PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Por desconocerse presuntamente principios de unidad d

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra art. 87 de la ley 1328 del 2009 respecto a normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Por desconocerse presuntamente principios de unidad de materia, progresividad y seguridad social PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Preceptos que integran contenido de cuerpo normativo deben gozar de coherencia interna según sentencia de Corte Constitucional NORMA DEMANDADA-Define estructura y marco operativo de los BEPS La jurisprudencia constitucional los ha calificado como un tipo especial de pensión semicontributiva que se encuentra excluida del Régimen Pensional General y que forma parte de los Servicios Sociales Complementarios creados por la Ley 100 de 1993, cuyo fin es “(…) apoyar a la población que por diversas circunstancias económicas y sociales no se encuentran en el grupo de personas con capacidad contributiva”. El mecanismo fue reconocido por primera vez en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y se encuentra reglamentado en la Ley 1328 de 2009 (ahora demandada) y en los decretos 604 de 2013,1872 de 2013, 2983 de 2013 y 2087 de 2014, compilados en el Decreto 1833 de 2016.Particularmente, la norma demandada define la estructura y el marco operativo de los BEPS, indicando quiénes pueden ser sus beneficiarios, los requisitos de acceso y las entidades autorizadas para administrarlos.

Además, faculta al Gobierno Nacional para que, siguiendo las recomendaciones del Conpes Social, reglamente aspectos concretos como: (i) la creación de incentivos periódicos y puntuales; (ii) las condiciones de uso de los recursos como garantía para el ahorrador; (iii) el mecanismo de administración de los recursos; y (iv) la contratación de seguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte. NORMA DEMANDADA-Se acredita la existencia de una relación causal, teleológica y sistemática entre esta y el cuerpo normativo de que forma parte PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD-No es transgredido por los BEPS/CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Confirió al legislador amplia potestad de configuración legislativa En concepto del Ministerio Público, los BEPS no transgreden el principio de progresividad, sino que, por el contrario, fueron regulados por la Ley 1328 de 2009 en desarrollo de dicho mandato constitucional. En efecto, este mecanismo constituye una alternativa para la protección de la vejez de las personas de bajos recursos que no cumplen las condiciones requeridas por la ley para acceder a una pensión, contribuyendo así al “(…) marco de ampliación progresiva de la seguridad social y desarrollo de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstos en la Constitución” Ahora bien, la Constitución le confirió al legislador una amplia potestad de configuración legislativa para determinar los requisitos de acceso a estos beneficios y su exigencia no constituye una vulneración del principio de progresividad, sino que busca garantizar el ejercicio de los derechos sociales.

En ese sentido, tampoco hay razones de peso para sostener que el mecanismo regulado en el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 excede de alguna manera el mandato constitucional contenido en el artículo 48 de la Constitución Política, en el que se le otorgó al legislador una amplia libertad para determinar los contenidos del sistema general de seguridad social y el alcance de los BEPS, sujetando este mecanismo al “(…) único límite explícito de que éste está destinado á personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”. NORMA DEMANDADA-No transgrede el principio de progresividad y tampoco excede el mandato constitucional que dio origen a los BEPS DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD-Debe efectuarse frente al art. 87 de la ley 1328 de 2.009 |Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2021 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14005

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán contra el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, “por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo

Concepto No.: 6925

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política, rindo concepto dentro del asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano Elson Rafael Rodríguez Beltrán interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, cuyo texto se

transcribe a continuación: “Artículo 87. Beneficios económicos periódicos. Las personas de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro determinados por el Gobierno Nacional, incluidas aquellas de las que trata el artículo 40 de la Ley 1151 de 2007 podrán recibir beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, de los previstos en el Acto legislativo 01 de 2005, como parte de los servicios sociales complementarios, una vez cumplan con los siguientes requisitos: 1.Que hayan cumplido la edad de pensión prevista por el Régimen de Prima Media del Sistema General de Pensiones.

2. Que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los aportes obligatorios, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno Nacional para el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima. 3.Que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado para el Sistema

General de Pensiones. Parágrafo. Para estimular dicho ahorro a largo plazo el Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y teniendo en cuenta las disponibilidades del mismo, podrá establecer incentivos que se hagan efectivos al finalizar el período de acumulación denominados periódicos que guardarán relación con el ahorro individual, con la fidelidad al programa y con el monto ahorrado e incentivos denominados puntuales y/o aleatorios para quienes ahorren en los períodos respectivos. En todo caso, el valor total de los incentivos periódicos más los denominados puntuales que se otorguen no podrán ser superiores al 50% de la totalidad de los recursos que se hayan

acumulado en este programa, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Los incentivos que se definirán mediante los instructivos de operación del Programa Social Complementario, denominado Beneficios Económicos Periódicos, deben estar orientados a fomentar tanto la fidelidad como la cultura del ahorro para la vejez. En todo caso, el ahorrador sólo se podrá beneficiar del incentivo periódico si cumple con los requisitos establecidos en los numerales anteriores y ha mantenido los recursos en el mecanismo a la fecha de obtener un Beneficio Económico Periódico, salvo el caso de los incentivos aleatorios. Como mecanismo adicional para fomentar la fidelidad y la cultura del ahorro el Gobierno determinará las condiciones en las cuales los recursos ahorrados podrán ser utilizados como garantía para la obtención de créditos relacionados con la atención de imprevistos del ahorrador o de su grupo familiar, de conformidad con la reglamentación que se expida para tal efecto. También se podrá crear como parte de los incentivos la contratación de seguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte del ahorrador, cuya prima será asumida por el Fondo de Riesgos Profesionales. El pago del siniestro se hará efectivo mediante una suma única. Los recursos acumulados por los ahorradores de este programa constituyen captaciones de recursos del público; por tanto, el mecanismo de ahorro al que se hace referencia en este artículo será administrado por las entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer el mecanismo de administración de este ahorro, teniendo en cuenta criterios de eficiencia, rentabilidad y los beneficios que podrían lograrse

como resultado de un proceso competitivo que también incentive la fidelidad y la cultura de ahorro de las personas a las que hace referencia este artículo. Con las sumas ahorradas, sus rendimientos, el monto del incentivo obtenido y la indemnización del Seguro, cuando a ella haya lugar, el ahorrador podrá contratar un seguro que le pague el Beneficio Económico Periódico o pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. Todo lo anterior de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno Nacional, siguiendo las recomendaciones del Conpes Social”. El accionante considera que el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 desconoce los principios de unidad de materia,1 primacía de los derechos inalienables de la persona,2 progresividad y el derecho a la seguridad social,3 además de algunos tratados internacionales sobre Derechos Humanos,4 como se explica enseguida. Por una parte, señala que el artículo acusado no estaba incorporado en el proyecto de ley original y que solo fue incluido hasta las ponencias para primer debate en Cámara y Senado (Gaceta 341 del 10 de junio de 2008). En su concepto, la norma no guarda relación de conexidad causal, teleológica, temática ni sistemática con la materia dominante de la ley y con su articulado ya que, mientras que el objetivo de 1 Constitución Política, artículos 158 y 169. 2 Constitución Política, artículo 5. 3 Constitución Política, artículo 48. 4 Concretamente, el accionante hace mención a: (i) la Declaración Universal de Derechos Humanos; (ii) la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); (iii) el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; (iv) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional; (v) la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; y (vi) el Código Iberoamericano de Seguridad Social. No obstante, mediante Auto del 3 de noviembre de 2020, la Corte decidió inadmitir la demanda en lo que tienen que ver con el presunto desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 46, 53, 84, 93, 94, 114, 150, 189 y 365 Superiores; la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 2, 9 y 11 del PIDESC; la Constitución de la OIT; los arts. 1 y 9 del Protocolo de San Salvador; el artículo 5, literal e) del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; los artículos 1, 24, 26 y 29 de la CADH; los arts. 4 y 106 del Código Iberoamericano de Seguridad Social y la Declaración de Filadelfia por no cumplir la carga argumentativa requerida para determinar la procedibilidad del estudio de constitucionalidad. Concretamente, por no acreditar los requisitos 2 de suficiencia y especificidad y la carga argumentativa especial para los cargos por vulneración del principio de igualdad. 3 la ley es decretar una reforma al sistema financiero, de seguros y del mercado de capitales, la disposición acusada regula los beneficios económicos periódicos (en adelante BEPS) de que trata el artículo 48 de la Constitución Política,5 los cuales forman parte del derecho a la seguridad social.

Por otro lado, plantea que el legislador desbordó los límites constitucionales que le impuso el artículo 48 Superior en la regulación de los BEPS, porque condicionó el acceso a estos beneficios a la realización de aportes o ahorros periódicos o esporádicos y al cumplimiento de la edad de pensión prevista para el Régimen de Prima Media del Sistema General de Pensiones, no obstante que la norma constitucional solo exige que los BEPS estén dirigidos a personas de escasos recursos que no cumplan las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, sin señalar en concreto requisitos adicionales. En esa medida, el artículo acusado transgrede el principio de progresividad, pues excluye sin razón constitucionalmente válida a quienes no cumplen con las condiciones que impuso la norma. En ese orden de ideas, el accionante solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009.

II. Concepto del Ministerio Público a) Sobre el principio de unidad de materia Acorde con la jurisprudencia constitucional, en pro de la racionalización y tecnificación de la actividad normativa, el principio de unidad de materia exige que los preceptos que integran el contenido de un cuerpo normativo gocen de coherencia interna, de manera que en la práctica legislativa se evite incluir normas contrarias o ajenas a la materia principal que se pretende regular.6 En esa medida, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de criterios para determinar, en ejercicio del control de constitucionalidad, si el cargo por desconocimiento del principio de unidad de materia resulta o no procedente; siendo necesario revisar la

conexidad temática, causal, teleológica y sistemática entre la norma acusada y la ley.7 Para resolver la demanda objeto de estudio, se propone confrontar el contenido de la norma acusada con el espíritu de la Ley 1328 de 2009, a la luz de los criterios jurisprudenciales antes expuestos. En ese sentido, a continuación, se estudiará el alcance de los BEPS y se hará una valoración conjunta del texto de la ley, teniendo en cuenta los motivos que llevaron a su expedición, los objetivos que persigue y la relación entre sus disposiciones normativas. Los BEPS constituyen un mecanismo de protección para la vejez de las personas de bajos recursos que no cumplen las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, el cual permite que el beneficiario haga un aporte voluntario y flexible, sin restricciones de periodicidad o cuantía, que es completado por el Estado a través 5 Artículo adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005. 6 Corte Constitucional, sentencias C-523 de 1995, C-604 de 1997, C-1144 de 2001, C-908 de 2007, C-245 de 2004, C-006 de 2012, C-016 de 2016, entre otras. 7 Corte Constitucional, sentencias C-025 de 1993, C-1185 de 2000, C-400 de 2010, entre otras. 4 de un subsidio periódico o incentivo equivalente al 20% del valor ahorrado por el interesado, el cual se puede ver incrementado por los rendimientos financieros.8 La jurisprudencia constitucional los ha calificado como un tipo especial de pensión semicontributiva que se encuentra excluida del Régimen Pensional General y que

forma parte de los Servicios Sociales Complementarios creados por la Ley 100 de 1993, cuyo fin es “(…) apoyar a la población que por diversas circunstancias económicas y sociales no se encuentran en el grupo de personas con capacidad contributiva”.9 El mecanismo fue reconocido por primera vez en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política10 y se encuentra reglamentado en la Ley 1328 de 2009 (ahora demandada) y en los decretos 604 de 2013,1872 de 2013, 2983 de 2013 y 2087 de 2014, compilados en el Decreto 1833 de 2016. Particularmente, la norma demandada define la estructura y el marco operativo de los BEPS, indicando quiénes pueden ser sus beneficiarios, los requisitos de acceso y las entidades autorizadas para administrarlos. Además, faculta al Gobierno Nacional para que, siguiendo las recomendaciones del Conpes Social, reglamente aspectos concretos como: (i) la creación de incentivos periódicos y puntuales; (ii) las condiciones de uso de los recursos como garantía para el ahorrador; (iii) el mecanismo de administración de los recursos; y (iv) la contratación de seguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte. Por su parte, de la lectura de la Ley 1328 de 2009 y de los documentos que le dieron origen en el debate parlamentario, se extrae que la misma fue proferida como parte de una reforma al sistema financiero, en virtud de la cual se pretendió reorganizar, modernizar y adecuar su marco regulatorio e institucional, para

promover el acceso a los servicios financieros y consolidar la confianza en el sistema11. Entre las diversas materias reguladas por la ley, destacan dos de sus ejes centrales: la protección del consumidor financiero y la adopción de un nuevo esquema de multifondos para el Régimen de Ahorro Individual (RAI). Además, se regulan aspectos relacionados con: las facultades de intervención del gobierno nacional en el sistema financiero, la estructura del sistema financiero, los mecanismos para la promoción de las microfinanzas, la dotación de nuevas funciones al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y a la Superintendencia Financiera, la liberalización del mercado de seguros, entre otros. De las anteriores consideraciones, se extrae que la regulación de un mecanismo de ahorro voluntario y flexible, como los BEPS, no resulta extraña ni ajena a los propósitos de una reforma al sistema financiero, como la que implementa la Ley 1328 de 2009. Por una parte, los BEPS, al ser producto de la captación de recursos del público, están sujetos a la administración de las entidades autorizadas y vigiladas por la 8 Corte Constitucional, sentencias T-589 de 2015, C-110 de 2019 y T-182 de 2020. 9 Corte Constitucional, sentencia C-110 de 2019. 10 Constitución Política, artículo 48: “(…) la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión (…)”. 11 Exposición de motivos, Gaceta No. 138 del 11 de abril de 2008.

5 Superintendencia Financiera.12 De hecho, el artículo 3° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra que las administradoras de pensiones hacen parte de la estructura de las entidades financieras como prestadoras de servicios financieros13 y el Decreto 4121 de 2011 cambió la naturaleza jurídica de Colpensiones, a la de una entidad financiera de carácter especial, a efectos de dotarla de la infraestructura legal y administrativa necesaria para cumplir su labor misional bajo estándares de control y vigilancia propios del sector financiero.14 Además, la naturaleza jurídica de los BEPS no es la de una prestación del sistema pensional, sino la de un apoyo que otorga el Estado a una persona que ahorra para su vejez y que ve incrementado su saldo por los rendimientos financieros derivados de una buena administración de los recursos. Al tratarse de un estímulo para el ahorro, este sistema es excluyente del Sistema General de Pensiones y forma parte de los Servicios Sociales Complementarios. Por otro lado, este mecanismo de ahorro genera acceso a incentivos puntuales y aleatorios, como los micro-seguros, los cuales hacen parte del portafolio de servicios del sector financiero y cuya administración también se encuentra a cargo de las entidades sometidas al control de la Superintendencia Financiera. En ese orden de ideas, puede concluirse que entre la materia general sobre la que versa la Ley 1328 de 2009 y el asunto regulado en su artículo 87, existe una vinculación objetiva y razonable que se traduce en una conexidad temática. Sin duda, la captación del ahorro de manos del público, la administración de recursos

por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y el ofrecimiento de productos financieros como los micro-seguros, son asuntos que conciernen al sistema financiero. Asimismo, se acredita la existencia de una relación causal, teleológica y sistemática entre la norma demandada y el cuerpo normativo del que forma parte, en la medida en que: (i) las razones que llevaron a la expedición de la Ley 1328 de 2009 son las mismas que dieron lugar a la consagración de la norma, esto es, la consecución de un sistema financiero confiable y accesible al público; (ii) entre los objetivos perseguidos por la ley y su artículo 87 existe una identidad: la protección del consumidor financiero; y (iii) la ley y su articulado constituyen un cuerpo ordenado que responde a una racionalidad interna guiada por la promoción del acceso a los servicios financieros y la consolidación de la confianza en el sistema. 12 El artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 prescribe que: “Los recursos acumulados por los ahorradores de este programa constituyen captaciones de recursos del público; por tanto, el mecanismo de ahorro al que se hace referencia en este artículo será administrado por las entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”. 13 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 3°: “1. Clases. Para los efectos del presente Estatuto son sociedades de servicios financieros las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, las cuales tienen por función la realización de las operaciones

previstas en el régimen que regula su actividad. 2. Naturaleza. Las sociedades de servicios financieros tienen el carácter de instituciones financieras”. 14 Decreto 4121 de 2011, artículo 1 °: “Cambiase la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el presente decreto y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política”. 6 En síntesis, puede afirmarse que, contrario a lo afirmado por el accionante, la norma demandada no transgrede el principio de unidad de materia. b) El principio de progresividad y los BEPS En consonancia con el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 48 de la Constitución Política consagra el principio de progresividad en los siguientes términos: “(…) el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley”. Acorde con la jurisprudencia constitucional, este principio significa que, una vez alcanzado cierto nivel de protección de un derecho social, todo retroceso frente al mismo es constitucionalmente problemático.15 En concepto del Ministerio Público, los BEPS no transgreden el principio de

progresividad, sino que, por el contrario, fueron regulados por la Ley 1328 de 2009 en desarrollo de dicho mandato constitucional. En efecto, este mecanismo constituye una alternativa para la protección de la vejez de las personas de bajos recursos que no cumplen las condiciones requeridas por la ley para acceder a una pensión, contribuyendo así al “(…) marco de ampliación progresiva de la seguridad social y desarrollo de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstos en la Constitución”.16 Ahora bien, la Constitución le confirió al legislador una amplia potestad de configuración legislativa para determinar los requisitos de acceso a estos beneficios y su exigencia no constituye una vulneración del principio de progresividad, sino que busca garantizar el ejercicio de los derechos sociales.17 En ese sentido, tampoco hay razones de peso para sostener que el mecanismo regulado en el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 excede de alguna manera el mandato constitucional contenido en el artículo 48 de la Constitución Política,18 en el que se le otorgó al legislador una amplia libertad para determinar los contenidos del sistema general de seguridad social y el alcance de los BEPS, sujetando este mecanismo al “(…) único límite explícito de que éste está destinado á personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”.19 15 Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2004. 16 Así lo considero la Corte Constitucional en la sentencia C-182 de 2020; “(…) el artículo 48 de la Carta, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, permite conceder por intermedio de la ley, beneficios

económicos periódicos a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, como parte del marco de ampliación progresiva de la seguridad social y desarrollo de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstos en la Constitución”. 17 Sobre el particular, ha considerado la Corte Constitucional que: “Atendiendo el principio de universalidad, le corresponde al Legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, determinar los mecanismos a través de los cuales garantizará a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones previo el lleno de ciertos requisitos determinados en la misma ley”. Corte Constitucional, sentencia C-451 de 2005. 18 Constitución Política, artículo 48: “(…) para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión (…)”. 19 Corte Constitucional, sentencia C-232 de 2019. 7 En cumplimiento de dicho mandato, la norma demandada define la estructura y marco operativo de los BEPS, los requisitos de acceso al programa y las entidades autorizadas para administrar los recursos, partiendo de la base de que sus beneficiarios son “(…) las personas de escasos recursos que hayan realizado

aportes o ahorros periódicos o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro determinados por el Gobierno Nacional, incluidas aquellas de las que trata el artículo 40 de la Ley 1151 de 2007 (…)”.20 Dadas las anteriores consideraciones puede concluirse que la norma demandada no transgrede el principio de progresividad y que tampoco excede el mandato constitucional que le dio origen a los BEPS.

III. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, “por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.

Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Olga Lucía Abello Restrepo – Asesora Grado 19.

Aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales. 20 Ley 1328 de 2009, artículo 87.

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