PGN - ARCHIVO DEFINITIVO - Acto legislativo

ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA-Contra concejal por presunto conflicto de intereses ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA-Causal conflicto de intereses supuestos para su configuración según la jurisprudencia del Consejo de Estado De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones vertidas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que el señor Luis Olegario Prieto Prieto se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior teniendo en cuenta que no se probaron los supuestos fácticos de los cuales depende la prosperidad de la acción a partir de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses invocada en el presente caso. 1

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2020 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 20-038

Medio de Control: Pérdida de investidura Radicación: 25000231500020190021501

Actor: Hernando González

Demandados: Luis Olegario Prieto Prieto Honorable señora Consejera: Procede esta agencia del Ministerio Público a realizar su intervención ante la Sección Primera del Consejo de Estado frente a la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Hernando González

contra el concejal del municipio de El Colegio (Cundinamarca), Luis Olegario Prieto Prieto. 2

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 25000231500020190021501

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ANTECEDENTES.

La Demanda El ciudadano Hernando González, actuando en nombre propio, y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó solicitud de perdida de investidura contra el señor Luis Olegario Prieto Prieto, quien fue elegido y se desempeñó como integrante del Concejo Municipal de El Colegio (Cundinamarca) durante el período 2016-2019.

Causales invocadas: el demandante se apoyó en las causales establecidas en los numerales 4º y 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que textualmente señalan (ver textos subrayados):

“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,

CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de

considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. (…)

5. Por indebida destinación de dineros públicos”.

Según informó el actor, los hechos que configurarían las causales de pérdida de investidura aducidas guardan relación con la elección del Personero Municipal del municipio de El Colegio para el período 2016 a 2019, a partir de la forma en que el concejal accionado, junto con los demás miembros de esa corporación, condujeron el concurso de méritos realizado para el efecto, por cuanto habrían propiciado el fracaso de un primer proceso de selección, de tal modo que fue necesaria su repetición, 3

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relativo a la causal relacionada con un posible conflicto de intereses, y rechazada en lo atinente a la supuesta indebida destinación de dineros públicos, al considerar que el actor no cumplió siquiera los requisitos de admisión en relación con este cargo de la demanda. Contestación del concejal Luis Olegario Prieto Prieto Se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no existe prueba de la configuración de las causales aducidas. Formuló como excepciones de fondo: i) cosa juzgada y prohibición del non bis in ídem, a propósito de la previa existencia de otro proceso de pérdida de investidura generado por los mismos hechos, en el que el accionado fue absuelto; ii) imposibilidad de haber incurrido en indebida destinación de dineros públicos, en cuanto el concejal accionado no tiene funciones de ordenador del gasto; iii) ausencia de conflicto de interés; iv) ausencia de prueba frente a los hechos constitutivos de las causales aducidas; v) ineptitud sustantiva de la demanda, por la falta de sustentación de las causales invocadas, temeridad y mala fe de parte del actor, y vi) la excepción genérica. Sentencia de primera instancia 4

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Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió negar las pretensiones de la demanda.

Como ya se indicó, desde la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca restringió el alcance de la controversia a la posible configuración de la causal sobre existencia de un conflicto de interés. Más adelante, y después de hacer un estudio detallado sobre la pérdida de investidura en la jurisprudencia constitucional y administrativa, y en particular sobre la causal aducida en este caso, analizó el desarrollo del concurso de méritos realizado en el municipio de El Colegio para la designación del personero municipal para el período 2016-2019, así como la participación que en él tuvo el concejal acusado, a la luz de las pruebas disponibles en el expediente. Como resultado de este análisis, concluyó el a quo que no se acreditaron los hechos de los cuales depende la configuración de la causal invocada, pues en tratándose del conflicto de interés, y conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, debe comprobarse la existencia de un interés directo, particular y actual del acusado en la decisión de que se trata, lo que no se observó en el presente caso. Recordó que en el concurso de méritos inicialmente realizado quien se clasificó en primer lugar decidió declinar su designación, el segundo no se posesionó debido a irregularidades en la notificación de su nombramiento, y el tercero decidió también no aceptar el cargo para el cual fue llamado, lo que permite concluir que estas fueron las razones que condujeron al fracaso del primer proceso de selección y a la realización del segundo, sin que se observe en estos hechos una

deliberada intervención ni un interés directo de parte del concejal accionado que comprometa su participación. Finalmente, señaló que el 5

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precisiones jurisprudenciales en relación con la causal de conflictos de interés, para luego definir su aplicación al caso concreto. 6

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El precedente del Consejo de Estado1 ha sido reiterado y uniforme en señalar que en relación con la causal de conflicto de intereses, deben concurrir, en forma acumulativa, los siguientes supuestos, los cuales han de aparecer demostrados en forma suficiente y concurrente en el proceso, así: “[…] (i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quórum o participado el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República […]» CASO CONCRETO Partiendo de que se encuentra probada la calidad de concejal del municipio de El Colegio del señor Luis Olegario Prieto2 y, siguiendo los lineamientos señalados por la jurisprudencia, se procede a estudiar si se

encuentran probados los demás supuestos necesarios para que se configure la causal alegada. Iniciamos entonces con el análisis que impone el precedente, así: 1 Precedente así mismo aplicable a los diputados y concejales, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018, precedente ratificado durante los años recientes por, entre otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-2016-0227900 (C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), junio 6 de 2017, rad 11001-03-15-000-2019-02135-00 (C. P. Gabriel Valbuena Hernández), septiembre 25 de 2019; Sección Primera, rad. 66001-23-33-000-2017-0008901 (C. P. Oswaldo Giraldo López), febrero 1° de 2018, rad. 05001-23-33-000-2017-02393-01 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), octubre 3 de 2019, rad. 05001-23-33-000-2017-02599-01 (C. P. Hernando Sánchez Sánchez), octubre 11 de 2019. 2 Primero de los requisitos contemplados en el precedente de la jurisdicción contencioso administrativa. 7

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La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista (concejal) o de su círculo cercano: En este caso, y según la explicación planteada por el actor, la existencia de un interés con estas características en cabeza del concejal accionado se deduciría especialmente del hecho de que la persona finalmente electa como concejal del municipio de El Colegio para el período 2016-2019, esto es, el señor Heber Danilo Medina Gómez, tendría afinidad política con quien se desempeñaba como alcalde durante el mismo período, así como con quienes conformaban el Concejo Municipal que adelantó el proceso de concurso de méritos, y como resultado del mismo oficializó su elección. Antes de proseguir, sea del caso mencionar que solo en caso de demostrarse este elemento, tendría sentido analizar los restantes criterios necesarios para la demostración de esta causal, especialmente el relacionado con el haberse abstenido de informar sobre la existencia de ese conflicto de interés, y la activa participación de la persona en quien concurre este conflicto en una específica decisión de carácter oficial, participación que en vista de la existencia del conflicto no declarado, permitiría tener por demostrada la ocurrencia de esta causal de pérdida de investidura. Ahora bien, en recta aplicación de estos criterios jurisprudenciales, es claro que en el presente caso no concurre prueba sobre la existencia del indicado conflicto, por lo que la demostrada participación del concejal Prieto Prieto en el proceso de elección del Personero Municipal de El Colegio, así como su silencio ante el Concejo local en cuanto a la posible

configuración de un conflicto de interés en relación con tal proceso resultan intrascendentes para efectos de configurar la causal de pérdida de investidura aducida. En efecto, tal como lo reconoció el tribunal a quo, más allá de la 8

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de una decisión como la de pérdida de investidura, que de manera tan sensible afecta los derechos políticos del ciudadano accionado, se requiere demostrada certeza sobre la ocurrencia de los hechos que darían lugar a ella, además de la clara concurrencia del elemento subjetivo, dolo o culpa grave, según lo reconociera en su momento la Corte Constitucional3, y poco después el legislador, con ocasión de la aprobación de la Ley 1881 de 2018, cuyos mandatos resultan claramente aplicables en el caso de autos. Por ello, en vista de la notoria ausencia de elementos demostrativos sobre la ocurrencia de la causal alegada, en opinión de esta Delegada, la acción de pérdida de investidura de la referencia, no está llamada a prosperar. CONCLUSIÓN 3 Cfr. sentencia SU-424 de 2016 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 9

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De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones vertidas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que el señor Luis Olegario Prieto Prieto se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior teniendo en cuenta que

no se probaron los supuestos fácticos de los cuales depende la prosperidad de la acción a partir de la causal de violación al régimen de conflicto de intereses invocada en el presente caso. Por todo lo anterior, esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, solicita se CONFIRME la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA que denegó la pretensión de pérdida de investidura presentada por el señor Hernando González contra el concejal del municipio de El Colegio (Cundinamarca), señor Luis Olegario Prieto Prieto. De la señora Consejera, atentamente,

ANDRES MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 10

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