PGN - ACCION DE REPETICION - Por falla en la prestación del servicio de la administración de justici

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DETENCIÓN PREVENTIVA-Fundada en falsos indicios La detención preventiva, a que fue sometido el actor significa que fue injusta, conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto y de suyo se le produjo un daño, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos Jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado porque, se funda en todas las detenciones en supuestas pruebas que no tenían tal calidad, se edificaron falsos indicios que conllevaron a la detención preventiva y la convirtieron en injusta. Además de la lectura del fallo de segunda instancia que absuelve fue en aplicación del principio in dubio pro reo. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por privación injusta de la libertad Resulta imperioso señalar que la privación de la libertad o detención de que trata el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 dista de las consecuencias y razones de la contemplada en el artículo 356 de la misma Ley, de donde sí puede derivarse responsabilidad, cuando se impone sin reunir los requisitos, o cuando se extralimita en el tiempo, causando serios perjuicios a la persona que a la poster resultó absuelto. Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa, de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A y 90 de la Constitución Política, confirmando en consecuencia la decisión objeto de la apelación ante el Honorable Consejo de Estado.

IN DUBIO PRO REO-Responsabilidad administrativa a título objetivo En el caso que ocupa al Ministerio Público, se encuentra que el in dubio pro reo, instituto de una enorme envergadura, se aplica como consecuencia de una investigación penal que llega a su final, en donde ante la presencia de pruebas con igual peso específico, en torno a la responsabilidad o no del sindicado, el operador jurídico debe optar por el camino de la duda favorable, donde finalmente se impone la presunción de inocencia que favorece al indiciado. Se evidencia nuevamente en la argumentación de la Sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Medellín, por medio de la cual se absolver en su favor y con ello dar por terminada la potestad de reproche penal del Estado frente al sindicado. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso sostener que, en esta clase de situación existe responsabilidad administrativa a título objetivo, de no ser así resultaría atentar contra los deberes y obligaciones de la entidad en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, aspecto sobre el cual se ha decantado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por falla en la prestación del servicio de la

administración de justicia Finalmente, hay lugar a confirmar la condena impuesta, de forma tal que responda administrativamente de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura por el daño irrogado al demandante, al tenor del artículo 90 de la Constitución Política. Siendo que se evidencia una real e innegable falla en la prestación del servicio de la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente solicita esta Delegada de la Procuraduría General de la Nación, se ordene en el fallo de la segunda instancia, se inicie la ACCIÓN DE REPETICIÓN en contra el Fiscal 32 Especializado de Medellín-Antioquia y contra el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión para Fallo de Medellín, de conformidad con lo preceptuado en el art. 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001.

CONCEPTO No. 222 /2012

Bogotá, D.C 30 de julio de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200800773 01 (43752)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTORE: NICOLÁS HUMBERTO PATIÑO AGUDELO

DEMANDADOS: NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,

NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y NACIÓN

MINISTRIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01

Rzo Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. La detención se cumplió para asegurar la permanencia del detenido, hasta tanto se resuelva la situación jurídica que opta por imponer medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisionalaplica el indibio pro reo.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Nicolás Humberto Patiño Agudelo, a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, instauró demandada contra la NACIÓNCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA por la detención de que fue objeto, desde el 17 de septiembre de 2003 hasta el 14 de

noviembre de 2006, por el allanamiento y registro de un inmueble de su propiedad donde se encontraron aproximadamente tres (3) toneladas de marihuana. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo 1.2. La contestación. La NaciónFiscalía General de la Nación, contestó la demanda, se opone a la prosperidad de las pretensiones, señaló en relación con los hechos que no le constan y que se atiene a lo que de ello resultare probado en legal forma dentro del proceso.

1. Argumenta que la Fiscalía General de la Nación obró en cumplimiento de sus funciones de conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal, y por la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia), siendo obligación de los funcionarios de esa entidad investigar los hechos punibles y garantizar la comparecencia del inculpado, por lo tanto, encuentra ajustado a derecho deducir que la accionada actuó dentro del proceso que se siguió contra el señor Patiño Agudelo, de conformidad con las normas constitucionales y legales.

2. Respecto del procesado manifiesta que fue privado de la libertad y expresa que existió sustento legal para que la Fiscalía ordenar la detención preventiva, toda vez que contra el sindicado hubo indicios graves de

responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

3. Propuso las excepciones: - Aplicación de la teoría de las cargas públicas. - Ausencia del daño antijurídico.

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo - Prudencia, diligencia y cuidado en la actuación de la Fiscalía General de la Nación. - Actuación conforme a derecho y en cumplimiento de un deberpoder legal. - Inexistencia de la obligación de indemnizar. - Tasación excesiva del perjuicio. La NaciónConsejo Superior de la Judicatura y el Ministerio del Interior y de Justicia no dieron contestación a la demanda en el término otorgado para ello. 1.3. Sentencia de primera instancia.  El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia se pronunció en fallo de primera instancia y declaró a la NaciónFiscalía General de la Nación y Nación - Consejo Superior de la Judicatura, administrativa y solidariamente responsable por los perjuicios causados al demandante con ocasión de la privación de su libertad, correspondiéndole a cada una de las entidades condenadas asumir el cincuenta por ciento (50%) del total de las pretensiones. Absuelve de responsabilidad a la Nación Ministerio del Interior y de Justicia.  Manifestó el Tribunal Administrativo de Antioquia, que conforme lo expuso

el Tribunal Superior de Medellín en la providencia de fecha 14 de noviembre de 2006, evidentemente se presentaron deficiencias tanto en la valoración de las pruebas recaudadas como en la recolección de las 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo mismas por parte del ente instructor; la imputación al procesado se basó única y exclusivamente en el hecho objetivo de haber encontrado una cantidad significativa de marihuana en un inmueble de propiedad del procesado, que era contiguo a su residencia, con base en informaciones anónimas que nunca pudieron ser cotejadas ni corroboradas con otros medios de prueba.  Para el Tribunal es claro que el ente instructor y el funcionario jurisdiccional que tuvo el proceso penal en primera instancia, en ningún momento se preocuparon por desvirtuar los dichos defensivos del implicado penalmente, los cuales iban dirigidos a establecer que el mencionado estupefaciente no era de su propiedad y que la razón de la ubicación del mismo en el inmueble fue a causa del constreñimiento violento que se ejerció sobre él un grupo armado al margen de la ley. 1.4. Argumentos de la apelación La apoderada de la NaciónFiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la sentencia adiada 28 de octubre de 2011 que concede las pretensiones a la parte demandante, en donde en términos generales

argumentó lo siguiente (fls 671 a 686):

1. De acuerdo con la facultad y el deber impuesto por la Constitución y la Ley a la Fiscalía General de la Nación, le corresponde adelantar las investigaciones de las conductas punibles que presuntamente se han cometido en el territorio nacional, es así como al existir denuncia contra una

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo persona identificada o identificable como presunto infractor de la Ley penal, la Fiscalía deberá proceder a iniciar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos sometidos a su consideración.

2. La investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación, ésta obró en cumplimiento de las obligaciones a ella impuesta por la Constitución y la Ley, sin que mediara extralimitación o abuso de su competencia, respetando el debido proceso, garantizando la defensa y enmarcada en las pruebas que se fueron recaudando en el curso de la investigación, observadas siempre con diligencia, prudencia y cuidado.

3. El actuar del Fiscal instructor estuvo ajustado a derecho, por lo tanto, no pude endilgarse responsabilidad administrativa y patrimonial a la entidad demandada, por que se llenaron los requisitos y exigencias legales para ordenar la privación de la libertad del demandante.

4. El Juez consideró que con las pruebas recaudadas ofrecían certeza sobre

la responsabilidad del sindicado en el delito que se le imputaba, pero el Tribunal consideró que no era así y decidió absolver con base en el principio in dubio pro reo.

5. Con los planteamientos que anteceden solicita al H. Consejo de Estado la revocatoria de la sentencia recurrida y subsidiariamente se modifique la misma reduciendo el monto de la indemnización por concepto de perjuicios morales atendiendo a la legalidad de la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La detención de que fueron objeto el ciudadano Nicolás Humberto Patiño Agudelo durante el periodo comprendido desde el 17 de septiembre de 2003 hasta el 14 de noviembre de 2006 fue irregular, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar? 2.1.2. ¿Al Juez Administrativo le compete efectuar enjuiciamientos sobre la conducta de un sindicado, cuando media providencia en firme que hace tránsito a cosa juzgada? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran

el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, señaló que se dieran los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá

lugar a la indemnización...” 2.2.1. Libertad y presunción de inocencia. Normas supraconstitucionales. Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el objeto de la litis es el tema de la libertad y la presunción de inocencia. Veamos qué ha venido diciendo el Consejo de Estado: “El Derecho a la libertad Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó en el artículo 28. Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así: -En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". -En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones

fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas". De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. El derecho de Presunción de inocencia es de categoría constitucional, por virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado. Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley: -Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". -Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8° dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". -Decreto ley No 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho

punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”. En la Constitución de 1991que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en el inciso 4 del artículo 29, según el cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".. . También el legislador extraordinario en el decreto ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, artículo 2º…” 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo Anteriormente esta Sala frente al álgido tema había manifestado: “Es por ello que se ha considerado que si bien la medida de aseguramiento es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio universal de la presunción de inocencia a fin de que el administrador de justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan las razones normativas sustanciales, también le es perentorio tener presente el principio universal de presunción de inocencia. Adicionalmente como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de las culturas occidentales y democráticas es uno de los derechos humanos más preciado, contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia como Derecho Fundamental, connotación de gran valía dentro de la concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte que la

detención preventiva es una medida excepcional, que “procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo del Estado”. (Las negrillas son de la Sala). 2.2.3. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Respecto a los deberes constitucionales del juez, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: “La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni mas ni menos, que solo quien puede valorar los testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc, es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las calificaciones presentadas por la Policía Nacional”. Resulta válido recordar que el Fiscal en vigencia de la Ley 600 de 2000, cumplía funciones jurisdiccionales, razón por la cual el anterior extracto le es aplicable a la gran responsabilidad que le acudía, entre ellas determinar la libertad de las personas. 2.2.4. El deber jurisdiccional del Fiscal. Suficiente resulta lo manifestado por el máximo órgano constitucional, frente al deber jurisdiccional que acompaña al Fiscal en su sentido general: “La Constitución de 1991 ha establecido algunos elementos propios del llamado sistema acusatorio en materia procesal penal, pues distingue las funciones de investigación y acusación, y la de juzgamiento, de tal forma que corresponde a la fiscalía investigar y calificar y al juez adelantar la etapa del juicio y tomar la decisión final. Así pues, la Fiscalía hace parte de la rama judicial y en tal virtud, le han sido asignadas por la Constitución una serie de funciones y facultades determinadas (art. 250), de modo que se le ha atribuido la titularidad de la acción penal y la dirección de las investigaciones penales, en tanto que se ha reservado a los jueces el juzgamiento que comprende la adopción de la decisión que resuelve el proceso. Así, en la etapa de investigación los fiscales cumplen una verdadera labor judicial, asegurando para ello la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, imponiendo, si lo consideran pertinente, medida

de aseguramiento y, además, investigando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado para garantizar la imparcialidad y transparencia que requiere toda investigación judicial. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo En vigencia de la Ley 600 de 2000, tanto al Fiscal como al Juez, les asiste el deber de cumplir con la investigación integral tal como lo prescribe el artículo 20, entre otros aspectos para que dentro de los análisis correspondientes les lleve a la certeza de la adecuación típica de la conducta, su antijuridicidad y culpabilidad, para poder predicar la existencia de un hecho reprochable penalmente. 2.2.5. El in dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal, es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable, situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente:

“Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo de las normas y principios penales, entre ellos la obligación a operador judicial de la investigación integral, de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba, por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda se invoca la presencia de indicios, para ocultar dicha inactividad

y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva. 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el Código de Procedimiento Civil. De hecho, las copias del expediente contentivo de la investigación adelantada por la Fiscalía, sentencia de primera instancia son de enorme valor para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, las cuales se encuentran aludidas específicamente en ella.

En su orden son: 2.3.1. Providencia del 22 de septiembre de 2003 emanada de la Fiscalía 32

Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín y Antioquia que resuelve la situación jurídica del señor Nicolás Humberto Patiño Agudelo, mediante la cual se impone medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientesartículo 376 del C.P., (fls 99 a 114 del cuaderno respuesta a Exhortos I). 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo 2.3.2. Resolución del 23 de marzo de 2004, mediante la cual la Fiscalía 32

Especializada calificó el mérito investigativo con Resolución de acusación contra Nicolás Humberto Patiño Agudelo, por el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y adicionalmente por el delito de destinación ilícita de muebles o inmuebles (fls 35 a 59 del cuaderno Respuesta a Exhortos No. II ). 2.3.3. Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión para fallo del Circuito Especializado de Medellín, mediante la cual condenó a Nicolás Humberto Patiño Agudelo a una pena de diecisiete (17) años de prisión e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término y multa, por los delitos que fueron materia de investigación (fls 43 a 54, 58 y 60 a 73 del cuaderno respuesta a Exhortos No. III) 2.3.4. Fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual resuelve el recurso de apelación y revoca la sentencia recurrida, absolviendo al señor Nicolás Humberto Patiño Agudelo de los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles (fls 102 a 126 del cuaderno de Respuestas a Exhortos No. III) 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43752 050012331000200800773 01 Rzo 2.4. Caso concreto.  El señor Nicolás Humberto Patiño Agudelo fue privado de la libertad desde el 17 de septiembre de 2003 hasta el 14 de noviembre de 2006, es decir, tres (3) años un (1) mes veintisiete (27) días en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín “Bellavista” como lo certifica el Director del citado centro de reclusión (fl. 234)  En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Antioquia. En su orden son: a) El día 8 de septiembre de 2003, en la Vereda El Pedregal Sector Los Gómez del Municipio de Itagüí (Ant) se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble de propiedad del señor Nicolás Humberto Patiño Agudelo, donde se encontró aproximadamente tres (3) toneladas de marihuana, por tal hecho fue detenido dicho señor por orden de la Fiscalía 149 destacada ante el C.T.I de Medellín, se le vinculó al proceso mediante indagatoria. La Fiscalía 32 Especializada de Medellín