PGN - ACCION DE REPETICION - Para lograr el rembolso del monto de la condena impuesta al ejército na

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para lograr el rembolso del monto de la condena impuesta al Ejército Nacional Acertado como se dijo en el encabezado, resulta el a quo para determinar que la acción de repetición para lograr el rembolso del monto de la condena impuesta al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y tramitado en primera instancia ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que cobrara ejecutoria el 31 de agosto de 2004, se encuentra caducada la acción. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Computo del tiempo Acotados en el ejercicio del computo del tiempo para avizorar, que bajo la égida del artículo 11 de la ley 678 de 2001, no se podía comenzar a contabilizar el mismo, toda vez que el término de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectivo, efectuado por la entidad publica condenada para que la acción de repetición caducará, no se pudo tener en cuenta de acuerdo a las pruebas aportadas; ya que, en relación con el fin de demostrar el pago de la condena, se allegaron documentos que acreditan el adelantamiento de tramites internos previos u preparatorios a efectos de lograr la efectividad del pago, por supuesto, no un paz y salvo, ni una constancia de recibido, mucho menos constancia de transferencia electrónica expedida por la entidad bancaria a donde se efectuó o recibo de consignación, con lo cual se demostraría la manifestación expresa del beneficiario de haber recibido los dineros respectivos.

De lo dicho en precedencia, igual resulta entonces tal y como lo dijo el A quo, que se hace necesario contar el término de caducidad de la presente acción de repetición bajo el tenor del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual hace alusión al termino de 18 meses vencidos para su ejecución ante la justicia ordinaria. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Se encuentra plenamente acreditada en el proceso Entonces, claro queda para esta Delegada que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa, dado que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cobró ejecutoria el 31 de agosto de 2004, por lo que el plazo con que contaba el Ministerio de Defensa, para interponer la acción de repetición contra los funcionarios que con su actuar dieron lugar a la condena, transcurrió entre el 1 de marzo de 2006 y el 2 de marzo de 2008, y como quiera que la demanda se presentó el 23 de mayo de 2008, cuando dicho termino se encontraba vencido, forzó concluir, igual que al Tribunal, que ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción. La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación

directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo ACCIÓN DE REPETICIÓN-La demanda se presentó con posterioridad al término para incoar la acción Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que lo conllevaron a declarar de oficio la caducidad de la acción y por lo tanto solicita al H. Consejo de Estado confirmar la sentencia recurrida. La Procuraduría General de la Nación en función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita declarar que ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01

Evo CONCEPTO No. 39 /2013

Bogotá, D.C., 19 de febrero de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200900715 01 (45486)

Acción de Repetición

ACTOR: MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL DEMANDADO: ROBERTO PARADA y LUCILA SALGUERO CASAS Sentido del Concepto: Solicitud para confirmar el fallo apelado / Se probó que la demanda de repetición fue presentada después de los dos (2) años que concede el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo / Operó el fenómeno de Caducidad de la Acción. / El art. 310 del CPC autoriza la modificación de las sentencias ejecutoriadas por error mecanográfico, sin que se altere el término inicial para contabilizar la caducidad de la acción de repetición a partir de su ejecutoria. / No se demostró el pago de la indemnización de acuerdo a lo prescrito por el artículo 11 de la ley 678 de

2001. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos: En demanda del 23 de mayo de 2008 el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se declarara solidariamente responsables a los señores PARADA SOTO ROBERTO Y SALGUERO CASAS LUCILA, por los perjuicios ocasionados y derivados de la sentencia administrativa impuesta mediante fallo proferido por el

H. Tribunal de Cundinamarca el 18 de agosto de 2004, en relación con la acción de reparación directa adelantada por los perjuicios originados al señor ARANDU GRANDAS MEDINA y se condenara a los mencionados señores a reintegrar al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la suma de $22.836.856 cantidad que ésta Entidad pagó en cumplimiento del fallo de condena de fecha 18 de agosto de 2004.. 1.2. La contestación 1.2.1. Roberto Parada Soto, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones invocadas en su contra. Argumentó que ostentó la calidad de

Director de Prestaciones del Ejército entre el 1º de febrero de 1998 y el 15 de diciembre de 1999, periodo en el que desempeñó sus funciones con diligencia y cuidado. Indicó que no podía ser responsable de los perjuicios ocasionados a la parte actora, pues para la fecha de cumplimiento de la sentencia indemnizatoria del Tribunal no fungía como Director de Prestaciones. Además, aclaró que la oficina que el dirigía no realizaba pagos, ni giros, ni consignaciones, ni manejaba dinero; que esa función le correspondía a la Tesorería principal del Comando 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo Ejército. Propone como excepciones las siguientes: Falta de legitimación en la causa por pasiva. Ausencia de los elementos de culpabilidad establecidos en la Ley 678 de 2001. 1.2.2. El curador ad-litem designado a la señora Lucila Salguero Casas, contesta la demanda ateniéndose a las resultas del proceso, toda vez que desconocía los hechos y por las mismas razones no proponía excepciones. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró de oficio la caducidad de la acción, mediante sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce

(2012), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Teniendo en cuenta los criterios fijados por la Corte Constitucional para determinar el término de caducidad, el plazo de los 18 meses para la ejecución de la sentencia feneció antes del último pago efectuado por concepto de la condena impuesta a la demandante, por lo que será el primer término el que se tomará en cuenta para contabilizar la oportunidad de la presente acción.  Así las cosas el plazo de dos años debe comenzar a contabilizarse desde el 1° de marzo de 2006, y finalizó el 2 de marzo de 2008. En consecuencia, por cuanto la demanda se radicó ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá el 23 de mayo de 2008 (f. 19 vto., C1), la Sala 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo considera que ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad, así lo declara, negando las pretensiones de la demanda formulada. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta a folios 180 a 185 del cuaderno del Consejo de Estado lo siguiente:

 Disiente de los razonamientos a que llega el A quo, al declarar de oficio la caducidad de la acción y de este modo negar las pretensiones de la demanda, en razón a que se fundamentan en hechos contrarios a la realidad sustancial y procesal del presente debate.  La Subsección "A" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corrigió el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 18 de agosto de 2004, precisando el verdadero beneficiario de la suma de dinero fijada como pago de perjuicios, es decir, el demandante, el 5 de mayo de 2005, la cual se notificó tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 310 y siguientes.  No comparte la posición del Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado ALFONSO SARMIENTO CASTRO, cuando afirma que el ''auto del 5 de mayo de 2005, por el cual la Sala de Decisión de la Subsección de la Sección Tercera del Tribunal corrigió un error mecanográfico de la sentencia bajo análisis, a petición del demandante de 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo la acción indemnizatoria (f. 88, C3), este proveído no modificó la ejecutoria

de la sentencia que fundamenta la presente acción de repetición. "  Las razones por las cuales esta en desacuerdo con esta interpretación, se fundamentan en el hecho de que la decisión adoptada por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 18 de agosto de 2004, no podía cumplirse por parte del MINISTERIO DE DEFENSA, por cuanto, pese a que el proceso de Reparación Directa en cuestión fue instaurado por ARANDU GRANDAS MEDINA y OTROS, en el resuelve de dicho fallo se le reconocieron los perjuicios ocasionados, a otra persona diferente, esto es, al señor VÍCTOR JULIO MORENO SOLANO.  Solo hasta el momento en que la decisión judicial fue corregida, esto es, el 5 de mayo de 2005, la entidad demandada pudo adelantar los trámites previos al respectivo pago, el cual culminó el 13 de junio de 2006, mediante transferencia electrónica; es decir, entre la sentencia y el pago, transcurrió un lapso de 13 13 meses y ocho días.  Así que la corrección efectuada era determinante para dar cumplimiento de la misma.  De otra parte, en relación con la advertencia del Tribunal relacionada con el hecho de que no se aportó comprobante de egreso No. 2024 del 13 de junio de 2006 que según la certificación es el soporte del pago efectuado, ni tampoco de recibo a satisfacción del beneficiario; para eso precisa que aportó copia auténtica de la Resolución de reconocimiento de la indemnización N. 019 del 23 de mayo de 2006, y certificación de la

Tesorera General del Ministerio de Defensa, en el que consta la 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo transferencia electrónica a la cuenta No. 076401005455 del BBVA, cuyo titular es el Abogado del demandante, por valor de $21.882.871,77, mediante comprobante de egresos No. 3226 y 3227 de mayo 13 de 2008.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional en contra de los señores ROBERTO PARADA SOTO y LUCILA SALGUERO CASAS en el presente proceso? 2.1.2. ¿Era modificable el inició del termino para computar la caducidad de la acción, hasta tanto fuera corregido el error mecanográfico de la sentencia bajo análisis? 2.1.3. ¿La certicación emitida por la Tesorera General del Ministerio de Defensa, de la transferencia electrónica bancaria, era suficiente para demostrar el pago efectivo de la indemnización reconocida? 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 2.2.2. Término para iniciar la acción de reparación directa de acuerdo al caso según la jurisprudencia. El Consejo de Estado a través de sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) con radicación número: 250002326000200900644-01 (38.089) y Consejera Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordóñez ha manifestado: “La Sala ha señalado que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico, los interesados tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de

este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho1. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y con el fin de satisfacer una pretensión 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo, por un juez de la república con competencia para ello. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, razón por la que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. 2.2.3. El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo establece que cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad liquida de dinero, estas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

2.2.4. Artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas. Texto subrayado Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-394 de 2002 , bajo el entendido que la expresión "Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago" contenida en él, se somete al mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C – 832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. 2.2.5. El art. 310 del Código de procedimiento Civil, al respecto de las correcciones en las sentencias ejecutoriadas, manifestó: 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo “ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1. y 2. del artículo 320. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. 2.3. Las pruebas obrantes. Todo el material probatorio se allegó de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil. Se adjuntaron los siguientes documentos:  Copia auténtica de la Sentencia del 18 de agosto de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera de este Tribunal, dentro de la acción de Reparación Directa No. 2001-2125, promovida por Arandu Grandas Medina y otros contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, y en la que se declaró administrativamente responsable a la Entidad demandada por el error en el giro de los dineros correspondientes a la

indemnización del accionante en reparación, con constancia de ejecutoria del 31 de agosto de 2004 (fs. 1-120, C2).  Copia simple del proveído del 5 de mayo de 2005, por el cual la Sala de decisión corrigió la sentencia referida en numeral anterior, por error mecanográfico (f. 13, C2). 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo  Copia auténtica de la Resolución No. 0912 del 23 de mayo de 2.006, por la cual la Secretaría General del Ministerio de Defensa dio cumplimiento a la sentencia relacionada en numerales anteriores (fs. 14-16, C2).  Original de la Certificación expedida por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, en la que informa que la Resolución 0912 de 2006 fue cancelada a la señora Lyda Maryori Rueda, con el comprobante de egreso No. 2024 del 13 de junio de 2006, por valor de $30.568.539.53, mediante transferencia electrónica a la cuenta No. 076401005455 del Banco BBVA el 13 de junio de 2006 (f. 17, C2).  Original de la certificación del 13 de mayo de 2008, por la cual la Secretaria Técnica del Comité y Defensa Judicial del Ministerio de

Defensa Nacional, informó que el Comité de Conciliación autorizó por unanimidad repetir contra el Director de Prestaciones Sociales del Ejército y contra el Tesorero Principal del Ejército por la condena impuesta (f. 18, C2).  Copia simple aportada por la entidad demandante del oficio del 20 de mayo de 2008, por el cual el Subdirector de Personal del Ejército informó que el demandado Roberto Parada Soto, fue el Director de Prestaciones Sociales del Ejército del 10 de febrero de 1998 al 15 de diciembre de 1999, y Lucia Salguero Casas fue la Contadora Pagadora de la Dirección Financiera del Ejército del 15 de marzo de 1996 al 28 de febrero de 2006 (fs. 19-20, C2). 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo  Copia auténtica del archivo prestacional del SLV Grandas Medina Arandu (fs. 29-94, C2).  Copia auténtica de la Hoja de vida del demandado Roberto Parada Soto, correspondiente a los años 1997 a 1999, cuando ocupó el cargo de Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional (fs. 95-104, C2).  Original del oficio del 9 de noviembre de 2011, por el cual el Director

Contable y de Tesorería del Ejército informó el procedimiento por el cual se realizaban los pagos en dicha Dirección (f. 108, C2).  Copia auténtica remitida por el Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo del Archivo Central de Tribunales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca del expediente de reparación directa No. 2001-2125, demandante Arandu Grandas Medina contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional (C3). 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su orden son:  Acertado como se dijo en el encabezado, resulta el a quo para determinar que la acción de repetición para lograr el rembolso del monto de la condena 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo impuesta al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Arandu Grandas Medina y tramitado en primera instancia ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que cobrara ejecutoria el 31 de agosto de 2004, se encuentra caducada la acción.

 Acotados en el ejercicio del computo del tiempo para avizorar, que bajo la égida del artículo 11 de la ley 678 de 2001, no se podía comenzar a contabilizar el mismo, toda vez que el término de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectivo, efectuado por la entidad publica condenada para que la acción de repetición caducará, no se pudo tener en cuenta de acuerdo a las pruebas aportadas; ya que, en relación con el fin de demostrar el pago de la condena, se allegaron documentos que acreditan el adelantamiento de tramites internos previos u preparatorios a efectos de lograr la efectividad del pago, por supuesto, no un paz y salvo, ni una constancia de recibido, mucho menos constancia de transferencia electrónica expedida por la entidad bancaria a donde se efectuó o recibo de consignación, con lo cual se demostraría la manifestación expresa del beneficiario de haber recibido los dineros respectivos.  De lo dicho en precedencia, igual resulta entonces tal y como lo dijo el A quo, que se hace necesario contar el término de caducidad de la presente acción de repetición bajo el tenor del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual hace alusión al termino de 18 meses vencidos para su ejecución ante la justicia ordinaria.  Queda claro tal y como lo hizo el a quo, el termino para contabilizar la caducidad no se podía efectuar bajo la exigencia del art. 11 de la ley 678 de 2011, dado que el pago realizado por la Entidad demandante a favor de los 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo terceros Arandu Grandas Medina y otros, se realizó el 13 de junio de 2006, por valor total de $30.568.539.53, mediante transferencia electrónica a la cuenta N. 076401005455 del Banco BBVA, según Certificado de la Entidad demandante, suscrito por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, allegado anexo al libelo introductorio (fl. 17 c.2), con la advertencia de que no se aportó comprobante de egreso No. 2024 del 13 de junio de 2006, que según la certificación es el soporte del pago efectuado, ni en su defecto certificación del Banco a donde se efectuó la transacción electrónica, Así mismo, hay que hacer mención respecto a lo manifestado en la certificación, que a esta le surge un manto de duda, cuando el Ministerio al interponer el recurso de apelación, en el fl. 184 del C. C. de Estado) manifiesta que la transferencia electrónica se efectuó a la cuenta No. 076401005455 DEL Banco BBVA, del señor Luis Herneyder Arévalo, por valor de $ 21.882.871.77, mediante comprobantes de egreso No. 3236 y 3237 del 13 de mayo de 2008.  Ahora, en cuanto al segundo argumento defensivo del apelante, decimos que no le asiste razón al pretender modificar el termino inicial para

computar la caducidad de la acción de repetición bajo el tenor del art. 177 del código de Contencioso administrativo, ya que el hecho de solicitar la parte demandante al tribunal, que se corrigiera el nombre del favorecido con el pago dentro de la providencia emitida en el proceso de reparación directa, no corría los términos de inicio para contabilizar la caducidad hasta su corrección, ya que el auto modificatorio de fecha 5 de mayo de 2005, donde se aclara, que por un error mecanográfico se incluyó en la parte resolutiva el nombre del señor Víctor Julio Moreno Solano, quien no era parte en el proceso, por el del señor Arandu Grandas Medina, quien si fue la persona que instauró la demanda de reparación, y después de estar 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 45486 250002326000200900715 01 Evo ejecutoriado el fallo, no modifica la ejecutabilidad y materialidad del fallo condenatorio, pues tal corrección se encontraba bajo los parámetros establecidos por los arts. 310 y 320 del CPC.  Entonces, claro queda para esta Delegada que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa, dado que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cobró ejecutoria el 31 de agosto de 2004, por lo que el

plazo con que contaba el Ministerio de Defensa, para interponer la acción de repetición contra los funcionarios que con su actuar dieron lugar a la condena, transcurrió entre el 1 de marzo de 2006 y el 2 de marzo de 2008, y como quiera que la demanda se presentó el 23 de mayo de 2008, cuando dicho termino se encontraba vencido, forzó concluir, igual que al Tribunal, que ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción.  La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables.  Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal C