PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Cargos no hacen parte del imaginario de las personas

Procurador General Bogotá, D.C., fechado (2 AGO. 2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la Ley 1383 de 2010, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsitoy se dictan otras disposiciones”.

Actor: Yeny Marguith Díaz Aranguren.

Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

Expediente D-8158. Concepto No. 5003. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por la ciudadana YENY MARGUITH DÍAZ ARANGUREN, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, solicita a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la expresión “a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos”, contenida en el artículo 5º de de la Ley 1383 de 2010, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsitoy se dictan otras disposiciones”, que reforma el artículo 19 de la citada disposición, que a continuación se transcribe: LEY 1383 DE 2010 (marzo 16) Diario Oficial No. 47.653 de 16 de marzo de 2010 Procurador General Concepto No. 5003

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA ARTÍCULO 5º. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener por primera vez una licencia de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: Para vehículos de servicio diferente del servicio público:

1. Saber leer y escribir.

2. Tener 16 años cumplidos.

3. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte.

4. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores.

Para vehículos de servicio público: Los mismos requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos y de los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a la conducción de vehículo de servicio público. (En negrillas lo demandado).

1. Planteamientos de la demanda.

La actora considera que la expresión impugnada vulnera el artículo 13 de la Carta, porque se desconoce el derecho a la igualdad, al establecer condiciones de edad diferentes para expedir licencias a los conductores de servicio público y de servicio particular, sin haber hecho un análisis de las implicaciones que tiene el permitir a un menor de edad conducir. Los menores carecen de una serie de condiciones y aptitudes que sólo se 2 Procurador General Concepto No. 5003 logran con el tiempo. Por ello, estima que no es admisible en términos constitucionales que la ley autorice a un niño, que para efectos de la demanda es toda persona menor de 18 años, para conducir un vehículo de servicio particular.

2. Ineptitud sustantiva de la demanda.

La Corte, entre otras, en las Sentencias C-1052 de 2001, C-185 de 2002 y C-987 de 2005, señala que el concepto de la violación: uno de los requisitos señalados en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, se cumple cuando la demanda expresa en forma cierta, clara, específica, pertinente y suficiente, las razones por las cuales la norma superior se considera vulnerada. Estas condiciones son presupuestos materiales que de inobservarse hacen inepta la demanda. Existe certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente en el ordenamiento jurídico, y no sobre un contenido normativo deducido por el actor, es decir, derivado exclusivamente de su criterio subjetivo, o contenido en disposiciones sobre las cuales no recae la acción. La claridad alude a la existencia de un hilo conductor en la argumentación, que permita al lector comprender qué se demanda y

cuáles son las razones en las que se apoya la petición de inconstitucionalidad. El concepto de violación es específico si plantea un cuestionamiento constitucional concreto contra la norma demandada, que permita la confrontación racional y directa entre ella y el texto Superior que se aduce como vulnerado. Por ello, es inadmisible decidir sobre la constitucionalidad de una disposición legal con base en argumentos 3 Procurador General Concepto No. 5003 ambiguos, amplios, indirectos, gaseosos y globales, que no guardan conexidad concreta y directa con la norma legal acusada. Además, los cargos deben ser pertinentes, es decir, de naturaleza constitucional, no legal o doctrinaria, ni basados en supuestas aplicaciones de la ley. Por último, es preciso que el actor presente argumentos suficientes, de tal forma que hagan sospechar de la constitucionalidad de la norma impugnada y por lo tanto provoquen un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el presente evento, como pasa a verse, el cargo presentado no satisface los requisitos materiales referidos, razón por la cual se configura el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda y, en consecuencia, una Sentencia inhibitoria. El artículo 5º de la Ley 1383 de 2010 modifica el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, que regula los requisitos para la obtener, por primera vez, la licencia de conducción para vehículos de servicio particular. Entre estos requisitos está el de tener 16 años cumplidos. En el inciso segundo, que alude a los vehículos de servicio público, se establece una edad mínima de

18 años cumplidos. La actora, que está en desacuerdo con permitir a los niños, o menores de 18 años, obtener licencia de conducción, circunstancia que es predicable respecto de los vehículos de servicio particular, formula su acusación, de manera errada, contra la expresión “a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos”, prevista para los vehículos de servicio público. Este cargo no tiene una base argumentativa adecuada, pues carece de 4 Procurador General Concepto No. 5003 certeza, en la medida que el fundamento en que se pretende estructurar no corresponde al fin perseguido en la demanda. La actora, en su concepto de violación, busca que a los menores de 18 años no se les permita conducir vehículos. Si ese es su propósito, debía demandar la expresión que establece el requisito de tener 16 años cumplidos, previsto para los vehículos de servicio particular. No obstante, impugna la expresión que establece el requisito de tener 18 años cumplidos, previsto para los vehículos de servicio público. La demanda incumple, además, los requisitos de claridad y especificidad. La actora impugna una expresión que en nada estructura un hilo conductor para conseguir el objetivo de la demanda: que los menores de 18 años no puedan obtener licencia para conducir un vehículo ya sea de servicio particular o de servicio público. En gracia de discusión, si se da la razón a la actora y se declara inexequible la frase demandada “a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos”, quedaría vigente el requisito de “tener 16 años cumplidos”, lo que implicaría que todas las personas menores de 18 años podrían obtener licencia de conducción para

vehículos de servicio particular y público, circunstancia que es contraria a su pretensión. La demanda conduce a una paradoja terrible: ganar es perder. De otra parte, la actora omite hacer un análisis argumentativo adecuado sobre la discriminación injustificada, en la cual arguye que incurre la ley al establecer el requisito de edad, para obtener la licencia de conducción de vehículos de servicio particular y de vehículos de servicio público. 5 Procurador General Concepto No. 5003

3. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se declare INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, en relación con la expresión demandada del artículo 5º de la Ley 1383 de 2010, por ineptitud sustantiva de la demanda. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/AespinosaB 6