PGN - ACTOS ADMINISTRATIVOS - Responsabilidad por su nulidad según sentencias del consejo de estado

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Condena por suma que debió pagar entidad por reintegro y pago de salarios y prestaciones dejadas de recibir ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de viabilidad según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Deber de aportar prueba de la condena impuesta Obra dentro del plenario copia de la Sentencia del 17 de Junio de 2010 proferida por el Consejo de Estado mediante la cual se revocó la sentencia del 26 de junio de 2008 por la cual el Tribunal administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección A, declaró probada la excepción de inepta demanda y en consecuencia se inhibió de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada por… contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores. Declaró la nulidad del oficio 23 de enero de 2004 proferido por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ordenó su reintegro y condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor los sueldos y prestaciones dejados de percibir desde cuando fue retirado del servicio y hasta cuando se produzca su reintegro efectivo, así como al pago de los aportes pensionales con destino a la Caja de Previsión o entidad que haga sus veces seleccionada por el actor durante el mismo periodo. ACCIÓN DE REPETICIÓN-La prueba del pago de la condena es requisito esencial para su prosperidad/ACCION DE REPETICIÓN-Se demostró el pago de la condena impuesta En el presente caso para acreditar el pago, se allegó paz y salvo del 1 de diciembre de

2010 suscrito por el señor…manifestando que recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores en cheque No. 51097191 y 51097192 del Banco Popular por concepto de pago de la sentencia conforme a la resolución 5209 del 26 de noviembre de 2010. Obra dentro del plenario copia de la Resolución Número 5209 del 26 de noviembre de 2010 suscrita por la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual se da cumplimiento a una sentencia, en la que se dispuso cancelar a favor del señor…. las siguientes sumas de dinero:…..Lo que significa que el pago de la condena se realizó por la suma de $ 115.206.739. No obstante dentro del pago de dicha condena se encuentran las sumas de $ 6.847.934,00 + 750.898,00 por concepto de intereses de mora para un total de $ 7.598.832. Significa ello que el valor de $ 7.698.832 (excedente de la condena inicial $ 107.507.907) no es imputable a quien hoy tiene la calidad de demandado. En concepto del Ministerio Público se encuentra acreditado el pago de la sentencia, que corresponde al daño patrimonial causado a la entidad cuyo reembolso se pretende. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Caducidad según Jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Constitucional Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01)

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejercitó de manera oportuna/CADUCIDAD DE LA ACCION-El término empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el pago de la condena impuesta por El Consejo de Estado en sentencia fechada el 17 de Junio de 2010, ejecutoriada el 6 de agosto de 2010, el día 1 de diciembre de 2010, según Paz y Salvo suscrito por el señor… O sea que el pago se hizo dentro del término de 18 meses que tenía para ello. El término de caducidad de la acción de repetición debe comenzar a contarse a partir del 2 de diciembre de 2010, Como la demanda fue presentada el 4 de octubre de 2011, es evidente que se demandó oportunamente antes de que caducara la acción. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Está acreditada la calidad de servidor público del demandado Se encuentra probado que el señor…era el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fecha en que ocurrieron los hechos generadores del daño cuya reparación se pretende, es decir para el día 23 de enero de 2004. ACTOS ADMINISTRATIVOS-Responsabilidad por su nulidad según sentencias del Consejo de Estado y Corte Constitucional ACCIÓN DE REPETICIÓN-No está demostrada la existencia de culpa grave o dolo del funcionario en conducta causante de condena al Estado En el caso bajo estudio, el Gobierno Nacional mediante decreto 111 de 2004 modificó la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el director de talento humano de la entidad procedió a comunicar a…. que su cargo fue suprimido por dicho decreto. El

Oficio del 23 de enero 2004, mediante el cual se comunicaba al señor…la supresión de su cargo fue declarado nulo por el Consejo de Estado al considerar que el oficio era el que había suprimido el cargo y había sido expedido por autoridad incompetente. Según los testimonios rendidos por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, es claro que el señor… simplemente procedió a comunicar la decisión tomada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 111 de 2004, y para realizar tal comunicación se reunió previamente con la Secretaria General y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quienes consultaron al dr…., asesor del Programa de Renovación de la Administración Pública, quien recomendó realizar la comunicación de manera previa a la incorporación de la planta de personal, tal y como lo expuso en el concepto referido en líneas anteriores. Es evidente que sobre la forma de proceder existía incertidumbre jurídica y que consultados expertos recomendaron comunicar como lo hizo al demandado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de inepta demanda por cuanto el acto demandado se limitó a comunicar una decisión administrativa, pues el oficio de fecha 23 de enero de 2004 no contenía una decisión administrativa y por lo tanto no resultaba controlable por la administración. Es evidente entonces que respecto del acto que ocasiona el daño existía un problema de interpretación legal que impide imputar que se obró con culpa grave pues, está demostrado que se obró de manera prudente y diligente en razón a que previo a la comunicación se estudió el tema tanto con la Secretaría

General, como con el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y conforme a la asesoría brindada por un asesor del Programa de Renovación de la Administración Pública se decidió que se hiciera la comunicación que luego fue anulada. De conformidad con la argumentación expuesta, el Ministerio Público solicita confirmar la providencia apelada, que niega las pretensiones de la demanda. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 138 / 2015

Bogotá, D.C., 21 de Julio de 2015 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejera Ponente doctora: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso (53857) 250002326000201101055 01

Acción: Acción de Repetición

Actor: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

Demandado: Rodrigo Suarez Giraldo.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA: El 4 de octubre de 2011 (fls. 11 al 20 c. ppal) el Ministerio de Relaciones Exteriores demandó al señor RODRIGO SUAREZ GIRALDO, para que se le declare responsable de los hechos que dieron lugar al fallo proferido por el

Consejo de Estado el 17 de junio de 2010, que revocó la sentencia del 26 de junio de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual condenó a la entidad a reintegrar al señor LUIS NICOLAS CORONADO SANDOVAL y al pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro efectivo. 1.2 Contestación de la demanda. (fls. 46 al 52 del c. ppal). Se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no existe prueba de que el señor Rodrigo Suarez Giraldo, en calidad de Director de Talento Humano, haya obrado con dolo o culpa grave, puesto que solo se limitó a comunicar a los afectados la supresión del cargo ordenada por el decreto 111 de 2004, actuando en cumplimiento de sus funciones y bajo la dirección de su superior inmediato Propuso las excepciones de falta de integración del contradictorio, inexistencia de dolo o culpa grave en el actuar del servidor público, estricto cumplimiento de un deber legal y deficiente defensa del Ministerio no imputable al demandado. 1.3 Sentencia en Primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 (fls. 194 al 202 del c. del C.E) negó las pretensiones de la demanda. 1.4. La Apelación: (fls. 204 al 210 del C.E) la demandante solicita que se revoque la sentencia apelada en razón a que el señor SUAREZ GIRALDO fungía como 1 Sentencia del 9 de octubre de 2014. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co

4 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) Director de Talento Humano y por ende se presume que debía conocer cuál era el límite de las competencias a su cargo, que al suscribir el acto administrativo del 23 de enero de 2004 omitió formas sustanciales y requisitos para su validez. Que la expedición del acto administrativo por parte del señor Suarez Giraldo generó un daño antijurídico al arrogarse una facultad que únicamente le correspondía al Ministro de Relaciones Exteriores.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y

relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados. (Resalto y subrayo) Conforme al precedente, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario público por la citada condena. 2.1. Problema Jurídico: Según lo alegado por el apelante se debe determinar si el señor RODRIGO SUAREZ GIRALDO es responsable patrimonialmente por incurrir en conducta dolosa o gravemente culposa que dio lugar a la condena en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2.2. DEL CASO EN CONCRETO 2.2.1. DE LA EXISTENCIA DE UNA CONDENA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Obra dentro del plenario copia de la Sentencia del 17 de Junio de 2010 proferida por el Consejo de Estado mediante la cual se revocó la sentencia del 26 de junio de 2008 por la cual el Tribunal administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección A, declaró probada la excepción de inepta demanda y en consecuencia se inhibió de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada por LUIS NICOLAS CORONADO SANDOVAL contra la

Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores. Declaró la nulidad del oficio 23 de enero de 2004 proferido por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ordenó su reintegro y condenó a la entidad demandada a Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) reconocer y pagar al actor los sueldos y prestaciones dejados de percibir desde cuando fue retirado del servicio y hasta cuando se produzca su reintegro efectivo, así como al pago de los aportes pensionales con destino a la Caja de Previsión o entidad que haga sus veces seleccionada por el actor durante el mismo periodo. (fls. 45 al 76 del c.2). 2.2.2. PRUEBA DEL PAGO “Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda2. (Resalto y subrayo). En el presente caso para acreditar el pago, se allegó paz y salvo del 1 de diciembre de 2010 suscrito por el señor NICOLAS CORONADO manifestando que

recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores en cheque No. 51097191 y 51097192 del Banco Popular por concepto de pago de la sentencia conforme a la resolución 5209 del 26 de noviembre de 2010. (fl. 3 del c.2). Obra dentro del plenario copia de la Resolución Número 5209 del 26 de noviembre de 2010 suscrita por la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual se da cumplimiento a una sentencia, en la que se dispuso cancelar a favor del señor LUIS NICOLAS CORONADO SANDOVAL las siguientes sumas de dinero: Dinero Concepto $ 97.293.658,00 Salarios, prestaciones sociales y bonificación especial del 26 de enero de 2004 hasta el 6 de agosto de 2010. $ 6.847.934.00 Meses de mora desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010. $ 3.105.341,00 Asignación básica desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010 $ 156.640,00 Subsidio de alimentación del 7 de agosto de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010. $ 233.700,00 Auxilia de transporte desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010 $ 408.598,00 Bonificación por servicios desde el 7 de octubre de 2009 hasta el 30 de octubre de 2010. $ 11.065.462,00 Aporte para el sistema general de pensiones desde el 26 de enero de 2004 hasta el 30 de octubre de 2010.

$ 750.898,00 Intereses de mora sobre aportes para pensión desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010. $ 4.655.492,00 Indemnización cancelada mediante resoluciones 3090 del 27 de febrero de 2004 y 5082 del 28 de diciembre de 2004 por supresión del cargo. 2 Sea lo primero indicar que en la sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) Lo que significa que el pago de la condena se realizó por la suma de $ 115.206.739. No obstante dentro del pago de dicha condena se encuentran las sumas de $ 6.847.934,00 + 750.898,00 por concepto de intereses de mora para un total de $ 7.598.832. Significa ello que el valor de $ 7.698.832 (excedente de la condena inicial $ 107.507.907) no es imputable a quien hoy tiene la calidad de demandado En concepto del Ministerio Público se encuentra acreditado el pago de la sentencia, que corresponde al daño patrimonial causado a la entidad cuyo reembolso se pretende. 2.2.3 DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Sobre la caducidad de la acción de repetición el Consejo de Estado ha dicho lo

siguiente3: “2.2. En materia de caducidad resulta aplicable el numeral 9 del artículo 136 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998, según el cual el término para presentar la demanda en acción de repetición es de dos años, cuyo cómputo inicia a partir del día siguiente al de la fecha del pago total. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la anterior disposición, en el entendido de que en el evento en el cual no se hubiere pagado la condena respectiva, el término se debe contar a partir del vencimiento de los 18 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la condena4. Cabe precisar además que en los casos en los cuales el pago se realice por cuotas o se reeliquiden los intereses del pago, no se puede tener como fecha de pago la última en la cual se efectuó o aquella en la cual se cancelaron los intereses, pues el término legal de caducidad es uno sólo y no puede quedar a discreción de la entidad pública demandante y menos aún cuando se trata de la reliquidación de intereses, toda vez que la mora de la entidad no puede ser imputable al demandado. Al respecto, en el análisis de constitucionalidad de la norma mencionada, la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos: “En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho

repetir cuando no se ha pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales. (…) 3 Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de mayo de 2010 Radicación Número 25000-23-26-000-200600211-01(37418). 4 (pie de pagina de la cita) En la Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001 (Exp: D-3388. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta norma, resolvió: “Declarar EXEQUIBLE la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.” Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co

7 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) (…). En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa. Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen. (…) De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo” 5. (Resaltado por fuera del texto original). El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el pago de la condena impuesta por El Consejo de Estado en sentencia fechada el 17 de Junio de 2010, ejecutoriada el 6 de agosto de 2010 (fl. 77 del c. 2), el día 1 de diciembre de 2010, según Paz

y Salvo suscrito por el señor Nicolás Coronado (fl.3 del c.2). O sea que el pago se hizo dentro del término de 18 meses que tenía para ello. El término de caducidad de la acción de repetición debe comenzar a contarse a partir del 2 de diciembre de 2010, Como la demanda fue presentada el 4 de octubre de 2011, es evidente que se demandó oportunamente antes de que caducara la acción. 2.2.4. CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEL DEMANDADO Obra dentro del plenario a folio 5 del c. 2 el oficio No. 0183 suscrito por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores del 13 de junio de 2011 que indica: “Que revisada la historia laboral del doctor RODRIGO SUAREZ GIRALDO, (…), se pudo constatar que estuvo vinculado al servicio de este Ministerio, desde el 16 de septiembre de 2002 hasta el 31 de mayo de 2006 siendo último cargo el de Asesor, Código 1020, grado 14. Que el doctor Suarez Giraldo, desempeñó el cargo de Director Técnico, Código 0100. Grado 18 de la Dirección de Talento Humano desde el 16 de septiembre de 2002 hasta el 8 de noviembre de 2004. (Resalto y subrayo). Se encuentra probado que el señor RODRIGO SUAREZ GIRALDO era el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fecha en que ocurrieron los hechos generadores del daño cuya reparación se pretende, es decir para el día 23 de enero de 2004.

2.2.5. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA COMO COMETIDA CON DOLO O

CULPA GRAVE Obran dentro del proceso las siguientes pruebas: - Testimonios de los señores Marcos Javier Cortés Riveros (fls. 147 al 150 c.ppal), Janneth Mabel Lozano Olave (fls. 155 y 156 del c.ppal), William José Alberto Cruz Suarez (fls. 159 y 161 del c. ppal), y Héctor Adolfo Sintura Varela (fls. 30 al 33 del c. Comisión) quienes indicaron: 5 (pie de pagina de la cita) Ibidem. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) Marco Javier Cortes Riveros: “(…) En relación con este asunto me permito manifestar que personalmente participe en el proceso de reestructuración que dio lugar a la supresión del cargo de entre otros, la trabajadora que fue reintegrada, proceso que se adelantó luego de la realización de un estudio técnico adelantado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del programa de renovación de la administración pública que para la época de los hechos adelantaba al Gobierno Nacional, (…) es importante señalar que quien lo coordinaba o dirigía era la Secretaria General en cabeza de la Dra. María Margarita Salas en conjunto con otros directivos del Ministerio. Conviene precisar que adelantado el estudio técnico, establecidos los cargos que se suprimirían de la planta de personal interna de la entidad se realizó una

reunión en la que participamos la secretaría general, el jefe de la oficina jurídica, el director de talento humano y yo que me desempeñaba en ese momento como coordinador de administración de personal. La anterior reunión tenía como motivo definir el procedimiento que se adaptaría para comunicar a los funcionarios de la entidad que resultaban afectados con la supresión del empleo la determinación correspondiente, siendo pertinente señalar que para esa data la ley 909 de carrera administrativa no se había excedido (sic) y la normatividad aplicable no establecía específicamente en que momento debía surtirse las comunicaciones de supresión de empleos. Ante esta situación la secretaría general se comunicó con el Dr. William Cruz quien era asesor del programa de renovación de la administración pública para hacer la consulta correspondiente y él expresó que resultaba legalmente procedente comunicar la supresión de los empleos sin necesidad de que previamente expidiera una resolución de incorporación, pues se entendía que legalmente la resolución de incorporación solo podía incluir al personal al que no se le había suprimido el empleo, amen que a quienes le suprimieron el empleo debía garantizárseles el ejercicio de optar por el reconocimiento de una indemnización o por la reincorporación en un periodo posterior, recibida la anterior asesoría la secretaría general impartió la instrucción al director de Talento Humano para que se elaboraran las supresiones de los empleos, comunicaciones que yo proyecté y las cuales una vez elaboradas se dispuso la entrega a cada uno de los empleados del Ministerio a quienes se les suprimía el empleo. (…) siendo pertinente señalar que en otros procesos que se adelantaron con el

Ministerio de Relaciones Exteriores tengo entendido que se resolvieron favorablemente a la entidad aun cuando alguno de ellos fueron revocados en segunda instancia. Cabe anotar que el debate judicial sobre el momento que se debía comunicar la supresión de los empleos implicaba la aplicación de criterios de interpretación que en todo caso fueron admisibles siendo pertinente precisar que en manera alguna el director de talento humano o yo en mi condición de coordinador de administración de personal, obramos bajo conductas susceptibles de ser calificadas dentro del dolo o de la culpa grave , pues insisto el procedimiento adoptado para comunicar las supresiones de los empleos se ajustaba a la competencia y a los criterios de interpretación legal con que contaba la entidad en su momento y si en segunda instancia se actuó por la demandante una sentencia favorable de reintegro, ello per se no configura la viabilidad de una acción de repetición cuando estamos en presencia de la aplicación de criterios admisibles de interpretación de disposiciones legales, (…) PREGUNTADO: Infórmele al despacho quien firmó la comunicación por usted proyectada y relacionada anteriormente. CONTESTADO: Las comunicaciones de supresión de los empleos que yo proyecté fueron firmadas por el director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores el Dr. Rodrigo Suarez Giraldo, en atención a la instrucción recibida por parte de secretaría general al respecto y luego de haber recibido la asesoría por parte asesor del programa de renovación de la administración pública PRAP. (…) PREGUNTADO: Sírvase informar a este despacho si es acto administrativo del 23 de enero de 2004, donde se le informa al señor Luis Nicolás Coronado Sandoval y expedido por el entonces director de Talento Humano tenía funciones

normativas o supresoras de los cargos. CONTESTADO: La comunicación de supresión de los empleos era un simple acto de comunicación, y no tenía la virtualidad de desvincular al trabajador respectivo, pues la decisión de supresión de empleo fue adoptada en el decreto que dispuso la eliminación de los cargos correspondientes, correspondiendo la comunicación de supresión a un simple acto de ejecución , pues insisto la determinación de supresión de los empleos fue adoptada en el decreto que así lo dispuso, luego de la realización de un estudio técnico y luego de la definición por parte de la alta dirección de los trabajadores que serán objeto de la medida”.

Janneth Mabel Lozano Olave: (…) PREGUNTADO: Sírvase informarle al despacho si el aquí demandado tuvo una injerencia en el proceso de notificación. CONTESTADO: Pues a mí la instrucción de notificación me la impartió la secretaría general el señor Rodrigo

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 Ext. 12056 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente No. 53.857 (250002326000201101055 01) Suarez a mí no me dijo nada. PREGUNTADO: Sírvase informar al despacho por el conocimiento que tuvo como funcionario del Ministerio en cabeza de quien se encontraba el proceso de reestructuración del Ministerio para el año 2004. CONTESTADO: La secretaría general del Ministerio.

William José Cruz Suarez: (…) PREGUNTADO: Que tiene que informar al respecto, en cuento a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que hayan ocurrido los hechos y de la forma como llegaron a su conocimiento. CONTESTADO: Durante los años 2004 a 2007 no

tengo claro fui asesor del programa de renovación de la administración pública PRAP. (…) en el año 2011 el Dr. Rodrigo Suarez Giraldo quien era o fue funcionario de la cancillería solicitó que le diera un concepto sobre las notificaciones en los procesos de restructuración, igualmente si recordaba sobre una consulta telefónica sobre el tema, yo le respondía por escrito, hago referencia al escrito que obra en el cuaderno 3 de pruebas folios 1 a 4 y que resume de la siguiente manera. La ley 443 de 1998 definió cuales eran los derechos de los empleados de carrera en el caso de supresión del cargo sin indicar el procedimiento sobre el tema, posteriormente un decreto, el decreto 1568 del mismo año, dispuso que se debía comunicar las circunstancias de la supresión del cargo al trabajador con derecho de carrera. Pero ninguna de estas normas indicó el momento en el que debía hacerse en su momento se me consultó y yo fui la opinión que se notificara la supresión del cargo a los trabajadores antes de que se surtiera el segundo paso que era la incorporación del personal