PGN - ACCION POPULAR - Responsabilidad de los alcaldes municipales en relación con los asentamientos

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., Febrero 7 de 2008. Alegato No. 11 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Ref.: Expediente No. 68001-23-15-000-2001-01542-01

Actor: Daniel Villamizar Basto Demandado: Municipio de Girón (Santander) Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato en el asunto de la referencia, respecto de la impugnación presentada por la doctora GLORIA WILCHES TAPIAS, apoderada del municipio de Girón (Santander), y el señor DANIEL VILLAMIZAR BASTO, actor dentro de la presente acción, contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

ANTECEDENTES

1. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 28 de agosto de 2006, resolvió lo siguiente: Declaró al municipio de Girón responsable de la violación al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la seguridad pública; en consecuencia, ordenó al alcalde municipal a que continúe de manera 2 ágil y eficiente el proyecto de reubicación del asentamiento humano denominado “Las Marías”, que se viene adelantando con apoyo del Gobierno Nacional, garantizando que a más tardar antes de terminar su periodo constitucional, se efectúe la mencionada reubicación. Así mismo, ordenó al alcalde municipal adelantar todas las gestiones

administrativas, técnicas y presupuestales para la construcción de las obras que se consideren necesarias para evitar que en época de invierno se presente un desastre que violente no sólo derechos colectivos sino también fundamentales, por el desbordamiento del Río de Oro. Para adoptar esa decisión el Tribunal expuso, en resumen, los siguientes argumentos: Considera que teniendo en cuenta el material probatorio recaudado, efectivamente, desde mucho antes de la instauración de la acción popular, los habitantes del asentamiento humano “Las Marías” se encontraban en grave situación de riesgo por estar ubicados en las zonas aledañas al Río de Oro, amenaza que se concretó entre los días 9 y 12 de febrero de 2005, producto de la ola invernal que afectó al departamento de Santander, dejando como resultado la inundación de la mayor parte del municipio de Girón, incluyendo el sector objeto de la acción. El municipio de Girón era conciente del riesgo que corrían los habitantes de “Las Marías”, sin que se lograse demostrar algún tipo de acción que pretendiera poner fin a la amenaza que se cernía sobre las viviendas ubicadas en la ribera del Río de Oro. No pretende el a quo estructurar una responsabilidad al margen de las causales exonerativas de fuerza mayor o caso fortuito; lo que constituye el fundamento de la responsabilidad es la omisión de la administración en tomar las medidas necesarias para evitar al máximo los hechos ocurridos. Si la administración comprueba que no obstante haber actuado en forma diligente se presenta la 3 tragedia, entonces sí se puede hablar de fuerza mayor o caso fortuito exonerativo de responsabilidad, sin embargo, otra realidad muestra el expediente.

Es claro entonces que la administración municipal omitió cumplir con las medidas de prevención de desastres previstas en los artículos 56 de la Ley 9 de 1989 y 5° de la Ley 2 de 1991, al no reubicar el asentamiento humano que, pese a la ocurrencia de varias inundaciones, se localizó sobre las zonas de alto riesgo. Lo anterior llevó a la Sala a concluir la vulneración por omisión del derecho colectivo referente a desastres previsibles y a la seguridad pública en cabeza del ente territorial demandado. Así mismo, señala el a quo que es hecho notorio que los días 9 y 12 de febrero de 2005 se concretó la amenaza denunciada por el actor popular. Sin embargo, pese a la ocurrencia del desastre, no puede constituirse esto en un hecho cumplido y en consecuencia asimilarlo a un cese de la vulneración de derechos colectivos que impida acoger las pretensiones de la demanda y dar las órdenes que correspondan ya que, independientemente de lo ocurrido, la vulneración del derecho colectivo no ha concluido en la medida en que la amenaza subsiste y la administración no logró demostrar que en la actualidad no se ubican asentamientos en la zona de alto riesgo, ni que se hayan realizado la totalidad de las obras necesarias para proteger a la comunidad; lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza preventiva de la acción popular. No desconoce la Sala que la comunidad afectada corresponde a un sector de la población que invadió el terreno, lo cual no exime al municipio de la obligación constitucional que le asiste de proteger los derechos del colectivo. No puede ser indiferente la administración a la problemática social de las familias habitantes de

la ribera de Río de Oro, donde resulta necesario amparar el derecho colectivo vulnerado por la omisión del municipio de Girón.

2. Recurso de apelación presentado por la Alcaldía Municipal de Girón.

Señala la defensa que el fallo apelado desconoce circunstancias valiosas: 4 Primero, que fueron las personas del llamado asentamiento humano “Las Marías”, quienes de manera clandestina, ilegal e imprudente invadieron la zona ribereña de Río de Oro, y segundo, el hecho de fuerza mayor ocurrido en el año 2005, el cual agravó las condiciones de vida, de vivienda y de salud de quienes sin temor legal se habían tomado la ribera del río. El fallo olvida que los llamados invasores, hoy damnificados, son realmente los responsables de su propio destino. Llama la atención del apelante el hecho de querer favorecer a una población que, si bien no gozó de una vivienda digna y que hoy con la fuerza de la naturaleza tenga acceso a ella, venga a verse hoy favorecida con un fallo que ordena su reubicación, cuando en condiciones normales y en atención a la ley, hubiese ordenado el desalojo de la ribera. Así mismo, señala que la decisión desconoció la buena gestión que la administración ha realizado ante el Gobierno Nacional y autoridades departamentales, logrando que se aprobara un proyecto para la reubicación de 2054 familias, denominado Proyecto Ciudadela Nuevo Girón, del cual se han hecho contrataciones destinadas a la compra de terrenos, obras, servicios públicos, etc. El fallo apelado ordena igualmente al Alcalde de Girón a que se continúe de manera ágil y eficiente el proyecto de reubicación, actuación ésta que no cabe

duda se ha atendido, a pesar de múltiples inconvenientes, por parte del alcalde municipal. El municipio ha hecho grandes esfuerzos para atender la situación de quienes habitaron el asentamiento “Las Marías”, y es que no cabe duda, tal y como se encuentra demostrado en el expediente, que han sido beneficiarios de acciones para mejorar sus condiciones de vida, como ha sido la atención en salud. Al tercer punto en el que se insta al alcalde a que reubique antes de terminar su periodo constitucional a las personas del asentamiento humano “Las Marías”, 5 advierte el apelante que la actuación del Estado debe ir de la mano con sus recursos y presupuesto; por ello no puede obligarse a un alcalde que apenas lleva un año de gobierno a que por situaciones de fuerza mayor, se olvide del resto de proyectos y programas a fin de reubicar a un grupo de ilegales que por la fuerza de la naturaleza, hoy son beneficiarios de proyectos de vivienda del Estado. Olvida el fallo que al municipio no sólo le corresponde atender a los damnificados de “Las Marías” sino también a los de El Poblado, Rincón, y demás barrios y veredas afectados. En cuanto a la obligación de adelantar las obras necesarias para evitar que en época de invierno se afecten derechos por el desbordamiento del Río de Oro en el sector de Bahondo, es necesario recordar que es la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, la competente para ello, teniendo en cuenta que le corresponde atender las obras tendientes a mitigar la erosión y el medio ambiente. No obstante lo anterior, la administración municipal ha adelantado

importantes acciones de mitigación, como lo son los convenios suscritos con la CDMB tendientes a la construcción de muros de protección de las márgenes del Río de Oro y canalización del mismo. Así mismo, advierte que a tales pruebas no se les ha dado el alcance probatorio que revisten y que además se ha pasado por alto que la CDMB es la responsable del mantenimiento de los cauces y cuencas de los ríos, abrogándosele al municipio una función que no le es propia. En cuanto al incentivo, considera el apelante que el fallo no se conduele con la realidad, por cuanto el municipio ha tratado de demostrar su eficiencia, empeño e interés de atender la situación de los invasores de “Las Marías”; en consecuencia, no se justifica una condena cuando lo demostrado es precisamente la diligencia por parte de la entidad territorial.

3. Recurso de apelación presentado por Daniel Villamizar Basto.

Manifiesta el accionante su inconformidad con el punto décimo de la sentencia donde resuelve “no acceder a la condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva” por las siguientes razones: 6 El incentivo y las costas procesales son figuras diferentes; mientras el incentivo es un reconocimiento a la labor de accionar el aparato judicial a fin de obtener la protección de derechos colectivos a través de la acción popular, las costas procesales representan los gastos en que incurrió el actor para lograr su objetivo, como fotografías, gastos de desplazamiento, copias, etc. Por tal razón considera necesario que se condene en costas al demandado; así mismo, no comparte la posición del Tribunal cuando afirma que en el presente proceso no hay costas comprobadas.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El señor DANIEL VILLAMIZAR BASTO, promovió acción popular contra la Alcaldía Municipal de Girón, Santander, con el objeto de que se amparen los derechos colectivos de los habitantes del asentamiento humano denominado “Las Marías”, ubicado en el sector Bahondo del municipio de Girón, y en consecuencia se ordene al municipio la ejecución inmediata de todos los actos y obras necesarias que garanticen la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y se garantice la seguridad pública. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió proteger el derecho colectivo incoado, accediendo a las pretensiones de la demanda. Pretende entonces la Alcaldía Municipal de Girón, que se revoque el fallo apelado y en consecuencia, se denieguen las súplicas de la demanda porque a su juicio, el fallo desconoce, por una parte, que los habitantes del asentamiento “Las Marías” invadieron de manera ilícita e imprudente la ribera del Río de Oro, y por otra, que los acontecimientos ocurridos en el año 2005 como consecuencia de la ola invernal que azotó la zona, deben considerarse de fuerza mayor y por lo tanto, no se puede responsabilizar a la administración municipal por los daños. Así mismo estima que el a quo desconoció la buena gestión que la administración ha 7 realizado ante el Gobierno Nacional y autoridades departamentales, a fin de reubicar a la población damnificada. Por otra parte, considera el accionante que debe revocarse el punto décimo de la

sentencia donde se resuelve no acceder a la condena en costas, teniendo en cuenta que las costas procesales representan los gastos en que incurrió el actor para lograr su objetivo, como fotografías, gastos de desplazamiento, copias, etc., por lo que solicita se condene en costas al accionado. El problema jurídico consiste en establecer si el municipio de Girón es responsable de la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, de la comunidad del asentamiento humano denominado “Las Marías” ubicado en la ribera del Río de Oro del municipio, y en caso de determinarse tal responsabilidad, si las órdenes impartidas en la parte resolutiva del fallo encaminadas a restituir las cosas a su estado anterior se ajustan a la realidad. Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. La Ley 472 de 1998 reguló el ejercicio de las acciones populares y de grupo, señalando en el artículo 4°, los derechos e intereses colectivos objeto de protección de las mencionadas acciones. El artículo 2° dispone que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, ejerciéndose para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre estos derechos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, siendo entonces la naturaleza de las acciones populares preventiva. Así mismo, el artículo 9° establece que ellas proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar

los derechos e intereses colectivos. 8 El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, forma parte de los “derechos e intereses colectivos” (artículo 2 literal “l” de la Ley 472 de 1998). Respecto a este derecho colectivo, el Consejo de Estado ha señalado que “los desastres, objeto del derecho colectivo en estudio, son los daños graves o alteraciones grave ‘de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social’. En consecuencia, el contenido del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles es, eminentemente preventivo, pues busca garantizar la protección de los residentes en el país, adoptando las medidas como el desalojo, la reubicación, ayudas en dinero o en especie requeridas, ante la inminencia o posibilidad de un fenómeno desestabilizador”1. Recurso de apelación presentado por la Alcaldía Municipal de Girón. Dentro del presente proceso, se logró establecer lo siguiente: Desde el año 1987 en la margen derecha del Río de Oro en jurisdicción del municipio de Girón, se encuentra establecido el asentamiento humano denominado “Las Marías”. En enero de 1998, una avalancha destruyó veintidós (22) casas del asentamiento, lo cual sucedió nuevamente en el mes de mayo de 2000. Ante la situación de grave peligro e indefensión, la comunidad ha solicitado a la

administración municipal de Girón la reubicación de sus viviendas a un lugar seguro, sin que hayan sido resueltos sus requerimientos. 1 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de marzo de 2004. Expediente No. AP-02922. 9 Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de junio del año 2001, el actor promovió la presente acción popular contra el municipio de Girón, teniendo en cuenta que las autoridades permitieron el asentamiento de “Las Marías” sin ejercer la vigilancia y control sobre sus construcciones y viviendas; así mismo, por ser ésta una zona declarada de alto riesgo, le correspondía al municipio reubicar las viviendas de los afectados, con lo cual, se estaban afectando los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Sin embargo, como consecuencia de los trastornos invernales ocurridos entre los días 9 y 12 de febrero de 2005 en el municipio de Girón, se destruyeron más de 2000 viviendas en el municipio, dentro de las cuales se encuentran las del sector de “Las Marías”. Es claro para esta Procuraduría Delegada que, tal y como lo señala el a quo, desde mucho antes de la instauración de la presente acción, los habitantes de “Las Marías” se encontraban en un grave riesgo por estar ubicados en la ribera del Río de Oro, teniendo en cuenta las avalanchas e inundaciones que se presentaron en los años 1998 y 2000. No obstante lo anterior, y pese a que el municipio de Girón era conciente del grave riesgo que corrían los habitantes del asentamiento, es evidente que no se

concretaron las acciones encaminadas a reubicar a la comunidad a un lugar que les brindara mayor seguridad; y es que si la administración municipal hubiera dado cumplimiento a sus obligaciones (Decreto 919 de 1989, Ley 388 de 1997 y Decreto 93 de 1998) y en consecuencia, efectivamente se hubiera reubicado a la comunidad de “Las Marías”, la comunidad no se habría visto afectada por la ola invernal que afectó al municipio entre los días 9 y 12 de febrero de 2005. Así mismo, el municipio no demostró la ejecución de acciones encaminadas a mitigar la amenaza o peligro de la comunidad afectada, o si ésta ya se encontraba debidamente reubicada o si continúa habitando la zona de riesgo, no obstante haber ocurrido el desastre natural en el año 2005, lo que permite concluir que pese 10 a que ya ocurrió el riesgo o peligro, la amenaza de vulneración del derecho colectivo continúa, lo que conlleva a determinar la omisión de la administración municipal en el cumplimiento de sus deberes legales. En efecto, el Consejo de Estado ha reconocido la responsabilidad de los alcaldes municipales en relación con los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo; es así como en sentencia del 4 de octubre del 2007, proferida dentro del expediente No. 2002-02456, señaló: “Por otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha precisado que los alcaldes municipales o distritales, como representantes del respectivo ente territorial, son responsables no sólo de la guarda del espacio público sino también de evitar asentamientos humanos

en zonas de alto riesgo. Ha dicho la Sala: A nivel local es al municipio a quien le compete reglamentar el uso del suelo, sin perjuicio del control efectivo que debe ejercer para prever o evitar la ocurrencia de asentamientos humanos, mucho menos en zonas de alto riesgo, aunado al hecho de que al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994 dentro de sus funciones está solucionar las necesidades insatisfechas de vivienda de sus habitantes. En ese orden de ideas, es claro que no le asiste razón a la Alcaldía Municipal cuando asevera que no es responsable de prevenir posibles desastres en las zonas aledañas al arroyo El Afán del Barrio San Nicolás.” Así mismo, en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2006, expediente No. 200209216, manifestó:

“V.2. LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO EN RELACION CON LAS

ZONAS DE ALTO RIESGO.

A las autoridades les corresponde la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, tal como lo dispone el artículo 2° de la Carta Política. Concretamente a los alcaldes, como representantes del municipio, de conformidad con los artículos 56 y 69 de la Ley 9ª de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, les competen las siguientes funciones: “Artículo 56.- Los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término máximo de seis (6)

meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, un inventario de los asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus 11 habitantes en razón a su ubicación en sitio anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda, y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser ocupado para vivienda humana. (…) Artículo 69.- Los Alcaldes Municipales, el del Distrito Especial de Bogotá y el Intendente de San Andrés y Providencia, de oficio, o a solicitud de cualquier ciudadano directamente o por conducto de la Personería Municipal, podrán iniciar las acciones policivas tendientes a ordenar la desocupación de predios y el lanzamiento de ocupantes de hecho cuando el propietario o su tenedor no haya incoado la acción a que se refieren la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930, siempre que la ocupación o lo asentamientos ilegales se hayan efectuado, se estén llevando a cabo o que sea previsible determinar que se efectuarán, a juicio del Alcalde o Intendente, atenten o puedan presentar riesgo para la comunidad o cualquier ciudadano o vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la localidad. Los alcaldes y el Intendente o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 11 de 1986, podrán iniciar de oficio la acción a que se refiere el artículo anterior

cuando se presenten ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales en los cuales, de conformidad con los reglamentos de usos de suelos o las condiciones físicas del terreno, no esté permitido adelantar construcciones, no sean aptas para ello o de alguna forma presenten riesgo para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad de la comunidad. (…) Conforme a las previsiones transcritas, resulta evidente que el municipio no puede excusarse de su obligación de proteger el interés de la colectividad para evitar un daño contingente, pues la ley le otorgó los medios para hacerlo, y si no los utiliza en forma voluntaria, puede ser compelido mediante el ejercicio de una acción popular para que cumpla con su deber, una vez probada la amenaza del derecho colectivo correspondiente.” (Subrayado fuera de texto) Por tanto, dentro de estos criterios jurisprudenciales, no puede aceptarse el argumento alegado por el apelante, cuando afirma que al ser el asentamiento de carácter ilegal, no es deber de la administración municipal garantizar la estabilidad y vivienda de sus habitantes, teniendo en cuenta que en su calidad de representantes del ente territorial, corresponde a los alcaldes garantizar las 12 necesidades de los habitantes, y mucho más cuando se encuentra de por medio un derecho colectivo como el hoy incoado. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2005 proferida dentro del expediente No. 2003-00447, donde se decidió el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Cúcuta contra la decisión que amparó los derechos colectivos a la seguridad y prevención de

desastres previsibles técnicamente y a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes de la comuna tres del barrio Bogotá, señaló lo siguiente: “El recurrente alega que los riesgos de deslizamiento que ordenó prevenir el a quo se originaron en el asentamiento ilegal de las viviendas en una zona declarada de alto riesgo e inhabitable por el Plan de Ordenamiento Territorial, que no merece tal protección. Para la Sala si bien no se discute que la adquisición de sus derechos es contraria a la ley, este argumento no es procedente en tanto la protección del derecho colectivo a la prevención de desastres, por su carácter urgente, debe ordenarse una vez comprobada su vulneración, sin miramientos de esta clase. En el presente caso, el soporte probatorio es contundente en cuanto al riesgo y vulnerabilidad de algunas viviendas de la parte alta del barrio Bogotá y de quienes transitan por la vía que de Cúcuta conduce al Puente Internacional Simón Bolívar. “ (Subrayado fuera de texto) Tampoco le asiste razón a la Alcaldía Municipal de Girón cuando afirma en su apelación que los hechos ocurridos en el año 2005 deben ser considerados como fuerza mayor; y es que acierta el a quo cuando señala que la responsabilidad de la accionada se constituye por su omisión en tomar las medidas necesarias a fin de evitar hechos como los acontecidos, mucho más cuando previamente tenía conocimiento del peligro o riesgo en que se encontraban los habitantes de “Las Marías”; la administración no demostró haber ejecutado un programa para su reubicación, o que desarrolló las obras necesarias para eliminar el riesgo del asentamiento humano ubicado en la zona de riesgo.

En estas condiciones, hizo bien el Tribunal al amparar los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres prevenibles técnicamente, teniendo en cuenta que su violación fue comprobada plenamente, más aún cuando la amenaza denunciada inicialmente por el actor popular en el año 2001 se concretó con los 13 hechos acontecidos en el mes de febrero de 2005, situación que por las características del terreno puede repetirse. Ahora bien, para lograr la efectiva protección del derecho colectivo vulnerado, el Tribunal no sólo declaró al municipio de Girón responsable por su violación, sino que también dispuso lo siguiente:

1. Ordenó al Alcalde Municipal de Girón a que continúe de manera ágil y eficiente el proyecto de reubicación del asentamiento humano “Las Marías”, el cual se viene adelantando con apoyo del Gobierno Nacional.

2. Instó al alcalde municipal para que adelante las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias que aseguren que, a más tardar antes de concluir su periodo constitucional, se efectúe la reubicación.

3. Ordenó al alcalde municipal adelantar todas las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales para la construcción de todas las obras que técnicamente se consideren necesarias, para evitar que en época de invierno se presente un desastre que violente no sólo derechos colectivos sino también fundamentales, por el desbordamiento del Río de Oro, concretamente en el sector de Bahondo, lugar en el que se encuentra ubicado el asentamiento “Las Marías”.

4. Mientras se efectúa la reubicación, el municipio deberá implementar un plan de monitoreo de riesgo contingente de inundación de las viviendas ubicadas

en el margen derecho de la ribera del Río de Oro, un plan de prevención de riesgo en el que se encuentren los habitantes y las viviendas de “Las Marías” ante la contingencia de un eventual crecimiento de las aguas, y adelantar las medidas sanitarias de descontaminación que se requieran para evitar riesgos a la salud de los habitantes por el vertimiento de aguas negras y desechos sólidos al río, para lo cual, deberá buscar ayuda de la autoridad ambiental del municipio. 14

5. Finalmente, previene al municipio para que expida las reglamentaciones y emprenda las acciones que eviten que personas distintas a las que se encuentran habitando el asentamiento “Las Marías” se instalen en el sector, y una vez finalizada la reubicación de la totalidad de sus habitantes, se efectúen los controles necesarios para que el mismo no pueda ser nuevamente objeto de ocupación por invasores.

Considera esta Procuraduría Delegada que las órdenes enunciadas anteriormente van orientadas a proteger de manera razonable y efectiva el derecho colectivo afectado, más aún teniendo en cuenta que tales órdenes encuentran sustento en los artículos 56 de la Ley 9ª de 1989 y 5° de la Ley 2 de 1991. Si el municipio está desarrollando un proyecto de reubicación del asentamiento humano “Las Marías” con apoyo del Gobierno Nacional, resulta acertado que el fallo ordene al alcalde que lo continúe desplegando, pero para ello resulta necesario que optimice sus esfuerzos, para así poder finalmente garantizar la protección del derecho colectivo afectado. Por ello resulta razonable la exigencia al

gobierno local de que adelante las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias que aseguren la reubicación en un tiempo prudencial; en consecuencia, no es de recibo el argumento esgrimido por el municipio cuando afirma que no puede obligarse a un alcalde que apenas lleva un año de gobierno a que por situaciones de fuerza mayor, se olvide del resto de proyectos y programas a fin de reubicar a un grupo determinado, cuando también le corresponde atender a otros grupos afectados con un presupuesto y recursos limitados. Al respecto el Consejo de Estado2 ha sostenido: “(…) la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección aquella se instauró, y que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades públicas que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos necesarios En efecto, ciertamente el cumplimiento de una orden como la contenida en el fallo apelado supone la disponibilidad de recursos así como el agotamiento 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de octubre de 2006. Exp. 2001-02252 15 del procedimiento legal de contratación respectivo, por lo que al emitirse una orden en esa dirección deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones financieras de los entes públicos y la naturaleza y alcance de las actividades a realizar. Por lo tanto, ante una circunstancia como la alegada en la impugnación, es deber de las autoridades públicas adelantar las actuaciones de orden administrativo, presupuestal y financiero que permitan la consecución de los recursos necesarios para adelantar las actividades y obras ordenadas,

aclarándose, en todo caso, que sí bien dichas gestiones no pueden ser inmediatas, tampoco pueden prolongarse en el tiempo, ya que en modo alguno pueden los entes públicos dilatar indefinidamente las soluciones a las necesidades colectivas ni permanecer indiferentes ante los riesgos que amenacen los derechos de los ciudadanos.” Así mismo, resulta razonable que se implementen los planes de monitoreo y prevención de riesgo en la zona donde se encuentra ubicado el asentamiento “Las Marías”, además de las medidas sanitarias de descontaminación que se requieran, con el propósito de prevenir o restablecer la amenaza o vulneración existente. En igual sentido resulta procedente la orden encaminada a adelantar todas las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales para la construcción de las obras que técnicamente se consideren necesarias para evitar que en época de invierno se presente nuevamente un desastre. En cuanto al incentivo, el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 señala que el j