PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra actos que reconocieron e incrementar

Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos que reconocieron e incrementaron pensión de jubilación. COMPETENCIA-Se consideró que era de justicia ordinaria laboral por tratarse de trabajador oficial DERECHOS ADQUIRIDOS-Se respetan respecto a empleados con derechos prestacionales consolidados DEMANDA-Pretende declarar ilegalidad de acto administrativo/ACTO ADMINISTRATIVO-Es de conocimiento de jurisdicción especial administrativa Previamente a entrar en el fondo del asunto, atenderemos el tema de la apelación, es decir, la competencia de la justicia contenciosa administrativa para fallar el caso, en atención a la declaratoria de inhibición del Tribunal de primera instancia que estimó no contar con dicha competencia para decidir, por tratarse de un trabajador oficial No coincidimos con la autoridad judicial de la primera instancia; en primer lugar, se trata de una demanda para que se declare la ilegalidad de un acto administrativo, lo que enteramente es del conocimiento de la jurisdicción especial administrativa, pues se ha definido ya y se encuentra aceptado este criterio; adicionalmente, como también lo advierte la recurrente, no estamos frente a un caso en se deriven conflictos originados en el régimen general de pensiones de la ley 100, debido a la discusión de fondo, esto es, la aplicación del régimen establecido por normas locales y por normas convencionales anteriores a la existencia de la ley 100 y con atención preferencial sobre la ley 33 de 1985 o el Decreto 3135 de 1968; adicionalmente, el Tribunal estudio

concienzudamente el fenómeno para la determinación de la condición del demandado frente a su empleadora, utilizando los criterios jurisprudenciales, funcional y orgánico, pero nos parece que olvidó que la forma de vinculación aporta elementos de juicio al criterio funcional para la determinación de la calidad del empleado oficial de la época, por lo que estimamos que podría aceptarse la tesis de la primera instancia, pero queda en duda la forma de vinculación, pues en la propia demanda se afirma que fue vinculado mediante acto legal y reglamentario y no se aportó como prueba en momento alguno un contrato de trabajo suscrito por EMCALI y el demandado; por estas tres razones, las cuales se encuentran expresas en el artículo 2º del C.P.T. citado, encontramos la decisión del Tribunal Administrativo del Valle reñida con las posiciones aceptadas hoy por hoy en el foro. DEMANDADO-Le fueron oponibles normas de ley 100 de 1993 De acuerdo con las pruebas que legalmente se han allegado al proceso, se puede establecer que el señor Milton Eugenio Castillo Rodríguez, laboró al servicio de EMCALl EICE ESP, por un total de 22 años,9 meses y 16 días; que la pensión de jubilación se le reconoció mediante la resolución N° 1183 del 1º. de abril de 1997, efectiva a partir del 1 de enero de 1997, la que fue reajustada mediante la Resolución 131 del 12 de febrero de 1999; el demandado nació el 9 de septiembre de 1946, lo que significa que a 1º de abril de contaba con más de 46 años de edad y, por haber ingresado a EMCALI a laborar el 12 de diciembre de 1973, llevaba más de 15 años

de trabajo con una entidad del orden territorial, por lo que en su caso, las normas de la ley 100 de 1993 le fueron oponibles desde el 30 de junio de 1995 al menos. 1 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez DERECHOS ADQUIRIDOS-Se consolidan con cumplimiento de requisitos frente a norma vigente, según sentencia del Consejo de Estado DERECHOS ADQUIRIDOS-Prevalecen las pensiones reconocidas con base en normas territoriales siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos Atendiendo estos supuestos normativos, esta Agencia del Ministerio Público, manifiesta que considera procedente la prevalencia de los derechos adquiridos, en los casos de las pensiones reconocidas con base en normas de carácter territorial, siempre y cuando se acredite que el cumplimiento de los requisitos exigidos se encuentren debidamente consolidados hasta inclusive dos años después de haber entrado en vigencia la ley 100 de 1993, para dichas entidades hasta el 30 de junio de 1997, así su reconocimiento sea en forma posterior, como en el presente asunto. En el expediente obran documentos que dan seguridad sobre la condición en la que prestó sus servicios el demandado, el propio acto demandado da cuenta de ello y no hay duda alguna de encontrarse ajustado a las garantías locales y a la ley 100 de 1993, según lo explicado, porque el acto de reconocimiento data del 1 de abril de 1997, efectivo al 1º de enero del mismo año, conforme al ordenamiento local fundamento del reconocimiento pensional el Sr…… cumplió la edad de 50 años el 9 de septiembre de 1996 y los 20 años de servicio el 12

de diciembre de 1993, motivos para aceptar que el pensionado alcanzó a encontrarse dentro de los límites para acceder al derecho s la pensión conforme a las normas territoriales y convencionales aplicables al caso. DEMANDADO-Tiene derecho a pensión bajo normas locales y acuerdos convencionales que establecieron beneficios extralegales Bajo estas consideraciones, le asiste razón a la parte demandada cuando alega que tiene derecho a la pensión bajo las normas locales y los acuerdos convencionales debidamente refrendados por la Junta Directiva del Establecimiento Público de Empresas Municipales de Cali, que establecieron beneficios extralegales sin consideración a su irregularidad y puede alegar en su favor la existencia de derechos adquiridos, pues éstos se habían configurado legalmente, motivo por el cual las pretensiones de la entidad demandante no están llamadas a prosperar, máxime si conforme a las normas que definían la condición de trabajador oficial, coincidían con la situación laboral del accionado y ello le daba las atribuciones propias del trabajador afiliado a un sindicato y beneficiario de una convención colectiva de trabajo. Esta Procuraduría Delegada, de conformidad con los razonamientos expuestos en este concepto, le solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, que REVOQUE la sentencia de primera instancia y se denieguen las pretensiones de la demanda, en amparo de los derechos adquiridos y debidamente consolidados al entrar en vigencia la ley 100 de 1993 en las entidades territoriales. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe revocar y denegar pretensiones de

demanda en amparo a derechos adquiridos 2 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 34 - 2016

SIAF 2016 - 24665

Bogotá, 5 de febrero de 2016

Señores: Consejeros de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejero Ponente: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E. S. D.

Referencia : 760012331000201001294 02

Número Interno : 4860 - 2014

Demandante : Empresas Municipales de Cali –EMCALIDemandado: Milton Eugenio Castillo Rodríguez Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto : Lesividad – Pensión de jubilación Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, que se inhibió para fallar al darle prosperidad a la excepción de falta de jurisdicción.

I. DEBATE PLANTEADO La Empresa Municipales de Cali demanda su propio acto, mediante el cual reconoció una pensión de jubilación con fundamento en normas territoriales y

convencionales, en consideración a que esas normas eran contrarias a la C.P. y algunas fueron declaradas nulas por contrariarla en el aspecto de los regímenes salarial y prestacional; posición no compartida por la parte demandada que manifiesta haber adquirido su derecho conforme a las normas que le eran aplicables en su condición de trabajador oficial para la época; formula excepciones de falta de jurisdicción y competencia; inepta demanda y violación al debido proceso; buena fe y cobro de lo no debido; legalidad del acto demandado; inexistencia de acción y de derecho; derechos adquiridos e; innominada 3 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez

1. Pretensiones En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Acción de Lesividadla Empresa Municipal de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por intermedio de apoderada judicial, demandó que se declare la nulidad de la Resolución N° 1183 del 1-4-97, expedida por la Gerencia Administrativa de ésta entidad, por la cual se reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación al demandado y; de la Resolución 131 del 12-2-99, por la cual la Gerencia General de EMCALI EICE ESP., incrementó el monto de la pensión

del Sr. Milton Eugenio Castillo Rodríguez. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene la reliquidación de la pensión y el reintegro de las sumas percibidas como consecuencia de los actos demandados por parte del demandado, desde el

momento en que se profirió la decisión administrativa hasta la fecha de ejecutoria de la providencia que dé fin al proceso, sumas debidamente actualizadas y con sus intereses de conformidad con el art. 178 del C.C.A.

2. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, afirma que el señor Milton Eugenio Castillo Rodríguez, se vinculó a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. por acto administrativo del 12 de diciembre de 1973 y su último cargo fue el Coordinador de Servicios de Emergencia. Mediante Resolución N. 10738 del 30 de noviembre de 1994, se le aceptó la renuncia.

Por resolución 1183 del 01-04-1997 se le reconoció pensión de jubilación en cuantía de $ 1'573.250; luego se le reajustó esa prestación social mediante la Resolución 131 de 12-02-1999 la cuenta del beneficiario previamente fue reliquidada conforme a la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Emcali y Sintraemcali, que reconocía a sus trabajadores pensiones de jubilación con tiempos de 20 años de servicios, 50 años de edad, con el IBL del 75% al 90%, según el caso. Se le reconoció pensión de jubilación con base en la Resolución 0104 del 410-1983, que en artículo 4°-3 daba el derecho pensional a obtener esa prestación en un monto del 90% del promedio de salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicio a los empleados públicos de la institución; pero tal Resolución fue declarada nula, lo cual hizo que el

demandado no consolidara derecho alguno en materia de edad y tiempo de servicios, pero se le reconoció la pensión de jubilación con 22 años, 9 meses y 16 días de servicio a EMCALI, más 1 año ocho meses y 13 días de servicio al Ejército Nacional. Sostiene que el demandado suscribió convención colectiva con el falso pretexto de considerarse trabajador oficial, pero tales instrumentos no 4 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez pueden hacerse extensivos a los empleados públicos, como el demandado, por lo que no puede alegar esos beneficios ni discutir condiciones, sino adecuarse a las normas generales y abstractas que le regulan su situación; al punto que el Artículo 416 del C.S.T. prohíbe la negociación colectiva de los empleados públicos. La edad, tiempo de servicios y factores salariales a tener en cuenta eran los correspondientes a un empleado público, esto es, la ley 33 de 1985 y no las normas convencionales que establecían una edad inferior a la legal y un monto y factores superiores a los que tenía derecho, por lo que la prestación otorgada fue irregularmente reconocida, al ser violatoria del preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 48, 83 y 150 numeral 19), literal e) de la Constitución Política; el artículo 1 de la ley 33 de 1985; y artículos 3, 4, 414, 416 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Concepto de Violación Previamente a plantear la violación de los actos acusados, explicó que EMCALI se constituyó como un Establecimiento Público del orden municipal hasta diciembre de 1996, cuando pasó a ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, mediante el Acuerdo 014 del 26-12-1996, lo que afectó el régimen legal de los trabajadores, instituyendo como regla general que serían trabajadores oficiales, salvo lo previsto por los Estatutos de la entidad, lo cual fue precisado en el Acuerdo 034 de 1999 que dejó intacta la regla general y relacionó los empleados públicos, partiendo del Gerente General y llegando hasta los Jefes de Departamento. Citó el artículo 17 de la ley 142 de 1994, para relacionarlos como ordenamientos que acogieron los lineamientos del artículo 5o del Decreto ley 3135 de 1968 y el 1o del Decreto 1848 de 1969, así como el 292 -inciso 1o del Decreto ley 1333 de 1986.

Los actos acusados son ilegales e inconstitucionales porque se fundan en la Resolución 0104 del 4-10-83, artículo4o. Numeral 3º. Que era la norma habilitadora para conceder pensiones al personal con el 90% del promedio de salarios y primas de todas especie percibidas en el último año de servicios; lo cual venía prohibido desde el plebiscito de 1957, artículo 5º. Que limitaba el ejercicio de la facultad nominadora a las previsiones de la ley; aspecto que fue detallado en la actual C.P. al asignar al Congreso el establecimiento de las directrices de los regímenes salarial y prestacional,

con el fin que el Gobierno Nacional se oriente por estas y reglamente al respecto (Art. 150-19 literales e y f); por tanto todo régimen salarial o prestacional no creado por la ley es contrario a los mandatos superiores, antes y después de la C.P. de 1991. Explica detalladamente la infracción a los principios superiores y a las normas de orden legal señaladas atrás; planteando básicamente que los actos por los cuales se concedió la pensión al demandado es inconstitucional e ilegal, por cuanto fue otorgada a la luz de una convención colectiva vigente entre el 1-1-1996 y el 31-12-1998, sin atender a la clase de servidor del cual 5 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez se trataba, esto es, un empleado público, que se regía por el régimen de la ley 33 de 1985 que le exigía una edad superior y ordenaba la liquidación con factores salariales diversos a los contemplados en la convención colectiva y, especialmente, las autoridades locales no tenían competencia para expedir regímenes prestacionales. No hay derecho adquirido alguno, pues la ley 100 de 1993 en su artículo 146 establece que son asuntos extralegales, calificación que excluye las prestaciones logradas por fuera del ordenamiento y contrariando la ley, que la fuente para adquirir derechos legítimamente. Resumió el litigio afirmando que el acto acusado se fundó en la Resolución No. JD 104 del 4-10-1983 y la convención colectiva vigente a la fecha del

reconocimiento, por tanto los fundamentos fueron reglamentos internos de EMCALI, por lo que al ser sustraída del ordenamiento legal dicha Resolución por orden judicial, el empleado público demandado no podía beneficiarse de la convención colectiva y, la pensión tenía que expedirse con fundamento en la ley 33 de 1985 debido a la condición de empleado público mencionada. Hubo solicitud de suspensión provisional de los actos demandados, la cual fue negada (folios 87 a 90) por no encontrarse una violación flagrante de la Artículo 41 de la ley 142 de 1994; Artículo 3o del Decreto 1848 de 1969; Acuerdo 14 de 1996 de Santiago de Cali; Artículo 2°-4 de la ley 712 de 2001)

4. Contestación de la demanda De folios 114 a 126 del Cuaderno Original, el demandado dio respuesta al libelo introductorio mediante apoderado judicial; plantea en cada oposición a los argumentos de la parte demandante, que si bien la naturaleza jurídica de EMCALI es la señalada en la demando, debe atenderse al hecho que el demandado era trabajador oficial, desempeñaba el cargo de Coordinador Servicios Emergencia, que según la clasificación vigente en esa empresa para la época de los hechos no era ocupado por empleado público alguno; adicionalmente el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, así como el 142 de la ley 11 de 1986 y el 292 del Decreto 1333 de 1986, coinciden que los servidores de la empresas industriales y comerciales son, por regla general, trabajadores oficiales; por tanto, al transformarse EMCALI en una empresa industrial y comercial del Estado, conforme al Acuerdo Municipal 14 de 1996

(Estatuto Orgánico de EMCALI). Respecto a las violaciones de rango constitucional, manifiesta que lejos de infringirlas, éstas soportan la pensión del demandado porque protegen los derechos de origen convencional y prevén una especial protección al trabajo, así como protege los derechos adquiridos. 6 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez Sobre las violaciones de rango legal, se opone explicando que por la condición del demandado, quien era trabajador oficial, tenía derecho a beneficiarse de la convención colectiva. Formuló excepciones; la previa, de falta de jurisdicción y competencia, en cuanto por tratarse de un trabajador oficial, la jurisdicción y la competencia es la ordinaria, pues las funciones desempeñadas como Coordinador de Servicios de Emergencia, determinaban claramente que no era un empleado público, según las definiciones legales contenidas en el Acuerdo 34 de 1999, acto no declarado nulo y vigente; por tanto la naturaleza de la vinculación determina que el caso no puede ser conocido sino por la justicia ordinaria, según las previsiones del artículo 2º del C.S.T., modificado por la ley 712 de 2001, artículo 2º, que asigna los conflictos jurídicos originados directa o indirectamente en el contrato de trabajo a la justicia laboral ordinaria; a más de esto, esta excepción no es saneable, conforme lo señala el artículo 144 del C.P.C. Excepción de inepta demanda por infracción al requisito de procedibilidad,

por cuanto la ley 1285 prevé este requisito para las acciones derivadas de los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A. y, los derechos pensionales del demandado no podían calificarse como ciertos e indiscutibles y al mismo tiempo como inciertos y discutible, lo que encierra una contradicción inaceptable. La jurisprudencia citada del 11-03-2010 del C. de E. hace claridad que el funcionario judicial debe hacer el estudio de que litigio tiene tal o cual carácter de discutible o no. También se configura inepta demanda al no acompañarse la demanda con la prueba de la existencia de la parte demandante. Excepción de buena fe y cobro de lo no debido, porque los dineros percibidos por el demandado están protegidos por el artículo 136 del C.C.A., quien ha obrado de buena fe y conforme a las normas aplicables a su caso, lo cual se presume en todas las actuaciones de las autoridades y las personas; por lo que resulta que las pretensiones de EMCALI constituyen un verdadero cobro de lo no debido. Excepción de derechos adquiridos, que la soporta en los contenidos de los artículos 83, 53, irrenunciabilidad, 86 de la C.P. el artículo 146 de la ley 100 de 1993 y 136 del C.C.A. Inexistencia de acción y de derecho, en cuanto la pensión fue adquirida de buena fe, con justo título y el cumplimiento de los requisitos convencionales, legales y constitucionales; por lo que la acción impetrada es temeraria, como se demostrará en el proceso. Legalidad del acto demandado, cuyo título describe por sí mismo el contenido del medio exceptivo de fondo. Formuló también la innominada.

7 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Valle, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2014, declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, por lo que ordenó la remisión del asunto al Juez Laboral del Circuito de Cali

(Reparto). Recordó los antecedentes y en estos precisó la litis; explicó que la parte demandante pretende la nulidad de los actos por los cuales concedió y reajustó la pensión del demandado, por estimar que son actos administrativos contrarios al ordenamiento, en cuanto se fundaron en normas inaplicables por proceder de autoridad incompetente para determinar regímenes prestacionales y por la condición de empleado público del sujeto pasivo de la acción; por su parte el demandado, sostiene que es trabajador oficial y por ende las disposiciones aplicadas a su caso no son las de la ley 33 de 1985, por transición de la ley 100, sino las contenidas en las normas locales y la convención colectiva; relacionó la hechos, de los que vale la pena destacar que el demandado prestó servicios a EMCALI desde el 12 de diciembre de 1973 hasta el 2 de octubre de 1996, ejerciendo como último cargo el de coordinador servicios emergencia. Consideró el Tribunal que previo al examen de fondo procedía estudiar las excepciones formuladas; por lo que inició ilustrando sobre el concepto mismo de excepción, señalando que implica un hecho que tiene el poder jurídico

para enervar la pretensión del demandante, cuya iniciativa es de parte o de oficio, las define como hechos impeditivos, modificativos o extintivos que tienen como consecuencia que la relación jurídica no produzca efectos legales; por ello y en aplicación del artículo 164 del C.C.A. se resolverá la que se estima probada, que es la de falta de jurisdicción, conforme a las siguientes razones: De acuerdo con el Decreto 3135 de 1968, artículo 5º, inciso segundo, y la correspondiente sentencia C-484 de 1995 que recayó sobre el aspecto de la definición del carácter de los servidores como empleados públicos o trabajadores oficiales en los estatutos de cada entidad, pero que aclaró que es la naturaleza de la función la que determina qué clase de cargo y función se ocupa y ejerce, por cuanto a pesar que los estatutos son el medio más idóneo para hacerlo, no necesariamente reflejan la realidad de las características de dirección y confianza que tienen los cargos de los empleados públicos; por ello, la condición de empleado público no depende de las afirmaciones de las partes sino de la aplicación de los criterios de la ley; por lo atendiendo a estos criterios legales, se consideran empleados públicos aquellas personas que cumplen funciones concretas de dirección o confianza; motivo para calificar la situación del demandado como la de un trabajador oficial, pues las funciones que cumplía eran las propias de esta clase de servidor, quien se desempeñaba como coordinador de servicios de emergencia, del Departamento de Distribución de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, de ahí que sus funciones no eran de dirección o confianza,

8 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez pues eran técnicas y no eran las que diseñaban ni fijaban directrices o programas ni trazaban políticas. Respecto a la Resolución GG-7447 que clasificó a los empleados oficiales de EMCALI, no enlistó el cargo de coordinador de servicios, como un cargo para ser ocupado por un empleado público, pues no genera directrices o políticas institucionales, simplemente es un cargo cuyas funciones básicas se remiten a la ejecución y cumplimiento, lo cual lleva a establecer que las funciones desempeñadas por el demandado son las propias de un trabajador oficial. Por lo explicado procede dar prosperidad a la excepción de falta de jurisdicción, por cuanto por tratarse de un trabajador oficial debe darse aplicación al artículo 2º del C.P.T. que prevé el conocimiento de los asuntos derivados del contrato de trabajo; por tanto resulta improcedente decidir de fondo y debe la Sala declararse inhibida para tal efecto y, en caso tal, si el Juez Laboral de Cali no lo aceptara se planteará conflicto negativo de competencia. 2. .2. Recurso de apelación. Del folio 171 al 177, la parte demandante sustentó el recurso de apelación interpuesto mediante apoderada judicial, solicita que se revoque la sentencia Número 146 del 9-09-2014, para lo cual expresa las “Razones que me distancian de la decisión que contiene en fallo No 346 del nueve (9) de

septiembre de 2014”. Se entiende por acción de lesividad la que tiene la administración para demandar sus propias decisiones o propios actos; el C.C.A. en su artículo 136-7 hace referencia a esta posibilidad al referirse a la caducidad de la misma, siendo aquella (la acción de lesividad) fruto de la jurisprudencia para remediar los daños causados con actos ilegales. La imposibilidad de la administración de revocar sus actos cuando son ilegales, lleva a que se institucionalizara la acción de lesividad ante la jurisdicción contenciosa administrativa; por lo que es lógico, al interponerse este tipo de acciones no se considera la calidad del servidor, pero sí la administración debe tener un interés directo, un derecho otorgado por el ordenamiento jurídico que resultó lesionado con el acto administrativo, esto es, que el interés público salió maltratado con dicha decisión, competencia ésta que no le corresponde al juez ordinario. Al reconocerse la pensión de jubilación al Sr. Milton Eugenio Castillo Rodríguez, mediante la resolución 1183 del 1-4-97 y se le reajustara mediante la Resolución 131 del 12-2-99, desapareció el vínculo laboral o contractual entre las partes, adquiriendo el servidor la condición o status de pensionado o jubilado, razón por la que las controversias que surjan deben dirimirse por la jurisdicción Contenciosa Administrativa (Art. 82 del C.C.A., 104 del C.P.A.C.A.); adicionalmente, el artículo 4º del código del trabajo establece que las relaciones del Estado en cualquiera de sus órdenes y sus 9 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez trabajadores no se rigen por éste código; por lo que si la parte sustantiva no rige la relaciones de la administración con sus colaboradores, no procede interpretar que la jurisdicción ordinaria laboral conozca de controversias entre las entidades públicas y quienes reciben pensiones provenientes de éstas. Cita generosamente un auto del 11 de diciembre de 2008 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en que se hace precisión sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria y la contenciosa administrativa, aclarando que la primera se ocupa de los conflictos surgidos por regulaciones directas del sistema general de pensiones y salud, pero en manera alguna las relaciones regidas por otros ordenamientos o leyes anteriores, porque no hacen parte del sistema integral de seguridad social, lo que incluye a quienes se encuentran el régimen de transición de la ley 100, que dejó a salvo tales casos. De los apartes transcritos concluye la apelante que debe descartarse la pertenencia del demandado al sistema de seguridad social en pensiones, debido además a la naturaleza jurídica de la entidad prestadora de servicios públicos, la competencia para conocer acciones de lesividad, y la forma de vinculación del demandado. Citó otro auto de la misma autoridad judicial, pero de fecha 8 de mayo de 2013, por el cual se resolvió un conflicto de competencia entre un juzgado administrativo y uno laboral del circuito de Cali, declarando que era claramente de conocimiento del primero de los mencionados. Concluyó que este no es un asunto relacionado con el sistema general de

seguridad social integral, ni en el que esté involucrado un servidor activo, se trata del cuestionamiento hacia un acto administrativo, cuya competencia es de la jurisdicción contenciosa administrativa.

III. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 3.1. Problema jurídico.

Conforme a lo planteado en la demanda, lo resuelto en la sentencia de primera instancia y lo alegado en el recurso de apelación, se debe resolver si al beneficiario de la pensión de jubilación, Sr. Milton Eugenio Castillo Rodríguez, en su condición de demandado, se le debe resolver el presente asunto, en cuanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se declaró inhibido para fallar de fondo porque estimó que la competencia es de la justicia ordinaria laboral por tratarse de un trabajador oficial, lo cual no comparte la demandante, quien alega que el caso si es de conocimiento de la justicia contenciosa administrativa porque se trata de un asunto ajeno al sistema integral de seguridad social, se desprende de la expedición de una prestación social mediante acto administrativo y, la vinculación del actor determina que la competencia no es de la justicia ordinaria. 10 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Concepto 34-2016 - SIAF 2016-24665 Empresas Municipales de Cali Vs. Milton Eugenio Castillo Rodríguez Normas aplicables ARTÍCULO 2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente

en el contrato de trabajo. 2…

4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los