PGN - ACCION DE REPETICION - Aplicación de la ley en el tiempo según jurisprudencia del consejo de e

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2011 CONSEJERA PONENTE: RUTH STELLA CORREA PALACIO. RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2007-00074-00(34816). SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, DEL 30 DE MARZO DE 2017 M.P. DOCTOR DANILO ROJAS BETANCOURT. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL 5 DE OCTUBRE DE 2016, RADICACIÓN 19001-23-31-000-2008-00130-01(44139), M.P. DOCTORA MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, EXPEDIENTE 30113,

C.P. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA.

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Expedir acto administrativo de traslado con desviación de poder ACCIÓN DE REPETICIÓN-Objeto recuperar u obtener reembolso de los que el estado pago por hecho antijurídico/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Supuestos según regulación legal La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, en el ejercicio de dicha función. Es por ello que en el proceso se

debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. Esta acción actualmente se encuentra regulada por la Ley 678 de 2001, que establece los supuestos en los que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Aplicación de la ley en el tiempo según jurisprudencia del Consejo de Estado DOLO Y CULPA GRAVE-Definición según regulación legal CONDUCTA DOLOSO Y GRAVEMENTE CULPOSA-Allegar al proceso elementos de convicción que acrediten culpabilidad del servidor público Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales objetivos y subjetivos De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, salir avante Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (51.957) 11 0010 326 00020140011700 Jaime Castro Borrero ante la jurisdicción contenciosa administrativa, contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya realizado un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición según regulación legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos esenciales según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos necesarios según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos esenciales A partir de los anteriores lineamientos, el Ministerio Público infiere que los requisitos esenciales para la prosperidad de la acción de repetición son los siguientes:

1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación.

2. El pago efectivo de la anterior condena.

3. La calidad de agentes del Estado de los demandados y su participación en los hechos que dieron lugar a la condena.

4. Que los agentes del Estado hayan actuado con culpa grave o dolo, y que dicho actuar haya sido causa parcial o total de la condena en contra del

Estado. De tales presupuestos, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales enunciados, los primeros tres, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y el último, correspondiente a la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, y su incidencia en la condena, es el elemento

subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. CONDUCTA DOLOSA Y GRAVEMENTE CULPOSA-Requisitos legales Una vez evaluados los anteriores requisitos, corresponde analizar si en el presente caso, el Estado fue condenado por causa de una conducta dolosa o gravemente 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero culposa de sus agentes demandados, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 2° del art. 90 de la Constitución Nacional. Así, en orden a determinar lo anterior, metodológicamente primero debe establecerse si los agentes del Estado obraron con dolo o culpa grave, y en caso afirmativo, se debe proceder a analizar, si dicha conducta irregular fue determinante en el daño producido, en virtud del cual fue obligado el Estado al pago de una condena. INCUMPLIMIENTO-Grave cuando la actuación es consciente y voluntaria del agente Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, se concluye que, en aras de establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave; igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue

debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas –actuación dolosa-, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo –actuación culposa-. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Decisivo al analizar la conducta del agente/CARGA DE LA PRUEBA-Establecer la acción u omisión del sujeto Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, error de juicio, o cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad, y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta”. Así mismo, a partir de lo anterior resulta claro que a la Entidad que repite en contra de un servidor público o de un particular que ejerce funciones públicas, tiene la carga probatoria de establecer las acciones u omisiones concretas en que incurrió dicho sujeto, que podrían calificarse de dolosas o gravemente culposas, consideraciones que se encuentran en armonía con el art. 177 del C.P.C. ACTIVIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Proporcional a la importancia, salario y responsabilidad de su cargo Esta Delegada se toma la libertad de ampliar el juicio sobre el actuar del ahora demandado. Esta persona no era cualquier funcionario público. Se trataba de un Director. Por tal motivo, su actuación debe ser proporcional a la importancia, salario y responsabilidad de su cargo. Como Director, está llamado a desplegar una mayor

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero atención en sus labores y ser ejemplo al interior de la entidad, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de valorar la calificación de la conducta. Siendo así, no dudamos en calificar de culposa en grado de gravedad, la desviación de la realidad del Director al esgrimir unas razones para la desvinculación de un funcionario declarando el abandono del cargo, cuando en realidad fueron otros los motivos que llevaron a su proceder, pues reiteramos que la jurisprudencia ha establecido ampliamente que el motivo del retiro de un funcionario, debe ser en función del mejoramiento del servicio y no el deseo de revancha frente a una denuncia de un posible acto de corrupción ante la Procuraduría General de la Nación. La conducta con que procedió el Director frente a su cargo, no aparece justificado por ningún eximente de responsabilidad, inducción al error o hecho de un tercero, lo cual se desprende de la prácticamente nula defensa del demandado, pues no contesto la demanda, por tanto no interpuso ningún tipo de excepciones ni solicito la práctica de ninguna prueba conducente a su defensa, lleva a esta Delegada a reafirmarse en el actuar doloso por parte del repetido mediante la presente acción, lo cual de paso genera un mal ejemplo frente al fenómeno de

corrupción, donde el ejemplo de denunciar posibles irregularidades de la administración, antes que perseguirla, tiene que ser un referente imperativo. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 76/ 2018 Bogotá, D.C, 18 de mayo de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente

Doctora MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001032600020140011700 (51957) Medio de control: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011

ACTOR: Patrimonio Autónomo PAP FIDUPREVISORA.

DEMANDADO: Jorge Noguera Cotes Sentido del concepto: La prueba de pago de la condena es requisito para demostrar el elemento objetivo frente a la acción de repetición / Se acreditó el pago de la condena por allegarse documento que otorgue certeza sobre la cancelación efectiva de la condena /Está demostrado el dolo del entonces Director del DAS, como la conducta causante de la condena al Estado, al demostrarse que la desvinculación del funcionario se dio desconociendo el

debido proceso y el derecho de defensa al expresar un motivo diferente al que realmente era, en la expedición del acto administrativo, lo cual deriva en la procedibilidad de la acción de repetición. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1.Demanda.  El señor Rodolfo Benitez Quintana, venia laborando en el DAS, desde el 20 de enero de 1989.  Como Jefe de la Oficina de Protección Especial y supervisor del contrato suscrito entre INDUMIL y el DAS, detectó posibles irregularidades en el objeto del mismo, que era la entrega de armas y municiones.  Esta denuncia se la comunicó a la oficina jurídica y a la oficina de control interno del DAS en el mes de noviembre de 2003. Así mismo, presentó queja ante la PGN. Esta situación generó que la Dirección del DAS lo

trasladara a la seccional del Chocó.  Notificado de la orden de traslado, solicitó una licencia de 30 días no remunerada, la cual fue negada por necesidades del servicio.  El cumplimiento de la orden de traslado le generó inconvenientes al interior de su familia y perjuicios a la salud de su hijo menor y en el rendimiento académico de los mismos.  Durante el tiempo de traslado fue objeto de denuncias y amenazas contra su vida y solicitó protección a la PGN.  Finalmente, el 9 de agosto de 2004, es trasladado a la seccional de Cundinamarca.  Estando en la seccional de Cundinamarca, amplia la denuncia inicialmente presentada ante la PGN. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero  El 13 de septiembre de 2004, se dispone el traslado nuevamente a la seccional Chocó. El señor no se traslada y continúa en Cundinamarca, asistiendo a su oficina.  El 7 de octubre de 2004, se declara la vacancia por abandono del cargo.  Demanda y el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Bogotá, el 20 de

junio de 2008, declara la nulidad del acto que declaró el abandono del cargo.  Esta sentencia es apelada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de noviembre de 2010, la confirma.  La sentencia es cumplida el 20 de agosto de 2013 por parte del entonces DAS, fecha en la que se cancela la suma de $434.562.520, según consta en la orden de pago No 197143413 del 20 de agosto de 2013, suscrita por el Coordinador del Grupo de Tesorería del extinto DAS.  Basado en la desviación de poder, que se materializó en el hecho de que a Benitez Quintana no se destituyó por abandono del cargo, sino, como una retaliación por la denuncia de una irregularidad ante la Procuraduría General de la Nación, el Patrimonio Autónomo PAP FIDUPREVISORA instauró la demanda en contra del Noguera Cotes en repetición por el pago realizado a Benítez Quintana. CUANTÍA  Al momento de presentar la demanda se invocó la suma de $434.562.520.

CADUCIDAD

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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En el caso concreto, de conformidad con el artículo 352 del C.P.C, no opera la caducidad, toda vez que el pago total que realizó el entonces DAS, se hizo el 20 de agosto de 2013, y la demanda de repetición fue radicada el 22 de agosto de 2014, estando dentro de los dos años. Así, por lo anterior considera que dicha situación le habilita para instaurar acción de repetición contra los demandados, apoyándose en el art. 90 de la Constitución, los arts. 77 y 78 del C.C.A; el art. 6°, num. 1, de la Ley 678 de 2001 y los artículos 142 y 164 literal l), numeral 2) del CPACA. 1.2. Concepto de Violación. Considera el actor que el rector actuó con desviación de poder, pues su actuación temeraria estuvo precedida de un dolo, ya que lo que impulsó al funcionario administrativo que así actúa, no es una finalidad altruista para el mejoramiento del servicio, sino, desviando la realidad por la que efectivamente se expedía el acto administrativo, dado que el funcionario RODOLFO ENRIQUEZ BENITEZ QUINTANA, fue desvinculado ante la persecución que le hiciera JORGE AURELIO NOGUERA COTES, al denunciar irregularidades encontradas durante la ejecución del contrato interadministrativo No 135 suscrito entre el DAS e INDUMIL, donde se vieron involucrados altos directivos de la administración presidida por NOGUERA COTES y fue desvinculado aduciendo abandono del cargo. Considera que al existir desviación de la realidad por la que se expedía el acto

administrativo de desvinculación, lo que hizo fue tipificar su conducta en lo plasmado en el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, que consagra: “Dolo: La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración…” Considera que no fue el buen funcionamiento de la administración lo que llevó a la desvinculación del funcionario, sino otra clase de intereses y como tal, se configura la desviación de poder.

El demandado no contestó la demanda ni propuso excepciones.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.  ¿Se configuran los elementos sustanciales para la repetición instaurada por el PATRIMONIO AUTONOMO PPA, en contra de JORGE AURELIO NOGUERA COTES para obtener el reembolso de lo pagado en virtud de la condena proferida el 20 de junio de 2008 por el Juzgado 22 Administrativo del Circuito

Judicial de Bogotá? 2.2. Marco normativo y jurisprudencial. 2.2.1. Acción de Repetición La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, en el ejercicio de dicha función. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero Esta acción actualmente se encuentra regulada por la Ley 678 de 2001, que establece los supuestos en los que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño. Sin embargo, antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición era regida por las normas contenidas en el artículo 90 de la Constitución Política, en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y en el artículo 63 del Código Civil. En vista de lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que en lo sustancial, la Ley 678 de 2001 no se aplicará a los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de dicha

norma, 4 de agosto de 2001, siendo en este caso necesario remitirse a la normatividad anterior. Por su parte, se plasmó que dicha norma se aplicará a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 4 de agosto de 2001, aun cuando los hechos que dieron lugar a la acción hayan ocurrido en fecha anterior. En efecto, respecto de la aplicación de la Ley 678 de 2001 en el tiempo, el Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 20111, señaló: “Cabe advertir que, según lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia.” 1 Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 11001-03-26-000-2007-0007400(34816). 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero En el presente caso tenemos que los hechos que dieron lugar a la acción de repetición, esto es, la desvinculación de RODOLFO ENRIQUE BENITEZ QUINTANA sucedieron el 7 de octubre de 2004. Por esta razón, las normas sustantivas aplicables a la presente acción de repetición son el artículo 90 de la Constitución Política2, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo3, y el artículo 63 del Código Civil. Al respecto, la última de las normas citadas define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” (Subrayado fuera de texto) 2 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 3 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001,

esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. 2.2.2. Elementos Esenciales de la Acción de Repetición De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, salir avante ante la jurisdicción contenciosa administrativa, contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya realizado un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. Desde el punto de vista legal tenemos, que el artículo 142 del CPACA, señala lo siguiente: “ ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero

o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Jaime Castro Borrero Respecto a los requisitos esenciales para la prosperidad de la Acción de Repetición, el Consejo de Estado, entre otras, en Sentencia del 30 de marzo de 20174, señala que son los siguientes: “De acuerdo con lo anterior, se tiene que, para la prosperidad de la acción de repetición que la entidad estatal puede incoar en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, deben reunirse ciertos requisitos, que se pueden enunciar en la siguiente forma: 1) Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación o cualquier otra forma de terminación del litigio, de las que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; 2) Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación; 3) Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones; 4) Que la conducta de esa persona, haya sido dolosa o gravemente culposa”.

Por su parte, esta misma Corporación, en providencia del 5 de octubre de 20165, los enuncia así: “La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) que la demanda se haya interpuesto en tiempo; d) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; e) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y f) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica”. De otro modo se establecen mediante sentencia del 12 de septiembre de 20166, los elementos necesarios para que proceda la acción de repetición en los siguientes términos: “Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: 4 Radicación N° 41001-23-31-000-2004-00939-01(40942), M.P. Doctor Danilo Rojas Betancourt. 5 Radicación 19001-23-31-000-2008-00130-01(44139), M.P. Doctora Marta Nubia Velásquez Rico. 6 Radicación 41001-23-31-000-2010-00195-01(51722), M.P. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

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Exp. No. (51.957) 11 0010 326 00020140011700 Jaime Castro Borrero i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables”. A partir de los anteriores lineamientos, el Ministerio Público infiere que los requisitos

esenciales para la prosperidad de la acción de repetición son los siguientes: 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Jaime Castro Borrero

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (51.957) 11 0010 326 00020140011700

Jaime Castro Borrero

5. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal d