PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - La caducidad se cuenta por el término de dos años

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El título de imputación es objetiva en tratándose de privación injusta de libertad El título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La caducidad se cuenta por el término de dos años RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se configura cuando el hecho no existió, el sindicado no la cometió o la conducta no es típica/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Opera cuando se absuelve al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo VALORACIÓN PROBATORIA-No es suficiente el juicio de tipicidad sino debe analizarse la imputación de responsabilidad COMPETENCIA-No le corresponde a la Fiscalía adoptar decisión alguna sobre la libertad del procesado La Fiscalía imputó cargos, correspondiendo al juez de garantías acoger o desestimar las solicitudes del ente acusador, por lo que el Ministerio Público comparte la posición del a-quo en absolver de toda responsabilidad a la Fiscalía en cuanto no le correspondía adoptar decisión alguna que comprometiera la libertad del procesado, recayendo exclusivamente en el juzgador la adopción de las decisiones judiciales relacionadas con la detención del sindicado, por lo que la responsabilidad de la administración deberá de manera exclusiva en la Rama Judicial. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Genera el reconocimiento de perjuicios materiales y morales Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 41065 PERJUICIOS MORALES-Se presumen sufridos por los parientes cercanos a la víctima Tratándose de la madre y los hermanos, de quienes no sólo conforme a los lineamientos jurisprudenciales se presume el padecimiento y aflicción por el hecho de la detención, sino que al proceso se allegaron los testimonios señalados, los que dan cuenta del dolor padecido por los demandantes como consecuencia de la detención, aludiendo a hechos concretos por la aflicción y congoja padecida, mencionando la tristeza, la depresión y el llanto que tuvieron durante dicho lapso por lo que la tasación de dicho perjuicio se deberá determinar de manera razonable arbitrium judicis, teniendo en cuenta un padecimiento de grado menor por la corta duración de la detención (tres meses). Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 41065

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 020 / 2011

Bogotá, D.C., 22 de Julio de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejera Ponente Doctora: OLGA MELIDA VALLE de DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 6600 1233 1000 2008 00322 01 (41065)

Acción: Reparación Directa Actor: Nelson Bonilla Bonilla y otros Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Nelson Bonilla Bonilla, afectado directo; Sara Bonilla Rojas (madre) quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijas Diana Marcela Bonilla Bonilla y Katerine Lorena Morales Bonilla (hermanas de la víctima directa), y John Jairo, Johny Alexander, Yeni Patricia y Carmenza Bonilla Bonilla (hermanos), en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, para que se les declare administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad del primero. 1.2. La Fiscalía se opuso a las pretensiones. Indicó que la Fiscalía no obró de forma apresurada ni negligente, que el proceso penal se adelantó conforme a las disposiciones constitucionales y legales, que la propia víctima con su actuar irresponsable dio lugar a la detención lo que configura eximente de responsabilidad. Que quien decide y decreta la medida de aseguramiento es el juez de control de garantías el que halló los presupuestos para proceder en tal

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4 Expediente 41065 sentido. Precisó que la exoneración de responsabilidad obedeció a la aplicación del principio universal del in dubio pro reo. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa excluyente de la propia víctima (Cfr. fls. 226 a 242 C.1-1) La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – guardó silencio (constancia secretarial fl. 259 C.1-1) 1.3. El a-quo señaló que la privación de la libertad se dio bajo la vigencia de la Ley 906 de 2004, y por ello bajo el imperio de las previsiones contenidas en los artículos 90 de la Carta y 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que prevé la responsabilidad objetiva aún en casos de duda sobre el compromiso penal del sindicado. Examinó si la imputación de la Fiscalía constituía un proceder arbitrario. Si fue proporcional, razonable y acorde con los procedimientos legales, concluye que solicitada al juez con funciones de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva la misma fue acogida, lo que exoneró de responsabilidad al ente acusador. Que tampoco existe responsabilidad de la Rama Judicial por el proceder del juez de garantías, pues existía mérito suficiente para decretar y mantener la medida restrictiva de la libertad. Precisó que la absolución se dio ante la falta de certeza, lo que no torna en injusta la privación de la libertad que fue decretada en consideración a que existían graves hechos indicadores que vinculaban al hoy demandante con

el delito investigado, por lo que la detención era una carga que el sindicado debía soportar. Según el a quo para el caso concurre la culpa exclusiva de la víctima, quien incurrió en comportamientos faltos de cuidado al haber sido participe de los hechos investigados (Cfr. fls. 321 a 347 C.4) 1.4. Apeló la parte actora. Adujo que conforme a los lineamientos jurisprudenciales cuando se da la absolución cabe el derecho a la reparación. Cuestionó que el a-quo no se haya pronunciado sobre la atipicidad de la conducta lo que no justificaba la medida de aseguramiento, por lo que no tenía porque soportar la privación de su libertad (Cfr. fls. 321 a 359 C.4).

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico a resolver está centrado en torno a los argumentos del apelante único, consistente en determinar si la privación de la libertad del señor Nelson Bonilla Bonilla fue injusta, y, de ser así, si la Administración está obligada a indemnizar a los demandantes.

2.1 Caducidad. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 41065 El fallo absolutorio se produjo el 30 de agosto de 2006 (Cfr. fls. 60 y ss. C.2), la demanda fue presentada el 1° de agosto de 2008 (Cfr. fl. 102 C.1) por lo que se

concluye que la acción de reparación directa se ejercitó antes de los 2 años, en tiempo, según lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. 2.2. Legitimación en la causa Nelson Bonilla Bonilla actúa en su condición de afectado directo al haber estado privado de la libertad (Cfr. fls. 14 y 58 C.1). Al proceso fueron allegadas copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de quien interviene como afectado directo, como de sus hermanos (Cfr. fls. 7 y 9 a 14) y en tal virtud se tiene por establecido el parentesco, razón por la cual se infiere la legitimación en la causa de los demandantes. 2.3. Titulo de imputación Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades[1], el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita[2]. 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones[3], al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991[4] (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de

carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras [1] Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de julio (178) Exp 38365. Recientemente se ha tratado el tema en los conceptos de 29 de noviembre (282) Exp. 38895 y de 1° de diciembre (285) Exp. 39029 [2] Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895 [ 3] [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros.

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. [ 4] [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 41065 providencias[5], se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 1997[6] y reiterada recientemente[7], amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia[8] y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera

injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que [ 5] [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis.

Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra. [ 6] [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo

Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. [7] [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

[8] [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 41065 comprende el artículo 414 del C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan

la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo,

fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 41065 la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” [ 9 ] (resalto y subrayo) 2.4. Caso concreto

2.4.1. Privación de la libertad Al proceso se allegaron copias de las actas, como de las grabaciones magnetofónicas del proceso penal seguido contra el señor Nelson Bonilla Bonilla (Cfr. fls. 7 y ss. C.2) proceso dentro del cual se advierte que el 15 de mayo de 2006 fueron recibidas las diligencias por el Juzgado Penal de conocimiento, con detenido (Cfr. fl. 14 C.2) contra quien los días 14, 15 y 16 de agosto de 2006 se llevó a cabo audiencia de formulación de cargos y de audiencia oral (Cfr. fls. 39 y ss. C.2), a quien se le concedió la libertad el 16 de agosto de 2006 (Cfr. fl. 58 C.2) en la audiencia en la que se anunció el sentido del fallo 2.4.2. Decisión en el proceso penal En la copia del acta de audiencia pública - lectura de la sentencia – (Cfr. fls. 60 y ss. C.2) se expresó: “El Ministerio Público solicita la absolución al considerar, que el ente Fiscal no pudo probar su teoría del caso, pues no probó que Nelson Bonilla puso en estado de indefensión a la víctima (…) Se refiere a las contradicciones en las versiones dadas por la ofendida, las que para él plantean dudas acerca de si Bonilla también la agredió. […] [9] Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056

Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 41065 CONSIDERANDOS […] (…) Debemos tener en cuenta, que la conducta descrita en la norma trae varios complementos descriptivos como son: determinación genérica: La que se cualifica de manera especial y compleja en la presente modalidad de violación. La víctima debe ser puesta, por el autor, en una de las tres circunstancias enunciadas normativamente, que se tornan en los medios comisitos típicos. El agente da lugar a la situación y a la vez en forma simultánea o subsiguiente se aprovecha de ella para la perfección del respectivo acto sexual, en cuanto a la víctima, es puesta en una situación que le hace imposible discernir, comprender autorregular su respuesta sexual, pues claramente se trata de afectaciones de orden físico o psíquico que la imposibilitan a oponerse a la agresión. […] De las narraciones efectuadas por la ofendida de la manera como ocurrieron los hechos, no se vislumbra en ningún momento que ésta haya estado inconciente o que su capacidad de aceptación o rechazo del acto sexual haya menguado, pues la misma manifestó la forma como rechazó el acto sexual, incluso, dice que se encerró en un baño y que llamó a la policía y le contestaron de Manizales, pruebas estas que dan fe que la misma se encontraba en completo control de sus actos. Finalmente, cabe recalcar que el grado de ebriedad del sujeto pasivo debe haber producido su estado de inconciencia, elemento típico

insosloyable (sic.) por lo cual las fases de excitación, euforia, ansiedad, depresión, irritabilidad, etc, que pueda producir la ingesta de alcohólica, dependiendo de la dosis y del organismo receptor, no pueden ser considerados como estados de inconciencia, sino como simples situaciones de debilitamiento Psíquico, por ejemplo, ruptura de inhibidores, que no pueden caer dentro de la presente cobertura típica. La norma requiere también como complemento descriptivo del tipo, que el agente coloque al sujeto pasivo en este estado de inconciencia, o en esa condición de inferioridad síquica, situación que no se demostró por parte del agente fiscal, por cuanto de las probanzas recaudadas, se tiene que la misma víctima fue la que voluntariamente se colocó en estado de ebriedad, pues en ningún momento argumentó que el imputado le haya brindado alguna bebida alcohólica, e incluso, se manifestó por parte del testigo KLISMAN, que quien pago la cuenta de la bebida fue JOSE NOLBERTO, quien se había ganado un chance, y que la cuenta del hotel la pagó este mismo testigo.” (Cfr. fls. 62 a 64 C.2) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 41065 La decisión que liberó de responsabilidad se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que las pruebas no daban la certeza requerida para imponer condena.

El análisis de las pruebas indicó que no era suficiente para imputar la conducta punible, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad para reprochar la conducta y hacer la imputación objetiva del delito, por ello la detención que padeció el señor Nelson Bonilla Bonilla se tornó en injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad, configurándose una de las hipótesis de responsabilidad objetiva pues la detención fue injusta, por lo que se debe indemnizar al demandante por los perjuicios que le fueron causados. La Fiscalía imputó cargos conforme al artículo 336 de la Ley 906 del 2004, correspondiendo al juez de garantías acoger o desestimar las solicitudes del ente acusador, por lo que el Ministerio Público comparte la posición del a-quo en absolver de toda responsabilidad a la Fiscalía en cuanto no le correspondía adoptar decisión alguna que comprometiera la libertad del procesado, recayendo exclusivamente en el juzgador la adopción de las decisiones judiciales relacionadas con la detención del sindicado, por lo que la responsabilidad de la administración deberá de manera exclusiva en la Rama Judicial. Por el hecho de la detención durante el lapso 15 de mayo de 2006 (Cfr. fl. 14 C.2) a 30 de agosto de la misma anualidad (Cfr. fl. 58 C.2) por tres meses y 15 días cabe entonces el reconocimiento de perjuicios materiales y morales para los demandantes. Tratándose de la madre y los hermanos, de quienes no sólo conforme a los lineamientos jurisprudenciales se presume el padecimiento y aflicción por el hecho de la detención, sino que al proceso se allegaron los testimonios de

Sandra Milena Rodríguez Gómez (Cfr. fls. 89 a 93 C. 2), Dolly Londoño Corrales (Cfr. fls. 93 a 98 C.2) y Patricia Pastez Domínguez (Cfr. fls. 99 na 103 C.2), los que dan cuenta del dolor padecido por los demandantes como consecuencia de la detención, aludiendo a hechos concretos por la aflicción y congoja padecida, mencionando la tristeza, la depresión y el llanto que tuvieron durante dicho lapso por lo que la tasación de dicho perjuicio se deberá determinar de manera razonable arbitrium judicis, teniendo en cuenta un padecimiento de grado menor por la corta duración de la detención (tres meses). Cabe igualmente el reconocimiento del perjuicio material por daño emergente en cuantía de ocho millones de pesos (Cfr. fl. 84 C.1), como quiera que al proceso se aportó el contrato de prestación de servicios profesionales y los respectivos recibos de pago (Cfr. fls. 68 a 71 C.1), los que fueron debidamente reconocidos dentro de la actuación (Cfr. fl. 83 C.2). Y el lucro cesante correspondiente a los ingresos dejados de percibir por el detenido, los que se Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 41065 deberán liquidar con base en el salario mínimo legal mensual vigente, conforme

a lo solicitado en la demanda (Cfr. fl. 84 C.1) CONCLUSION En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea revocado, condenando a la Rama Judicial al reconocimiento de los perjuicios causados, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 41065 fbo Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co