiento de lo segundo disponiendo el reintegro de la accionante a un cargo de igual categoría al que antes ostentaba. Finalmente, concluyó que el cumplimiento del fallo de tutela no estaba sujeto a discrecionalidad alguna por cuanto el mismo imponía, motivar la resolución de insubsistencia a reintegrar a la accionante al cargo, la Fiscalía cumplió lo segundo, esto es, dispuso el reintegro, sin ordenar el pago de salarios dejados de percibir, por cuanto ello no se mandó en la orden del Juez

constitucional; por lo tanto, no puede predicarse inobservancia del tenor literal del fallo de tutela proferido en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad de la accionante, por parte de la entidad (fls.62-66).

III. FALLO DE INSTANCIA 3.1 Decisión de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia del 23 de julio de 2013, declaró la nulidad del acto administrativo acusado, por medio del cual le negó a la demandante el pago por ella reclamado de los salarios y demás prestaciones sociales con ocasión de su reintegro al cargo de Fiscal Local ante los Juzgados Penales Municipales y Promiscuos de Florencia

(Caquetá); también ordenó a la demandada al pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir por la parte actora, durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2002 (declaración de insubsistencia) y el 28 de octubre de 2008 (fecha de reintegro), y como consecuencia del reintegro cumplido por la entidad demandada , dispuso Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 8 declarar que no hubo discontinuidad en la prestación del servicio por parte de la demandante. Consideró dicha Corporación, luego de examinar los antecedentes normativos y jurisprudenciales sobre el caso objeto de estudio, que desde el

mismo momento en el cual la demandada expide la Resolución No.0-05103 del 29 de octubre de 2009 con la cual dispone el reintegro de la abogada TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO a cargo de igual jerarquía por ella desempeñado, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez de tutela, queda sin sustento legal la primigenia resolución de declaración de insubsistencia como si no hubiera existido y, por ende, surge la obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes que se encontraban en discusión frente a la decisión sobre la legalidad de este último acto. El no pago de lo reclamado en tales condiciones, comporta una flagrante violación a los preceptos constitucionales citados y atinentes a la protección al derecho al trabajo, a su justa remuneración con ocasión de su prestación con criterios de calidad y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos que el desempeño laboral apareja; amén que los fines del Estado y los caracteres que su condición de Social de Derecho imponen, se vieron desdibujados frente a una negación injustificada de reconocimientos salariales y prestacionales por demás obvio en existencia por la propia decisión de reintegro con origen en una orden judicial. En síntesis, la Fiscalía General de la Nación debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al tiempo reclamado, careciendo de validez la argumentación que ello no fue así dispuesto por el fallo de tutela que cumplía, como quiera que el efecto legal, lógico y natural del reintegro laboral, era retrotraer las cosas a su estado inicial, esto es, para el 27 de febrero de 2002, como si la funcionaria jamás hubiera sido

declarada insubsistente, lo que explica la obligación de pagarle lo reclamado (fls.147-178). 3.2 Apelación. - El apoderado de la parte demandante solicitó se corrija el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 24 de julio de 2013 en cuanto dispuso que la fecha de reintegro de la actora fue el 28 de octubre de 2008 y en su lugar se establezca que el reintegro operó el 28 de octubre de 2009 conforme a la parte motiva de la sentencia (fls.180-181). - El apoderado de la entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y por ende, pidió se nieguen todas las declaraciones, pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora. Como sustento a su inconformidad reiteró que tanto la parte considerativa como la resolutiva del fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2009 por el Consejo Superior de la Judicatura, no ordenó el pago de los salarios y Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 9 demás prestaciones sociales solicitados por la señora TERESA DE JESÚS CARDONA CLAVIJO, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la impugnación formulada por la demandante, contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2008, no le dio esa orden de

reconocimiento y pago a la demandada. Por lo anterior, señaló que la Fiscalía General de la Nación dio cabal cumplimiento a lo precisado en la parte resolutiva del fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2008 por el Consejo Superior de la Judicatura, al no motivar el acto administrativo Resolución No.0-0304 del 27 de febrero de 2007, para en su lugar si disponer el reintegro de la accionante (fls182-184).

IV. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1 Problema jurídico.

El asunto a dilucidar se contrae a determinar la legalidad del acto administrativo por el cual se niega a la actora el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales insolutas, causadas con ocasión de su reintegro ordenado en un fallo de tutela al cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos Municipales. 4.2 Relación de pruebas. De las pruebas documentales allegadas al expediente como relevante al interés de la Litis, se tiene las siguientes:

• Resolución No.0-0304 del 27 de febrero de 2002 que declaró la insubsistencia del cargo que ocupaba la demandante en la Fiscalía (fl.8 cuaderno de pruebas). - Fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2008 el cual le ordena a la

Fiscalía General de la Nación motivar la Resolución No.0-0304 del 27 de febrero de 2007 (fls. 149-175 cuaderno de pruebas). - Petición del 30 de abril de 2009 mediante el cual se solicita a la Fiscalía

General de la Nación dar cumplimiento al fallo de tutela (fls.41-43). - Oficio No.002271 del 5 de mayo de 2009 de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se informa la actividad desarrollada para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido a favor de

TERESA DE JESÚS CARDONA CLAVIJO (fls. 93-94).

• Resolución No.0-5103 del 29 de octubre de 2009 por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación dispone el reintegro de la demandante, acatando el fallo de tutela (fls. 95-97 cuaderno de pruebas).

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 10 - Oficio No.006708 del 29 de diciembre de 2009 de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se niega un pago reclamado por la actora (fl. 3). 4.3 Caso Concreto El presente asunto se centra en determinar si le asiste el derecho a la demandante al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales en el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de octubre de 2009, como consecuencia del reintegro ordenado por el fallo de tutela del 16 de diciembre de 2008. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, mediante el acto

demandado, es decir, el oficio OJ 006708 del 29 de diciembre de 2009, suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación se negó el pago reclamado por la parte actora, con el argumento de que el Juez de Tutela no ordenó que dicha entidad debía proceder al pago de suma alguna por concepto de salarios o indemnización, y recalcó que no puede efectuarse ningún pago, hasta que éste Juez lo ordene, o así lo disponga un Juez Contencioso. Respecto de lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público entra a determinar si el oficio OJ 006708 del 29 de diciembre de 2009 del cual se pretende la nulidad, constituía efectivamente el acto a demandar, o si, por el contrario, debió demandarse la Resolución No.0-5103 del 28 de octubre de 2009 que dio cumplimiento al fallo de tutela y resolvió reintegrar a la señora TERESA DE JESUS CARDONA CLAVIJO en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos. Continuando con lo ya mencionado, se tiene que la demandante presentó una petición en aras de lograr el reconocimiento y pago de los efectos económicos que surgieron al ordenar su reintegro, obteniendo como respuesta el oficio demandado; por lo tanto, no puede considerarse que el acto acusado era a título de información como lo pretende hacer ver la entidad demandada, señalando que su negativa obedeció a que el Juez de Tutela no ordenó realizar ningún pago, y que se dio cumplimiento por parte de ellos a lo que estrictamente se ordenó en el fallo de tutela; luego, desde

el momento en que se expide la Resolución No.0-5103 del 29 de octubre de 2009, por medio de la cual se resuelve reintegrar a la parte actora en el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos, queda sin efectos la resolución por medio de la cual se le declaró insubsistente. De otro lado, el Consejo de Estado, tuvo la oportunidad de pronunciarse el 7 de abril de 2011, expediente 1495-2010 Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, en la que se estudió una situación jurídica similar a la aquí planteada, precisando: Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº177/2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°.4317-2014 Teresa de Jesús Cardona Clavijo vs. Nación-Fiscalía General de la Nación Página: 11 “El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2000, tendiente a obtener la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente el cargo que desempeñaba en el Ministerio del Interior y de justicia y solicitó como restablecimiento del derecho el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre el retiro y el reintegro. Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia dictada el 21 de marzo de 2003, como el Consejo de Estado en providencia del 17 de febrero de 2005 negaron las súplicas de la demanda, hecho por el cual el actor interpuso acción de tutela

ante la Corte Constitucional que culminó con fallo favorable a sus pretensiones en el sentido de ordenar al Ministerio del Interior y de Justicia su reintegro. A folio 8 del expediente, obra la parte resolutiva de la Resolución No. 2894 del 14 de septiembre de 2009, por medio de la cual la referida entidad da cumplimiento al fallo de tutela. Su tenor literal es el siguiente: “… PRIMERO en cumplimiento del Auto No. 332 del 20 de noviembre de 2008, proferido por la Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, reintégrese al cargo de Asesor, código 1020, grado 07 de la Planta global del Ministerio del Interior y de Justicia al doctor SEVERO ACOSTA TARAZONA identificado con la cédula de ciudadanía número 13’823.216 de Bucaramanga, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. SEGUNDO remitir copia de la presente resolución a la Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, a la Dirección Jurídica y al Grupo de Gestión de este Ministerio, para lo de su competencia…” La resolución trascrita (2894 del 14 de septiembre de 2009) que ordenó el reintegro del actor fue expedida para dar cumplimiento a una sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional, es decir, que en principio es un acto de ejecución, tal como lo calificó el Tribunal, pues jurídicamente todo acto que se limite a ordenar el cumplimiento de una sentencia tiene tal connotación. No obstante lo anterior, esta corporación ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de

ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que