PGN - ACCION POPULAR - Definición de moralidad administrativa

Acción Popular (00651)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO 080/2007

Bogotá, D. C., 15 de mayo de 2007 Doctor

RAMIRO SAAVERDRA BECERRA

Consejero Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: 1900123310002005 00651 02

Acción Popular

Actor: Carmen Patricia Cerón Rengifo

Demandado: Universidad del Cauca Honorables señores Consejeros: El Ministerio Público, a través de esta Procuraduría Delegada y dentro de la oportunidad legal, presenta a consideración de la Sala, su concepto en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

1. CARMEN PATRICIA CERON RENGIFO, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción popular, presentó demanda contra la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, con el fin de buscar la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa y en virtud de ello se declare sin validez y sin efecto alguno el concurso público de méritos realizado mediante convocatoria de septiembre de 2004, para proveer

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) cargos docentes para el Centro de Educación Abierta y a Distancia – CEAD – de la Universidad del Cauca, para el primer período académico de 2005, en los perfiles 13 y 14. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Universidad del Cauca que inicie y de trámite a un nuevo concurso público de méritos a efectos de proveer cargos docentes para el Centro de Educación Abierta ya Distancia – CEAD – mediante concurso de méritos, de tal manera que se garantice

el debido proceso, la transparencia e igualdad de condiciones para los participantes; así mismo, que se inste a la Universidad demandada para que en un futuro no incurra nuevamente en irregularidades en procesos de concurso de esta naturaleza, y exhortarla para que mejore el sistema de información y comunicación de todo el proceso de los concursos de docentes, ello en aras de lograr la motivación de los concursantes para que expresen sus dudas sobre el concurso e implementar mecanismos para que los mismos concursantes sean garantes de los principios de transparencia e igualdad inherentes a esta clase de procesos de selección de personal docente. Como sustento jurídico de las pretensiones invocó el artículo 88 de la Constitución Política, ley 472 de 1998 y la jurisprudencia que sobre el tema han fijado las altas cortes.

2. Las pretensiones se basan, fundamentalmente, en los siguientes hechos: Que en septiembre de 2004 la Universidad del Cauca, convocó a la inscripción de candidatos para proveer cargos docentes mediante concurso público, en los perfiles 13 y 14, para el Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) Que la magíster Carmen Patricia Cerón Rengifo, participó en el precitado concurso – perfil 14 -, presentado su hoja de vida

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) debidamente documentada ajustándose en todo a los requisitos de aplicación al perfil anotado. Que, no obstante lo anterior, y en contravía de los principios constitutivos de la moralidad administrativa y de la normatividad especial que regulan el procedimiento del concurso de docentes de la

Universidad del Cauca, las hojas de vida de casi todos los aspirantes – perfiles 13 y 14 – entre ellas, la de la doctora Cerón Rengifo, fueron rechazadas. Y que dicho resultado se produjo a raíz de los elementos o factores objeto de calificación por el órgano competente que se tomaron como requisitos de inscripción para participar en el concurso, lo cual se traduce en un claro direccionamiento parcializado, en privilegio de un número reducido de aspirantes, y a la vez en detrimento de los derechos de la mayoría de aquellos. Que, de manera oportuna e insistente, las precitadas irregularidades fueron puestas en evidencia por la participante Cerón Rengifo, por intermedio de varios derechos de petición elevados ante la Universidad del Cauca, recibiendo evasivas como respuesta y que demuestran los profundos equívocos y criterios de subjetividad que desnaturalizaron el concurso.

3. Mediante auto de 28 de abril de 2005, el Tribunal rechazo de plano la demanda por considerar improcedente la acción. La accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 23 de noviembre de 2005, disponiendo la revocatoria del precitado auto y en su lugar la admisión de la demanda.

4. En cumplimiento a lo dispuesto por el Superior, se ordenó notificar la demanda, y una vez surtido el traslado legal, la Universidad del Cauca la contestó (fls.125 a 135 c. 2). Manifestó que no son ciertos los hechos

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) expuestos por la demandante, en tanto que el concurso se ajustó a los

parámetros que para tal fin rigen en la Universidad, los cuales se encuentran contenidos en los Acuerdos 024 de 1993, 048 de 1997 y 010 de 2004, y por ello, como la hoja de vida presentada por la señora Carmen Patricia Cerón Rengifo y de otros participantes del concurso público no aplicaban al perfil, se procedió de acuerdo a lo previsto por el instructivo para la Calificación de Hojas de Vida Convocatoria II semestre 2004. Así mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dado que, la actora simplemente ha pretendido la reivindicación de su interés particular, pero en ningún momento la protección de un derecho colectivo y menos el de la moralidad administrativa, porque no existe violación de ningún derecho de orden constitucional y/o legal en la convocatoria, ni del ordenamiento jurídico, ni prueba que demuestre mala fe, tráfico de influencias o cualquier actuación reprochable de los funcionarios de la Universidad del Cauca, ni afectación al patrimonio público.

4. Audiencia especial de cumplimiento. Se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls 163 a 165 c, 2)

5. Sentencia de primera instancia. Agotado el trámite procesal, el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de 31 de agosto de 2006 (fls. 200 a 207 C. Consejo de Estado), negó las pretensiones formuladas por la actora.

Para el A Quo, conforme a las pruebas debidamente allegadas al proceso, se tiene que la Universidad del Cauca, obró conforme a los procedimientos y normatividad que rige los concursos públicos de meritos en los perfiles 13 y 14 para proveer los cargos en el Centro de

Educación Abierta y a Distancia CEAD, y en cumplimento de ellos lo que CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) resulta evidente es que la hoja de vida de la acciónate no cumplió con los requisitos mínimos establecidos. Advirtió, además, a la accionante que si se siente lesionada con la decisión de la Institución, existen vías legales mediante las cuales puede discutir sus derechos, ello precisamente por tratarse en este evento de un asunto de carácter subjetivo.

6. La parte demandante, inconforme con la decisión, la recurrió en apelación para ante el Honorable Consejo de Estado (fls.222 a 232 C. 3). Cuestionó el fallo del Tribunal por cuanto en su sentir éste optó por cerrar los ojos para no chocar con la gigantesca irregularidad elaborada por el Vicerrector Académico de la Universidad del Cauca, quien le dio un alcance que alteró el procedimiento del concurso. Para la impugnante resulta claro que la normatividad evidencia que las primeras etapas del concurso es la inscripción, donde los aspirantes expresan su voluntad a la entidad convocante de participar en él allegando las hojas de vida debidamente documentales para que en una subsiguiente etapa, fueran objeto de calificación por el Comité de Selección, y según el puntaje arrojado, determinar si pasaban o no a las subsiguientes que era la entrevista y proseguir a sí con las otras etapas, sin embargo, en sentir de la actora el órgano competente tomó como requisitos de inscripción, lo que condujo a que en aquella etapa se rechazaran las hojas de vida casi en su totalidad sin ser calificadas,

prosiguiendo únicamente con quienes se beneficiaron de tal actuación y que a la postre resultaron nombrados.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Presupuestos procesales La Delegada encuentra cumplidos los presupuestos procesales, es decir, los requisitos o exigencias para una decisión de fondo. En efecto, el

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) proceso fue constituido de manera regular. Ninguna duda existe en cuanto a la capacidad para ser parte que tienen tanto la demandante como la Entidad demandada. A la jurisdicción Contencioso Administrativa le corresponde conocer de la presente actuación y, por tanto, el Consejo de Estado tiene competencia en segunda instancia para resolver los asuntos que se plantean en este proceso, en relación con la vulneración del derecho e interés colectivo relacionado con la moralidad administrativa.

2. LAS ACCIONES POPULARES.

Hay que precisar que esta clase de acciones, de raigambre constitucional, deben ser ejercidas conforme a las previsiones constitucionales y legales. Dice el artículo 88 de la Carta Política: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. “También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. “Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. (Subrayados fuera de texto)

Como anota el tratadista y profesor Dr. Juan Carlos Esguerra, la norma transcrita inexplicablemente se refiere a dos tipos de acciones totalmente diferentes y autónomas, cuales son las populares y las de grupo1 1“Una y otras tienen en común, es cierto, la muy notable característica de que su titular es una pluralidad de personas, a diferencia de lo que ocurre con los demás mecanismos procesales analizados hasta ahora, cuyo titular es siempre una persona determinada. Pero por otro lado, también lo es que se trata de instituciones marcadamente distintas entre sí y que sus diferencias son sustanciales … Además, se trata de acciones autónomas, sin dependencia o subordinación recíproca de ninguna índole”.(Esguerra Portocarrero, Juan Carlos; La Protección Constitucional CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) El Dr. Germán Sarmiento Palacio en su obra “Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano”, formula la siguiente definición sobre las mismas: “Son aquellas, en las que cualquier persona, perteneciente a un grupo de la comunidad, está legitimada procesalmente para defender al grupo afectado por unos hechos comunes, con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés, obteniendo, en ciertos casos, un beneficio económico adicional en su favor constituido por la recompensa que la ley otorga en algunas ocasiones”2. La Ley 472 -de 1998–, que es el desarrollo legislativo del ya citado precepto constitucional, en su artículo 2°, las describe como “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos”. De ahí que se pueda afirmar que las acciones populares son los mecanismos procesales, de raigambre constitucional, de carácter

autónomo, principal y directo, por medio de los cuales los sujetos de derecho propenden por la protección de los derechos e intereses colectivos, con un procedimiento especial y de índole preferente. Como características de las acciones populares se suelen citar las siguientes: a) Su naturaleza constitucional y, por ende, de acciones públicas3. b) Su carácter de principales y directas4. del Ciudadano, Legis, Bogotá, 2004; pág. 196). 2Sarmiento Palacio, Germán; Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano; Colección Bibliográfica Banco de la República, 1988; pág. 15 3 ?“Más aún, bien puede afirmarse que en la hipótesis de una categorización de las acciones públicas en función de su grado, las populares ciertamente ocuparían un lugar preeminente, dado que esos derechos e intereses colectivos son, si se quiere, los más “públicos” de todos en cuanto son los que tienen una más directa, más próxima y más tangible relación con el conjunto de los asociados” (Esguerra Portocarrero, Juan Carlos; ob. cit.; pág. 215) 4 ?“Es decir, su viabilidad es absolutamente autónoma y no está sujeta a condición alguna, como no sea, claro ésta, la de que se hayan configurado los supuestos de hecho necesarios para su procedencia. Ellas pueden iniciarse mediante la presentación de la correspondiente demanda, sin necesidad del previo cumplimiento de un trámite y sin que antes tenga que haberse agotado algún tipo de recurso o de gestión procesal” (Esguerra Portocarrero, Juan Carlos; ob. cit.; pág. 217)

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C

Acción Popular (00651) c) El juez especial. La jurisdicción y competencia para este tipo de acciones está determinada por los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998. d) Su finalidad: la protección de los derechos e intereses colectivos. Ellas buscan “evitar el daño contingente”; “hacer cesar el peligro, la amenaza o vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos”; y aún “restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. (Art. 2° inc. 2° Ley 472/98. e) No Tienen término de caducidad (el artículo 11 de la citada Ley fue declarado parcialmente exequible por la sentencia C-215 de abril 14 de 1999, de la Corte Constitucional). f) Cualquier persona natural puede ser su titular, aún sin interés, pues “las acciones populares constituyen una muy honrosa excepción al principio jurídico de que “donde no hay interés no hay acción”. Bien puede decirse que, desde el punto de vista del derecho procesal, esa es la piedra angular de las mismas”5. En lo tocante a las personas morales, sin desconocer la jurisprudencia al respecto, este Despacho considera que sólo pueden ser titulares de esta acción aquellas cuyo objeto social se los permita, además de las entidades públicas que menciona la Ley. Ello en aplicación de la teoría de la especificidad, como lo pregona el artículo 81 de la Ley 472/98. En el presente caso se cumple con lo anotado por parte de la persona moral demandante. g) Puede ser demandada cualquier persona natural o moral, pública o privada, “cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o

5Esguerra Portocarrero, Juan Carlos; ob. cit.; pág. 220 CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) ha violado el derecho o, interés colectivo”. (Art. 14 Ley 472/98). h) Su trámite es preferencial, con normatividad propia, al cual sólo se le aplican las reglas del procedimiento civil en caso de ausencia de regulación y siempre y cuando “no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones” (Art. 5 Ley 472/98). En desarrollo del precepto constitucional atrás transcrito y como ya se dijera, se expidió la Ley 472 (de 1998), que regula el procedimiento de las acciones populares y de grupo, “con fundamento en los principios constitucionales”, en especial los de prevalencia del derecho sustancial; de publicidad; de economía; de celeridad; de eficacia; de respeto al debido proceso y del equilibrio entre las partes (art. 5°).

3. Los derechos e intereses colectivos.

Como lo señalan la Carta Fundamental y la Ley 472 de 1998, las acciones populares propenden por la protección de los derechos e intereses colectivos. En consecuencia, se hace imperioso procurar una concepción sobre los mismos. En los trabajos preparatorios de la Carta Política de 1991, sobre el tema se dice: “Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social, y se diseminan entre los miembros de grupos humanos determinados, quienes los ejercen de manera idéntica, uniforme y compartida. Por su naturaleza e importancia, requieren un reconocimiento en la nueva Carta que fomente la solidaridad entre los habitantes del territorio nacional

para la defensa de vitales intereses de carácter colectivo y propicie la creación de instrumentos jurídicos adecuados para su protección”6. 6 Cita tomada de Botero Aristizábal, Luís Felipe; Acción Popular y Nulidad de Actos Administrativos; Editorial Legis, Bogotá, 2004; pág. 59. CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) El autor italiano Bujosa Vadell, define los derechos colectivos de la siguiente manera: “el interés colectivo es la relación por la que un grupo más o menos determinado de personas pretende la evitación (sic) de una (sic) perjuicio o la consecución de un beneficio en relación con un objeto no susceptible de apropiación exclusiva o en relación con diversos objetos susceptibles de apropiación exclusiva pero cualitativamente idénticos”7. Para el autor nacional Luís Felipe Botero Aristizabal “derecho o interés colectivo sería aquel definido como tal por la Constitución, la ley o los tratados internacionales celebrados por Colombia, y se encuentra integrado por un conjunto de situaciones jurídicas, en principio descritas en el derecho objetivo, que son necesarias para el mantenimiento o procuración del bienestar político, histórico, social, ambiental, cultural o económico de la colectividad en un momento dado”8. Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho al respecto: “Cabe anotar, que la Constitución de 1991 no distingue como lo hace la doctrina, entre intereses colectivos e intereses difusos, para restringir los primeros a un grupo organizado y los segundos a comunidades indeterminadas, pues ambos tipos de intereses se entienden comprendidos en el término “colectivos”. Las acciones populares protegen a la comunidad

en sus derechos colectivos y por lo mismo, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley. El interés colectivo se configura en este caso, como un interés que pertenece a todos y cada uno de los miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su protección. En la exposición de motivos correspondiente al proyecto de ley que después se convirtió en la Ley 472 de 1998, se lee: “Es así como, de acuerdo con la naturaleza de los intereses amparados, las acciones populares pueden formularse en defensa de la calidad sobre los bienes y servicios que le son ofrecidos y prestados; a disfrutar de un ambiente sano; a que se prevengan y controlen los factores de deterioro ambiental; a que no se fabriquen, importen ni usen en el territorio nacional armas químicas, biológicas o nucleares; a que se proteja y conserve la integridad del espacio público y su destinación al uso común; el derecho a la paz y todos aquellos inherentes a una convivencia pacífica, democrática y participativa; los que asisten a las comunidades indígenas y demás grupos étnicos a orientar y desarrollar sus 7 ?Citado por Botero Aristizábal, Luís Felipe; ob. cit.; págs. 47 y 48. 8 ? Ob. cit.; págs. 62 y 63. CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) actividades, de conformidad con sus tradiciones. Además, llama la

atención la definición de intereses colectivos como la administración clara, transparente y eficaz de la cosa pública; la protección del patrimonio cultural y el acceso garantizado a una infraestructura adecuada de servicios públicos con fundamento en el principio de solidaridad social.”9 Y el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 17 de mayo de 2002, Rad. AP-397, expresó: “De los derechos colectivos se ocupa la Carta del 91 en el artículo 88, que vino a ser reglamentado por la Ley 472 de 1998, vigente a partir del 5 de agosto de 1.999, y a los cuales derechos se refirió la Asamblea Constituyente, según el informe de ponentes, en los siguientes términos: “Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social, y se diseminan entre los miembros de grupos humanos determinados, quienes los ejercen de manera idéntica, uniforme y compartida. Por su naturaleza e importancia, requieren un reconocimiento en la nueva Carta que fomente la solidaridad entre los habitantes del territorio nacional para la defensa de vitales intereses de carácter colectivo y que propicie la creación de instrumentos jurídicos para su protección’. (Gaceta Constitucional, lunes 15 de abril de 1991, páginas 21 a 25). Son, por tanto, derechos colectivos todos los que proveen a la defensa de intereses inestimables de carácter supraindividual, reconocidos en provecho de la comunidad, para asegurar su estabilidad y prosperidad”. (Subrayados fuera de texto) Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado, en concepto de 13 de agosto de 2003 (Rad. 1519), calificó a los derechos colectivos como los “que corresponden a una pluralidad de individuos” y sobre los cuales se aplican las acciones populares: “La Carta garantiza el acceso de todas las personas a la administración de justicia -art. 228-, en defensa de sus intereses particulares o de aquellos - entre otros - que corresponden a una pluralidad de individuos, caso este último que hace viable intentar las acciones populares para la defensa de los derechos colectivos - art. 88 -. Esta garantía quedaría vacía si el Estado no asegurara, de manera efectiva, la cabal y oportuna ejecución de las decisiones judiciales definitivas.” De las citas transcritas resulta claro: Que los derechos e intereses colectivos equivalen, entre nosotros, a los intereses difusos; se refieren a la protección de intereses de la comunidad, que propenden por garantizar su estabilidad y prosperidad; y sólo son aquellos 9 Proyecto de ley No. 69 de 1993. CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) determinados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y es esa normatividad la que determina su observancia y aplicación (art. 7° y parágrafo art. 4° Ley 472/98).

4. EL CASO CONCRETO.

El artículo 2° de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, establece quo las acciones populares son los medios procesales instituidos para la protección de los derechos e intereses colectivos, y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer

cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible. Solicitó la accionante que se la amparase el derecho colectivo a la moralidad administrativa, y en pro de ello se declarase la invalidez y sin efecto el concurso público de méritos realizado por la Universidad del Cauca, tendiente a proveer cargos de docentes en el CEAD, para el primer período académico de 2005, en los perfiles 13 y 14 y que como consecuencia de ello se le ordenase a la entidad demandada a iniciar y tramitar un nuevo concurso de méritos e instarla para en próximas oportunidades no incurriera en las mismas irregularidades alegadas por la actora. Previa a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, resulta importante destacar los planteamientos que sobre el tema de moralidad administrativa se han dado por parte del H. Consejo de Estado, en especial, en cuanto a su definición se refiere. “La moralidad administrativa es una norma en blanco que debe ser interpretada por el juez y aplicada al caso concreto conforme a los principios de CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) la sana crítica, teniendo en cuenta la finalidad de la actuación. Desde esta perspectiva, ha de considerarse como inmoral toda conducta que no responda al interés de la colectividad y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario que la ejecuta. Se advierte, por tanto, una estrecha vinculación entre este principio y la desviación de poder. La moral administrativa, como principio constitucional

está por encima de las diferencias ideológicas y está vinculada a que el manejo de la actividad administrativa se realice con pulcritud y transparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan que los ciudadanos conserven la confianza en el Estado y se apersonen de él. El funcionario público en el desempeño de sus funciones debe tener presente que su función está orientada por el interés general, el cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio” 10 En el caso concreto, de acuerdo con el material probatorio debidamente allegado al proceso y siguiendo los lineamientos jurisprudenciales transcritos, se advierte que las pretensiones no se encuentran llamadas a prosperar, toda vez en parte alguna aparecen acreditadas las irregularidades alegadas por la accionante, en particular en lo que refiere a las omisiones y actuaciones de la Universidad del Cauca con respecto al Concurso público de meritos para proveer cargos docentes en el Centro de Educación Abierta y a Distancia CEAD, máxime cuando lo que surge evidente es que dicha Institución educativa obró conforme a la normatividad y procedimientos establecidos para tal fin. Al respecto veamos porque: De conformidad con lo dispuesto por la Universidad del Cauca en la Convocatoria II SEMESTRE 2004 (fls 3 a 17 c. pruebas) -en los requisitos para proveer un cargo en el Centro de Educación Abierta y a Distancia, y para el cual la actora presentó su hoja de vida-, describe en su numeral 14 lo siguiente: “14. Un profesional universitario, preferiblemente con estudios de postgrado en educación. Con experiencia de un (1) año de tiempo completo o su equivalente

en programas de formación de docentes en las áreas de investigación educativa o pedagógica y al menos dos (2) años de experiencia en investigación en el campo educativo. Preferiblemente con experiencia en programas de formación en la modalidad de educación a distancia y la 10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de junio de 2003. Exp: 76001-23-31-000-2001-05175-01(AP-723),

C. P. Dra Ligia López Díaz

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) elaboración de materiales educativos. Con disponibilidad para residir en Popayán y trabajar en campo, en áreas rurales, incluyendo fines de semana y festivos” Se sabe, además, que la Universidad expidió el Calendario Convocatoria Docente II semestre de 2004, aprobado por el Consejo Académico en la sesión del día viernes 17 de septiembre (fl 18 c. pruebas), el cual estableció, entre otros, lo siguientes aspectos: “Que los interesados deben presentar solicitud escrita, indicando el cargo especifico para lo cual referirán el número del perfil al cual aspira, anexando la hoja de vida debidamente documentada y con fotografía reciente, las certificaciones y constancias que acrediten experiencias profesionales e investigativas, así como ejemplares de libro, copias de artículos y aquellos documentos que den cuenta de la información entregada. La Universidad se reserva el derecho de realizar averiguaciones y exigir los documentos adicionales que estime convenientes. … La convocatoria se desarrollará en las siguientes fechas: Apertura Viernes 24 de septiembre de 2004 Divulgación prensa nacional Domingo 26 de septiembre

Recepción de hojas de vida Hasta el 29 de octubre de 2004 Registro y sistematización hojas de vida Noviembre 2 y 3 de 2004 Calificación Hojas de vida Noviembre 4 al 10 de 2004 Pruebas y entrevistas 16 a 30 de noviembre de 2004 Comunicación de resultados diciembre 6 de 2004 Inicio vinculación Enero 10 de 2004 ….” Así mismo, se cuenta con el “Instructivo para la calificación de hojas de vida para la Convocatoria II semestre de 2004 (fls 19 y 20 c. pruebas), del cual resulta importante destacar: “Para efectos de calificación de hojas de vida en la presente convocatoria se seguirá el siguiente procedimiento:

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C

Acción Popular (00651)

1. La recepción de hojas de vida se centralizará en la Vicerrectoria Académica. En esta dependencia se hará una clasificación de las mismas dependiendo de la facultad y el perfil al cual aspira el concursante y una revisión preliminar de cada hoja de vida. A cada facultad se remitirán las hojas de vida debidamente selladas…

2. Los Decanos serán los responsables de la custodia de las hojas de vida…

3. La calificación será realizada por el Comité de Selección, el cual estará conformado, tal y como lo establece el Acuerdo No 014 de 2001, así El Vicerrector Académico o su delegado El Decano de la Facultad, quien actuara como Coordinador… El Jefe del Departamento respectivo, quien actuará como Secretario del Comité… Dos profesores de la Universidad con formación y/o experiencia profesional o disciplinar en el área objeto de la convocatoria…

4. En cada facultad, se verificará que la hoja de vida corresponda el perfil al cual aplica el estudiante y que los documentos acreditan los requisitos mínimos previstos para ese perfil.

5. Si no cumple con los requisitos, se debe registrar en el formato que se utiliza para efectos de la calificación, el término NO APLICA (N.A) indicando las razones para tal efecto. En todo caso y para esta situación, el Comité debe abstenerse de calificar.

6. Si cumple con los requisitos mínimos, se debe proceder a calificar la hoja de vida…. ….” Se sabe, además, que según los resultados finales, la señora Carmen Patricia Cerón Rengifo, quien optó para el perfil 14 de la convocatoria NO APLICO, para el cargo de profesional Universitario en el CEAD, tal y como consta en el documento visto a folios 29 a 51 c. de pruebas. Ello obedeció a que su currículo no se ajustó a los parámetros de la convocatoria, ni cumplió con los requisitos exigidos para el perfil 14, para el cual se había postulado, en especial porque el requisito correspondiente a la experiencia investigativa en el área del concurso resultó inferior a dos años de tiempo completo, tal y como se exigía

CdeE/G.C.I/Y.P.H.C Acción Popular (00651) para ese perfil, en el numeral 2.3 del Acuerdo No 10 de 2004 del Consejo Académico de la Universidad del Cauca, “por medio del cual se fijan los criterios para calificación de concursos para proveer cargos docentes en la Universidad del Cauca”. Se encuentra demostrado que luego de realizada la selección de hojas de vida para el cargo de pers