PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Normas infringidas y concepto de violación

Bogotá, D.C., abril 2 de 2001 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 643 del 2001

Actor: EFRAIN OLARTE OLARTE

Magistrado Sustanciador: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Expediente No. D-3400 Concepto No. 2501 De conformidad con lo establecido en los artículos 242 numeral 2 y 278 numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40 numeral 6, y 242 numeral 1o. de la Carta Política, instauró ante esa Corporación el ciudadano Efraín Olarte Olarte. El accionante dice demandar los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 643 del 2001 “por la cual se fija el régimen del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.

1. Planteamiento de la demanda Para el demandante, los preceptos cuestionados vulneran el artículo 336 de la Constitución Política, sin que para el caso aduzca las razones que motivan su afirmación, por cuanto el análisis lo dirige a considerar los beneficios que regulaba el artículo 43 de la Ley 10 de 1993, disposición que fijaba los costos y 2 gastos de los juegos novedosos y las transferencias a la salud, norma que fue derogada por el artículo 49 (acusado) y como apoyo hace referencia a citas

doctrinales, sin fijar en forma cierta la acusación contra las normas cuestionadas.

2. La inhibición de la Corte Constitucional para fallar en el presente caso El artículo 2o. del Decreto 2067 de 1991, establece los requisitos que deben contener las demandas en las acciones de inconstitucionalidad, dentro de los cuales se encuentra la exigencia de señalar la disposición acusada o que se considera contraria al Ordenamiento Superior; las normas constitucionales infringidas y las razones o motivos de dicha violación, para lo cual es imperioso realizar un cotejo objetivo entre los textos normativos, esto es, la Carta Política y la preceptiva impugnada. Así, de las simples afirmaciones del demandante no se puede deducir de manera indirecta las transgresiones a la Constitución.

Sobre el particular, esa Corporación ha sostenido: “... Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por vía de acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se pueda deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la

Constitución, por la manera en que el legislador reguló determinada materia (...)”. 1 El actor, en el asunto bajo examen, no cumplió con la exigencia legal en consideración, toda vez que se limitó a indicar que el artículo 336 de la Carta 1 Corte Constitucional. Sentencia C-236 del 20 de mayo de 1997. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 3 resultaba transgredido por las normas acusadas, sin determinar el concepto de violación, pues el análisis lo centró en confrontar el contenido de una disposición derogada (artículo 43 de la Ley 10 de 1990) con las normas acusadas y el efecto práctico de las mismas, es decir, la contradicción que presenta el demandante lo es contra una norma de carácter legal y no constitucional, esencia de la acción de constitucionalidad. De suerte que el accionante al promover la presente acción de inconstitucionalidad, no cumplió con los requisitos que debe reunir la demanda para incoarla, ya que como se indicó, no adujo los motivos por los cuales se transgrede el artículo 336 Superior, situación que inexorablemente debe conducir a esa Corporación a proferir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.

3. Conclusión El Procurador General de la Nación solicita a la Honorable Corte declararse INHIBIDA para decidir en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 643 del 2001, por ineptitud sustantiva de la misma.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación SPTB/VAOA/ncdem.