PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla en el servicio por acción u omisión que ocasionaron despl

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPARACION DIRECTA-Falla en el servicio por acción u omisión que ocasionaron desplazamiento masivo de población en san jacinto bolívar. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Fundamento constitucional. Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”. DESPLAZAMIENTO FORZADO-Responsabilidad del Estado/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Jurisprudencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Imprescriptibilidad de la acción como delito de lesa humanidad. “La Constitución Política de Colombia garantiza la libre circulación por el territorio nacional, así como la libertad para escoger el lugar de residencia. El desplazamiento forzado ha sido definido por la jurisprudencia como “una situación fáctica como consecuencia de la cual se produce un desarraigo producto de la violencia generalizada”. La Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia de la República de Colombia”, definió la condición de desplazamiento así: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. La jurisprudencia de esta Corporación, en aplicación de la normativa vigente sobre desplazamiento, ha establecido que tal condición “implica que la persona (o personas) se ven obligadas forzosamente a migrar, a desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida, integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre radicalmente el orden público”. Ahora bien, respecto de los derechos que resultan vulnerados cuando se concreta la situación de desplazamiento la sentencia constitucional T-585 de 2006 expuso que la población que

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 se ve afectada por dicha situación adquiere una condición de vulnerabilidad, debido a que su situación “le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida”; además soporta una condición de exclusión que implica “la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen”; y, sufre una situación de marginalidad, debido a que ingresa a un “nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”. Luego, se impone concluir que los actores sufrieron por causa de su desplazamiento forzado un daño que no estaban en la obligación de soportar, que es el tipo de daño que activa al ordenamiento jurídico en orden a su reparación previo juicio de imputación, al que procede la Sala.” Negrilla fuera del texto. Por otro lado, se tendrán en cuenta algunas consideraciones jurisprudenciales del Consejo de Estado que sobre el tema de desplazamiento forzado se han proferido en los últimos tiempos, en los cuales la fuerza pública, como en el caso en estudio, fue cuestionada en su deber constitucional de adelantar las acciones necesarias

con miras a evitar dicho desplazamiento. Así mismo se observarán los planteamientos relacionados a la imprescriptibilidad de las pretensiones que buscan la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado como en el caso del desplazamiento forzado como delito de lesa humanidad. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION EN DELITOS DE LESA HUMANIDADResulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; salvo el caso de la desaparición forzada. [L]as situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente

no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-Respecto al momento en que los demandantes conocieron la participación por acción u omisión del Estado/ CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-Sentencia de unificación jurisprudencial/CADUCIDAD DE LA ACCION-Operó. Precisando que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen

impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia. Lo anterior significa que en el presente caso, es viable el estudio de la caducidad desde las perspectivas planteadas en las premisas 2 y 3 así: Respecto al momento en que los demandantes tuvieron conocimiento o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado en los hechos objeto de cuestionamiento, tenemos que es importante hacer referencia a la publicación hecha en el Diario el Universal del 9 de agosto de 2013, mediante la cual se señaló “que el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y al municipio de San Jacinto del asesinato de un líder comunal y desplazamiento de más de 250 familias del corregimiento Las Palmas, en el año 1999.” Por haberse establecido la participación de miembros de Infantería de Marina en los hechos, quienes se hicieron pasar por un grupo armado ilegal. Pues atendiendo lo expuesto por la parte demandante debemos señalar que los hechos sucedidos en el corregimiento de las Palmas, municipio de San Jacinto, el 25 de septiembre de 1999 y los acaecidos el 22 de octubre del mismo año, en el corregimiento de Bajo Grande, dentro del mismo municipio de San Jacinto, están estrechamente relacionados, no solo por la inmediatez cronológico y espacial de los hechos, sino por las

circunstancias mismas de alteración de orden público en dicha localidad, de los cual el material probatorio da cuenta en el sentido de poderse establecer que obedecía a los mismos móviles y circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que se puede avizorar con cierto grado de certeza que en estos últimos hechos ( los de Bajo Grande), también hubo participación de agentes del Estado, lo cual se puede corroborar con el testimonio del postulado Salvatore Mancuso, quien señaló que el bloque tuvo apoyo entre otros, de la fuerza pública. Y bajo ese escenario y siguiendo las consideraciones jurisprudenciales de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, se tenía hasta el 9 de agosto de 2015 para entablar la acción de reparación directa. Ahora con respecto a la 3º premisa expuesta en la sentencia, esto es que los 2 años señalados por el art. 136 del C.C.A, no se aplican cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley, tenemos que dentro del material probatorio obrante en el proceso no se encuentra prueba alguna en la que se acrediten circunstancias en la que se demuestre la razón por la cual fue materialmente imposible el ejercicio de la acción, entre los 2 años que transcurrieron desde que se hizo de público conocimiento la participación de agentes del Estado en los hechos objeto de esta litis. Por lo anterior, considera este Despacho que acogiendo la sentencia de unificación 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 proferida el 29 de enero del 2020 por el Consejo de Estado, tenemos que la solicitud de conciliación se presentó el 15 de mayo del 2017 y que la demanda tiene fecha de radicación 29 de septiembre de 2017, esto es, fuera del término previsto para entablar la acción, lo que significa que en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad.

CONCEPTO No. 123 /2020

Bogotá, D.C. 11 de diciembre de 2020

SEÑORES

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor José Roberto Sáchica Méndez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 13001233300020170089501 (65916)

ACCIÓN: Reparación Directa ACTOR: Yecid Manuel García Escobar y Otros DEMANDADO: Nación –Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ pero no

por las mismas razones expuestas por el Tribunal de Bolívar / Se configuró el fenómeno de la caducidad acogiendo los planteamiento hechos por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 29 de enero del 2020// El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. El señor YECID MANUEL GARCIA ESCOBAR y otros por intermedio de apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio de la acción de reparación directa demandan a la NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, para lo cual se basan en los siguientes hechos: 1.1.1. Hechos 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 - Los demandantes y sus familias vivían en el corregimiento de Bajo Grande, departamento de Bolívar. - El día 22 de octubre de 1999, al corregimiento llegaron hombres armados pertenecientes a las AUC con el objeto de secuestrar, desplazar y darle muerte a

los habitantes. Después de obligarlos a salir de sus casas, bajo amenazas, le dijeron que si regresaban los matarían. - Los grupos paramilitares y a los agentes del Estado procedieron a reunir a la población en la plaza y con lista iban llamando a los habitantes. Luego le dieron muerte a 4 miembros de la comunidad. - Las entidades demandadas conocían los hechos que se llevaban a cabo en la zona y no intervinieron para salvaguardar los derechos de los accionantes, sino por el contrario colaboraron en el desarrollo de los hechos, fueron testigos presenciales y participaron de manera activa en la masacre y el desplazamiento forzado que se llevó a cabo el 22 de octubre de 1999. - Los demandante fueron víctimas de robo de su ganado vacuno, porcino, caballar, lana al igual fueron incendiado todas las hortalizas, rosas de agricultura, fueron minadas sus parcelas y las aves de corral se perdieron. - Con ocasión de los hechos mencionados los demandante se vieron obligados a abandonar sus tierras, hogares, animales y todo lo que habían trabajado hasta el ese momento por las amenazas. - Los demandantes junto con sus hijos se encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada de Vivanto. 1.1.2. Pretensiones 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 PRIMERO. Condenar a LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA –EJERCITO NACIONALARMADA NACIONAL –POLICIA NACIONAL a pagar indemnización a las víctimas por concepto de perjuicios morales y materiales por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción y omisión, que dieron como resultado la masacre y el desplazamiento masivo incurrido el día 22 de octubre de 1999 en el asentamiento de Bajo GrandeBolívar, corregimiento del Municipio de San Jacinto, Bolívar, Colombia. Los valores fueron los siguientes  Por Lucro cesante $798.036.833.oo  Por Daños emergentes $3.408.000.oo  Por Daños Morales 100 SMLV los cuales equivalen a la suma de $737.717.oo. Para cada uno de los miembros de la familia del señor YECID MANUEL GARCÍA ESCOBAR, esto es, su esposa y su hija.  Por Daños a la vida en relación 100 SMLV los cuales equivalen a la suma de $737.717.oo. Para cada uno de los miembros de la familia del señor YECID MANUEL GARCÍA SEGUNDO. Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de reparación, conforme a lo que establece la ley. TERCERO En firme la sentencia, sírvase señor Juez indexar todas las pretensiones aquí descritas, así mismo, expídanse copias ante las autoridades correspondientes, con el fin de que sean restituidos los derechos de sus poderdantes.

1.2. Sentencia de primera instancia. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de fecha 9 de diciembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas, manifestando en síntesis lo siguiente: Que sobre el cómputo de la caducidad en materia de desplazamiento forzado, es necesario tener presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha abordado el tema desde dos ópticas distintas i) la caducidad no es exigible en la medida en que se trata de un crimen de lesa humanidad que resulta imprescriptible; y ii) se aplica la caducidad, pero se aplica desde el momento en que cesaron las circunstancias que dieron origen al desplazamiento, por tratarse de un daño continuado. Para lo cual, señala el Tribunal que para dicho cómputo se tendrá en cuenta la sentencia SU-254 del 2013 mediante la cual, la Corte Constitucional determinó el plazo de 2 años a partir de su ejecutoria para que las personas en condiciones de desplazamiento pudieran iniciar acciones judiciales, la cual quedó ejecutoriada el 23 de mayo del 2013. En ese orden, señala el Tribunal que “los demandantes contaban en principio hasta el 23 de mayo de 2015 para entablar la demanda, pero como la solicitud de conciliación

fue radicada el 15 de mayo del 2017, la cual se declaró fallida según constancia del 15 de junio de 2017, la demanda finalmente fue presentada el 29 de septiembre de 2017.” Por lo anterior, concluye el Tribunal que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad. Respecto a la acreditación del daño Los demandantes acreditaron que se encuentran incluidos en el Registro Único Nacional de Victimas, lo cual es el medio idóneo para determinar su condición de desplazados, 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 por lo que señala la Sala que el daño alegado consistente en ser víctimas de desplazamiento forzado se encuentra demostrado. Respecto a la imputación del daño En la demanda se señaló que hubo participación de miembros de la fuerza pública en estos hechos, pero la Sala considera que con las pruebas allegadas al proceso no se puede determinar que en los desplazamientos forzados haya habido participación activa de miembros de la fuerza pública. Pues no se acreditó que las autoridades demandadas hayan tenido conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes, frente a autores de grupos armados irregulares, en razón de amenazas y homicidios selectivos a manos de grupos

paramilitares, así como del riesgo en que se encontraba la población civil, ya que en este tipo de asuntos no puede atribuírseles responsabilidad objetiva. En ese orden, la Sala se abstendrá de endilgar responsabilidad a la Nación a título de falla en el servicio por omisión en el deber de protección, pues la prueba que obra en el plenario no da certeza del conocimiento previo de las situaciones particulares de estos demandantes y la solicitud de protección que haya sido desconocida. Para lo cual se basó en los siguientes hechos probados:  Copia de orden fragmentaria No. 049 CBRIM1-99 del 25 de octubre de 1999 en la que se señala que el pasado 27 de septiembre y 23 de octubre de 99, grupos al margen de la ley, asesinaron en los corregimientos de las Palmas y Bajo Grande a 8 personas respectivamente, a las cuales tildaron de colaboradores de grupos subversivos, causando pánico, desconcierto y terror en la región, abandonando sus viviendas y propiedades, se hace necesario desarrollar intensificar operaciones de 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 control en área general del municipio de San Jacinto con el fin de neutralizar que se sigan presentando estas masacres y garantizar el regreso de las personas que han

abandonado sus propiedades. Folio 106  Oficio No 20180043450171581 del 29 de abril de 2018 suscrito por el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 mediante el cual se allega copia del informe de inteligencia del Departamento de Inteligencia BRIM1 del 25 de octubre de 1999, en la que se dice que: el 22-10-99 a las 13.30 horas incursionó un grupo de 50 “S” presuntos integrantes de grupos de autodefensas, portando armas de largo y corto alcance al corregimiento de “Bajo Grande” jurisdicción del municipio de San Jacinto Bolívar, donde procedieron a quemar 12 ranchos de paja y asesinaron a 4 hombres.  En dicho informe se lee que el 23-10-99 a las 0600 horas se tuvo conocimiento sobre el desplazamiento de un grupo aproximado de 100 personas entre niños y adultos, habitantes de la región. Folio 91-105  El personero Municipal de San Jacinto Bolívar, expidió certificación de fecha 28 de enero de 2013, en la que se señala que el señor YECID MANUEL GARCIA ESCOBAR, es desplazado y se residenció en Santa Rosa de Lima Folio 15  Constancia de consulta No. 161201744481984 del 16 de febrero de 2015, en la que se señala que el señor YECID MANUEL GARCIA ESCOBAR identificado con la C.C. No. 73230336 se encuentra incluido en el RUV con fecha de variación 20 de mayo de 2013, por el hecho víctimizante del desplazamiento forzado con fecha de hecho del

12 de enero de 1996, junto con el grupo familiar compuesto por ABIGAIL GARCIA MERCADO Y EMERLEDYS MERCADO ANAYA. Folio 16  El señor YECID MANUEL GARCIA ESCOBAR rindió declaración juramentada el día 25 de febrero de 2015, ante la Personería Municipal de San Jacinto, Bolívar, en la 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 que señala que es desplazado por los hechos sucedidos el 22 de octubre de 1999. Folio 14 1.3. Argumentos de la apelación. El apoderado de la Parte actora, solicita al Ad Quem revocar la decisión proferida en primera instancia donde se absuelve a las demandadas y en su lugar se dicte fallo condenatorio por ser administrativamente responsables y causantes de la masacre, incendio, muerte de animales y el desplazamiento forzado del día 22 de octubre de 1999, para lo cual se sustenta en los siguientes argumentos: La Responsabilidad del Daño fue plenamente demostrada durante el curso del proceso La Sala para su decisión expuso “que no se demostró la responsabilidad del Estado, en el daño antijurídico, pues no se acreditó que hubiera conocimiento previo sobre la situación de amenaza, por lo que no puede hablarse de omisión en sus deberes misionales. No se avaluó de

forma integral las alegaciones presentadas, solo se hizo mención en la sentencia a la certeza del desplazamiento.” Además señala el apelante que “no se avaluó de forma integral las pruebas aportadas de lo cual se deduce lo siguiente”

1. Era un Hecho notorio la situación de vulnerabilidad Al respecto manifiesta que “las autoridades tenían conocimiento de la situación de vulnerabilidad del corregimiento, puesto que este no fue un hecho aislado, sino parte de un desplazamiento sistematizado en toda la región, donde casi con un mes de anterioridad, el 27 de septiembre de 1999, habían tenido conocimiento del desplazamiento del corregimiento Las

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 Palmas, el cual se encuentra a pocos minutos del Corregimiento de Bajo Grande. Tal y como se deja constancia en la copia de orden fragmentaria No. 049 CBRIM1-99 del 25 de octubre de 1999 a folio 109.” Por otro lado, “se observa que se habían desplazado a esta zona unidades militares desde el 8 de octubre de 1999, tal y como se demuestra con la copia de orden de operaciones No. 066/ CBACIM31-S3-375, tiempo suficiente para conocer la situación real de estos corregimientos, lo

que demuestra que las autoridades no fueron diligentes en su actuar y así evitar el desafortunado desplazamiento de la población del Corregimiento de Bajo Grande (Bolívar). Lo que significa que si estaban haciendo vigilancia de manera diligente, se han debido dar cuenta que “un grupo de 50 “S” presuntos integrantes de Autodefensas se infiltraban desplazando a la población.- resumen diario de inteligencia del 25 de octubre de 1999” Y en ese contexto las acciones tendientes a restaurar el orden público se disponen una vez desplazada la población el día 25 de octubre, según se puede establecer en la orden fragmentada ya citada. Por otro lado, El Tribunal debió haber analizado las acusaciones que se formularon en los alegatos de conclusión sobre la responsabilidad de la Infantería de Marina, en el desplazamiento del corregimiento de las Palmas, y para lo cual se aportó la copia del periódico El Universal de Cartagena, en su edición digital bajo el título “Infantes de Marina Causantes de Asesinatos y Desplazamiento en las Palmas, la que puede ser consultada en la página https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/infantes-demarina-causantes-de-asesinatos-y-desplazamiento-en-las-palmas-1306665PTEU218474, en la que se señala que los Infantes de Marina se hicieron pasar por un grupo armado ilegal. Lo cual puede evidenciar, dice el apelante, “que eran comandados desde el corregimiento de Bajo Grande, hecho que señala una situación análoga en el corregimiento objeto de la demanda,

sobre todo si se tiene en cuenta la proximidad de tiempo y lugar.” 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 Por lo que es necesario comparar las situaciones presentadas en ambos corregimientos y de esta manera se podrá determinar la responsabilidad de los agentes del Estado y los grupos insurgentes, pues atendiendo la sentencia de del 31 de agosto de 2017 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección TerceraSubsección

B. Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 130012331000200010149201, en la cual se establece los criterios de flexibilización de la prueba, los cuales deben aplicarse en los hechos relacionados con delitos de lesa humanidad, la cual señala: “En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aún, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el Juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a

criterios flexibles, privilegiando la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas. Lo anterior, resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humanos, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues es estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al Juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concre4ta y flexibilizar los estándares probatorios. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PGP(rev.2)

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Expediente No. (65916) 13001233300020170089501 Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la pr