PGN - ACCION DE REPETICION - En contra del subteniente retirado de la policía nacional

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por condena impuesta a un ex policía por homicidio ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se acreditaron todos los presupuestos establecidos para su procedencia Para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Fue condenado a resarcir los perjuicios accionados a los familiares del occiso/DOLO-La voluntad del ex policía estuvo dirigida a atentar contra la vida e integridad del ciudadano De la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, calendada el 7 de mayo de 2002, en la que actúo como demandante la señora y otros, decisión judicial

mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por la muerte del ciudadano, emerge con absoluta claridad que la conducta del ex policía, en los hechos acaecidos el 22 de julio de 1992, estuvo acompañada de dolo, entendido como “la conducta irregular y desproporcionada con violación de todos los derechos y en condiciones inhumanas que merecen la mayor censura y menoscaban la imagen de las instituciones del Estado”, pues lo que se advierte, del contenido de la decisión proferida por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es que la voluntad del ex policía estuvo dirigida a atentar contra la vida e integridad del ciudadano, y concluyó que la Policía Nacional no cumplió con su obligación de proteger la vida de los habitantes del territorio nacional y, por el contrario, violaron tal derecho fundamental y en consecuencia resultó condenada a resarcir los perjuicios accionados a los familiares del occiso. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Las pruebas demuestran la existencia del dolo del demandado en los hechos/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del Subteniente retirado de la Policía Nacional Como consecuencia de haber sido declarada la responsabilidad administrativa de la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional mediante sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 7 de mayo de 2002, dicha entidad debió pagar la cantidad de $131.254.683 (folio 150 c-1) a favor de quien fungió como apoderado dentro de la acción de reparación directa que dio origen a la presente acción de repetición. Entendido lo

anterior, y al estar claro que en el caso sub examine las pruebas demuestran la existencia del dolo del demandado en los hechos que dieron origen a la sentencia condenatoria en contra de la aquí demandante, esta Delegada considera que le asiste la obligación al señor Subteniente retirado de la Policía Nacional por su comportamiento doloso al estar realizando Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) labores propias del servicio, toda vez que el policial accionó su arma de fuego de dotación oficial hiriendo de muerte al señor. Así las cosas, en opinión de esta Delegada del Ministerio Público, al estar acreditados todos los presupuestos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, se considera que se encuentra establecida la obligación en cabeza del señor de cumplir con la condena impuesta en la acción de repetición adelantada en su contra, conforme lo determino el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del veintiuno de febrero de 2013. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) CONCEPTO No. 203 / 2013

Bogotá, D.C 26 de septiembre de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano barrera EXPEDIENTE: 250002326000200502236 -01 (48075) Acción de Repetición –Grado jurisdiccional de consulta

ACTOR: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional DEMANDADO: Eduar René Ávila Chacón Sentido del concepto: solicitud de confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. / Acción de repetición / Se acreditaron todos los presupuestos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política / La entidad demandante fue hallada administrativamente responsable por el actuar doloso del demandado al estar realizando labores propias del servicio.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes:

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) El 22 de julio de 1992 el señor Oscar Cesar Balcazar Castro se encontraba a la altura de la carrera 76 con calle 38 sur, cuando de repente fue abordado por agentes de la Policía Nacional quienes lo obligaron a subir a la patrulla de la institución que se encontraba cerca del lugar, al igual que el ciudadano Jorge Enrique Sarmiento Avendaño. Horas después en el Municipio de Madrid, Cundinamarca, fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Oscar Cesar Balcazar Castro, quien presentaba varios impactos de bala y muestras de tortura. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 11 de enero de 2002, resolvió condenar al señor Eduar René Ávila Chacón a la pena principal de 282 meses de prisión, como coautor y responsable del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2002, resolvió confirmar la sentencia condenatoria proferida por Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 7 de mayo de 2002, declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por la muerte del señor Oscar Cesar Balcazar Castro, bajo el régimen de falla presunta.

La demandante pagó el 13 de febrero de 2004 la suma de $132.653.039 en virtud de la condena proferida por esta corporación 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Demandado – Eduar René Ávila Chacón 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) El curador ad litem del señor Ávíla Cachón Eduard René indicó que se atenía a lo que resultara probado dentro del proceso. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2013, declaró responsable al señor Eduar René Ávíla Chacón, ex agente de la Policía Nacional, de los perjuicios causados a la Nación - Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional, y que originaron la condena impuesta por esta corporación el 7 de mayo de 2002 mediante la cual se declaró administrativamente responsable a la aquí demandante, por la muerte del señor Oscar Cesar Balcazar Castro, ocurrida el 22 de julio de 1992 en este ciudad . De igual forma, resolvió condenar al señor Eduar René Avila Chacón a pagar a favor de la Nación -Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional la suma de

ciento treinta y tres millones novecientos veintiséis mil quinientos treinta y nueve pesos (133.926.539), suma que la aquí demandante pago a los familiares del señor Oscar Cesar Balcazar Castro. Conceder al señor Eduar René Ávila Chacón el término de un año para el cumplimiento del pago de la condena, debidamente actualizado. El Tribunal encontró probado que las pruebas que obran dentro del presente proceso, demostraron la existencia del dolo del demandado en los hechos que dieron origen a la sentencia condenatoria proferida por la misma corporación, puesto que las mismas son demostrativas de que la conducta reprochable del señor Ávila Chacón, fue la que comprometió la responsabilidad patrimonial de la aquí demandante por los hechos ocurridos el 22 de julio de 1992, en los que perdió la vida el señor Oscar Cesar Balcazar Castro. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad patrimonial al señor Eduar René Ávila Chacón por su actuar doloso, en su calidad de miembro de la policía, después de haber sido

encontrado culpable penalmente como coautor y responsable del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo por la muerte del señor Oscar Cesar Balcazar Castro, hecho por el cual fue condenada administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, bajo el régimen de falla presunta? 2.1.2. ¿Con el material probatorio obrante en el expediente, se cumplen los elementos estructurales de la acción de repetición que permitan predicar la responsabilidad del demandado? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada de la Procuraduría: 2.2.1. El Consejo de Estado sobre la acción de repetición Como lo ha señalado la jurisprudencia, la acción de repetición se constituye como un mecanismo resarcitorio y protector del patrimonio público, ya que a través del 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) ejercicio de la misma se pretende, de un lado, el reembolso de los dineros pagados por una entidad pública como consecuencia de una sentencia u otra forma de culminación de un conflicto, erogación que se particulariza por el carácter netamente indemnizatorio de la prestación a cargo de la entidad pública, ya que su

origen se identifica en la causación de un daño antijurídico al particular,' a la luz de las disposiciones del artículo 90 de la Constitución Política, que es el fundamento total de la responsabilidad patrimonial del Estado. De igual modo, se dice que la acción de repetición reviste la connotación de protección del patrimonio estatal, ya que con su ejercicio se pretende prevenir conductas constitutivas de dalia antijurídico, por las que deba responder el Estado, así como que sirve de instrumento para conseguir la moralidad y la eficiencia de la función pública. Sobre el tema, la jurisprudencia ha expuesto: ", .. La acción de repetición es una acción de responsabilidad patrimonial que permite recuperar u obtener ante la jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por las entidades públicas en virtud del reconocimiento indemniza torio impuesto judicialmente al Estado en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como consecuencia de la acción u omisión gravemente culposa o dolosa de un servidor o ex servidor público suyo o de un particular investido de una función pública. El inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud de la cual éste responderá patrimonialmente. Como lo ha manifestado la Sala, la citada disposición superior no sólo establece la responsabilidad patrimonial en el. ámbito extracontractual, sino que fijó un régimen general, según el cual la noción de daño antijurídico, entendido como "el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo" y, por ene/e, contrario a la igualdad frente a las cargas públicas, es

aplicable en materia pre-contractual y contractual, fundamentando así la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y en el inciso segundo del canon constitucional, se reguló la responsabilidad de los agentes del Estado que con su comportamiento doloso o con culpa grave ocasionen el daño por el cual aquél está en el deber de reparar, pero a la vez, en los términos de la disposición en cita, la obligación de repetir por las referidas circunstancias frente a éste. Es decir, el hecho de que el daño haya sido consecuencia de la qonducta dolqsa o gravemente culposa del agente estatal, compromete su responsabilidad patrimonial, la cual se determina mediante la acción de repetición que la entidad debe instaurar en su contra en los términos del artículo 90 de la Constitución 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) Política o a través del llamamiento en garantía formulado en su contra dentro del juicio que busca la responsabilidad del Estado.1 2.2.2. El Consejo de Estado, respecto de la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público En repetidas oportunidades ha señalado el H. Consejo de Estado que son tres los elementos que deben resultar plenamente probados dentro del plenario para establecer la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público

vinculado a través de demanda de Repetición 10, siendo ellos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas. b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria. c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Así mismo, en sentencia del 27 de noviembre de 2006, Radicación número: 1100103-26-000-2002-00002-01 (22099) Demandante: Nación, Contraloría General de la Republica, Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló: 2.2.3. Elementos estructurales de la acción de repetición Así, el Consejo de Estado ha determinado, cuáles son los elementos estructurales de la acción de repetición, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, y los enumeró de la siguiente manera: 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006), Consejera Ponente: RUTH STELLACORREA PALACIO, Radicación húmero: 52001-23-31000-199800150-01 (17482) 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) "Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas.”2 2.2.4. Dolo o culpa grave Precisamente, en relación con la gradación de la culpa el artículo 63 del Código Civil establece que: "ARTICULO 63. [CULPA Y DOLO]. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. "Culpa grave, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propio….” "Culpa leve, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.” "El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. "Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la 2 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Sentencia de 25 de marzo de 2010. Exp. 36489. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un

resultado dañino deseado. Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, en materia civil el doctrinante Arturo Valencia Zea, ha manifestado que: “… es necesario distinguir entre el dolo contractual (o dolo como vicio del consentimiento) y el dolo extracontractual. El dolo contractual (dolo in contrahendo) es el engaño consciente que uno de los contratantes infiere a otro para inducirlo a la celebración de un contrato (C.C., art. 1515). El dolo extracontractual es el daño causado a otro en forma consciente al margen de un contrato. "En general, los daños cometidos con dolo, es decir con intención de dañar se denominan delitos civiles (C. C., art 2302, sustituido por el art.34 de la ley 57 de 1887; y los causados con culpa pero sin intención de dañar se denominan cuasidelitos o culpas (C. C., art.2301) A propósito de estas dos nociones con ocasión de la acción de repetición, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: ''Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de 'culpa grave' y 'dolo', la jurisprudencia (. . .) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (. . .) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como 'la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad del otro. 2.3. Pruebas obrantes Dentro del proceso quedaron aportadas las pruebas que se relacionan:  Copia de la Resolución No. 00538 del 11 de diciembre de 2003, por medio de la cual la demandante da cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dispone el correspondiente pago (folios 6 a 9 c-2)  Copia auténtica de la orden de pago por valor de $131.254.683 para "Atender sentencias actor María Del Carmen Castro Ortiz y otros radicado PONAL 090 S 02 Res No. 538/111203", (folio 11 c-2).  Copia del comprobante de pago del Banco Ganadero por valor de $131.064.539 a nombre de Miguel Antonio Ladino González (folio 10 c-2).  Copia de la sentencia proferida por esta corporación el 7 de mayo de 2002, mediante la cual se declaró administrativamente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional, por la muerte de Oscar Cesar Balcazar Castro

(folios 12 a 21 c-2).  Copia de la sentencia proferida el 11 de enero de 2002, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá, en la cual se condenó a Eduard René Ávila Chacón por el delito de homicidio agravado (folios 41 a 72 c-2). 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01)  Copia de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá (folio 25 a 40 c-2) 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada del Ministerio Público, que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada conforme a los siguientes argumentos: 2.4.1. En el caso bajo estudio, queda claro para esta Delegada, que el señor Eduar René Ávila Chacón (ex policía) aquí demandado, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 11 de enero de 2002, como coautor y responsable del delito de homicidio agravado en concurso

homogéneo del señor Oscar Cesar Balcazar Castro, sentencia que fue confirmada por la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial. De igual forma se encuentra demostrado, que como consecuencia del actuar doloso del ex policía Ávila Chacón, quien en compañía de dos particulares condujo a los señores Jorge Enrique Sarmiento Avendaño y Óscar César Belalcázar Castro a un lugar deshabitado para torturarlos y causarles la muerte, fue declarada administrativamente responsable y condenada la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 7 de mayo de 2002. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) 2.4.2. Como se explicó en el marco teórico de este concepto, para que proceda la acción de repetición, el Estado debe haber sido condenado a la reparación de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex agente público y que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Todo lo anterior debe ser establecido en el proceso por la parte demandante, con el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada que impuso la condena y de los documentos

que prueben la cancelación de la misma, como también debe quedar acreditada la conducta dolosa o gravemente culposa del agente o ex agente público. De no demostrarse ello en debida forma, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, y se imposibilita la declaratoria de responsabilidad del funcionario estatal y la condena a resarcir el daño causado al patrimonio público. 2.4.3. De la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, calendada el 7 de mayo de 2002, en la que actúo como demandante la señora María Del Carmen Castro Ortiz y Otros, decisión judicial mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por la muerte del ciudadano Oscar Cesar Balcazar Castro, emerge con absoluta claridad que la conducta del ex policía Ávila Chacón, en los hechos acaecidos el 22 de julio de 1992, estuvo acompañada de dolo, entendido como “la conducta irregular y desproporcionada con violación de todos los derechos y en condiciones inhumanas que merecen la mayor censura y menoscaban la imagen de las instituciones del Estado”, pues lo que se advierte, del contenido de la decisión proferida por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es que la voluntad del ex policía estuvo dirigida a atentar contra la vida e integridad del ciudadano Balcazar Castro, y concluyó que la Policía Nacional no cumplió con su obligación de proteger la vida de los habitantes del territorio nacional y, por el contrario, violaron tal derecho fundamental y en consecuencia resultó condenada a resarcir los perjuicios

accionados a los familiares del señor Oscar Cesar Balcazar Castro. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.48075 (250002326000200502236-01) 2.4.4. Ahora bien, como consecuencia de haber sido declarada la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional mediante sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 7 de mayo de 2002, dicha entidad debió pagar la cantidad de $131.254.683 (folio 150 c-1) a favor de Pedro Humberto Lineros Zúñiga, quien fungió como apoderado dentro de la acción de reparación directa que dio origen a la presente acción de repetición. Entendido lo anterior, y al estar claro que en el caso sub examine las pruebas demuestran la existencia del dolo del demandado en los hechos que dieron origen a la sentencia condenatoria en contra de la aquí demandante, esta Delegada considera que le asiste la obligación al señor subteniente retirado de la Policía Nacional Eduar René Ávila Chacón por su comportamiento doloso al estar realizando labores propias del servicio, toda ves que el policial accionó su arma de fuego de dotación oficial hiriendo de muerte al señor Oscar Cesar Balcazar Castro. 2.4.5. Así las cosas, en opinión de esta Delegada del Ministerio Público, al estar

acreditados todos los presupuestos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, se considera que se encuentra establecida la obligación en cabeza del señor Eduar René Ávila Chacón de cumplir con la condena impuesta en la acción de repetición adelantada en su contra, conforme lo determino el tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del veintiuno de febrero de 2013. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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III. CONCLUSIÓN Efectuado el análisis que antecede, esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación, CONFIRMAR la sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de la presente acción de repetición.

De la H. Magistrada,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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