PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Al ocasionarse lesiones con mina antipersonal

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios por graves heridas sufridas por explosión de mina antipersona REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOAplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por falla del servicio según sentencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por omisión del deber de protección según jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO ANTIJURÍDICO-Al ocasionarse lesiones con mina antipersonal Así las cosas, con el material probatorio allegado al expediente se demostró el daño alegado por la parte actora consistente en las lesiones sufridas por el señor demandante…. persona ajena al conflicto armado y víctima de la explosión de una mina antipersonal en el Municipio de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar el 16 de octubre de 2003, en momentos en que se encontraba realizando una actividad laboral para la Empresa Ingeolineas, Empresa contratista de ISA S. A. HECHO DE UN TERCERO-No prosperó como causal de exoneración de responsabilidad En el caso, la falla en el desminado de la zona o el no haber advertido sobre el material explosivo en el lugar cercano a la Torre derivada, constituyó a juicio de esta Delegada la causa última y determinante del daño padecido por el hoy demandante, el Ministerio de la Defensa, a través de la Armada Nacional, por lo menos debió advertir a los trabajadores encargados de la reparación de la Torre, sobre la confiabilidad de sus detecciones de minas antipersona, debió por lo menos advertir

sobre su falibilidad de su gestión en el desminado, pero no lo hizo, razón por la que su actuación conforme al principio de confianza legítima se acrecentó más en favor de los trabajadores que realizaban las reparaciones. A juicio de esta Delegada la causal de exoneración de responsabilidad patrimonial del Estado, como fue la de que el hecho fue cometido por un tercero, si bien es cierta, en el caso no exonera de responsabilidad patrimonial al Estado, por cuanto bien pudo ocurrir que la mina haya sido sembrada por terceros, empero el Estado a través de la Armada, con la solicitud de la Empresa Contratista debió, en cumplimiento de sus funciones, desactivar cualquier artefacto o explosivo, con lo que se habría evitado el daño causado al demandante; pero no sucedió así, por lo que se debe concluir que no fue el hecho del tercero la causa eficiente y final del daño sino la omisión en la detección por parte de los encargados del desminado, máxime cuando eran conocedores de la probabilidad Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 de dichos hallazgos en desarrollo del conflicto irregular armado vivido por el País en la época de los hechos. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Indemnización de Perjuicios/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Imputable al Ministerio de Defensa y Armada Nacional/RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla del servicio En ese orden de ideas, es evidente que la entidad demandada incurrió en falla del servicio, y en consecuencia le es atribuible la responsabilidad por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por el señor… y por tanto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar merece ser confirmada. Corolario de lo expuesto, los perjuicios generados como consecuencia de las lesiones sufridas por el señor… le son imputables a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL, por encontrar demostrados los elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado. En los anteriores términos, esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión el presente concepto, mediante el cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019)

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IUS-2014-245001

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

Bogotá D.C., 22 de Julio de 2014 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 14-143

Acción de Reparación Directa Radicado: 130012331000200502046 01 (51019)

Actor: Luis Alfonso García y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Armada

Nacional Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán. ANTECEDENTES 1-. Demanda Los señores Luis Alfonso García Díaz, Luz Marina Quinchia Angulo, Diana Marcela García Quinchia, Andrés Camilo García Quinchia y Darwin Alexis Garcia Quinchia, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron al Tribunal Administrativo de Bolívar declarar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL administrativamente responsable por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las graves heridas sufridas por el señor Luis Alfonso García Díaz con la explosión de una mina antipersona, en hechos sucedidos el 16 de Octubre de 2003, en la población de El Carmen de Bolívar, cuando como trabador se disponía a desmontar la torre No 274 de conducción de energía que había sido volada, para poder montar la nueva. Al librar la línea de la torre, armando el aparejo y cuando descargó el cinturón, hizo explosión una Mina antipersona que le provocó la pérdida de la visión, y una merma de la capacidad laboral de un 68.75%

En criterio del demandante el accidente se produjo por una falla en el servicio de la ARMADA NACIONAL, al haber autorizado el ingreso del personal de cuadrilla encargado de la reparación de la Torre energía, sin previamente Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 haber realizado una revisión del lugar con miras a localizar y desactivar campos minados. En consecuencia de tal declaración, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar a los actores los perjuicios morales, materiales y el daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia. 2-. Contestación de la demanda LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma y proponiendo como excepciones el hecho de un tercero, la diligencia y cuidado por parte de las fuerzas militares y la inexistencia de la obligación. En el caso en estudio no se evidencia el anormal funcionamiento del servicio. No hay nexo de causalidad entre este y el daño, fueron terceros completamente ajenos a la administración los que ocasionaron las lesiones del señor García Díaz, al explotar la mina antipersonal de manera indiscriminada, la cual tuvo la desgracia de pisar, por lo cual, no medio falta del servicio alguna en las lesiones y secuelas del actor, porque la causante del daño fue la

Guerrilla, no se obligó al actor a cruzar el campo minado. Tampoco hubo daño especial, porque potencialmente, cualquier persona puede sufrir la desgracia de pisar una mina antipersonal, sea civil o militar, pues el artefacto explosivo está diseñado para causar daño a cualquier ser viviente, y todas las personas que transitan por los caminos y veredas donde la insurgencia tiene las siembra. 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – Infantería de Marina responsable por los perjuicios ocasionados a los actores como consecuencia de la lesión sufrida por el señor LUIS ALFONSO GARCIA DIAZ a raíz del accidente del que fue víctima al activar una mina antipersonal; y la condenó a pagar a los demandantes los perjuicios morales y el daño a la salud: En sustento de las anteriores decisiones, el Tribunal expuso las consideraciones que se citan enseguida: “Elementos de la responsabilidad: El Hecho: en el presente asunto el hecho que ocasiona la posible responsabilidad del Estado, se genera en el momento en el que el señor Luis Alfonso García Díaz, se encontraba desarrollando su actividad laboral en la reparación de una torre de energía destruida por grupos al margen de la ley, y pisa una mina antipersonal a pesar de que supuestamente la infantería de marina había dado la autorización para entrar a la zona, en razón a que el terreno ya había sido debidamente inspeccionado y desminado.

El Daño: Lo constituye las lesiones sufridas por el demandante,

las pruebas aportadas al proceso dan fe que efectivamente el actor si las padeció, ello se puede evidenciar con el análisis de las Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 historias clínicas aportadas al proceso, así como el testimonio recibido por el señor Jorge Ubaldo Osorio Alzate, quien se encontraba en el lugar de los hechos al momento de su ocurrencia. Ahora bien, de acuerdo a las historias clínicas aportadas al proceso, una vez ocurrido el accidente, el actor fue trasladado del municipio del Carmen de Bolívar, al Hospital de Bocagrande en la ciudad de Cartagena, en donde se recibió al paciente con múltiples heridas en cara y cuerpo causado por esquilas de metralla por explosión de una mina, posteriormente el paciente fue remitido al Hospital pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, para continuar con su recuperación a causa del accidente . Según el dictamen médico expedido por Medicina Legal al demandante le quedan como secuelas de carácter permanente; deformidad física que afecta el rostro, pérdida del órgano de la visión, deformidad física que afecta el cuerpo por la necesidad de utilizar bastón para caminar. La merma en la capacidad laboral es del 68, 75%, todo con ocasión del accidente.

La falla del Servicio: Afirma el demandante que la falla en el servicio se presentó debido a que la Entidad demandada tenía conocimiento que los terrenos en donde ocurrió el accidente estaban minados, y que no obstante a ello, los descuidó y aún más, le dio autorización al demandante para que ingresara en ellos a trabajar expresándole que estaban limpios de minas.

La infantería de Marina luego de tener conocimiento del derribamiento de la torre de energía No 774, y tener conocimiento de la solicitud de protección presentada por la Empresa I.S.A.S.A., para la protección de los empleados que iban a proceder al arreglo de la torre, procedieron a la verificación del área, para así proceder al desminado respectivo, actividad que fue realizada por la Infantería de Marina según consta en el oficio enviado por esa misma entidad. Así las cosas se tiene que efectivamente la Infantería de Marina, siguiendo los protocolos del caso, procedió a la revisión del terreno en donde se encontraba la torre destruida, la cual iba a ser objeto de reparación por parte de los empleados contratistas del ISA s.a., sin embargo uno de los empleados, el hoy demandante se vio afectado por una de las minas antipersonales que no fue desactivada por la infantería de Marina. En el caso existen pruebas suficientes en el expediente que permiten afirmar que el daño es imputable al Estado, toda vez que se encontraba probado en el plenario que el daño sufrido por el accionante se produjo debido a la falla del servicio de la Infantería de Marina, en razón a que no fue revisada en su totalidad el área objeto de desminado, lo que ocasionó que uno

de los empleados de la empresa encargada de los arreglos de la torre se viera afectado al activar una de esas minas Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 antipersonales, por lo tanto se procederá a imputar responsabilidad al Estado por los daños generados, puesto que estos ocurrieron por causa imputable a la Infantería de marina, quien debió revisar en forma efectiva el terreno objeto de atentado, y solo podía autorizar el ingreso del personal de mantenimiento y arreglo de la torre de energía, hasta tanto tuviese la plena certeza que el lugar se encontraba libre de peligros.

Del nexo de Causalidad: En el presente caso encuentra la Sala que a la entidad demanda le es atribuible el resultado perjudicial ocasionado a los demandantes por los daños causados al señor Luis Alfonso García, ello en razón a que el Estado en esa caso representado en la infantería de Marina, si bien revisó el terreno en donde se iban a desarrollar los trabajos para la reconstrucción de una torre de energía derribada por grupos insurgentes, puso en riesgo la integridad de los trabajadores al permitirles la entrada al terreno, sin haber realizado el desminado en su totalidad, situación que generó la activación de uno de estos artefactos por parte del señor García Díaz, lo que le generó un grave daño en su

integridad física” 4-. Recurso 4.1. La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL interpuso recurso de apelación, para que se revoque la sentencia de primera instancia y se exonere de responsabilidad a la demandada, con base en los fundamentos que se transcriben a continuación: “Como quiera que las lesiones padecidas por el señor Luis Alfonso García Díaz, son consecuencia de la explosión una mina antipersonal, en hechos perpetrados por miembros de grupos al margen de la ley, éstos se constituyen en actos terroristas y como tal son calificados de caso fortuito que no resultan imputables a la demandada. En el subjudice, si bien es cierto que está probado el daño y el hecho dañino, no está probado el nexo causal, toda vez que de las pruebas allegadas al proceso se evidencia que la ocurrencia de los hechos obedeció a la activación al hecho exclusivo y determinante de un tercero, en la medida en que las lesiones sufridas por el señor Luis Alfonso García Díaz, obedecieron a la activación de un artefacto explosivo instalado, no por miembros de la Fuerza Pública, sino por miembros de grupos subversivos, circunstancia que rompe el nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y el daño antijurídico. En el plenario se encuentra probado que la Infantería de Marina procedió a desminar el área según consta en el oficio enviado por la Entidad ( Fl 243 -244), al tener conocimiento del derribamiento de la torre de energía No 774 y en virtud de la solicitud de

protección presentada por la Empresa ISA. S.a, para la protección de los empleados que iban a proceder al arreglo de la torre. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019)

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IUS-2014-245001 Mi defendida cumplió con su obligación de realizar las labores de verificación y limpieza del terreno, a través de personal idóneo de antiexplosivos, encargados precisamente de desactivar los artefactos explosivos que tanto daño hace al personal militar como al civil; por consiguiente no hubo descuido, negligencia e incumplimiento de los deberes de los miembros de la fuerza pública, que produzca una falla del servicio por omisión de mi representada, la entidad demandada hizo todo lo que estuvo a su alcance, para evitar circunstancias como cuentan los hechos. En el sub examine se rompe el nexo causal entre el daño y el hecho dañino, el cual no resulta imputable a la demandada, por cuanto proviene de un tercero, por lo tanto no resulta imputable a ningún título a la Nación – Ministerio de DefensaArmada Nacional, configurándose una causal de exoneración de la responsabilidad del estado llamada hecho de un tercero. Las lesiones padecidas por el señor Luis Alfonso García Díaz, son consecuencia de la explosión de una mina antipersonal, en hechos perpetrados por miembros de grupos al margen de la ley, los

cuales se constituyen en actos terroristas. La misión de la fuerza pública es de medios y no de resultados y cuando se trata de minas antipersona no es posible garantizar un cien por ciento de seguridad, por cuanto no siempre estos artefactos son de fácil detención por los equipos de antiexplosivos dado los materiales empleados por los terroristas. En este orden de ideas, podemos señalar, que si bien los daños sufridos por los demandantes son consecuencia del conflicto armado interno, éstos no le son imputables al Estado, toda vez que este no es el resultado de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad Estatal; sin lugar a dudas el daño reclamado es el producto de una acción deliberada de terceras personas, motivo por el cual nos encontramos frente al hecho exclusivo de un tercero” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMAS JURÍDICOS  ¿Se configura en el caso concreto la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL por los perjuicios soportados por los demandantes como consecuencia de las lesiones sufridas por el señor LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ por la explosión de una mina antipersonal, con pérdida de la visión, en hechos ocurridos el 16 de octubre de 2003 en el municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Sin perder de vista el artículo 90 Constitucional, el Consejo de Estado ha desarrollado los títulos que permiten imputar la responsabilidad al Estado ante la ocurrencia de un daño antijurídico. Respecto de la falla del servicio, dicha Corporación ha señalado que es el título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado por excelencia. Así lo expresó en la sentencia proferida el 7 de abril de 20011: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la

Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.” Y en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, 1 Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-199900518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019)

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IUS-2014-245001 que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 Atendiendo a la citada jurisprudencia, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también una falla por acción o por omisión que pueda ser atribuible a la administración y, adicionalmente, que exista un nexo de causalidad entre tal acción u omisión de los agentes estatales y el daño propiamente dicho. De otro lado, al referirse al daño especial, el Consejo de Estado ha dicho que es aquel que se ocasiona en ejercicio de una actuación legítima del Estado, pero que por razones de equidad debe ser indemnizado en virtud del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. En tal sentido, en sentencia proferida el 8 de marzo de 20075, expresó: “…la jurisprudencia ha definido al daño especial , como aquel que se inflige al administrado en desarrollo de una actuación legítima

del Estado ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por razones de equidad y de justicia distributiva, en la medida en que aquel se ha beneficiado a costa de un daño anormal, desmesurado o superior a aquel que deben sufrir los administrados en razón a la naturaleza particular del poder público, el cual entraña de esta suerte un rompimiento de la igualdad ante 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30

de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO - Bogotá D.C., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - Radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG). 5 Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Radicación número: 66001-23-31000-1997-03613-01(16421). Actor: CARLOS SAMMY LOPEZ MUSTAFA.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019) 5aCdeE/IJJ/CHP IUS-2014-245001 las cargas públicas. De modo que aun la actividad estatal legítima “tanto por la existencia y extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento determinado legalmente” - esto es, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legalespuede ocasionar al administrado un daño anormal, superior al que deben sufrir otros colocados en idénticas condiciones, que por lo mismo excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe soportar, entraña el rompimiento

de la “equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado” y compromete así la responsabilidad patrimonial de la administración pública.” Y por otra parte, el Consejo de Estado ha indicado que la responsabilidad que se deriva de la realización de una actividad peligrosa es objetiva en la modalidad de riesgo excepcional, porque el sólo ejercicio de la actividad coloca a la comunidad en una situación de peligro en donde, de acuerdo a las circunstancias, puede realizarse el riesgo y tener consecuencias dañinas. Al respecto, en sentencia proferida el 13 de abril de 20116, señaló: “Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. ” Sin embargo, ha sostenido también la Sala que el Estado para exonerarse de responsabilidad deberá probar que el hecho ha tenido ocurrencia por la intervención de un elemento extraño: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima” La tesis antes expuesta se ha venido aplicando cuando quien realiza la actividad peligrosa es el ente estatal, caso en el cual le corresponde al actor probar el hecho dañino y el nexo de causalidad entre la actuación riesgosa de la administración y el resultado, por lo que el Estado, para librar su

responsabilidad, debe probar la existencia de una causal excluyente de la misma, ya sea la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero o una fuerza mayor.  Responsabilidad del Estado en el caso concreto. Los demandantes solicitaron la declaratoria de responsabilidad del Estado por los perjuicios causados con las lesiones sufridas por el señor LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ en hechos ocurridos el 16 de octubre de 2003 en el Municipio de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, en los que fue víctima de la explosión de una mina antipersonal que le ocasionó la pérdida de la visión. 6 Radicación 25000232600019950157301 (18787). Consejera Ponente: Olga Melida Valle de de la Hoz. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 130012331000200502046 01 (51019)

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IUS-2014-245001 El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL de los perjuicios reclamados por la parte actora, por considerar que los mismos fueron ocasionados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la solicitud que realizara la Empresa de Energía ISA, s.a., para desminar el área donde se encontraba la Torre de Energía No 274, localizada en el Municipio de El Carmen de Bolívar con el fin de repararla,

El apelante por su parte, considera que no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, por cuanto se configura la causal de exoneración de responsabilidad consistente en que el hecho fue cometido por un tercero (Grupo Armado al margen de la ley). Conforme los antecedentes jurisprudenciales, examinaremos si en el caso que nos ocupa se encuentran o no reunidos los elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial Estatal, con el fin de establecer si el apelante desvirtúa o no la sentencia objeto de apelación.

1. Del Daño Antijurídico Obra en las presentes diligencias que el señor LUIS ALFONSO GARCÍA DIAZ, resultó herido el día 16 de octubre de 2003 víctima de una explosión ocurrida el 23 de julio de 2008 en la zona rural del municipio de “El Carmen de Bolívar”, cuando se disponía a desmontar la torre 274 que había sido volada, en ataque terrorista, de repente hizo estallido un explosivo que se encontraba en el lugar, el que le produjo heridas en ojo con pérdida de la visión.

De lo anterior dan cuenta la copia de la historia clínica del paciente LUIS ALFONSO GARCÍA DÍAZ en el Hospital de Bocagrande S. A.- Cartagena, en la que se lee que ingresó al mismo el 16 de octubre de 2003 con una herida causada en cara y cuerpo causada por una mina que explotó y con diagnóstico de estallido ocular con trauma ocular severo (Fls. 80 a 129); - Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos fueron narradas por el señor Jorge Ubaldo Osorio Alzate, compañero de

labores del hoy demandante en los siguientes