PGN - ACCION DE REPETICION - Definición según regulación legal

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Condena del Estado por despido injustificado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Definición según regulación constitucional/ACCIÓN DE REPETICIÓNN-Definición según regulación legal La Acción de Repetición, cuyo fundamento se encuentra consagrado en el artículo 90 de la Carta Política, en el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, y en la Ley 678 de 2001, consiste en la acción mediante la cual el Estado, a fin de evitar su detrimento patrimonial, persigue se reintegre a las arcas públicas el valor de la indemnización a que haya sido condenada patrimonialmente como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes públicos o particulares investidos de calidades propias del un servidor público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Conducta dolosa o culpa gravosa del agente genera detrimento patrimonial De otra parte, es preciso señalar que la acción de repetición adquiere el carácter obligatorio cuando por conducta dolosa o culpa gravosa de unos de sus agentes o particulares investidos en calidad de servidores público, se genera un detrimento patrimonial a la entidad. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Conducta Dolosa o culposa del agente según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Consecuencias frente a la inobservancia Dicha obligatoriedad de la acción en mención, acarrea ciertas obligaciones cuya inobservancia produce determinadas consecuencias: “la primera de ellas consiste en que sólo la entidad pública puede ejercerla, lo que significa que los afectados ni los ciudadanos pueden presentar directamente la demanda de repetición; y otra consecuencia es que al estar involucrado en su ejercicio el interés general, lo que

determina que no es posible desistir de ella (cfr. arts. 9, 12 y 21 Ley 678 de 2001)” ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos Así las cosas, para que proceda y prospere la acción de repetición, la jurisprudencia ha establecido la necesidad de que concurran los siguientes elementos: A.- La Entidad Pública debe haber sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular como consecuencia de su actuación como Estado. B.-En virtud de la condena señalada en el acápite anterior, la jurisdicción haya establecido que el daño antijurídico fue producto de la actuación o conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o del particular investido para realizar funciones propias de los servidores públicos. C.- Por último, que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 CARGA DE LA PRUEBA-A quien alega un hecho o un derecho según regulación legal/CARGA DE LA PRUEBA-Hechos a probar Por otro lado, el Consejo de Estado ha precisado que debido a que la Administración obra en calidad de demandante, a la misma le concierne el carga de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue

(Artículo 177 C. de P.C.). En razón a lo anterior, le corresponde a la Administración acreditar lo siguiente: a.) Que surgió para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico, bien sea por condena judicial debidamente ejecutoriada, por conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto. b.) Que el Estado pagó totalmente la obligación, con el consecuencial detrimento patrimonial. c.) La magnitud del detrimento patrimonial que se reclama del demandado y su fundamento, que no en todos los casos coincide con el valor anterior. c.) Que el demandado, a quien debe identificar de manera precisa, es o fue agente del Estado, para lo cual debe acreditar tal calidad o el cargo desempeñado. d.) Que el demandado actuó con dolo o con culpa grave, es decir, que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado. DOLO Y CULPA–Cuando se presume según regulación legal/CONDUCTA DOLOSA Y GRAVEMENTE CULPOSA-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Ahora bien, en lo que respecta al dolo y a la culpa grave de la acción de repetición, la Ley 648 de 2001 se ocupó de establecer cuándo se presenta o se presume el dolo, y cuándo hay culpa o se presume. No obstante, cabe precisar que las presunciones de dolo y de culpa establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no son las únicas de las cuáles pueden deducirse las conductas dolosas o culposas, según lo ha expresado la Corte Constitucional… DOLO Y CULPA GRAVE-Armonizar con la responsabilidad del servidor público

según jurisprudencia del Consejo de Estado PRUEBAS ADMISIBLES-Regulación legal/APORTACIÓN DE DOCUMENTOS–Regulación legal En ese sentido, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en relación con las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual, frente a las pruebas documentales, autoriza que las mismas se aporten en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES-Regulación legal Sin embargo, aún cuando la ley autoriza que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo del Consejo de Estado

CONDUCTA DOLOSA Y GRAVEMENTE CULPOSA-Presunción según regulación legal Por lo anterior, en el sub examine no se aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, en lo referente a los eventos en que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generándose así para la demandante la obligación de allegar al proceso todos los medios de prueba que permitan acreditar, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. CARGA DE LA PRUEBA-Acreditar pago total y efectivo según sentencia del Consejo de Estado Aplicadas las reflexiones que anteceden al sub examine, cabe señalar que los documentos aportados por el accionante no constituyen por sí solos pruebas idóneas a partir de las cuales se pueda deducir que existió el pago efectivo y total de una obligación a cargo de la entidad, pues si bien las pruebas permiten acreditar uno de los supuestos que debe realizar la administración para cumplir con la condena judicial impuesta, resulta indiscutible que las mismas carecen de la constancia de recibo del pago a satisfacción por parte del acreedor. …

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 24 de abril de 2013 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 13-64

Expediente: 25000-2326-000-200700522-01 (46.214)

Demandantes: Servicio Nacional de

Aprendizaje-SENA

Demandado: Carlos Ortiz Fernández,

José Manuel Jaimes García y Elsa Patricia Martínez.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal especial, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

1. La Demanda 1

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, por intermedio de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición contra los señores: Carlos Ortiz Fernández, José Manuel Jaimes García y Elsa Patricia Martínez, a fin de que se les declare patrimonialmente responsables por los 1 Folio 33 a 40 del cuaderno No. 1.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 perjuicios irrogados a la parte actora con ocasión de la condena impuesta por el la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la

Resolución No. 01229 del 15 de noviembre de 20002 y, en consecuencia, ordenó reintegrar a la señora Mercedes Millán Ruiz al cargo que desempeñaba -o uno superioren el SENA , así como a pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de su retiro de la entidad hasta la fecha de su reintegro. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la conducta de los demandados encuadraba dentro de las presunciones de culpa grave que el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 dispone, y por lo tanto, a éstos les correspondía responder por los perjuicios irrogados a la entidad. Explica el demandante: La violación manifiesta e inexcusable de las normas que regulan el tránsito vehicular, de conformidad con las prescripciones del artículo 6 de la ley 678 de 2001 constituye presunción de culpa grave imputable al demandado y presupuesto sustancial para la prosperidad de la presente acción. El comportamiento asumido por el demandado JAIME ANDELFO VILLAMIZAR JAIMES constituye grave incumplimiento de los deberes que como ciudadano y servidor público se encontraba obligado a acatar, observando el deber objetivo de cuidado en la ejecución de la actividad riesgosa confiada por el Estado. (…) Frente a la situación particular del señor JAIME ANDELFO VILLAMIZAR JAIMES conductor del vehículo militar y responsable del accidente en que perdió la vida JORGE ALIRIO BUSTAMENTE BUSTAMANTE, se observa violación de los reglamentos de tránsito vehicular por invasión del carril izquierdo, siendo su deber observar la

prelación de vía, hecho que denota imprudencia grave, dado el carácter eminentemente peligroso de la actividad que se encontraba desempeñando.

2. La Contestación 2.1. José Manuel Jaimes García3 2 Dicha resolución declaró insubsistente el nombramiento de la profesional Mercedes Millán Ruiz en el cargo de Directora de Área, grado 07 de la Dirección del Sistema Nacional de Información Profesional.

3 Folio 179 a 197 del cuaderno No. 1.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 El señor José Manuel4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando lo siguiente: Primero, señaló que no hubo un error al elegir a la señora Clarena Irene Peralta Barbosa en reemplazo de la señora Mercedes Millán Ruiz toda vez que para el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo por parte de la señora, se aplicó el sistema de equivalencia “frente la ausencia de los 24 meses de experiencia profesional específica en cargos de nivel directivo, aplicando para ello uno de los dos postgrados adicionales al necesario para el cargo, lo cual era legalmente viable y en tal sentido la hoja de vida de la Dra. (…) sí cumplía con los requisitos para el cargo, así las cosas el concepto fue correcto”. Segundo, manifestó el accionado que el concepto que éste rindió se limitaba a establecer si la señora Clarena cumplía o no con los requisitos exigidos por el

cargo, y en ese sentido, “no era de mi competencia determinar si nombraba o no, pues dicha responsabilidad recaía única y exclusivamente sobre el nominador”. Por último, el demandado propuso las siguientes excepciones: a) excepción de nulidad y ausencia de validez de la decisión del comité de defensa judicial; b) excepción de poder conferido por funcionario del SENA sin reconocimiento ni competencia legal para hacerlo; c) excepción de indebida fundamentación de las normas de derecho y de los conceptos de violación frente a los elementos probatorios aportados; d) excepción de ausencia de legitimación legal del Sena para entablar el proceso; y e) la excepción por error en la liquidación y pago del fallo. 2.2. Carlos Ortiz Fernández5 A su turno, el señor Fernández se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que la misma es infundada y carece de serios fundamentos legales, fácticos y probatorios. Para ello manifestó que: 4 Valga aclarar que al señor de la referencia se le vincula al proceso por cuanto éste fue quien conceptuó y estableció que la señora Dra. Clarena –quien reemplazo a la señora Millán Ruizefectivamente cumplía los requisitos para el cargo. 5 Folio 222 a 259 del cuaderno No.1

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 Sin pudor alguno, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del SENA, la Dirección Jurídica del SENA y el SENA como Demandante,

protagonizan una deplorable actuación judicial. Inician una nueva etapa judicial, apropiándose de algunos de los presupuestos que atacaron en procesos generadores de la demanda. Sin inmutarse tomaron la contraria a los conceptos jurídicos y fundamentos de defensa esgrimidos antes como Entidad Demandada en dos instancias administrativas, sin que se presentasen Hechos nuevos de fondo o nuevas realidades fácticas imperativas; igualmente, desestimando nuevamente la existencia y validez jurídica o legal del Acuerdo 025 de 1.998 artículo 4°., del Consejo Directivo Nacional del SENA, reglamento rector y vinculante, con el pretexto de cumplir obligaciones y exigencias constitucionales. Desde luego, con comprensible aunque deplorable sumisión, acogen o se apropian los argumentos de su primera demandante, ignoran el desacuerdo jurídico primo del SENA y con excesiva subjetividad, es decir, sin objetividad, las emprende abiertamente contra presuntos violadores de derechos y transgresores de normas legales, tipificando olímpicamente unas presunciones de conductas gravemente culposas, “culposas”, o dolosas en contra de los demandados. Así mismo, el demandado propuso como excepciones las mismas que el señor José Manuel Jaimes García planteó en su escrito de contestación de la demanda. 2.3. Elsa Patricia Martínez Díaz6 Por su parte, la señora Elsa estructura su defensa en el proceso de la siguiente manera: En primer lugar, indicó que: “(…) la declaratoria de insubsistencia la (sic) señora Millán Ruiz, se encontraba soportada en supuestos constitucionales, pues, la

excepción a la regla general de carrera administrativa, es la vinculación a empleado de libre nombramiento y remoción, los cuales pueden ser removidos de sus cargos mediante acto discrecional, pues, no pueden ser homologados ni confundidas dichas formas de vinculación”. En segundo lugar, manifestó que no existió en ningún momento un desmedro o desmejoramiento en el servicio de la administración, pues “la Doctora Clarena Irene Peralta Barbosa, era en ese momento una persona bastante preparada lo que 6 Folio 260 a 275 del cuaderno No.1.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 se evidencia en el constante estudio y actualización en sus conocimientos lo que la hacían apta para el ejercicio del cargo encomendado así mismo, si cumplía con los requisitos mínimos, exigidos por el manual de funciones de la entidad, luego de ser aplicada la equivalencia aplicada para el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo”. En tercer lugar, sostuvo la demandada que para la fecha de los hechos -15 de noviembre de 2000la Ley 678 de 2001 no se encontraba vigente, razón por la cual, las presunciones legales referentes al dolo y a la culpa grave no se aplicaban, situación que conlleva a que la carga probatoria recaiga en cabeza de la entidad. En ese sentido, explicó la accionada: (…) la accionante cimienta su demanda y sus argumentos en una ley que para el momento en que fue declarada la insubsistencia de la

señora Millán Ruiz, dado que dicha ley es aplicable en lo que respecta a la parte sustancial por hechos acaecidos posteriormente al 4 de agosto de 2.001, pese a los anterior, es preciso inferir que con la declaratoria de insubsistencia de la señora Millán Ruiz, los demandados especialmente la Doctora Elsa Patricia Martínez, no violó manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho pues tal como lo he referido anteriormente, es la misma constitución y la ley las que aprueban la declaratoria de insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y remoción, bajo la facultad discrecional del nominador sin que sea necesaria la motivación del acto administrativo que la declara, ahora la Doctora Peralta Barbosa, si cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el manual de funciones de la entidad, así mismo, era y es una persona absolutamente capacitada, como tampoco se demostró el desmejoramiento del servicio. Por último, alegó como excepcione: a) ausencia de responsabilidad administrativa por parte de la doctora Elsa Patricia Martínez; b) que la demanda se encuentra fundada en la Ley 678 de 2001, la cual no se encontraba vigente para la época en que se declaró la insubsistencia; c) la ausencia de dolo o culpa grave por parte de la referida señora; y d) la excepción de cobro de lo no debido.

3. La Sentencia de primera instancia 7 7 Folio 421 a 430 del cuaderno principal.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 13 de julio de 2012 determinó, en primer lugar, que en cuanto al señor José Manuel Jaimes García la acción estaba caducada, tal y como se evidencia a continuación: (…) se le notificó por aviso el 6 de noviembre de 2008, habiendo transcurrido un año y 18 días, desde la fecha en que se admitió la demanda hasta la fecha en que se notificó por aviso, por lo que se le debe dar aplicación al artículo 90 del C.P.C., por expresa remisión que hace el artículo 267 del CCA a las normas del CPC, en los vacíos que allí se encuentren; concluyéndose que esta acción se encuentra caducada, en virtud del plazo establecido en el artículo 90 del C.P.C. Asimismo, el tribunal de instancia desestimó las pretensiones de la demanda toda vez que consideró que la parte actora no tuvo éxito en acreditar uno de los elementos esenciales para la procedencia de la acción de repetición, es decir, no probó la concurrencia o existencia de una conducta gravemente culposa o dolosa por parte de los demandados. Al efecto, el tribunal indicó: Con el estudio realizado al material probatorio se puede evidenciar que la actuación desplegada por los doctores CARLOS ORTIZ FERNÁNDEZ y ELSA PATRICIA MARTÍNEZ DÍAZ en cuanto a la declaratoria de insubsistencia de la señora MERCEDES MILLAN y en consecuencia el nombramiento de la doctora CLARENE IRENE PERALTA BARBOSA sin el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo, mediante la Resolución No. 01220 del 15 de noviembre de 2000 y Resolución No.

01264 de 2000 respectivamente, no se puede considerar que fue a título de dolo o culpa grave, pues por lo analizado en el presente proceso se encuentra también probada el correcto concepto sobre el cumplimiento de requisitos de la hoja de vida de la Dra. CLARENE por aplicación de equivalencias y ausencia de responsabilidad administrativa propuesta por los demandados en cuanto a que el Acuerdo 00025 del 15 de diciembre de 1998 dispone en su artículo 4, antes mencionado, la posibilidad de aplicar las EQUIVALENCIAS a la hora de hacer un nombramiento para un cargo que necesito como requisitos mínimos cierto tiempo de experiencia profesional, el cual puede se compensado cuando el aspirante al cargo demuestra tener postgrados y su correspondiente formación académica, acreditando título profesional universitario, por tres (3) años de experiencia. Por lo anterior y según lo que consta en el expediente no se presenta prueba alguna que logre desvirtuar que su actuación, en la calificación de insubsistente del cargo de la funcionaria MERCEDES MILLAN, y en el posterior nombramiento de la doctora CLARENA IRENE PERALTA BARBOSA fuera arbitraria. Por el contrario, lo que hace el contenido de

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 las actuaciones es dejar claro que la conducta desplegada por los aquí demandados no se configuró a titulo de dolo o de culpa grave.

4. La apelación8

Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de a quo, la parte actora

presentó recurso de apelación, en el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en su lugar que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo de la primera instancia e hizo especial énfasis en el hecho de que los demandados infringieron el Manual de Funciones al vincular a la señora Clarene Peralta Barbosa por cuanto ésta no cumplía los requisitos mínimos exigidos por el referido manual. Lo anterior lleva al demandante a explicar entonces que: (…) la participación de los demandados en la expedición de la resolución mediante la cual se vinculó a la señora CLARENE PERALTA BARBOSA es directa y sujeta a su responsabilidad según sus funciones, la cual considera como una clara violación a las exigencias contempladas en el Manual de Funciones de mi representada, implica necesariamente que deben ser llamados a responder judicialmente por el detrimento que con sus conductas le causaron al patrimonio de mi representada, por encontrarse su conducta tipificada dentro de la noción jurisprudencial de culpa grave que ha hecho el Consejo de Estado al definirla como “aquella que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. Problema Jurídico Le corresponde a este Despacho emitir sus observaciones en cuanto a si se estructuran los elementos esenciales que permiten proceder con la acción de repetición instaurada por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en contra de los accionados.

8 Folio 432 a 436 del cuaderno principal.

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6. Marco Jurídico La Acción de Repetición, cuyo fundamento se encuentra consagrado en el artículo 90 de la Carta Política9, en el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo10, y en la Ley 678 de 200111, consiste en la acción mediante la cual el Estado, a fin de evitar su detrimento patrimonial, persigue se reintegre a las arcas públicas el valor de la indemnización a que haya sido condenada patrimonialmente como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes públicos o particulares investidos de calidades propias del un servidor público12.

De otra parte, es preciso señalar que la acción de repetición adquiere el carácter obligatorio cuando por conducta dolosa o culpa gravosa de unos de sus agentes o particulares investidos en calidad de servidores público, se genera un detrimento patrimonial a la entidad13. A este respecto la Corte Constitucional en sentencia C-484 de 2002, señaló que “En ese orden de ideas, realizado el pago si la condena le fue impuesta al Estado como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus servidores, el artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una acción de repetición para obtener el reembolso de lo pagado.” Dicha obligatoriedad de la acción en mención, acarrea ciertas obligaciones 9 El citado artículo dispone que: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial

de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. 10 Artículo 77. De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad: “Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. 11 Artículo 1: “La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición”. 12 La ley 678 en su artículo 2, define la acción de repetición como “una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”. 13 De acuerdo con el artículo 48-36 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, la omisión de este deber constituye falta disciplinaria gravísima, sancionable con destitución.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 cuya inobservancia produce determinadas consecuencias: “la primera de ellas consiste en que sólo la entidad pública puede ejercerla, lo que significa que los afectados ni los ciudadanos pueden presentar directamente la demanda de repetición; y otra consecuencia es que al estar involucrado en su ejercicio el interés general, lo que determina que no es posible desistir de ella (cfr. arts. 9, 12 y 21 Ley 678 de 2001)”14 Así las cosas, para que proceda y prospere la acción de repetición, la jurisprudencia ha establecido la necesidad de que concurran los siguientes elementos15: A) La Entidad Pública debe haber sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular como consecuencia de su actuación como Estado. B) En virtud de la condena señalada en el acápite anterior, la jurisdicción haya establecido que el daño antijurídico fue producto de la actuación o conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o del particular investido para realizar funciones propias de los servidores públicos. C) Por último, que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Por otro lado, el Consejo de Estado ha precisado que debido a que la Administración obra en calidad de demandante, a la misma le concierne el carga de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 14 Sentencia T-1257/08 15 En Sentencia Constitucional C – 832 del 8 de Agosto 2001, la Corte dispuso que: “Para que la entidad

pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii)que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia”. Para mayor información al respecto, remitirse a las siguientes sentencias: C-100 de 2001, C-832 de 2001, C-037 de 1996, C778 de 2003, C-484 de 2002, C233 de 2002, C-285 de 2002, C-455 de 2002, C-338 de 2006, C-619 de 2002, C-430 de 2000.

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 jurídico que persigue (Artículo 177 C. de P.C.) 16. En razón a lo anterior, le corresponde a la Administración acreditar lo siguiente: a) Que surgió para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico, bien sea por condena judicial debidamente ejecutoriada, por conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto. b) Que el Estado pagó totalmente la obligación, con el consecuencial

detrimento patrimonial. c) La magnitud del detrimento patrimonial que se reclama del demandado y su fundamento, que no en todos los casos coincide con el valor anterior. d) Que el demandado, a quien debe identificar de manera pre