PGN - ACCION POPULAR - Plan de acción nacional de tiburones

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN POPULAR-Protección de los derechos colectivos Considera este Despacho que no existe improcedencia de la Acción Popular por hecho superado, pues si bien es cierto algunas de las resoluciones referentes al tema fueron modificadas por la autoridad competente, no significa que la violación de los derechos colectivos alegados hayan cesado de manera definitiva, pues se hace indispensable fortalecer las medidas de control y crear actividades y proyectos que regulen de manera efectiva el Plan de Acción Nacional de Tiburones, previa realización de los estudios técnicos requeridos como lo explica el a quo. DERECHOS COLECTIVOS-Manejo de los recursos pesqueros En estricto sentido no es de recibo el argumento de los apelantes en cuanto a que no es atribuible a las entidades públicas la vulneración de derechos colectivos por el mal manejo de los particulares con los recursos pesqueros, porque las actividades que ejercen los pescadores y los particulares deben ser controladas, vigiladas y protegidas por las entidades estatales competentes paras conocer del tema marítimo tanto a nivel nacional y territorial, donde se necesita el apoyo de control y manejo de estas actividades pesqueras, por lo que es obligación de las entidades estatales tomar medidas que eviten la vulneración de derechos colectivos como lo son el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, de igual manera la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en

las zonas fronterizas y en general la preservación y restauración del medio ambiente señalados en el presente fallo y conforme se dejó planteado en el marco teórico. ACCIÓN POPULAR-Plan de acción nacional de tiburones En criterio del Ministerio Público la providencia de primera instancia se deberá confirmar en tanto que si hay lugar a elaborar e implementar el Plan de Acción Nacional de Tiburones, previa realización de los estudios técnicos requeridos y de igual manera implementar y ejercer actividades contundentes con el fin de evitar toda clase de pesca industrial, artesanal e incidental, en los términos analizados por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina. En este orden de ideas, esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado: Primero: CONFIRMAR en su totalidad la Providencia proferida en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andres Providencia y Santa Catalina de fecha cinco (05) de mayo de 2011. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 134/2012

Bogotá, D. C., mayo 10 de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION A

Consejero Ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 88001233100020110000901

Acción: Acción Popular

ACTOR: SARA ESTHER PECHTHALT-PROCURADORA JUDICIAL

ll AMBIENTAL Y AGRARIA

DEMANDADO: NACIÓN—MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y OTROS Sentido del concepto: El Ministerio Público solicita a esa Honorable Corporación CONFIMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 05 de mayo de 2011, mediante la cual se ordena la prohibición y cierre indefinido de toda clase de pesca industrial, artesanal e incidental del tiburón en aguas de San Andres Providencia y Santa Catalina através de la implementación del Plan de Acción Nacional de Tiburones por parte de las autoridades competentes. Es deber de las entidades estatales velar por la protección de los derechos colectivos, regulando la actividad de pesca de tiburones y preservando su especie.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Acción Popular: La Procuradora Judicial 11 Ambiental y Agraria, presentó acción popular en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, la Armada Nacional, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de que se protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales; la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Los hechos que expone la Actora se resumen en que en el año 2.004 la producción mundial de pesca marina superó los 80 millones de toneladas, en donde menos del 1 % correspondió a especies como tiburones, rayas y quimeras Manifiesta que algunas partes u órganos del tiburón son utilizados como materia prima en la producción de diversos bienes destinados al uso comercial, v. gr., joyería, cosmética, farmacéutica, etc y que los tiburones pertenecen a la familia

de los el asmobranquios, caracterizándose por ser de crecimiento y desarrollo lento, madurez sexual tardía, fecundidad y potencial reproductivo bajos, dicha especie se ubica en la cúspide de la cadena alimenticia, por tanto su pesca 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. incontrolada afecta la estabilidad de los ecosistemas marinos, incluso, a otros recursos hidrobiológicos. Asegura que, en el Departamento Archipiélago no existe un estudio que determine el estado de la especie del recurso del tiburón y menos aún, la fracción del recurso que podría ser objeto de pesca, no obstante, su extracción en aguas del Archipiélago se ha aumentado a manos de embarcaciones extranjeras. Como fundamentos de HECHO de sus pretensiones, expone la Actora se ordene la prohibición de manera definitiva de la pesca dirigida a tiburones tanto a nivel industrial como artesanal, y en consecuencia ordenar que se revoque la resolución No. 0218 del 3 de septiembre de 2007 en lo concerniente a los tiburones para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También solicita que se revoquen los permisos, patentes y autorizaciones relacionadas con la extracción de tiburones en el área del Archipiélago de

San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que las partes involucradas formulen el plan de acción Nacional de tiburón en el termino de seis meses a partir de la decisión de esta acción legal, el cual para el archipiélago deba enfatizar en el control o manejo de la pesca incidental del tiburón. Y presentar partidas presupuestales que permitan adelantar las investigaciones científicas que sirvan como herramienta de utilidad para la toma de decisiones sobre la conservación del recurso tiburón y el manejo responsable de su pesquería incidental. Finalmente, informó que en los años 2006 y 2007, la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental recomendó al Comité Ejecutivo de pesca prohibir la pesca de Tiburones en las aguas del Archipiélago; no obstante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la Resolución No. 00218 del 03 de diciembre de 2007, estableció que la cuota de pesca de tiburón en el Departamento era abierta, y por medio de la Resolución No. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. 2846 del 25 de octubre de 2007, prescribió que las embarcaciones que se dediquen a pescar recursos de cuota abierta, deben presentar un informe de faena como requisito para continuar desarrollando su actividad.

1.2. Contestación de la demanda 1.21. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Folios 30 a 36 del cuaderno principal). La demanda se tuvo por no contestada, porque no fue allegado el documento que acredita la calidad de quien afirma ser la apoderada de! Ente Territorial. (Folios 30 a 36 del cuaderno principal). 1.2.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Folios 57 a 104 del cuaderno principal) a través de apoderado judicial, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, como quiera que los derechos colectivos invocados por la actora, en el libelo introductorio, no han sido vulnerados por esa Entidad. Manifiesta que, algunos de los hechos narrados en la demanda son ciertos, otros parcialmente ciertos y otros no lo son. En ese sentido, informa que la facultad de reglamentar la actividad pesquera es competencia de la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental. Por su parte, el Comité Ejecutivo para la Pesca tiene como función elaborar recomendaciones técnicas, las cuales fueron tenidas en cuenta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al momento de proferir la Resolución No. 2846 del 25 de octubre de 2007. Propuso como excepciones, en primer lugar, la falta de integración del contradictorio, argumentando que debían ser vinculados al proceso los usuarios del tiburón, es decir, los pescadores artesanales e industriales del recurso, por 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. cuanto serían ellos los posibles generadores de la violación a los derechos colectivos referidos en la demanda. En segundo lugar, propuso la indebida escogencia de la acción, como quiera que en el libelo introductorio se solicita la revocatoria de la Resolución No. 0218 del 03 de septiembre de 2007, la accionante debió haber ejercido los mecanismos establecidos en el Código Contencioso para tal fin, tales como el artículo 69 o bien el 84 del mismo Código. De otra parte, el apoderado sostiene que el Ministerio mediante la Resolución en mención asignó cuotas globales de pesca para la vigencia 2008, con fundamento en evaluaciones técnicas presentadas en el Comité Técnico Industrial (CTI), del cual hace parte, entre otras, la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental, dejando abierta la cuota de pesca para el Tiburón en las aguas del Departamento Archipiélago. La asignación de cuota abierta para la pesca incidental de ese recurso, propende por encontrar una "medida precautelativa" a evaluar en julio de 2008, esto es, determinar el estado del recurso a partir de datos empíricos para luego, establecer una cuota acorde con las exigencias técnicas. Manifiesta que, contrario a lo afirmado en la demanda, no resulta conveniente variar la clasificación del tiburón como recurso pesquero a recurso hidrobiológico por cuanto, no es posible catalogar mediante resolución un recurso como pesquero en una zona marina determinada y en otras como hidrobiológico, en

atención a que la distribución de las especies marinas no reconoce fronteras. En efecto, catalogar el tiburón como recurso hidrobiológico imposibilitaría la creación de un plan nacional de ordenamiento de las pesquerías del tiburón como se pretende en la demanda, incluso la asignación de dineros para los planes de conservación del recurso y que la prohibición total de la pesca de tiburones en el Departamento, podría propiciar la pesca ilegal, como' quiera que a nivel mundial la oferta de aletas de tiburón se ha aumentado ostensiblemente en los últimos años. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. 1.2.3. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- (Folios 123 a 126 del cuaderno principal) fue presentado de manera extemporánea. El apoderado del Instituto en la demanda y en los alegatos de conclusión considera que en el sub lite, se configura un hecho superado, por cuanto las resoluciones que a juicio de la señora Procuradora vulneraban los derechos colectivos invocados en el libelo introductorio, fueron derogadas con la Resolución No. 000337 del 16 de octubre de 2008, en la cual no se estableció cuota pesquera para el Tiburón y mediante la Resolución No. 333 del 24 de septiembre de 2008, se prohibió su pesca dirigida en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina. En esa medida, los fundamentos de hecho que originaron la presente acción popular han dejado de existir. 1.2.4. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Folios 128 a 142 del cuaderno principal). La contestación fue presentada de manera extemporánea. 1.2.5. La Armada Nacional (Folios 150 a 162 del cuaderno principal) el escrito de contestación fue extemporáneo. El apoderado judicial de la Armada Nacional en la demanda y en sus alegatos de conclusión manifestó que la entidad encargada de establecer políticas de pesca es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al INCODER. Precisa que las funciones de la Armada Nacional son netamente operativas y en esa medida, en el evento en que se prohíba la pesca dirigida del Tiburón, esa Entidad está presta a acatar la decisión adoptada por este Tribunal en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. 1.2.6 Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- (Folios 189 a 203 del cuaderno principal). La contestación fue presentada de manera extemporánea. 1.2.7. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina (Folios 10 a 18 del cuaderno

principal No. 2). La Directora de la Corporación Autónoma Regional, en su escrito de contestación hace énfasis en que a partir de la expedición de la Resolución No. 003333 de 2008 por parte del ICA, la pesca dirigida de tiburones en aguas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower, fue prohibida en atención a la alta sensibilidad de los ecosistemas del territorio insular oceánico. Manifiesta que Coralina ha participado en campañas tendientes a determinar la distribución y abundancia de los recursos marinos en aguas del Departamento. Cuenta que en el año 2005, la Corporación elaboró el Plan de Acción para la Conservación de Tiburones para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual en el año 2010 fue ajustado, corregido y mejorado acorde con la información técnica recolectada. Dice que, el Plan de Acción Nacional para la conservación de tiburones, rayas y quimeras de Colombia (PAN-Tiburones), desde 2008 es coordinado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y algunas ONG's. Informa que en el año 2010, la Corporación celebró contrato interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, una ONG y un grupo de investigación de Colciencias, encaminado a elaborar una guía técnica donde se identifiquen los tiburones, rayas y quimeras del Archipiélago. Así mismo, cuenta 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. que ha realizado talleres de capacitación dirigidos a los pescadores y personas interesadas en contribuir en el monitoreo y seguimiento de las especies de tiburón y rayas en las áreas del Archipiélago. Propone como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva aduciendo que, en virtud de las competencias y funciones legales la Corporación ha adelantado toda clase de actividades tendientes a investigar, monitorear, evaluar el estado de la fauna y flora marina, para así proteger las especies de los recursos, entre ellos, el recurso del tiburón. 1.3. Providencia del Tribunal Administrativo de San Andres Providencia y Santa Catalina mediante providencia del 05 de mayo de 2011 argumentó lo siguiente: 1.3.1 Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALlNA. 1.3.2. Amparó los Derechos Colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados

con la preservación y restauración del medio ambiente, vulnerados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER-, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, y el Departamento Archipiélago de San 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Andrés, Providencia y Santa Catalina - Secretaria de Agricultura y Pesca Departamental, por lo expresado en las consideraciones. 1.3.3. Ordenó la prohibición y el cierre indefinido de toda clase de pesca industrial y artesanal dirigida e incidental del tiburón en aguas del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 1.3.4. Ordena a la Armada Nacional, para que dentro del ámbito de sus competencias como autoridad de control policivo en aguas marinas realice todas las actividades y operaciones necesarias para el estricto cumplimiento de esta prohibición. 1.3.5. Ordenó, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, y/o el ente que lo remplace y/o sustituya en esta función establecida en la Ley 13 de 1990, para que con la

colaboración armónica junto con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA, y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa CatalinaSecretaria de Agricultura y Pesca Departamental, elaboren e implementen el Plan de Acción Nacional de Tiburones, previa realización de los estudios técnicos requeridos para la elaboración de esa clase proyectos; la elaboración del Plan deberá finalizar en un término no superior a un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. 1.3.6. Considera que dentro del ámbito de la colaboración armónica que establece la Constitución las diferentes entidades del estado accionadas, en el marco constitucional y legal que les corresponda, implementen y ejerzan actividades claras, precisas y contundentes con el objeto de evitar toda clase de pesca industrial y artesanal dirigida e incidental del tiburón en aguas del Departamento 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y con ello evitar que se continúen vulnerando los Derechos Colectivos enunciados en la presente acción Popular. 1.3.7. Ordena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Instituto Colombiano de Desarrollo

Rural -INCODER-, y/o el ente que lo remplace y/o se le sustituya esta función, que dentro del marco de la colaboración armónica y junto con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA, y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Secretaria de Agricultura y Pesca Departamental, elaboren e implementen el Plan de Acción Nacional de Tiburones, previa realización de los estudios técnicos requeridos para la elaboración de esa clase proyectos; la elaboración del Plan deberá finalizar en un término no superior a un (01) año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. 1.3.8. Solicita que se Conforme el Comité de Verificación integrado por el Magistrado Ponente, la accionante, un representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 1.4. La apelación 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a través de apoderado judicial presentaron recurso de apelación contra la providencia del 05 de mayo de 2011 con los siguientes argumentos: 1.4.1 La Decisión contenida en el fallo impugnado atenta el debido proceso: al considerar que el Tribunal omitió este deber rompiendo el equilibrio que debía existir entre las partes, ya que la demandante en ninguna parte de su escrito señala como pretensión la prohibición de la pesca incidental, razón por la cual la defensa giró en torno a la prohibición de la pesca directa de tiburón y de manera accesoria se argumentó que la pesca que se realiza de este recurso es una pesca incidental. Por ello el Tribunal cercena el derecho de defensa en punto de la prohibición de la pesca incidental, pues debe notarse que por tratarse de una situación de orden altamente técnico, hubiera sido necesario controvertir esta petición y a través de dictámenes periciales que permitieran establecer la posibilidad que tienen las entidades del Estado de lograr el cumplimiento de una reglamentación que prohíba la pesca incidental, pues como su nombre lo indica, no es otra que la que se realiza a aquellas especies pescadas que no son comercializadas ni utilizadas para el consumo, sin incluir aquellos especímenes que se liberen vivos, por tanto como podría ejercitarse de manera coercitiva la prohibición a la pesca incidental. 1.4.2. Improcedencia de la acción por la inexistencia de vulneración al derecho colectivo presuntamente invocado: Teniendo en cuenta que la acción popular se fundamenta en la revocatoria parcial de las resoluciones que dentro del marco

regulatorio de la Ley 13 de 1990 y Decreto 2256 de 1991, establecieron las cuotas globales de pesca para lo titulares. Debe resaltarse que en el presente caso nos encontramos ante un hecho superado por que las resoluciones que a juicio de la actora amenazaban los 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. derechos colectivos ya fueron derogadas o sustituidas por otras, la Resolución No. 00218 del 3 de septiembre de 2007 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra debidamente derogada o sustituida por la Resolución No. 000337 del 16 de octubre de 2008, en la cual no quedó establecida cuota para los recursos pesqueros de la especie "Tiburón", y por consiguiente es más que suficiente para considerar la improcedencia de la afectación al derecho colectivo por la actuación administrativa, por cuanto los fundamentos en que el actor popular basa sus peticiones han desaparecido del marco regulatorio que considera violado, porque actualmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentra prohibida la pesca dirigida al recurso tiburón. 1.4.3. No afectación del recurso pesquero por la actuación administrativa: No es suficiente afirmar que las entidades estatales vulneran el derecho a un

ambiente sano y a un equilibrio ecológico adecuado, pues la causa de la amenaza alegada no es atribuible a las entidades públicas directamente por cuanto sus causas no tienen origen en las competencias de las entidades estatales, sino en el mal manejo que los particulares le dan al los recursos pesqueros. Aunado a lo anterior no podrá indicarse que el recurso tiburón se encuentra desprotegido, pues se han desarrollado una serie de medidas que permiten evidencia el control y la vigilancia desplegada para no afectar este recurso.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico: El problema jurídico que se plantea en esta segunda instancia puede ser expresado en los siguientes términos:

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88001233100020110000901 E.A.ST. 2.1.1. ¿La decisión contenida en la providencia del Tribunal Administrativo de San Andres Providencia y Santa Catalina atenta el debido proceso por ir más allá, en aras de la protección de un derecho colectivo que se considera vulnerado? 2.1.2. ¿El mal manejo que los particulares le dan a los recursos pesqueros, es atribuible a las entidades estatales? 2.2. Marco Teórico 2.2.1. Marco Normativo Para el caso en cuestión serán tenidos en cuenta los siguientes referentes

normativos y jurisprudenciales: 2.2.1.2 Ley 472 de 1998 ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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88001233100020110000901 E.A.ST. g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública Art. 2359.- Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción. Art. 2360.- Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados. 2.2.1.3. Artículo 80 de la Constitución Política Capitulo III. “De los derechos colectivos y del ambiente” “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exig