PGN - ACCION DE REPETICION - Por condena impuesta al declarar insubsistente a un servidor

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por condena impuesta al declarar insubsistente a un servidor ACCIÓN DE REPETICIÓN-Objeto La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. DAÑO ANTIJURIDICO-Acción generadora según regulación legal RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Regulación Constitucional CULPA GRAVE Y DOLO-Definición según regulación legal CONDUCTA DOLOSA Y CULPOSA-Se presume del agente del estado causante del daño/MEDIOS DE PRUEBA-Obligación del demandante Es así como al sub examine no se aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, en lo referente a los eventos en que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generándose así para la demandante la obligación de allegar al proceso todos los medios de prueba que permitan acreditar, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos esenciales De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o

exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos objetivos Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la ________________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente.

PRUEBAS ADMISIBLES-Regulación legal/VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS-Regulación legal

El Código Contencioso Administrativo en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, hace la remisión al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS-Requisitos Pero, aún cuando autoriza la ley que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos: “(…) 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa. (…)” CARGA DE LA PRUEBA-A quien alega un hecho o un derecho Tampoco se puede olvidar que la carga de la prueba, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo cuando se trata de un caso notorio, lo cual no se configura en el presente caso, le corresponde a quien alega un hecho o un derecho.

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas

Aledañas Nasa Kiwe

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2013 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 13-27

Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de

la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe

Demandados: Jorge Mario Eastman Robledo Honorable señora Consejera: Dentro del término de traslado para alegar, ordenado por auto del 28 de enero de 2013, esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES  La Demanda La Corporación Nacional Para La Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, presentó demanda en acción de repetición en

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542)

Demandante: Corporación Nacional para la

Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe contra del señor Jorge Mario Eastman Robledo, con miras a que se declare a éste último patrimonial y solidariamente responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad demandante, con ocasión de la condena impuesta por sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por el señor Clímaco Eduardo Nates López vs. Corporación Para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la plena indemnización de los perjuicios patrimoniales causados a la entidad. Como sustento de lo anterior se expusieron, los siguientes: El Ingeniero Clímaco Eduardo Nates Lopez, para el año 1998, se desempeñaba como Director de la Corporación Para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe. Que el 19 de octubre de 1998, algunos funcionarios pertenecientes al Comité de Adjudicaciones y compras de la Corporación Nasa Kiwe, elaboraron una “constancia” en la cual supuestamente, pretendían jugarle una broma a María Fernanda Pérez Valencia, compañera de trabajo de aquellos, al parecer, por no haber asistido a una reunión del referido comité. Broma que trajo como consecuencia, la decisión del Viceministro Dr. Jorge Mario Eastman Robledo, de requerir al Director de la Corporación para que solicitara la renuncia de todos

los funcionarios que habían participado en la elaboración de la mencionada constancia.

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe Que pese a lo anterior, el señor Nates López se abstuvo de exigir la renuncia a los miembros del Comité, considerando que a pesar de la incómoda situación presentada, el debido proceso y la legalidad de la actuación exigían agotar un proceso disciplinario y que por lo anterior, el referido funcionario decidió abstenerse de ejecutar una orden ilegal emitida por el Viceministro del Interior, el 4 de diciembre de 1998.

Que como resultado de la decisión del Ingeniero Clímaco Eduardo Nates López, el entonces Viceministro del Interior encargado de las Funciones del Ministro del Interior para el mes de enero de 1999, señor Jorge Mario Eastman Robledo, por medio del decreto 124 del 15 de enero de 1999, declaró insubsistente al señor Nates López como Director Ejecutivo, código 1015, grado 23 de la Corporación para la Reconstrucción del río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe. Que el anterior acto administrativo, fue demandado por el señor Nates López en acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el Tribunal

Administrativo del Cauca, quien en sentencia del 11 de octubre de 2001, declaró la nulidad del Decreto 124 del 15 de enero de 1999, ordenando reintegrar al señor Nates López al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría, ordenando que se pagaran al funcionario todos los beneficios económicos dejados de percibir. En segunda instancia, el Consejo de Estado decidió confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda. Que en el marco de las anteriores decisiones judiciales, la Corporación emitió la Resolución No. 024 de mayo 29 de 2009, “por la cual se reconoce y se ordena un pago en cumplimiento de una sentencia judicial”, en la que se reconoció,

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe liquidó y efectuó, por medio de varias órdenes de pago, la cancelación dineraria en favor del señor Clímaco Eduardo Nates López.

Que convocado el comité de conciliación de la entidad, en sesión del 22 de diciembre de 2009, consideró procedente y necesario, frente a las exigencias legales, presentar acción de repetición.

 La Contestación Por intermedio de apoderado judicial, el señor Jorge Mario Eastman Robledo, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que nunca se le hizo parte en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Nates López, por lo que desconoce su contenido, así como también los fallos proferidos en el trámite de la misma. Argumenta además, que no está llamado a responder por la condena, por cuanto el decreto 124 de 1999 fue proferido por el entonces Ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo y no por el demandado.  Alegatos de conclusión Dentro del término fijado para tal fin, alegaron de conclusión la parte actora y el demandado; citando los argumentos presentados en la demanda y su contestación, respectivamente.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROBLEMA JURÍDICO

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe ¿Se configuran los elementos sustanciales de la acción de repetición instaurada por la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, en contra del ex viceministro del Interior JORGE

MARIO EASTMAN ROBLEDO, por los perjuicios causados con la condena impuesta a tal entidad por haber desvinculado injustamente y al parecer, con desviación de poder, mediante la expedición del decreto 124 de 1999, al entonces Director Ejecutivo de la citada corporación, que trajo como consecuencia la orden de reintegrarlo al cargo que venía desempeñando e indemnizarlo con todos los todos los beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la ejecutoria del fallo ? ANÁLISIS JURÍDICO La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público. El hecho que dio lugar a la condena impuesta a la Corporación Nasa Kiwe, fue la decisión de declarar insubsistente a su entonces Director Ejecutivo, señor Clímaco Eduardo Nates López, mediante el Decreto 124 del 15 de enero de 1999, suscrito por el viceministro del Interior de la época señor Jorge Mario Eastman Robledo, acto administrativo que aparentemente fue expedido como retaliación en contra de Nates López, por negarse a obedecer una orden del viceministro, consistente en despedir a unos funcionarios de la Corporación, que en el mes de octubre de 1998 suscribieron una “constancia” en la que

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe hacían burlas a una compañera de trabajo y al gobierno central.

Se observa entonces que la acción generadora del daño antijurídico acaeció el día 15 de enero de 1999, esto es, con anterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 20011. Dicha circunstancia da lugar a considerar que este proceso ha de regirse por las normas contenidas en la Constitución Política, artículo 902, artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo3, y artículo 63 del Código Civil al distinguir las especies de culpa y dolo4. Es así como al sub examine no se aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, en lo referente a los eventos en que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generándose así para la demandante la obligación de allegar al proceso todos los medios de prueba que permitan acreditar, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave.  ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 1 Publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001. Artículo 31. “VIGENCIA. La presente

ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.” 2 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 3 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 4 define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale a dolo. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Honorable

Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa realice un daño antijurídico5, que implica un menoscabo del patrimonio público. Los elementos a analizar, en relación con la acción de repetición, son: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal; (iii) la existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; y (iv) el pago realizado por parte de la entidad. De tales presupuestos, la calidad de agente del Estado, la existencia de la sentencia condenatoria, conciliación u otra forma de solución del conflicto en virtud de la cual la entidad deba reparar un daño antijurídico, así como el pago realizado por parte de la entidad condenada, son los elementos objetivos para impetrar la acción de repetición; y la calificación de la conducta dolosa o 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicado: 28448; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. “De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública

haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para impetrar la acción y el último al elemento subjetivo que determina la responsabilidad del agente”.

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe gravemente culposa del agente estatal es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente6.

De los documentos allegados al proceso se tiene, lo siguiente: - Constancia expedida por el Coordinador de Gestión Humana del Ministerio del Interior y de Justicia, obrante a folio 158 del cuaderno principal, en la que se demuestra que para el día 15 de enero de 1999, el señor Jorge Mario Eastman

Robledo ostentaba la calidad de funcionario público, pues se hallaba vinculado al Ministerio del Interior desde el 11 de agosto de 1998, destacándose del referido documento que: “(…) para el mes de enero del año 1999, se desempeñó como titular del cargo de Viceministro, código 0020 grado 15, del Ministerio del Interior y mediante Decreto 115 del 13 de enero de 1999, fue encargado de las funciones del Despacho del Ministro del Interior durante la comisión de servicios en el exterior del titular a la ciudad de la Habana –Cuba desde el 14 al 17 de enero de 1999. (…)” 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 09 de junio de 2010; Radicación: 37722; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E). “La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto; La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; El pago realizado por parte de la Administración; y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo, frente a los cuales resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, según se explicó. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la

normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.”

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe - Copia auténtica de la sentencia del 11 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del expediente No. 1999065600, acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Clímaco Eduardo Nates López Vs. Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y zonas Aledañas Nasa Kiwe, en la que se declaró la nulidad del Decreto 124 de 1999, al considerar el fallador, en resumen, que dicho acto administrativo había sido expedido con desviación de poder, pues indiciariamente se pudo establecer que el retiro del señor Nates López se debió a su renuencia a cumplir la orden del viceministro del Interior de exigir la renuncia de los funcionarios que habían suscrito la “constancia” con la que hacía burla a una compañera de trabajo, aún a pesar de que el Director Ejecutivo no había tenido ninguna participación en tales hechos, y que su negativa a cumplir la orden impartida

se debía a que era inconveniente para la entidad acatarla puesto que se trataba de funcionarios claves de la parte directiva de la corporación y además, porque si existía alguna conducta sancionable, debería seguirse el curso legal de un proceso disciplinario. (folio 34-50 cuaderno principal) - Copia auténtica de la sentencia del 30 de noviembre de 2006, proferida en segunda instancia por la Sección Segunda – Sub Sección B, del Consejo de Estado, que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, al considerar que la desvinculación del actor no obedeció a necesidades del servicio. - Copia auténtica de la Resolución No. 024 del 29 de mayo de 2009 “por la cual se reconoce y ordena un pago en cumplimiento de una sentencia judicial”, en la que se reconoce y resuelve pagar el valor de la condena ordenado mediante la sentencia del H. Consejo de Estado. Documento en el que se pone de presente que el señor Clímaco Eduardo Nates López hizo cesión del valor de la condena

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IUS 2013-70158 11 _______________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe al Dr. Lenin Edgardo López Lara y a la señora Ofelia Ordóñez Amar, quien autorizó al Dr. López Lara para recibir el valor a ella cedido. (folios 25al 29 c.

principal) - Se encuentra además, que en la foliatura reposan las distintas ordenes de pago (folios 89-98 c. principal), con las que se demuestra que efectivamente se efectuó el pago al Dr. Lenin Edgardo López Lara, pues una vez le fue cancelado el importe de la condena, él mismo allegó documento en el que declaró a Paz y Salvo a la Corporación Nasa Kiwe, por concepto de pago de la condena de la sentencia. (folios 105-106 c. principal) Del acervo probatorio obrante en el expediente se observa, en relación con el cumplimiento de los elementos esenciales de la acción de repetición, que se acreditaron tres de los presupuestos; el primero de ellos relativo a la calidad de agente Estatal del demandado Jorge Mario Eastman Robledo, y la sentencia en contra de la Corporación Nasa Kiwe, cuando fungía como Viceministro del Interior el señor Eastman Robledo, también se acreditó el pago y la constancia de recepción del mismo; no así frente a la demostración de la culpa o dolo del demandado en la causación del daño. En efecto, aparece que salvo las sentencias arriba referidas, todos los documentos aportados al proceso por la parte demandante tendientes a demostrar la existencia de culpa o dolo del demandado fueron allegados en copia simple. El Código Contencioso Administrativo en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso

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IUS 2013-70158 12 _______________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe Administrativa7, hace la remisión al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción8.

Pero, aún cuando autoriza la ley que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos9: “(…) 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa. (…)” Esto obedece al hecho de que si bien se allegó a éste expediente el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por Clímaco Nates López VS. La Corporación Nasa Kiwe, tenemos que los documentos aportados son todos copias simples, a las cuales de conformidad con el art. 254 del C.P.C., no se les puede otorgar ningún valor probatorio.

Esto, sin desconocer también que pese a que son copias simples, la única manera en que tales documentos podrían ser valorados es que de los mismos se 7 ARTICULO 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso

administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. 8 ARTICULO 253. Aportación De Documentos. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 116, el nuevo texto es el siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento 9ARTICULO 254. Valor Probatorio De Las Copias. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 117.

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Expediente: 110010326000-2010-00052-01(39.542) Demandante: Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe haya corrido traslado a las partes, con miras a que frente a ellos se pueda hacer uso de los derechos de contradicción y defensa; y si la parte contra quien se pretender hacer valer no los tacha de falsos, habrían quedado debidamente incorporados a la foliatura.

Ahora bien, si en gracia de discusión, se entrase por un momento a valorar tales documentos, tenemos que en dicho proceso de Nulidad y Restablecimiento se tomó declaración a varios testigos, los cuales debieron ser citados en el

trámite que hoy nos ocupa, a fin de que se ratificaran en todo o en parte de lo dicho por aquellos en el otro proceso y, aún cuando se valorasen los dichos de los testigos, éstos no aportan grado de certeza respecto de la culpa o dolo del demandado, ya que varios de ellos al preguntarles si les constaba la conversación entre el Viceministro y el Director de la Corporación, dijeron que eso no les constaba, que simplemente el Director les manifestó tal situación, pero que de la conversación como tal, este hecho no lo podían asegurar. Así pues, es lo cierto que los argumentos de la parte actora, junto con las sentencias condenatorias y las constancias de pago no son condición suficiente para poder derivar la responsabilidad del demandado, pues de lo que se halla probado en el proceso, no es posible estructurar con grado de certeza la existencia de dolo o