PGN - ACCION DE REPETICION - Acreditación del pago de la condena para la prosperidad de la acción se

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de un Agente de Policía quien causo lesiones y posterior muerte a un joven con su arme de dotación ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos de procedencia Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. Que efectivamente se haya realizado el pago. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se probó el pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente respecto al accionado el primer elemento, es decir, la condena a la entidad, que surge por la participación del Agente de Policía hoy accionado, en los fatídicos hechos del 9 de octubre de 2001, en el Barrio Zamora de la ciudad de Medellín, cuando participaba de un procedimiento policial y con arma de dotación oficial, le disparó por detrás al joven, causándole una herida que posteriormente le ocasionara la muerte, hecho que se evidencia con la copia auténtica de la sentencia del 12 de noviembre de 1998, la cual fue emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, documento que fue aportado con las formalidades previstas en el artículo 254 del C.P.C., pero, como bien lo

señala el Tribunal de Instancia, al entrar al estudio del caso concreto, no probó el elemento relativo al pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante, elemento que según lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 1634 del C.C. debe ser demostrado con el documento idóneo, bien suscrito por el beneficiario del pago o acreedor del mismo, o por la certificación bancaria auténtica que dé cuenta del pago al acreedor del mismo, más no como lo pretende demostrar la accionante, a través de fotocopia autenticada de la Resolución No. 03853 del 8 de noviembre 2002, la cual fue expedida por el Director General de la policía de la época, en donde reconoce y autoriza el pago que hay que hacer en razón de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, así mismo, con el comprobante de Egreso de Transferencia No. 3270, Reporte de estado de Orden de pago y Constancia de Obligación No. 2237 del 18 de diciembre de la misma anualidad, más no demuestra el pago efectivo realizado al beneficiario o acreedor del mismo, a pesar de no existir una tarifa probatoria única. PAGO DE LA CONDENA-Es requisito probatorio para demostrar el elemento objetivo de la acción de repetición/VALORACIÓN PROBATORIA-No se acreditó el pago de la obligación dineraria al beneficiario cuyo reembolso se pretende La entidad demandante, no obstante los trámites antes referidos encaminados a cumplir un pago, no logra demostrar que estos fueran para el ordenado dentro del fallo de reparación a los familiares de la víctima que se pretende hoy recuperar por vía de acción

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. Evo de repetición, dado su insuficiencia probatoria para dar certeza sobre el pago efectivo de la suma de dinero que la Nación se comprometía a pagar por sentencia judicial, toda vez, que a pesar de existir un acto administrativo donde se reconoce y se presupuesta el pago para uno de los beneficiados con la decisión judicial en reparación (Resolución 03853), no se logra identificar y en calidad de que se recibe lo pagado, ni el mecanismo bancario a través del cual se hizo el pago efectivo, ante la imposibilidad de identificar en la consignación allegada si el número con el cual se identifica la cuenta sobre la cual se efectuó el depósito pertenecía a alguno de los beneficiarios de la víctima, o a un autorizado, tal y como lo contempló el a quo para no otorgarle valor probatorio, conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado para acreditar el pago en sentencia del 8 de noviembre de 2007, exp. 30327. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Tránsito legislativo para interponer la acción según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Acreditación del pago de la condena para la

prosperidad de la acción según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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.

Evo CONCEPTO No. 064 / 2014

Bogotá, D.C., 8 de abril de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200300638 01(49793)

Acción de Repetición

ACTOR: Ministerio de Defensa – Policía Nacional DEMANDADO: Oliverio Ruíz Rivera Sentido del Concepto: Solicitud de Confirmar de la sentencia apelada / No se demostró el pago de la indemnización de acuerdo a lo prescrito por los artículos 77 y 78 del C.C.A, como requisito para poder acudir en repetición. / Las pruebas allegadas para demostrar el elemento relativo al pago, no ofrecieron certeza para identificar el titular de la cuenta y, a que la orden de pago figuraba a nombre de una persona que se desconoce en calidad de que recibía.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la

Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en los artículos 90 de la Constitución Nacional y 77 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra el señor Oliverio Ruíz Rivera, al haber tenido la entidad accionante que desembolsar la suma de veintidós millones quinientos veintisiete mil ochocientos veintiocho pesos con veintiséis centavos ( $22.527.828.26), valor correspondiente a lo ordenado en sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de noviembre de 1998, al ser declarada la entidad responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los señores Blanca Inés Benjumea Osorio, Didier Alejandro Márquez Benjumea y Gladys Eugenia López Benjumea, con ocasión de la muerte del joven Jhon Fredy Valencia Benjumea, en hechos ocurridos el 9 de octubre de 1991 cuando se adelantaba un operativo policial. 1.2. La contestación

1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, el curador ad litem designado para la defensa del señor Oliverio Ruíz Rivera, le da contestación a la demanda manifestando que se allana a la misma, a las pretensiones y que se estará a lo probado en el proceso. Propone las excepciones inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de fecha 8 de octubre de 2013, resolvió negar las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos (fls. 220 a 227): 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo  Dice que la parte demandante dejó completamente huérfano de prueba un requisito objetivo para la prosperidad de la acción de repetición, incumpliendo así la carga procesal de acreditar los supuestos de hecho de la demanda referidos al pago, por consiguiente, debe soportar los efectos jurídicos de la omisión en tal sentido, de manera que la Sala se abstendrá de seguir estudiando los demás elementos estructurales, para la procedencia de la pretensiones negando en consecuencia las mismas.  Que por consiguiente, al no ser posible analizar la conducta del demandado, no es posible hablar de su deber de restituir a favor de la Nación lo supuestamente

pagado a los familiares de la víctima, lo que hace que la excepción de inexistencia de la obligación prospere.  Por último decide, que dado a que el demandado estuvo representado por curador ad litem, se condenará a la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de costas procesales. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del ente demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en razón a que negó las pretensiones de la demanda, solicitando su revocatoria argumentando lo siguiente:  Respecto de la prueba del pago efectuado por la entidad a favor del beneficiario, se permite manifestar con todo respeto que el fallador de primera instancia, no tuvo en cuenta al momento de emitir un pronunciamiento de fondo, las pruebas documentales que se aportan al proceso, toda vez que dichos documentos emanados por la entidad, por ser de carácter público gozan 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo de validez y parte del principio de la buena fe que rige las actuaciones administrativas, por cuanto la Resolución de pago 00458 de 15/02/2001, que modificó la Resolución 03853 de 05/11/2000 expedida por la Dirección

Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, comprobante de egreso número 4892 del 28/02/2001 y comprobante de consignación en cheque número 3732297 por valor de $22.499.683, constituyen el elemento material que da prueba del pago de un acuerdo conciliatorio, documento este que nunca fue tachado de falso.  Así mismo dice, que el a quo no se pronunció a cerca del elemento subjetivo que trata sobre la responsabilidad personal del agente bajo el título de dolo o culpa grave, presupuesto necesario además del objetivo para la prosperidad de la presente acción resarcitoria en favor de la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional. En consecuencia es necesario que se dé la pertinente valoración probatoria a las pruebas arrimadas al proceso en lo relativo a este elemento pues demuestran la responsabilidad patrimonial del demandado.  Por último, frente a la condena en costa y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, manifiesta que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, actuación que no se presentó en el sub lite, razón por la cual no hay lugar para que se efectúe la imposición de condena en costas alguna.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo 2.1.1. ¿Se encuentra probado en el expediente que el Agente de la Policía Nacional, señor Oliverio Ruíz Rivera, hubiera actuado con culpa grave o dolo en los hechos presentados el 9 de octubre de 1991, en el Barrio Zamora de la ciudad de Medellín, al dispararle con su arma de dotación oficial al Señor John Fredy Valencia Benjumea, cuando participaba de un procedimiento policial, causándole lesiones y posterior muerte a causa de las mismas, y que diera lugar a la condena impuesta contra la Policía Nacional por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa que terminara con la sentencia del 12 de noviembre de 1998? 2.1.2. ¿Se cumple con las exigencias de los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo en cuanto a los requisitos de procedibilidad para impetrar la acción de repetición? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Acción de Repetición.- Tránsito legislativo El Honorable Consejo de Estado respecto al transito legislativo para interponer la acción, ha dicho: “Para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, se tiene suficientemente averiguado por la jurisprudencia y la doctrina que la regla general es que la norma nueva rige hacia el futuro, al porvenir, esto es, se

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo aplica a los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación; por excepción, puede ser retroactiva, esto es, cobijar hechos o situaciones ocurridas en el pasado y con anterioridad a su vigencia. Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave. Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Carta Política de 1991, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. 1

Y en la misma sentencia se pronuncio respecto de los requisitos de procedencia de la acción de repetición “En aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño2. 2.2.3. Pruebas en segunda instancia – Procedencia - Principio de Oportunidad Probatoria - se contraría cuando se presentan nuevas pruebas en segunda instancia. 1 Consejo de EstadoSección Tercera, Consejera ponente Ruth Estela Correa palacios. Rad. No. 41001-199508354-01 2 Consejo de EstadoSección Tercera, Consejera ponente Ruth Estela Correa palacios. Rad. No. 41001-199508354-01 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo “Del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo se colige que el período probatorio en la apelación de sentencias, sólo tiene lugar cuando aparecen acreditados algunos de los eventos ahí consagrados. Por ende, en esta oportunidad no se les permite a las partes, como sucede en la primera instancia, allegar o aportar medios probatorios adicionales. En efecto, el hecho que la sentencia apelada negara las pretensiones porque no se acreditó en el proceso algunas situaciones fácticas, no constituye motivo que dé lugar a la presentación de nuevas pruebas en esta instancia; pues dicha actuación, además de no encontrase descrita en alguno de los casos previstos en el artículo 214 del C. C. A., contraría el principio de la oportunidad probatoria, conforme se lee en sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Consejero Ponente Dr. Hugo Hernando Bastidas, de fecha abril 23 de 2009, en el radicado interno 16965” 2.2.3. Acreditación del pago de la condena para la prosperidad de la acción de repetición. Al respecto el H. Consejo de Estado se refirió de la siguiente manera3: "A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar

suscritos por el beneficiario. " Con posterioridad nuevamente refirió4: "De manera que al margen del mérito probatorio de la copia allegada al proceso, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá, Ocho (8) de Marzo de dos mil Siete (2007) Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00999-01 (25749) Actor: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, Demandado: Walter Siachoque castro y Carlos Vicente Calderón España. Acción de Repetición 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá, Ocho (8) de Marzo de dos mil Siete (2007) Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00999-01 (25749) Actor: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, Demandado: Walter Siachoque castro y Carlos Vicente Calderón España. Acción de Repetición 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo con un documento emanado de sus funcionarios y que, además, no da cuenta de que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues

la orden de pago tan sólo constituye un trámite administrativo que permite viabilizar el desembolso de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal específico, pero no permite inferir que efectivamente se haya producido el pago a favor del beneficiario de la condena y correlativamente que la entidad se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Conforme lo ha expuesto la reiterada jurisprudencia de la Sala, el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, El tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió el pago en eL cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de éste en el mismo sentido. A este respecto la Sala ha precisado: "Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (art. 1626 Y 1757, C.C.), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito, pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma V la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la

manifestación expresa de éste sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación. En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009: " .. .En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 10 de octubre de 2008, que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago ... " 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo 2.3. Las pruebas obrantes: Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son:  De (fls. 202 – 210 C.ppal) copia auténtica de la sentencia del 12 de noviembre de 1998, proferida dentro del proceso de reparación directa por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró responsable a la

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de los daños y perjuicios ocasionados a los señores Blanca Inés Benjumea Osorio, Didier Alejandro Márquez Benjumea y Gladys Eugenia López Benjumea, con ocasión de la muerte del joven Fredy Valencia Benjumea, en hechos ocurridos el 9 de octubre de 1991.  A (fl. 221) copia auténtica de la Resolución No. 03853 del 8 de noviembre de 2000, expedida por la Dirección de la Policía Nacional, por la cual se compromete y ordena el pago de una partida del presupuesto de funcionamiento de la vigencia fiscal del año 2000, para pagar compromisos adquiridos con relación al pago de sentencias y conciliaciones, donde aparece incluida para pago la señora Blanca Inés Benjumea.  De (fls. 75-76) extracto de la hoja de vida y acta de posesión de como Agente profesional de la Policía Nacional del señor Oliverio Ruiz Rivera. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo  A (fl.77) obra en original recibo de egresos de transferencias, de fecha 28/02/2001, en el cual se relaciona el pago de la suma de $22.499.683.37 por

concepto de pago de sentencia a favor del señor Rodrigo Cadavid Restrepo, del cual no se acredita qué interés le asistió en el proceso para recibir el pago.  (fl. 78) obra copia autenticada de un comprobante de consignación No. 3732297, en la que le aparece registrado un numero de cuenta, el valor a consignar y un sello de registradora, pero no un dato que concluya que el dinero fue depositado a favor de los accionantes familiares de la víctima. 2.4. Caso concreto Antes de entrar al análisis del caso en estudio, hay que hacer mención que para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.  El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente respecto al accionado el primer elemento, es decir, la condena a la entidad, que surge por la participación del Agente de Policía hoy

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49739 (050012331000200300638 01) . Evo accionado Oliverio Ruiz Rivera, en los fatídicos hechos del 9 de octubre de 2001, en el Barrio Zamora de la ciudad de Medellín, cuando participaba de un procedimiento policial y con arma de dotación oficial, le disparó por detrás al joven John Fredy Valencia Benjumea, causándole una herida que posteriormente le ocasionara la muerte, hecho que se evidencia con la copia auténtica de la sentencia del 12 de noviembre de 1998, la cual fue emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, documento que fue aportado con las formalidades previstas en el artículo 254 del C.P.C., pero, como bien lo señala el Tribunal de Instancia, al entrar al estudio del caso concreto, no probó el elemento relativo al pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante, elemento que según lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 1634 del C.C. debe ser demostrado con el documento idóneo, bien suscrito por el beneficiario del pago o acreedor del mismo, o por la certificación bancaria auténtica que dé cuenta del pago al acreedor del mismo, más no como lo pretende demostrar la accionante, a través de fotocopia autenticada de la Resolución No. 03853 del 8 de noviembre 2002, la cual fue expedida por el Director General de la policía de la época, en donde reconoce y autoriza el pago que hay que hacer en razón de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, así mismo, con el comprobante de Egreso de

Transferencia No. 3270, Reporte de estado de Orden de pago y Constancia de Obligación No. 2237 del 18 de diciembre de la misma anualidad, mas no demuestra el pago efectivo realizado al beneficiario o acreedor del mismo, a pesar de no existir una tarifa probatoria única.  De lo demostrado hasta aquí, queda claro, tal como lo reafirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia en la primera instancia, que al no haberse cumplido con el requisito estudiado por parte de la entidad demandante, por cuanto se 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo trataba de una imposición procesal que correspondía demostrar no pueden prosperar las pretensiones alegadas, para imponer sanción consistente en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a las víctimas del daño antijurídico, dado que de los medios de prueba allegados al proceso, solo se demuestra que se adelantó una actuación administrativa tendiente a reconocer una obligación a cargo de la entidad accionante, pero carente de la virtualidad suficiente para acreditar el pago mismo de la obligación dineraria, cuyo rembolso se pretende, pues solo se allegó copia auténtica de la Resolución Nro. 03853 del 8 de noviembre del año 2000,

expedida por el Director General de la Policía Nacional (fl. 221) "por la cual se compromete y ordena el pago de una partida del Presupuesto de Funcionamiento de la Policía Nacional de la Vigencia Fiscal de 2000", en donde se lee: "Que la Policía Nacional, en su razón de la situación planteada, está obligada a constituir en Cuentas por Pagar los compromisos adquiridos con relación al pago de Sentencias y Conciliaciones, liquidando intereses hasta el 31 de octubre de 2000, de conformidad a la siguiente enumeración: RADICACIÓN: 743-S-99, ACTOR BENJUMEA BLANCA INÉS, VALOR 22.527.828.26"; un recibo de egresos de transferencias, en el cual se relacionada el pago de la suma de $ 22.499.683.37 por concepto de pago de sentencia a favor del señor Rodrigo Cadavid Restrepo, del cual es de anotar, no se acredita qué interés le asistió en el proceso de reparación directa o si estaba facultado para recibirla, de igual manera, tampoco fue suscrito por éste, pues, el espacio de -recibido porse encuentra en blanco, de lo cual se infiere que no existe una manifestación expresa de su parte sobre el pago a entera satisfacción, y por último, un comprobante de consignación en cheque No. 3732297, en el cual se anota el valor consignado (22.499.683) y un número de cuenta, más ningún otro dato que lleve a concluir que la misma fue consignada a favor de los familiares del occiso, o que pertenezca a estos. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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. Evo  De lo