PGN - ACCION DE REPETICION - El pago efectivo realizado por el estado

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra el ex Gobernador de Antioquia, con ocasión de la sentencia condenatoria por la expedición de los administrativos por los cuales se suprimieron 33 plazas del cargo de Operario de Oficios Varios, de la planta de personal de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos para su procedencia ACCIÓN DE REPETICIÓN-La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. ACCIÓN DE REPETICIÓN-El pago efectivo realizado por el Estado La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en

favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. ACCIÓN DE REPETICIÓN-La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables. ACCIÓN DE REPETICIÓN-La motivación de la sentencia judicial que imponga una condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado 2

Proceso: 05001-23-33-000-2016-01297-01 (66881)

Repetición

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 032 / 2022

Bogotá, D. C., 9 de marzo de 2022 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA

E. S. D.

Ref.: Proceso: 05001-23-33-000-2016-01297-01 (66881) Medio de control: Repetición

Demandante: Departamento de Antioquia Demandado: Álvaro Uribe Vélez El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1.- El Departamento de Antioquia presentó demanda contra el señor Álvaro Uribe

Vélez, en su condición de ex Gobernador de Antioquia, para que se le condene al pago de $ 275.839.651, suma que debió pagar la entidad a Jhon Jairo Patiño Campuzano, con ocasión de la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 28 de junio de 2012, dentro del proceso radicado No 05001-23-31-000-1998-0290-01. Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 3

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Repetición Concepto: Ministerio Público 2.- El fundamento de las pretensiones se basa en el hecho que el demandado, en su calidad de Gobernador del Departamento de Antioquia expidió los actos administrativos contenidos en los Decretos 2563 y 2848 del 19 de septiembre y el 2 de octubre de 1997, mediante los cuales se suprimieron 33 plazas del cargo de Operario de Oficios Varios, nivel 1, grado 2 de la planta de personal de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, disponiendose la desvinculación del señor Jhon Jairo Patiño Campuzano, quien ostentaba uno de esos cargos. 3.- Afirma la accionante que con el actuar del demandado, se comprometió la responsabilidad del Estado, producto de su conducta dolosa, ya que expidió los actos administrativos de manera irregular al estar viciados de falsa motivación, pues al

suprimir los citados cargos y desvincular al señor Patiño Campuzano desconoció el derecho preferencial de incorporación que le asistía como empleado de carrera administrativa, desconociendo de esta manera el postulado del artículo 8 de la Ley 27 de 1992. 1.2. La contestación 4.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, para ello alegó que no desplegó ninguna conducta dolosa o culposa, por lo que existe una ausencia de responsabilidad en la causación del presunto daño padecido por la entidad demandante, por cuanto al ser la repetición un juicio de responsabilidad personalísima, le corresponde a la demandante demostrar la ocurrencia todos los elementos estructurantes de este juicio, máxime el elemento subjetivo, lo cual no fue posible en el proceso. 5.- Además, expuso que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de los actos administrativos que ocasionaron la condena contra el Departamento de Antioquia, pues los cargos suprimidos después fueron contratados por prestación de servicios con empresas de servicios temporales, el vicio de falsa motivación no provenía de una actuación personalísima del demandado, sino de un hecho externo como la contratación de prestación de servicios, circunstancia de la cual no se aportó prueba alguna de la conducta desplegada por el accionado al respecto, dado que no fue él quien suscribió dichos contratos ni conoció la celebración de los mismos, pues como gobernador es imposible que esté al tanto de todos los actos y contratos que se circunscriben en la Fábrica de Licores como una Unidad Administrativa adscrita a la

Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 4

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Repetición Concepto: Ministerio Público 6.- En ese orden, a su juicio la demanda carece de la identificación de la conducta y su justificación para ser imputada al demandado, ya que no se describe la responsabilidad directa y exclusiva en el daño supuestamente causado, la demanda se limita a decir que la Administración desconoció el derecho de preferencia del señor Patiño Campuzano, sin explicar ni demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 7.- Finalmente, argumentó que no existe un nexo de causalidad entre las conductas desplegadas por el demandado y el daño imputable, en tanto la conducta que originó la condena fue realizada por terceros, debido a que la supresión de los cargos se efectuó por el concepto favorable del Comité de Evaluación de Oficios de la Fábrica de Licores, compuesto por los directivos de esa entidad, quienes realizaron el proceso de contratación y no pusieron en conocimiento de esas circunstancias al demandando, quien no habria expedidos los actos administrativos al estar al tanto de ello. 1.3. La sentencia de primera instancia 8.- El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala tercera de decisión-, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, resolvió negar las súplicas de la demanda y

condenar en costas a la parte demandante, atendiendo que: [...] En el presente caso, no aparece ningún medio de prueba que conlleve a predicar la existencia de culpa grave o dolo por parte del señor Alvaro Uribe Vélez, por lo tanto, de la prueba allegada al proceso no se logra establecer que el demandado haya actuado con negligencia o falta de diligencia, ni se logra establecer con certeza la conducta dolosa del demandado, al momento de expedir los actos administrativos que fueron declarados nulos. Además, la parte demandante solamente se limita a indicar que existe desviación de poder toda vez que con la supresión de cargos no se buscó el mejoramiento del servicio y que esos argumentos vertidos en la decisión de segunda instancia conllevan a concluir que la conducta del demandado fue dolosa. De la lectura de la decisión de segunda instancia se puede concluir claramente la existencia de la causal de nulidad del acto administrativo, en este caso, la desviación de poder, por lo tanto quedo (sic) desvirtuado la presunción de legalidad de los actos demandados, puesto que se vulneraron los derechos que Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 5

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como empleado de carrera tenia el señor Patiño Campuzano, sin embargo esto no es argumento suficiente para indicar que el señor Alvaro Uribe Vélez, al

momento de firmar los decretos por medio de los cuales se procedió con la supresión de algunos cargos en la Fabrica de Alcoholes de Antioquia, actuó con dolo o culpa grave, pues en las consideraciones de los decretos, declarados nulos, se indica que la Dirección de Análisis y Diseño Organizacional, emitió concepto técnico sobre la supresión de cargos, copia de esta acta reposa en los folios 143 del expediente y en estas se puede verificar que previo a la expedición de los decretos existió una decisión del Comité de Evaluación de Oficios, en la cual se indicó:" (...) Una vez analizada la solicitud de supresión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ley, el comité decidió unánimemente. Suprimir en la plata de cargos de la Administración Departamental, las siguientes plazas de empleos, asignadas a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia...." De lo anterior se puede concluir que si bien los actos administrativos fueron declarados nulos por la jurisdicción administrativa, estos se expidieron con fundamentos en un concepto técnico del comité conformado para analizar la viabilidad de la supresión de los cargos. En este orden de ideas, no se alcanza a probar que los decretos declarados nulos, se hubiesen hecho de manera caprichosa o con el señor Alvaro Uribe Vélez (sic), los expidió con el fin de desconocer los derechos laborales de los trabajadores, y es que hecho de que se hubiese probado el vicio de nulidad de los actos administrativos, no es prueba per se que existió una conducta dolosa o gravemente culposa en su

expedición. [...] En el presente caso no se logra demostrar la existencia del dolo o culpa grave por parte del señor Alvaro Uribe Vélez. La Sala considera que, la entidad demandante no logró configurar debidamente los presupuestos indispensables para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, lo anterior debido a las deficiencias probatorias relativas en demostrar la existencia del dolo o culpa grave por parte del señor Alvaro Uribe Vélez, tales falencias permiten concluirque no pueden prosperarlassriplicasde lademanda. [...] 1.4. Recurso de apelación Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 6

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Repetición Concepto: Ministerio Público 9.- Inconforme con la decisión del Tribunal de primera instancia, la parte actora interpuso el recurso de alzada reiterando los supuestos fácticos y jurídicos de la demanda, al cosiderar que la condena impuesta se desprende de la conducta negligente e imprudente grave del demandado al no respetar los derechos de

preferencia que tenía el servidor Patiño Campuzano, al ser funcionario de carrera administrativa, por lo que, es evidente su actuar negligente e imprudente pues no tuvo un grado razonable de cuidado y era consciente que estaba vulnerando los derechos de carrera. 10.- De otro lado, solicitó que se exonere al Departamento de Antioquia de la condena

en costas, atendiendo que el medio de control de repetición instaurado se efectuó en pro del interés público, es decir, la defensa del patrimonio público y, en ese sentido, no hay lugar a dicha condena, además, que su actuación procesal fue de buena fe y diligente.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico 11.- Teniendo en cuenta que la controversia del recurso de apelación gira entorno a la estructuración del elemento subjetivo, el Ministerio Público no ve la necesidad de pronunciarse frente a los elementos objetivos del medio de control de repetición en el caso bajo estudio, pues, conforme al material probatorio y, tal como lo analizó el Tribunal Administrativo de primera instancia, los mismos se encuentran debidamente acreditados y no fueron aspectos discutidos en el recurso de alzada. Por tal motivo, el problema jurídivo se circunscribe a evaluar la responsabilidad del demandado, es decir, si su actuar fue doloso o gravemente culposo. 2.2. Requisitos de la acción de repetición 12.- Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de 24 de julio de 2013, expediente 46.162: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

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Repetición Concepto: Ministerio Público La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación , una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto . iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

13.- Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración. 2.3. Normatividad aplicable Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 8

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Repetición Concepto: Ministerio Público 14.- La condena en contra del Departamento de Antioquia surge como consecuencia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda de 28 de junio de 2012, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en los Decretos 2563 y 2848 de 1997, emanados del Gobernador de Antioquia, por medio de los cuales se suprimieron 33 plazas del cargo de Operario de Oficios Varios, nivel 1, grado 2 de la planta de personal de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, y se dispuso la desvinculación del señor Jhon Jairo

Patiño Campuzano, quien ostentaba uno de esos cargos. 15.- Según la fecha de los actos administrativos declarados nulos (19 de septiembre y 2 de octubre de 1997), es claro que no tuvo ocurrencia en vigencia de la Ley 678 de 2001 (3 de agosto de 2001), por ende, no es norma que resulta aplicable al caso concreto, en particular al concepto y las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en sus artículos 5 y 6. Por consiguiente, tal y como lo estableció el a quo, el estudio de la culpabilidad se tendrá que hacer a la luz del artículo 63 del Código Civil en concordancia con otras normas como los artículos 6, 83, 90 y 123 de la Constitución Política, y el respectivo manual de funciones. Así lo ha entendido el H. Consejo de Estado, cuando en sentencia de 19 de julio de 2018, radicado 54845, señaló: De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”.

En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil. (Resalto y subrayo) 2.4. Caso Concreto – Hechos probados y análisis Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 9

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Repetición Concepto: Ministerio Público 2.4.1. Prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente (elemento subjetivo) 16.- Para evaluar el elemento subjetivo imputable a la conducta del demandado se cuenta con el siguiente material probatorio: 16.1.- Copia auténtica de la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 28 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala sexta de decición- (fls. 19 y ss.). Se destacan los siguientes apartes: Como lo advirtió el Consejo de Estado en la decisión que se refirió atrás, resulta evidente que el Departamento de AntioquiaFábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-, antes de suprimirle el cargo al actor, que se encontraba protegido

por los derechos de carrera administrativa, debía primero desvincular al

personal sin esos derechos,es decir, a quienes desempeñaban el mismo cargo pero a través de empresas temporales, y mantener en servicio a aquél, o sea al señor JHON JAIRO PATIÑO CAMPUZANO, pues de la Ley 27 de 1993, se deriva el trato preferencial y de estabilidad que deben recibir los inscritos en ese sistema, frente a quienes no lo están,como los trabajadores relacionados anteriormente. De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de la demanda deben prosperar, razón por la cual se declarará que son parcialmente nulos los Decretos 2563 del 19 de septiembre de 1997 y 2848 del 2 de octubre siguiente, expedidos por el Gobernador de Antioquia, en cuanto suprimieron el cargo de Operario de Oficios Varios Nivel I Grado2,que desempeñaba el actor y lo desvincularon del servicio. 16.2.- Copia auténtica de la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida el 28 de junio de 2012 por el Consejo de Estado -Sección Segunda, Subsección A- (fls. 31 y ss.). Se destacan los siguientes apartes: En efecto, las disposiciones transcritas conservan como regla general de acceso a la función pública a través del empleo público, mientras que el contrato de prestación de servicios es una modalidad de vinculación estatal excepcional, que se justifica en ia medida en la que se trate de un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores propias de la entidad o que sean parte de ellas, pero no pueden ejecutarse con empleados de planta o que requieren conocimientos especializados. Primera Delegada Ante el Consejo de Estado

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Repetición Concepto: Ministerio Público Lo anterior quiere decir que con la actuación descrita la Administración incurrió en desviación de poder, toda vez que con la supresión de cargos no buscó el mejoramiento del servicio, sino que perseguía desconocer los derechos laborales de quienes se desempeñaban como Operarios de Servicios Varios, que tenían a cargo funciones propias de la Entidad, incurriendo en la prohibición legal antes referida.

Lo anteriormente expuesto, lleva a la Sala a la conclusión de que la presunción de legalidad del acto acusado fue desvirtuada puesto que con su expedición se vulneraron los derechos que como empleado de carrera tenía el actor, razón por la cual procede la declaratoria de nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho, lo que conlleva a la confirmación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia por encontrarse ajustada a derecho. 16.3.- Copia del Decreto 2848 del 2 de octubre de 1997, mediante el cual se causan novedades en el Departamento de Antioquia (fls. 55 y ss.). 2.4.1.1. Evaluación de la imputación subjetiva 17.- Atendiendo la normatividad aplicable para el estudio del caso concreto, el H. Consejo de Estado ha expresado que en los supuestos en que se analiza el elemento subjetivo en las acciones de repetición bajo la vigencia del C.C.A. y el Código Civil,

para evaluar el elemento subjetivo se debe tener en cuenta lo siguiente: (...) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley. Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co 11

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Repetición Concepto: Ministerio Público resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.1

(Resaltado fuera del texto) 18.- En cuanto a la culpa grave o el dolo, la misma Corporación ha establecido que estos supuestos: (...) exigen una manifestación de reproche sobre la conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre los deberes de conducta impuestos por el

ordenamiento, en tanto implican un comportamiento no solo ajeno al derecho, sino dirigido a causar daño o cuando menos producto de una negligencia que excluye toda justificación. Se exige, entonces, adelantar un juicio especial de la conducta que no solo demuestre descuido sino negligencia en el manejo de los asuntos ajenos que no admite comparación, ni siquiera con la que emplean las personas de poca prudencia en los asuntos propios”2. 19.- Conviene señalar, según lo ha sostenido la Sección Tercera del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo3, que en aquéllos eventos en los que no son aplicables las presunciones de dolo y culpa consagradas en la Ley 678 de 2001, las sentencias condenatorias no son plena prueba para evaluar la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, específicamente, “que ese fallo es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del demandado”4. 1 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección C. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00478-01(48384). 2 Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Subseccion B. Consejera ponente: Stella Conto Diaz Del Castillo, sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-26-000-2002-00051-01(23670). 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 22 de febrero de 2017, expediente No. 42.203, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; criterio reiterado reciente por la misma Subsección A de la Sección Tercera, a través de la sentencia del 27 de septiembre de 2018, expediente No. 45.806, M.P. María Adriana Marín. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de julio de 2021, expediente 55067 y; en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de marzo de 2020, Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00038-01(49107): “…conviene precisar que la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad no ata al juez de la repetición, ya que, como lo ha sostenido esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co

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Repetición Concepto: Ministerio Público 20.- Lo anterior por cuanto, en las sentencias condenatorias el juicio de responsabilidad recae sobre el Estado o la legalidad de las actuaciones administrativas y no sobre el comportamiento o actuación del agente estatal. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado5: [...] las sentencias condenatorias que dan lugar a la demanda de repetición no constituyen plena prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, en la medida en que esas decisiones adoptadas –en sede de responsabilidad extracontractualno atan al juez de la repetición, toda vez que, en el marco del proceso de la referencia, pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas a la conducta reprochada, toda vez que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente. […] la motivación de la sentencia judicial que imponga una condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición. En efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se fundamenta únicamente en las consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala ha sostenido que estas no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su actuación hubiere sido dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso de repetición en aras de garantizar a favor del demandado el debido proceso, puesto que la acción de repetición es

autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la misma”6 (Negrillas del texto original) estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición. A juicio de la Sala, el solo hecho de que en el fallo condenatorio que dio lugar a la presente controversia se hubiere concluido la nulidad de la resolución de insubsistencia del cargo, no es razón suficiente para endilgarle responsabilidad al demandado. Si así fuera, bastaría con la constatación de los requisitos objetivos (existencia de condena, prueba del pago y condición de agente o ex agente estatal) para predicar, sin excepciones, la responsabilidad patrimonial del demandado” -se subraya y resalta5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2017, expediente No. 42.203, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; criterio reiterado reciente por la misma Subsección A de la Sección Tercera, a través de la sentencia del 27 de septiembre de 2018, expediente No. 45.80