PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Características

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION DE REPARACION DIRECTA-Por omisión en la inspección, control y vigilancia a las operaciones financieras de INTERBOLSA S.A. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Falla del servicio por omisión en funciones de inspección, vigilancia y control de las superintendencias RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos para su configuración …En este orden, el Ministerio Público procederá a analizar la responsabilidad patrimonial de la Administración, y que actualmente goza de rango constitucional, puesto que, a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto Superior, que estableció sólo dos elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, los cuales son: i ) El daño antijurídico , ii) El título de imputación a una autoridad en sentido lato o genérico, y iii) El Nexo de causalidad . RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad El artículo 90 constitucional, establece una del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad,

como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros. ACCION DE REPARACION DIRECTA-Caducidad de la acción y forma de contabilizar el término En consecuencia, el Consejo de Estado consideró que el inicio del conteo de la caducidad de la acción de reparación directa, en los eventos derivados de: i) hechos u omisiones en la toma de posesión, ii) en la liquidación obligatoria y iii) en el incumplimiento del control, vigilancia e inspección, lo cual deriva en una secuencia concatenada de actos, hechos, situaciones y omisiones que se extienden en el tiempo hasta los eventos que precipitaron la desaparición de la compañía, debe iniciarse desde la toma de posesión de esta, momento para el cual se puede hablar de un daño cierto y determinado, como quiera que el proceso de liquidación apenas inicia. CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto En otras palabras, el daño antijurídico no es más que aquel daño que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, pues no existe o no se presenta ninguna causal que justifique la producción del mismo por parte de la administración, razón por la cual

deviene en una lesión patrimonial injusta. En consecuencia, el daño antijurídico impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos. DAÑO ANTIJURIDICO-Características Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida, en conclusión se tiene que para que el daño sea indemnizable debe ser cierto, es decir que no trate de meras posibilidades, o de una simple especulación. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01

CONCEPTO No. 011 / 2018

Bogotá D. C., 01 de febrero de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente doctora: MARIA ADRIANA MARÍN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002336000201500503 01 (60153) Acción de Reparación Directa – Ley 1437 de 2011

ACTOR: Fundación de Asesorías – FUNASESORIAS EN LIQUIDACIÓN.

DEMANDADO: Nación – Superintendencia Financiera de Colombia.

Sentido del concepto: solicitud de NEGAR las pretensiones de la demanda / No se configuraron los elementos necesarios para deprecar la responsabilidad del Estado / El daño alegado no es un daño cierto / La Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit S.A. S.A.I aún se encuentra en liquidación.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 A través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, la Fundación de Asesorías – FUNASESORIAS EN LIQUIDACIÓN presentó demanda administrativa de reparación directa en contra de la Nación – Superintendencia Financiera de Colombia, por la posible responsabilidad que le asiste a la demandada,

debido al supuesto daño antijurídico causado a la actora, con ocasión de la omisión en la inspección, control y vigilancia que debió llevar a cabo en las operaciones financieras adelantadas por INTERBOLSA S.A., en calidad de administradora de la Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit. Se indicó en la demanda que, la Superintendencia Financiera, permitió que la Sociedad Administradora de Inversión – SAI INTERBOLSA S.A, realizara operaciones que implicaban directa o indirectamente la destinación de recursos para el apoyo de liquidez de la administradora o de las entidades vinculadas, lo anterior debido a que efectuó préstamos a terceros con recursos captados por la Cartera Escalonada Credit durante los años 2010 y 2011. Mencionó la demandante que en el mes de julio del año 2009, la Fundación de Asesorías, se registró como cliente de INTERBOLSA S.A. Sociedad Administradora de Inversiones – SAI, efectuando desde ese mismo momento operaciones financieras que ascendieron al valor de $2.787.201.212.13; adeudándole a la fecha de presentación de la demanda la suma de ochocientos veintidós millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos con sesenta y dos centavos ($822.297.433.62), valor que conforma las pretensiones económicas que sustentan el presente escrito petitorio. 1.2. Sentencia de Primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 mediante sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, pero con reconocimiento de agencias en derecho a favor de la demandada; decisión que fue argumentada conforme a lo siguiente: Del análisis efectuado al material probatorio, concluyó el Tribunal que:  La Sociedad Fundación de Asesorías “FUNASESORIAS” celebró contrato de Administración de portafolios de Terceros con INTERBOLSA S.A., el día 27 de mayo de 2009.  Interbolsa S.A. SAI fue objeto de imposición de medidas por parte de la Superintendencia Financiera, quien en ejercicio de sus funciones legales aplicó sanciones al Representante Legal y a la Gerente de la sociedad, inhabilitándolos para ejercer funciones de administración, dirección o control de entidades sometidas a vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Situación que igualmente se trasladó a Interbolsa, siendo la sociedad objeto de multa, en razón a que una vez adelantada la respectiva investigación, se comprobó que la sociedad cometió infracciones cuyo resultado derivo en un lucro o aprovechamiento indebido de los recursos del CC Credit en favor de terceros, lo cual generó peligro y riesgo a la estabilidad y transparencia del mercado de valores en Colombia.

 Igualmente, la Superintendencia ordenó la suspensión de las operaciones adelantadas por la sociedad Interbolsa S.A., con el fin de implementar las medidas necesarias que garantizaran la conservación del capital de los inversionistas hasta tanto no se corroborara el cumplimiento de lo ordenado por la entidad de vigilancia y control. No obstante, la sociedad no cumplió las disposiciones efectuadas por la Superintendencia y continuó realizando 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 transacciones a favor de terceros, por lo cual, el 08 de julio de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia tomó posesión inmediata para liquidar los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. S.A.I. Por lo anterior, concluyó el Tribunal de instancia que, la Superintendencia Financiera de Colombia no faltó a sus deberes de vigilancia e inspección, habida cuenta que obró de oficio y de acuerdo con los medios probatorios con que contaba, ordenando la toma de posesión inmediata de la sociedad para la liquidación forzosa de INTERBOLSA S.A.I. S.A., al no cumplir la orden impartida de capitalización. De esta manera concluyó que no se encontró demostrado en el presente caso la falla en el servicio que se pretendía imputar a la Superintendencia

Financiera de Colombia, habida cuenta que no se probó que esta haya faltado a sus deberes de inspección y vigilancia. Respecto a la imposición de condena en costas, consideró el Tribunal que, en el caso en concreto, no se observó causadas ni demostradas, las expensas por concepto de costas. Sin embargo, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso y la actuación adelantada por la entidad pública dentro del trámite procesal, procedió a fijar agencias en derecho a favor de la Nación – Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el 2% del valor de las pretensiones establecidas en la demanda, correspondiendo a la suma de dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos pesos ($16.445.900.00). I.3. Argumentos de la apelación El representante judicial de la parte actora, interpuso recurso de apelación, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de agosto de 2017, manifestando, en síntesis: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01  Lo pretendido en la demanda se resume en que la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene a su alcance la utilización oportuna y eficiente de

todos los medios a su alcance para cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y control. Pero si el daño al particular se produce por su incuria, negligencia, retardo, omisión o negligencia en el empleo de dichos medios, surgirá su obligación resarcitoria utilizando el medio de control de la reparación directa.  Quedó plenamente demostrado al ser aceptado expresamente por la demandada, que la Sociedad Administradora de Inversión – INTERBOLSA S.A., como Administradora de la Cartera Colectiva Escalonada Credit, era una persona sujeta a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia y que, desde el 6 de junio de 2008, operaba en Colombia debidamente registrada ante la Superintendencia Financiera.  Igualmente, se encontró acreditado que, la Sociedad Administradora de Inversión INTERBOLSA S.A. desde el año 2010, simuló unas operaciones denominadas “descuentos de pagaré” efectuando préstamos a terceros con recursos captados por la Cartera Colectiva Escalonada Credit, tal como se logró demostrar en el acápite de pruebas donde se allegó el escrito de acusación formulado por la Fiscalía General de la Nación, confirmado por la Superintendencia Financiera. Sin embargo, resulta extraño que la Superintendencia, nunca se dio cuenta de esta situación, incurriendo en una omisión de sus deberes, permitiendo a su vez que, la Sociedad Administradora de Inversión INTERBOLSA S.A. incurriera en la prohibición descrita en el numeral 3 del artículo 66 del Decreto 2175 de 2007, hoy artículo 3.1.11.1.1. del

Decreto 2555 de 2010, por cuanto realizó préstamos a terceros.  De esta manera, queda claro que la Superintendencia Financiera de Colombia durante más de tres (3) años – 2008 al 2011no ejerció sus funciones de manera eficiente, no supervisó, no preservó la estabilidad seguridad y 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 confianza de los ciudadanos, ni protegió a los inversionistas colombianos, ya que solamente como se indicó en la contestación de la demanda y en la sentencia objeto de recurso; hasta el 29 de agosto de 2011 se dio cuenta de la conducta irregular expuesta, por no ejercer la vigilancia permanente que le impone la ley, omitiendo su función establecida en el artículo 8 del Decreto 4327 de 2005 incorporada en el artículo 11.2.1.3.1. del Decreto 2555 de 2010, en el sentido de “supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar y el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados”.  Indicó el apelante que existe un perjuicio cierto demostrado mediante la presente acción, debido a que la Sociedad Administradora de Inversiones

INTERBOLSA S.A., no devolvió a la demandante las inversiones que había depositado en la Cartera Colectiva Escalonada CREDIT en los términos establecidos en el artículo 3.5 del reglamento de la cartera colectiva, el cual era ley para las partes, la demándate se vio privada de la recuperación de sus inversiones y con ello no pudo ejercer el dominio sobre esos activos que le pertenecían en el momento que los necesitó. Lo anterior, permite reconocer el daño como cierto, por los perjuicios materiales causados a la actora, el cual es atribuible sin lugar a dudas a la Superintendencia Financiera de Colombia, debido a su conducta omisiva y negligente en desarrollo de sus funciones de vigilancia y control.  No es admisible que el Tribunal desconoció que evidentemente la Superintendencia efectuó visita de control a INTERBOLSA S.A. programada del 3 al 10 de noviembre de 2010, pero en ese momento solo encontró la falta de información debida a los clientes, pasando por alto las verdaderas protuberantes irregularidades denominadas descuentos de pagarés que empezaron a ocurrir desde el 21 de septiembre del mismo año de la visita. Hasta la visita realizada el 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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29 de agosto del año 2011, es decir casi un año después verificó y estableció las irregularidades de la Sociedad Administradora de Inversiones INTERBOLSA S.A., encontrando 11 hallazgos que condujeron a ordenar el desmonte de las operaciones “descuentos de pagarés” que no eran otra cosa que prestamos o contratos de mutuo. Sin embargo, las acciones tomadas por la entidad de vigilancia y control ante esta situación, no se encuentran encajadas en las obligaciones legales que le asiste, toda vez que, al encontrar 11 hallazgos en la visita generada por la Superintendencia en los meses de agosto y septiembre de 2011, era evidentemente previsible y al aplicar los correctivos que tenía a su alcance, pudiendo haber interrumpido desde un comienzo que continuara con la captación de recursos bajo el entramado de descuentos por pagarés que a la postre generó el descalabro económico, causando consecuencialmente el daño a los inversionistas.  La Superintendencia Financiera de Colombia omitió sus funciones de inspección, vigilancia y control antes del 29 de agosto de 2011 o por lo menos no fue acreditada dentro del plenario situación contraria a esta. Además, las medidas iniciadas por la entidad demandada en el año 2011, fueron insuficientes pues al detectar tardíamente las irregularidades, tan solo le apuntó a verificar los supuestos descuentos de pagarés, que eran contratos de mutuo, pero no se percató de las demás situaciones que seguía ocurriendo en la Sociedad Administradora de Inversiones INTERBOLSA S.A., quien continuo durante el resto del año 2011 y todo el 2012 realizando operaciones contrarias a la ley con

la triangulación de la Clínica la Candelaria, hasta el mes de diciembre de 2012 cuando finalmente, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de la Cartera Interbolsa Credit, momento en el cual, el descalabro se hizo mayor y sus consecuencias económicas astronómicas e irreversibles. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01  Concluyó el apelante que, la falla en el servicio se encontró estructurada, toda vez que, la Superintendencia Financiera permitió y cohonestó que la Sociedad Administradora de Inversiones INTERBOLSA S.A., funcionara sin cumplir los requisitos previstos desde el mismo momento de su constitución como sociedad comisionista de bolsa con su registro en el año 2008, pues obsérvese que la Superfinanciera constató que INTERBOLSA no contaba con adecuadas estructuras organizacionales ni con el personal de dedicación exclusiva responsable e idónea para la administración de la Cartera Colectiva Credit, requisitos que deben ser permanentes; sin embargo, la entidad encargada de su vigilancia y control los pasó por alto y tan solo los verificó cuando se encontraron las irregularidades denunciadas. Con fundamento en lo anterior, el apoderado de la parte demandante, solicitó al Ad Quem revocar la sentencia objeto de recurso, y en consecuencia darle vía libre a las

pretensiones de la demanda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público.  ¿En atención a las situaciones fácticas que se presentaron como fundamento del presente medio de control, es procedente indicar que la demanda se radicó oportunamente?  ¿Cumplió la parte actora, con la carga de la prueba que le asiste, con el fin de demostrar los daños alegados en el presente medio de control de reparación directa?

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 2.1.2. Problemas jurídicos planteados por la parte recurrente.  ¿De acuerdo a las situaciones fácticas que fundamenta la presente acción de reparación directa, es procedente declarar la responsabilidad administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, derivada de su omisión en la inspección, control y vigilancia que debió llevar a cabo con la Sociedad Administradora de Inversiones INTERBOLSA S.A. en calidad de administradora de la Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:

2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, entre otros. 2.2.2. Responsabilidad del Estado - por desempeño de las funciones de inspección, vigilancia y control de las superintendencias. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 Las superintendencias, entonces, tienen a su cargo el ejercicio de una modalidad de la policía administrativa cual es la función de inspección, vigilancia y control de diversos ámbitos de actividad de las personas, en los precisos términos dispuestos por la ley o por la correspondiente delegación o desconcentración de funciones originariamente atribuidas al Presidente de la República. Las funciones de inspección, vigilancia y

control a cargo de las superintendencias, en general y de la Superintendencia de Sociedades, en particular, encuentran fundamento constitucional, en el marco de la Carta Política vigente, en lo que preceptuaba el numeral 24 del artículo 184, por cuya virtud corresponde al Presidente de la República “ Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.”. Igualmente, conforme lo regula el articulo 150 Superior, le corresponde al Congreso de la República expedir las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia sobre las personas que realicen o desarrollen las actividades financiera, bursátil, aseguradora o cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, así como sobre las entidades cooperativas y sociedades mercantiles. 2.2.3. Caducidad de la acción de reparación directa por omisión de una entidad de control – Conteo del término legal. El Consejo de Estado, en pronunciamiento efectuado el 25 de marzo de 20151, reiteró que tratándose de hechos u omisiones en la toma de posesión, en la liquidación obligatoria o en el incumplimiento del control, vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia Financiera, demandables en ejercicio de la acción de reparación 1 SENTENCIA 2000-02312 del 25 de marzo de 2015, proferida por el CONSEJO DE ESTADOSección

tercera Subsección A Magistrado Ponente Dr. Hernán Andrade Rincón. Actor: Fondo de Empleados de Almacenes Magali París Fedemagali y otros, Demandado: Nación - Superintendencia Bancaria. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 directa, ya no era preciso que hubiere concluido la liquidación de la entidad vigilada para que existiera un daño cierto y demandable. De esta manera en el mencionado fallo indicó al respecto “…que, a pesar de que la entidad financiera esté intervenida y su liquidación aún no haya terminado, los usuariosahorradores o depositantes–, e incluso la misma entidad objeto de dicho procedimiento, pueden sufrir daños ciertos que generan perjuicios materiales e inmateriales” En consecuencia, el Consejo de Estado consideró que el inicio del conteo de la caducidad de la acción de reparación directa, en los eventos derivados de: i) hechos u omisiones en la toma de posesión, ii) en la liquidación obligatoria y iii) en el incumplimiento del control, vigilancia e inspección, lo cual deriva en una secuencia concatenada de actos, hechos, situaciones y omisiones que se extienden en el tiempo hasta los eventos que precipitaron la desaparición de la compañía, debe iniciarse

desde la toma de posesión de esta, momento para el cual se puede hablar de un daño cierto y determinado, como quiera que el proceso de liquidación apenas inicia. 2.2.4. De la actividad de inspección, vigilancia y control a cargo del Estado Las actividades de inspección, vigilancia y control por parte del Estado respecto de las sociedades comerciales comenzaron a ser realizadas en relación con las sociedades anónimas habida consideración de la característica que a ese tipo societario resulta consustancial: la limitación total de la responsabilidad de los asociados a sus respectivos aportes; dicha particularidad inherente a la sociedad anónima fue concebida como una concesión o privilegio reconocido por el Estado para facilitar y estimular la vinculación de inversionistas a empresas grandes y no siempre promisorias. Las exigencias previstas tanto en normas de derecho privado como en dispositivos normativos de derecho público para la constitución y para el funcionamiento de las sociedades comerciales, tienen como finalidad la protección de múltiples intereses que en ocasiones resultan coincidentes pero muchas otras veces 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co YPCF

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 devienen en divergentes; de un lado, debe darse cuenta de los 4 intereses patrimoniales de la sociedad, los cuales deben ser resguardados de los posibles abusos e irregularidades en los que pudieren incurrir los administradores u otros

órganos sociales. De otra parte, se deben tomar en consideración los intereses de los socios, como particulares, los cuales no siempre coinciden con los de la sociedad, con frecuencia divergen y esa divergencia se puede manifestar en la oposición que pueda existir entre los varios grupos de accionistas. 2.2.5. Superintendencia Financiera de Colombia – Creación legal. La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Lo anterior debido a un estudio realizado por expertos internacionales, en el cual se concluyó que era necesario revisar la estructura del mercado financiero nacional, la regulación que lo regía y la supervisión que se ejercía sobre éste, con el fin de adecuarlos a las necesidades y realidades económicas vigentes; esto, ante el acelerado desarrollo del mercado financiero, por lo cual, el Gobierno Nacional consideró necesario evaluar si la estructura del actual sistema de regulación y supervisión del mercado, en cabeza de la Superintendencia Bancaria, respecto de los establecimientos financieros y de seguros, y de la Superintendencia de Valores, respecto de los participantes en el mercado de valores, resultaba adecuada para garantizar un sistema financiero estable, eficiente y competitivo, que brindara un ambiente de protección al consumidor. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Exp. No. (60153) 250002336000201500503 01 Así, se materializó la integración de las Superintendencias de Valores y Bancaria, en la Superintendencia Financiera de Colombia, como un nuevo supervisor que reemplazó a los dos anteriores. No se trató de que una superintendencia asumiera las funciones de la otra, sino de crear un nuevo esquema de supervisor, que responda a las nuevas realidades del sistema financiero colombiano. La estructura organizacional y funcional de la Superintendencia Financiera de Colombia se basa en la efectiva y eficiente supervisión de los principales riesgos a los que están expuestas las entidades del sistema, tales como los riegos de crédito, operativo, de mercado y de lavado de activos. Adicionalmente se tuvo en cuenta que los activos del sistema está concentrado en unos pocos grupos o conglomerados financieros, integrados por instituciones de diferente naturaleza, que exigen una supervisión altamente especializada, comprensiva y consolidada, que permita lograr economías de escala, concentrada en el seguimiento de las operaciones y exposiciones entre entidades del mismo grupo