PGN - ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Requisitos mínimos

Procurador General ACION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Interpretación subjetiva del actor Al cotejar las anteriores exigencias con la demanda, se aprecia que (i) el actor dirige su demanda sobre la base de una proposición supuesta e inexistente, cual es que las normas penales deben ser “expresas” e “inequívocas”, expresiones que no se encuentran en el artículo 29 constitucional y que, de seguirse, implicaría la inconstitucionalidad de todos los tipos penales en blanco o de las normas complementarias y haría innecesaria la labor interpretativa de los jueces; ii) la demanda se basa exclusivamente en la interpretación subjetiva que el actor hace de la norma demandada, la norma constitucional invocada y el aparte doctrinal citado; y iii) las razones que aduce el demandante no son suficientes para despertar siquiera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada. Bogotá, D.C., sello: (8 NOV.2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones del numeral 4º del artículo 240 de la Ley 599 de 2000.

Actor: LUIS DANIEL MANTILLA ARANGO.

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.

Expediente No. D-8285. Concepto No. 5052. Según lo dispuesto en los artículos 40, numeral 6º, 242, numerales 1º, 2º,

y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentó el ciudadano LUIS DANIEL MANTILLA ARANGO contra el numeral 4º del artículo 240 de la Ley 599 de 2000, cuyo texto, subrayando lo demandado, se reproduce a continuación: ARTICULO 240. HURTO CALIFICADO. La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere: (…)

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

Procurador General Concepto 5052

1. Planteamientos de la demanda.

El actor considera que las expresiones demandadas vulneran el derecho fundamental al debido proceso, en especial en cuanto atañe a la garantía de que “nadie podrá ser juzgado conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, al no definir de manera expresa e inequívoca la conducta punible. Aduce que este tipo de normas, desde el siglo XIX, resultan nocivas para un estado liberal.

2. De la ineptitud sustancial de la demanda.

La demanda no satisface las exigencias establecidas en la ley y decantadas por la jurisprudencia para su admisión, por lo cual resulta inepta y debe dar lugar a una sentencia inhibitoria, como pasa a verse. De manera reiterada y pacífica la Corte ha sostenido, como lo hace en la Sentencia C-1052 de 2001, que “[l]a presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano,

las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. Esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate”. Estos requisitos mínimos, en todo caso, prosigue la Corte, no constituyen “una limitación a los derechos políticos del ciudadano […] pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo”. Dentro del anterior contexto, la Corte exige que en la demanda: i) se identifique el objeto sobre el que versa la acusación, lo cual implica “el 2 Procurador General Concepto 5052 señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales”, valga decir, “la plena identificación de las normas que se demandan”, y “su transcripción literal por cualquier medio o la inclusión de un ejemplar de la publicación de las mismas (Artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991)”; ii) se presente un concepto de la violación, lo que “supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”, “la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan” y “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”.

Además de los anteriores requisitos, la Corte exige que la argumentación en la que se fundan los cargos contenidos en la demanda debe ser clara, cierta, específica, pertinente y suficiente. En la sentencia en comento, la

Corte precisa: (i) “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, [y supone el] deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”;

(ii) La exigencia de certeza “significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”; (iii) La especificidad exige “la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada [… en tanto que, el] juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la 3 Procurador General Concepto 5052 ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. [Y sin] duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”; (iv) La pertinencia exigida “quiere decir que el reproche formulado por […] debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al

precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos […] tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’ a partir de una valoración parcial de sus efectos”; y (v) “La suficiencia […] guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. [Y, por] otra parte, […]apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”. 4 Procurador General Concepto 5052 Al cotejar las anteriores exigencias con la demanda, se aprecia que (i) el actor dirige su demanda sobre la base de una proposición supuesta e inexistente, cual es que las normas penales deben ser “expresas” e “inequívocas”, expresiones que no se encuentran en el artículo 29 constitucional y que, de seguirse, implicaría la inconstitucionalidad de

todos los tipos penales en blanco o de las normas complementarias y haría innecesaria la labor interpretativa de los jueces; ii) la demanda se basa exclusivamente en la interpretación subjetiva que el actor hace de la norma demandada, la norma constitucional invocada y el aparte doctrinal citado; y iii) las razones que aduce el demandante no son suficientes para despertar siquiera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

3. Conclusión.

De conformidad con lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 240 de la Ley 599 de 2000. De los Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/ABG.

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