PGN - ACCION POPULAR - Cualquier persona natural o jurídica puede ejercerla

ACCIÓN POPULAR-Contra Municipio en garantía de seguridad y prevención de desastres públicos ACCIÓN POPULAR-Finalidad La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que la Constitución Política en su artículo 88, inciso 1º instituyó las acciones populares1, y confió a la Ley su reglamentación, para la protección de los derechos e intereses colectivos, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente sano, la libre competencia económica y otros de naturaleza similar, que estén o sean consagrados en ella. ACCIÓN POPULAR-Definición legal En cumplimiento del mandato constitucional fue expedida la Ley 472 de 1998 (Modificada parcialmente por la Ley 1425 de 2010), definiendo en su artículo 2º las acciones populares como los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, y le señaló su alcance, de la siguiente manera: “Artículo 2º Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.” ACCIÓN POPULAR-Cualquier persona, natural o jurídica puede ejercerla ACCIÓN POPULAR-Procedencia ante vulneración o amenaza de violación de derechos e intereses colectivos A su vez, el artículo 4º establece que las acciones populares proceden contra “toda acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, que hayan violado o amenacen violar

los derechos e intereses colectivos”; el artículo 14 dispone que la acción popular se dirigirá contra el particular u autoridad pública cuya actuación u omisión considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. ACCIÓN POPULAR-Su conocimiento es competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ACCIÓN POPULAR-Jurisprudencia del Consejo de Estado DERECHOS COLECTIVOS-Son intereses de representación difusa DERECHOS COLECTIVOS-La fijación constitucional no tiene carácter taxativo/DERECHOS COLECTIVOS-Características COSA JUZGADA-Respecto a sentencia proferida en Acción Popular/COSA JUZGADAExistencia de identidad de objeto, causa y de partes El artículo 35 de la Ley 472 de 1998 respecto a los efectos de la sentencia dictada en una acción popular, establece que: “tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y el público en general”. La Corte Constitucional en sentencia C-622 de 2007, declaró exequible el citado artículo “en el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto de las partes y del público en general, salvo cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior”. El artículo 332 Código Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa de los artículos 267 del Código Contencioso Administrativo y 44 de la Ley 472 de 1998, establece: “Artículo 332. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. ACCIÓN POPULAR-La sentencia dictada es cosa juzgada erga omnes excepto en cuestiones relativas al estado civil de las personas COSA JUZGADA-No se opone al recurso extraordinario de revisión. CARGA DE LA PRUEBA-Deber de demostrar los supuestos de hecho en que funda su demanda Además, estima esta Delegada del Ministerio Público que los pedimentos del actor deben ser desestimados, pues no probó los supuestos de hecho sobre los cuales pretende edificar la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda. El análisis que antecede resulta suficiente para concluir que el actor popular incumplió con la carga procesal de la prueba, unas al que se refiere el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “……incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…”, omisión que dejó huérfanos de prueba los fundamentos de sus pretensiones, lo cual conlleva necesariamente a que las mismas sean desestimadas.

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 050-2015

SIAF: 2015-42471

Bogotá D. C., 27 de febrero de 2015.

Señores Magistrados: Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Dr. GUILLERMO VARGAS AYALA EXPEDIENTE : 170012333300020130031302

ACTOR : JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA : C.C. 10.141.947

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

PROCESO: ACCIÓN POPULAR

ASU ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA

I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se corrió traslado a las partes y a esta Agencia para alegar de fondo en segunda instancia.

II. ANTECEDENTES 2.1. Pretensiones - El demandante solicitó se protejan los derechos e intereses colectivos a la Seguridad y Prevención de desastres previsibles técnicamente, en los términos del literal l), del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, artículos 2359 y 2360 del C.C. - Consecuencialmente con la pretensión anterior se ordene al accionado, la adopción de las medidas administrativas y operativas para la ejecución en el corto plazo de los estudios de vulnerabilidad sísmica determinados como obligatorios para las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, en particular para las edificaciones en donde operan los diferentes Juzgados en el municipio accionado. - Que en caso de llegarse a un pacto de cumplimiento entre las partes, se nombre

a una persona natural o jurídica como auditora, para que vigile y asegure el cumplimiento de lo pactado en la audiencia a que se refiere el artículo 27 de la Ley 472 de 1998. - Se señale el incentivo a que hubiere lugar, y se ordene su pago a cargo de los demandados, lo anterior por el ejercicio de la presente acción popular. - Se condene en costas a los demandados. Exigir póliza de cumplimiento a los accionados a fin de garantizar que lo ordenado bajo sentencia se cumplirá. - De dilatar la acción constitucional los accionados, solicitó aplicar temeridad y mala fe y sancionar por parte del operador judicial. - Se utilice el fuero de atracción de ser necesario para vincular a personas jurídicas o naturales a esta demanda. 2.2 Hechos - La entidad demandada, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa y representada legalmente por el Director Ejecutivo y el ente territorial es representado por su Alcalde Municipal - La Ley 400 de 1997 en su artículo 54, determina que en un plazo de 3 años, contados a partir de su vigencia, se debe evaluar la vulnerabilidad sísmica de las construcciones existentes, cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zona de amenaza sísmica e intermedia, como es el caso para el municipio en mención. - En el ente territorial accionado funciona u opera el servicio de uso indispensable y de atención a la comunidad, como es el palacio de justicia o inmueble donde presta el servicio al público, los diferentes Juzgados en el Municipio. - La accionada, Nación Rama Judicial, no ha efectuado hasta la fecha, los estudios

de vulnerabilidad sísmica de las construcciones de uso indispensable y ya se encuentra vencido el plazo legal para ello. Es decir, no ha realizado el estudio de sismicidad para la planta física donde se encuentran ubicados los diferentes Juzgados en el Municipio y el ente territorial no ha cumplido su deber funcional de hacer cumplir la Ley 400 de 1997 y con su falta de control expone a la ciudadanía en general al daño contingente artículo 2359 y 2360 C.C 2.3. Contestación de la Demanda. -El Municipio de Chinchiná mediante apoderado, presentó la excepción previa de cosa juzgada (fls.52-54) con fundamento en el hecho de que en el año 2006, el Juzgado Cuarto Administrativo de esta ciudad ya había fallado una acción popular interpuesta por Jorge Álzate Restrepo en contra del Municipio de Chinchiná Caldas, según radicado 2006072800, en igual sentido el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito, ya había declarado oficiosamente la Cosa Juzgada según radicado 2011-00063. Por ende no es posible volver a revivir una misma acción popular que en su momento ya fue fallada por un Juez de la República. -En la contestación de la demanda el Municipio de Chinchiná(fls.55-67) se opuso a la totalidad de las pretensiones indicando que la presente acción es temeraria y de mala fe, toda vez que el señor Juez Segundo Administrativo permanente, mediante fallo del 20 de junio de 2011 de manera oficiosa declaró la excepción de cosa juzgada, decisión que fue confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo según ponencia del Dr.

John Jairo Álzate López del 18 de abril de 2013, por haberse decidido este tema en otra ocasión, situación de la cual era plenamente conocedor el hoy accionante según la respuesta que se le dio al Juzgado en la acción radicada con el número 2011-00063 y sobre la cual existió pronunciamiento de fondo. Otro aspecto que resaltó es que según acción popular fallada a favor del Municipio de Chinchiná, el Juzgado Cuarto Administrativo permanente, el 17 de octubre de 2006, con ocasión de una acción popular con radicado número 2006072800, ordenó realizar un estudio a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, facultad de Ingeniería, para tales efectos se designó al Ingeniero Ricardo Augusto Tolosa Correa a fin de determinar el estado estructural de la edificación en donde funciona el Palacio Municipal de Chinchiná Caldas. De otro lado, solicitó al despacho, se condene al demandante al pago de las costas del presente proceso por su actuación temeraria y de mala fe según lo establece la misma Ley 472 de 1998, al pretender obtener un doble rédito por tres acciones populares iguales en diferentes tiempos. -La Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que los presupuestos fácticos que fundamentan la misma, no conducen a atribuir responsabilidad alguna a esta entidad. Como excepciones propuso la carencia de prueba de la presunta vulneración de derechos colectivos, falta de legitimación por pasiva de la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial y la innominada (fls.90-92).

III. Sentencia de Primera Instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia anticipada de fecha 8 de agosto de 2014 señaló que conforme el resultado de las pruebas practicadas por el Despacho y de aquellas arrimadas al proceso por el Municipio de Chinchiná, se estableció que en pasada ocasión un Juez de la República decidió otra acción popular donde la pretensión principal es idéntica a las que se presentan en esta; las acciones populares 200600728-00 tramitada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales y la 003-2009-00020 cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, y; en ambas acciones se profirió sentencia que amparó el derecho colectivo vulnerado. Así las cosas, indicó el Tribunal que claramente nos topamos frente a una situación en la que el actor popular, avocó el amparo de un derecho colectivo, respecto del cual ya hubo un pronunciamiento por parte de la justicia, lo que demuestra que en esta acción existe un agotamiento de jurisdicción por configurarse la cosa juzgada. Por todo lo anterior, se declaró la existencia de agotamiento de jurisdicción por configuración de cosa juzgada, se declaró la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda y se rechazó de plano la demanda por existir agotamiento de jurisdicción por configuración de cosa juzgada (fls.180-185). 3.1. Apelación. El actor insiste en la prosperidad de sus pretensiones, como se lee al folio 188 a 190 y solicitó la nulidad de la sentencia anticipada señalando que es ilegal en derecho.

IV. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1. Problema jurídico.

El sub examine se circunscribe a determinar si proceden las pretensiones de la demanda especial de acción popular, y, en caso positivo, si hay lugar al incentivo económico a favor del libelista ARIAS IDÁRRAGA. Para resolver la litis esta Agencia del Ministerio Público parte del marco jurídico conceptual sobre: i) La naturaleza, fines y alcance de la acción popular. ii) Los derechos colectivos invocados como violados en la presente acción popular, y, iii) La procedencia o improcedencia de las pretensiones del demandante. i) Naturaleza fines y alcance de la acción popular. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que la Constitución Política en su artículo 88, inciso 1º instituyó las acciones populares11, y confió a la Ley su reglamentación, para la protección de los derechos e intereses colectivos, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente sano, la libre competencia económica y otros de naturaleza similar, que estén o sean consagrados en ella. En cumplimiento del mandato constitucional fue expedida la Ley 472 de 1998 (Modificada parcialmente por la Ley 1425 de 2010), definiendo en su artículo 2º las acciones populares como los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, y le señaló su alcance, de la siguiente manera: “Artículo 2º Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los

derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.” El artículo 12, numeral 1, ibídem, legitima a cualquier persona, natural o jurídica, para ejercer la acción popular. A su vez, el artículo 4º establece que las acciones populares proceden contra “toda acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos”; el artículo 14 dispone que la acción popular se dirigirá contra el particular u autoridad pública cuya actuación u omisión considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. 1 “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. A renglón seguido, el artículo 15 asignó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de las acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas: “Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas

que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. En los demás casos conocerá la jurisdicción ordinaria civil.” ii). Los derechos colectivos invocados como violados en la presente acción popular :Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles En la sentencia del 20 de enero de 2005, referencia 250002325000200500357 01 (AP), con ponencia del Conductor de este proceso, Dr. VELILLA MORENO, sobre el derecho colectivo del acápite, se adujo: “... “7. 1. LAS ACCIONES POPULARES - FINALIDAD Y PROCEDENCIA - Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se caracterizan por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la rápida y sencilla protección de los referidos derechos, cuya amenaza o vulneración, así como la existencia del peligro, agravio o daño contingente, deben probarse necesariamente para la procedencia del amparo. “Se tienen, entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, los siguientes: A) Una acción u omisión de la parte demandada. B) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo

normal de la actividad humana. y, C) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses. “7. 2. LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Como se anotó, las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos, por lo que, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, se concretan a través de su participación activa ente la administración de justicia. “Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia AP527 del 22 de enero de 2003: “"Los colectivos son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad. ““Por eso ha dicho la Corte Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad puede acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo cual logra simultáneamente proteger su propio interés. ““Por otra parte, si bien la Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales

pueden calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo 88 de la Carta. ““Dicho planteamiento se tiene por fundamento lo dispuesto en inciso final del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que prevé: “...”. ““Lo anterior supone, que si bien no se trata de una enumeración taxativa, sólo pueden considerarse como intereses o derechos colectivos aquellos reconocidos como tales por cualquiera de las normas aludidas y sólo a partir de su reconocimiento son susceptibles de protegerse por medio de la acción popular, de toda acción u omisión de las autoridades públicas y los particulares que, los amenace o vulnere. Es decir, que la calidad de derecho colectivo no la ostentan per se, no surge de su propia naturaleza, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico los reconozca como tales. “De modo que, si bien la Sala ha reiterado ciertas características inherentes a los derechos e intereses colectivos, entre ellas, es menester mencionar el reconocimiento – como taleshecho por la Constitución Política, la ley, o los tratados internacionales que hayan seguido los trámites de recepción por el ordenamiento interno colombiano. “Lo anterior es evidente y, lo ha puesto de presente la Sala, al establecer que si bien un derecho colectivo compromete el interés general, no todo lo que suponga este último configura por esa sola característica, un derecho colectivo, así mismo, el sólo hecho de que una determinada situación, afecte a un número plural de personas, no supone, necesariamente la violación de derechos o intereses colectivos. “Resulta así claro que mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés determinado, así tenga carácter general, revista la

naturaleza de colectivo; por consiguiente, sólo será derecho colectivo susceptible de ser amenazado o vulnerado por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, aquél que, reuniendo las características propias del interés colectivo, esté reconocido como tal por la ley, la constitución o los tratados internacionales.". “7. 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER “En el caso bajo estudio la actora reclama la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, debido al presunto incumplimiento de las autoridades demandadas al permitir la construcción y enajenación de la Urbanización Bosques de la Hacienda. “...”. iii) Caso Concreto El artículo 35 de la Ley 472 de 19982 respecto a los efectos de la sentencia dictada en una acción popular, establece que: “tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y el público en general” La Corte Constitucional en sentencia C-622 de 2007, declaró exequible el citado artículo “en el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto de las partes y del público en general, salvo cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior” El artículo 332 Código Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa de los

artículos 267 del Código Contencioso Administrativo y 44 de la Ley 472 de 1998, establece: “Artículo 332. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes. Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias. 2 por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezca como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.»” El Consejo de Estado3, al estudiar la institución de la cosa juzgada y su operancia cuando se trata de acciones populares, precisó: “La prosperidad de la excepción de cosa juzgada exige que entre la acción que se

tramita y la ya juzgada exista identidad de objeto y de causa. La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión sean los mismos.” En sentencias 4 de 12 de febrero de 2004 (C. P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez) y 2 de junio de 2005 (C.P. Dr. Ramiro Saavedra Saavedra) 5 la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que en materia de acciones populares la excepción de cosa juzgada ocurre así las partes actoras no sean absolutamente idénticas en los procesos que se cotejan, pues lo relevante es que los responsables por la afectación del derecho colectivo invocado sean los mismos, y que no obstante la calidad difusa de la comunidad titular del derecho, el grupo –determinado o determinableafectado con la amenaza o vulneración de los derechos colectivos comprometidos, también sea el mismo. Esta Sala ha prohijado este criterio jurisprudencial en sentencias de 29 de junio de 2006 6 (C.P. Dr. Rafael Ostau de Lafont Pianeta) y 19 de octubre de 2006 7 (C. P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón). El apoderado del Municipio de Chinchiná, presentó como excepción previa la cosa juzgada, he informó al despacho respecto de la existencia de otras dos acciones populares en contra del Municipio de Chinchiná por los mismos hechos presentados por el demandante en la presente acción. Al respecto, se puede inferir que si bien en principio podría decirse que en el caso

concreto operó la cosa juzgada, lo cierto es que, luego de un estudio juicioso entre la acción popular que se tramita y las acciones ya juzgadas, se puede inferir que independientemente que las partes actoras de una y otra no sean idénticas, la causa es la misma, tal y como pasa a explicarse: 3 Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2010. Radicación número: 50001-23-31-000-200400519-01(AP) 4 Radicación 2002-1700-01(AP) Actor: Jairo Ñoñez Collazos y Otros. 5 Radicación 2004-00814-01. Actores: Martha Lucia Velasco Sánchez y Otros. 6 Radicación 2004-00022-01. Actor: Funde gente. 7 Radicación 2002-02362-01. Actor: Félix Antonio Campos Cruz. Número De spadcehlo DemandanteDemandadoPretensión PrincDipecailsión ProcesoCompetente 2006-007J2u8zgado JorCguea rAtolbertMou nÁilcziaptieo S e dedcelare la Sveiola ciócnondenó al AdministrativRoes trepdoe Chinchiná por parte del MunMicuinpiicoi pdieo de Manizales Chinchiná porC hinhcahbienrá al amparo omitido el cumdpelim ienlotos derechos de sus fcuonlecicotniveoss a la amenazando y sveigoularniddaod y los derechos e pinrteevreensceisón de de la comuniddaeds atsatlreess previsibles como la stéegcnuircidaamdente. pública, derecho a la

seguridad y prevención de desastres, teniendo en cuenta que el palacio municipal no cumple con las normas de construcciones sismo resistentes 2011-006T3ribunal Javier EliasMu nAicripiaios S e adodpeten las Smee ddideacslaró la cosa AdministrativIodar ragdae Chinchiná administrativas juz gada.y Caldas operativas para la ejecución de los estudios de vulnerabilidad sísmica determinados como obligatorios para las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, en particular al inmueble donde funciona la Alcaldía Municipal Visto lo anterior, no admite discusión que tanto en la acción popular que hoy se conoce en instancia de apelación, como en la ya juzgada se invoca la protección de derechos colectivos, entre ellos, los relacionados con la violación por parte del Municipio de Chinchiná de los derechos e intereses colectivos de la comunidad, tales como la seguridad pública y derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y que según los actores son vulnerados por el Municipio de Chinchiná– Caldas por cuanto el edificio donde se encuentra el Palacio Municipal, sede de la alcaldía y de los Juzgados de la Rama Judicial según consta a folio 176 no cumple con las normas de construcciones sismo resistentes; por lo tanto, también es evidente que los supuestos de hecho, pedimentos y fundamentos jurídicos para garantizar su protección son exactos. Además, estima esta Delegada del Ministerio Público que los pedimentos del actor deben ser desestimados, pues no probó los supuestos de hecho sobre los cuales

pretende edificar la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda. El análisis que antecede resulta suficiente para concluir que el actor popular incumplió con la carga procesal de la prueba, unas al que se refiere el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “……incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…”, omisión que dejó huérfanos de prueba los fundamentos de sus pretensiones, lo cual conlleva necesariamente a que las mismas sean desestimadas. La jurisprudencia especializada del Consejo de Estado sobre el tema particular de la carga probatoria tratándose del ejercicio de la acción popular, ha dicho: “... “Sobre la carga de la prueba en acciones populares el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 dispone que: “La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella. En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.” “En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carg