PGN - ACTO ADMINISTRATIVO - Que declaró insubsistente al funcionario está afectado del vicio de nuli

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por declarar insubsistente a un funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para su procedencia Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. Que efectivamente se haya realizado el pago. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se demostró la existencia de dolo en las actuaciones del demandado/ACTO ADMINISTRATIVO-Que declaró insubsistente al funcionario está afectado del vicio de nulidad por desviación del poder El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente los requisitos establecidos por la Ley 678 de 2001, es decir la condena a la entidad y el pago efectuado por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Dentro del acervo probatorio se encontró acreditada la condena a la entidad mediante sentencia del 19 de octubre de 2006, proferida por el Consejo de Estado, quien condenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes a reintegrar al funcionario. Se probó que la entidad demandada DNE, se hizo responsable administrativamente del perjuicio sufrido por el actor, al producir la administración un daño el cual tenía que resarcir, como consecuencia de la conducta de un agente suyo. También se encontró probado el pago a la víctima, pues se demostró que el señor, recibió la

suma de ciento dieciocho millones cincuenta y nueve mil ochocientos quince pesos mcte ($118.059.815), la cual le fue consignada el día 8 de agosto de 2007, según consta en estado de pagos a terceros del banco Bancolombia, mediante consignación efectuada aportada al proceso. Así las cosas, es menester concluir que el acto administrativo que declaró insubsistente al Jefe de División de Talento Humano y Servicios Administrativos, está afectado del vicio de nulidad por desviación del poder y en virtud de ello se produjo una condena de orden patrimonial contra la Dirección Nacional de Estupefacientes. De acuerdo con la jurisprudencia anotada, para que exista responsabilidad del demandado en acción de repetición es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se debe declarar responsable al demandado por su conducta dolosa Para esta Delegada es acertado inferir, que se debe declarar responsable al demandado, por considerar que su proceder está tipificado dentro de la conducta dolosa, al quedar demostrado que se presentó una desviación de poder en la actuación adelantada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir, que la conducta desarrollada por el demandado, fue concretamente la desviación de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. poder, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del funcionario, toda vez que lo que se buscó no fue un mejoramiento del servicio, sino por el contrario, lo que se buscaba era retirar al funcionario para culparlo por lo sucedido con un inmueble incautado proveniente del narcotráfico, disfrazando la aparente legalidad del acto de retiro. Al ser declarada la desviación de poder en la sentencia proferida por el Consejo de Estado se adecuó la conducta del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir la culpa grave, atribuible al demandado, por lo que da razón suficiente para que prosperen las pretensiones en contra del demandado. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Dolo y desviación de poder según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 37 / 2014

Bogotá, 10 de marzo de 2014.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Carlos Alberto Zambrano.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200810038 01(48550)

Acción de Repetición

ACTOR: Dirección Nacional de Estupefacientes.

DEMANDADO: Gabriel Merchán Benavides.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. / Se demostró la existencia de dolo en las actuaciones del demandado en acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos  La Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo consagrado en el artículo 142 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, entabló demanda, contra el señor Gabriel Merchán Benavides,. por los daños y perjuicios, ocasionados a la Dirección

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Nacional de Estupefacientes al haber sido condenada, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.  El señor Gabriel Merchán Benavides, en calidad de Director Nacional de Estupefacientes, expidió la Resolución No. 1309 del 13 de diciembre de 2001, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, en el cargo de Jefe de División de Desarrollo de Talento Humano y Servicios Administrativos.  El señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel demandó la nulidad de la Resolución 1309 del 13 de diciembre de 2001, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el cual negó las pretensiones de la demanda y la parte actora apeló la decisión ante el Consejo de Estado.  El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y en su lugar declaró la nulidad de la Resolución 1309 del 13 de diciembre de 2001, expedida por el Director Nacional de Estupefacientes y ordenó pagar la suma correspondiente desde la fecha en que se dejó de pagar la obligación hasta la ejecutoria de dicha sentencia.  La Dirección Nacional de Estupefacientes, en acatamiento de la providencia judicial, profirió las resoluciones Nos. 0507 del 15 de mayo de 2007 y 0794 del 13 de junio de 2007, en las cuales se señaló que el señor Castillo Sanmiguel se vinculó a la entidad el 21 de julio de 2004, fecha en la cual tomó posesión del

cargo de Subdirector Administrativo y Financiero y el 08 de agosto de 2007, realizó el pago respectivo al señor Castillo Sanmiguel. 1.2. La contestación 1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, el apoderado del accionado, se 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. opone a todas y cada una de ellas de acuerdo con lo siguiente:  Señaló que el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo y que ninguna de las dos instancias hizo referencia al dolo o culpa del demandando y que el a quo falló con base en las facultades discrecionales.  Indica que el hecho de que el acto de insubsistencia hubiese sido anulado por ilegalidad por el Consejo de Estado, no da lugar por sí solo a inferir la conducta dolosa o gravemente culposa del demandando, por cuanto debe probarse por la entidad demandante, que el funcionario obró con dolo o culpa grave para acreditar la acción de repetición.  Expone que la DNE debe probar las afirmaciones del Consejo de Estado, demostrar que el demandando en su decisión discrecional se apartó del buen servicio y del interés general y que actuó para favorecer intereses propios o de terceros desviando el poder que se le atribuyó.

 Concluyó que debe probarse la mala fe en la toma de decisión, es decir, que el demandando conocía que la medida no la adoptaba para mejorar el servicio y no obstante expidió el acto administrativa sabiendas de esas circunstancias, buscando obtener con él una finalidad ajena a la legalmente establecida para el ejercicio de esa competencia que le fue conferida y ocasionando así un daño al funcionario por la desvinculación injusta del servicio del que fue objeto. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de fecha veintitrés de mayo de 2013, negó las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T.  Consideró que pese a que en la sentencia del 19 de octubre de 2006 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado se señaló que el demandando obró con desviación de poder, al momento de declarar insubsistente el nombramiento del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, en el presente caso la parte actora no probó el dolo del exfuncionario al emitir la citada resolución.  Argumentó que existen otras pruebas que demostraban que la Resolución de insubsistencia No 1309 de 2001, expedida por el Director Nacional de la DNE se

había expedido con la finalidad de mejorar el servicio.  Arguyó que analizadas las conclusiones del Consejo de estado no se encuentra que haya un nexo causal directo entre la insubsistencia del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel y el hecho de no haber efectuado un contrato de vigilancia sobre la casa de Rodríguez Gacha, que el día anterior había sido incendiada, pues el funcionario declarado insubsistente no tenía como función la elaboración o negociación de contratos de vigilancia  Concluyó que si bien el Consejo de Estado encontró que las pruebas arrimadas al expediente se deducía una desviación de poder, esta misma valoración probatoria no la tuvo no cuenta el magistrado ponente de primera instancia, es decir que con las mismas pruebas dos organismos judiciales dieron por probadas dos situaciones diferentes, razón por la cual por haber una diferencia entre la apreciación probatoria de las pruebas entre el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia, no es clara la existencia de dolo o culpa grave enrostrado al demandando. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandada, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, argumentando lo siguiente:  Explicó que en este caso le corresponde al demandando desvirtuar la presunción de dolo que lo cobija en razón a lo argumentado por el Consejo de Estado al determinar que el acto administrativo que declaró insubsistente al Jefe de División de Talento Humano y Servicios Administrativos está afectado del vicio de nulidad por desviación de poder.  Arguyó que el Tribunal de instancia olvidó que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material que pueda llegar al existir entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger a la parte que se encuentre en situación de indefensión o de debilidad manifiesta, para lo cual el legislador releva a quien las alega en su favor de demostrar el hecho deducido, promoviendo, de esta forma relaciones procesales más equitativas y garantizando bienes jurídicos particularmente importantes.  Concluyó que la sentencia del Consejo de Estado dio un tratamiento excepcional al caso del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, pues se apartó del precedente jurisprudencial utilizado en situaciones similares de empleados vínculos en provisionalidad atendiendo a la valoración lógica y sistemática de las pruebas obrantes en el proceso, al igual que de todas las circunstancias en la que se desarrollaron los hechos de la demanda, es decir en la inmediatez la que llevó a determinar que efectivamente se presentó una 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. relación de causalidad entre las situaciones de facto con las del retiro, no existiendo por ello duda que la expedición de la Resolución No. 1309 de 2001, no tuvo como fin el buen servicio, porque ésta fue fruto de la arbitrariedad de la administración que intentó disfrazarla en la facultad discrecional a la que estaba supeditada la situación laboral del señor Castillo Sanmiguel.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad al señor Gabriel Merchán Benavides, en calidad de Director Nacional de la DNE en su época, al expedir la resolución 1309 de 2001, la cual declaró la insubsistencia del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel? 2.1.2. ¿Se cumple con las exigencias de la Ley 678 en cuanto a los requisitos de procedibilidad para impetrar la acción de repetición? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 2.2.1. Del dolo y la culpa grave en la Ley 678 de 2001. La Ley 678 de 2001: establece en su artículo 2 que La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex

servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este orden de ideas la misma ley establece claramente el significado de culpa grave en el artículo 6 cuando expresa: ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 2.2.2 Acción de repetición – Elementos estructurales Sobre los elementos que conforman la acción de repetición la misma Ley 678 de 2001 establece: “la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena

se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas”. 2.2.3. Acción de repetición – dolo y la desviación de poder en la jurisprudencia: El Consejo de Estado se pronunció1, sobre la desviación de poder diciendo lo siguiente: “Obsérvese, por ejemplo, que si el agente actuó con desviación de poder no es que se presuma el dolo, sino que esa conducta fue dolosa, máxime cuando la definición que sobre éste hace el inciso primero del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 se refiere a que el 1 Sentencia de fecha 28 de febrero de 2011, Consejera Ponente RUTH STELLA CORREA PALACIO, Radicación No.11001-03-26000-2007-00074 (34816) se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. agente actúa con dolo cuando quiere la realización de un hecho ajeno a la finalidad del servicio del Estado, la cual coincide en líneas generales con la noción de desviación de poder que consiste en el ejercicio por parte de una autoridad de una facultad que le es atribuida con un fin distinto o ajeno del que la ley quería al otorgarla; por tanto, en este

evento, probados los supuestos de la desviación de poder (carga de la prueba de la entidad pública) resultará probado el dolo en forma directa y no por simple deducción o inferencia, claro está que admite prueba en contrario (carga del agente público demandado), en aras de garantizar su derecho a la defensa”. Sea lo que fuere, ya la Corte Constitucional en sentencia C-374 del 14 de mayo de 20022 manifestó que el establecimiento de las presunciones legales de dolo y de culpa grave en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 “busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad.” En suma, la ley hace una enunciación de las conductas que constituyen culpa grave o dolo y probados esos supuestos se tiene por cierto, salvo que se demuestre lo contrario, que el agente público actuó bajo unas de esas dos formas de culpabilidad. 2.3. Las pruebas obrantes: 2.3.1. Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son:  A (folios 2 a 8 del cuaderno 2 de pruebas), obra copia de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2006, emitida por el Consejo de Estado donde condenó a la DNE a reintegrar al señor Castillo Sanmiguel:  A (folio 1 del cuaderno 2 de pruebas), obra copia auténtica de la Resolución

1309 del 13 de diciembre de 2001, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento ordinario efectuado al señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, en el cargo de Jefe de División de Talento Humano y Servicios 2 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, criterio reiterado en términos generales en sentencia C-778 de 11 de septiembre de 2003. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Administrativos.  A (folios 23 a 30 del cuaderno 2 de pruebas), obra copia de la Resolución No. 0507 del 15 de mayo de 2007, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 19 de octubre de 2006 y se ordenó el reconocimiento y pago al señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel.  A (folios 48 a 52 del cuaderno 2 de pruebas), obra copia del formato de pagos a terceros del banco Bancolombia, orden de pago No. PF2-2635 de agosto 08 de 2007 a nombre del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel. 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada

que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada conforme a los siguientes argumentos: Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.  El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente los requisitos establecidos por la Ley 678 de 2001, es

11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T. decir la condena a la entidad y el pago efectuado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.  Dentro del acervo probatorio se encontró acreditada la condena a la entidad mediante sentencia del 19 de octubre de 2006, proferida por el Consejo de Estado, quien condenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes a reintegrar al señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel. Se probó que la entidad demandada DNE, se hizo responsable administrativamente del perjuicio sufrido por el actor,

al producir la administración un daño el cual tenía que resarcir, como consecuencia de la conducta de un agente suyo.  También se encontró probado el pago a la víctima, pues se demostró que el señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, recibió la suma de ciento dieciocho millones cincuenta y nueve mil ochocientos quince pesos mcte ($118.059.815), la cual le fue consignada el día 8 de agosto de 2007, según consta en estado de pagos a terceros del banco Bancolombia, mediante consignación efectuada al señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel aportado al proceso.  Sumado a lo anterior, acertadamente expone el Consejo de Estado en la sentencia de anulación lo siguiente: “En este caso, no hay duda de la relación existente entre los hechos y el retiro mismo, lo cual se comprueba con cada una de las circunstancias arriba transcritas, que son básicamente en su orden los memorandos de búsqueda de partida presupuestal, por parte del actor, el incendio y por último el retiro. De donde se desprende entonces que efectivamente el acusado está viciado de la causal de nulidad por desviación de poder, pues la administración obró arbitrariamente en relación con el actor disfrazando su verdadera intención, de culparlo por lo sucedido con el inmueble incautado proveniente del narcotráfico, con la aparente legalidad del acto de retiro” 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T.  Así las cosas, es menester concluir que el acto administrativo que declaró insubsistente al Jefe de División de Talento Humano y Servicios Administrativos, el señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, está afectado del vicio de nulidad por desviación del poder y en virtud de ello se produjo una condena de orden patrimonial contra la Dirección Nacional de Estupefacientes. De acuerdo con la jurisprudencia anotada, para que exista responsabilidad del demandado en acción de repetición es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones.  Desde el punto de vista del dolo o culpa en que pudo haber incurrido el funcionario, teniendo en cuenta los conceptos de estas figuras de la responsabilidad: El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro (C.C. artículo 63 del Código Civil concordante con los artículos 6, 101, 102 y 103 de la Constitución Nacional), así: "La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado". Pero además la Ley 678 de 2001 en el artículo 5 prescribe que: “El agente actúa con dolo cuando quiere la realización de un hecho ajeno a la finalidad del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder”.  De lo antes expuesto, para esta Delegada es acertado inferir, que se debe declarar responsable al demandado, por considerar que su proceder está

tipificado dentro de la conducta dolosa, al quedar demostrado que se presentó una desviación de poder en la actuación adelantada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 48550 250002326000200810038 01 E.A.S.T.  Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir, que la conducta desarrollada por el señor Gabriel Merchán Benavides, fue concretamente la desviación de poder, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Carlos Hernando Castillo Sanmiguel, toda vez que lo que se buscó no fue un mejoramiento del servicio, sino por el contrario, lo que se buscaba era retirar al funcionario para culparlo por lo sucedido con un inmueble incautado proveniente del narcotráfico, disfrazando la aparente legalidad del acto de retiro. Al ser declarada la desviación de poder en la sentencia proferida por el Consejo de Estado se adecuó la conducta del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir la culpa grave, atribuible al demandado, por lo que da razón suficiente para que prosperen las pretensiones en contra del demandado.  En este orden de ideas, se reúnen los requisitos señalados por la ley para que

proceda la acción de repetición.

III. CONCLUSIÓN Efectuado el análisis que antecede, esta Delegada del Ministerio Público solicita a ese alto Tribunal, REVOCAR la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMARCA, objeto del presente recurso de apelación, consecuentemente accediendo a las pretensiones del actor, como resultado del fallo del CONSEJO DE ESTADO de fecha 19 de octubre de 2006.

Del los Honorables Magistrados,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co