PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Derecho legalmente protegido

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Omisión del estamento militar DAÑO ANTIJURÍDICO-Derecho legalmente protegido Daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que este resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Lesiones sufridas por militar en ejercicio de sus funciones La obligación para todos de prestar el servicio militar y como contraprestación a ese deber, nace al Estado el compromiso de devolver al militar al seno de la sociedad y de la familia en las mismas condiciones físicas e intelectuales que tenía al ser reclutado. Bajo el entendido que si no lo hace, germina la responsabilidad patrimonial por ello. es deber del Estado el asumir los riesgos que se han creado para aquellos que prestan el servicio militar obligatorio, y que son consecuencia de la ejecución de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando por ejemplo deben manipular armas de fuego o conducir automotores, actividades que entrañan en sí mismas un peligro al cual se expone la víctima por imposición del Estado, generándose para él una responsabilidad con fundamento en el título de imputación de riesgo excepcional. la regla general en los casos en que se ven involucrados conscriptos es la aplicación del régimen objetivo, en la medida que sobre el Estado recae la obligación de protección de

dichos ciudadanos, es decir, como se dijo al comienzo, deben ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron incorporados al servicio; incurriendo en responsabilidad cuando los soldados regulares sufren daños antijurídicos. Sin perjuicio que si se llegare a probar una falla por parte de la Administración como causante del daño, entonces tendrá aplicación inmediata la falla del servicio en la que le corresponde al demandante probar los elementos que configuran dicho régimen. Con fundamento en lo anterior le cabe razón al Tribunal Administrativo de Santander cuando llegó a la conclusión de que los perjuicios causados al accionante eran imputables al Ejército Nacional, concepto con lo que está de acuerdo esta Delegada, ya que el señor demandante, al ingresar a prestar su servicio militar obligatorio se encontraba en óptimas condiciones que precisamente lo hicieron apto para ingresar a las filas militares, y que al haber sufrido durante el cumplimiento de una misión militar unas lesiones en su ojo se le causaron graves lesiones, lo hacen acreedor a un reconocimiento por los perjuicios causados en su vida. Razón por la cual se pedirá confirmar la decisión apelada.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2011 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

5aCdeE/IJJ/CIP

IUS-2011-86360 Doctor.

MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Consejero Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 – 61

Acción de Reparación Directa. Expediente No. 68001233100020030090301 (39624).

Demandante: Desiderio Orjuela Orjuela.

Demandado: Ministerio de Defensa NacionalEjercito

Nacional. Honorable Señor Consejero. En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 26 de noviembre de 2009, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Demanda

2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

5aCdeE/IJJ/CIP

IUS-2011-86360 El señor Desiderio Orjuela Orjuela, en ejercicio de la acción de reparación directa1 – prevista en el artículo 86 C.C.A. – solicitó que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la NaciónMinisterio de DefensaEjercito Nacional, por los daños y perjuicios que se le causaron por las graves lesiones que sufrió aquél cuando cumplía con sus obligaciones como Dragoneante del Batallón de Ingenieros N° 14, el día

15 de mayo de 2001. Se manifiesta en la demanda que el Dragoneante Orjuela Orjuela, para el momento de los hechos se encontraba realizando prácticas de polígono de armas largas, en el Batallón N° 14 con sede en Cantimplora (Santander) cuando al cuarto disparo la cubierta de su arma de dotación se levantó, saltándole pólvora al ojo derecho, lo cual le produjo graves lesiones que le dejaron como secuela una discapacidad del 10.5%, siéndole diagnosticado lesiones en ambos ojos y un leucoma corneal en ojo derecho. Finalmente, y como consecuencia de lo anterior el señor Desiderio Orjuela Orjuela fue dado de baja por habérsele decretado una incapacidad relativa y permanente, que no lo hacía apto para prestar el servicio militar, de acuerdo con lo señalado por el acta de la Junta Médico Laboral N° 792 del 29 de marzo de 2002.

2. Demanda La Nación Ministerio de DefensaEjercito Nacional, contestó la demanda2 oponiéndose a las pretensiones, argumentando de la siguiente manera.

Manifiesta la defensa que en este caso no se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad que pretende endilgársele a la administración por presunta falla del servicio, pues los daños que puedan sufrir los miembros de las fuerzas armadas son propios del riesgo que asumen una vez ingresan al servicio militar, por ello no puede hablarse de 1 Fls. 9 a 16 del cuaderno 1. 2 Fls. 25 a 32 del cuaderno 1. 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 un daño especial, y menos en este caso donde no existió conducta u omisión alguna por parte del Ejército Nacional, pues el Dragoneante se encontraba cumpliendo sus funciones militares al estar manipulando su propia arma de dotación oficial. Concluye la defensa diciendo que lo ocurrido al Dragoneante Orjuela Orjuela se calificó como un accidente de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1796 de 2000; por lo cual se reitera en que no se constituye responsabilidad alguna en cabeza de la Administración, que como consecuencia se le reconocieron las sumas respectivas a su padecimiento.

3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 26 de noviembre de 20093, accedió a las pretensiones de la demanda, sosteniendo que: “En el caso bajo estudio, conforme al caudal que se dejó reseñado y analizado puede estructurarse la responsabilidad del Estado al amparo del régimen objetivo del riesgo excepcional- (…)- en la medida en que se ejerció por parte de la administración una actividad peligrosa –manipulación de armas de fuegoque por sí sola genera un riesgo, debiendo probar el administrado solamente el daño y el nexo causal como elemento de la imputación, relevándose de acreditar una actuación irregular de la administración. (…) no cabe examinar los eximentes de responsabilidad señalados, pues no mediaron en la materialización del daño ni la imprudencia de

la víctima, ni la de un tercero, ni un caso de fuerza mayor, por lo tanto, no comparte la Sala el criterio del demandado al sostener que había lugar a exonerar al Estado de Responsabilidad porque el hecho ocurrió por culpa exclusiva de la víctima al no reportar los daños o defectos del arma de dotación, ya que no esta demostrado que la víctima conociera dicha circunstancia, tampoco, pese a la actividad riesgosa que realizaba, existe prueba de que ésta de alguna manera hubiese infringido las normas de seguridad establecidas para el uso de armas, las precauciones y cuidados en el manejo de las mismas o que con su actuar hubiese influido en la producción del daño, o como concausa que aminore la responsabilidad de la administración, por lo 3 Fls. 131 a 147 del cuaderno ppal. 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 que el daño ocasionado es antijurídico del cual se puede inferir el perjuicio moral y material causado a la víctima.”

4. Apelación La parte demandada, presentó recurso de apelación4 contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, por el cual se accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando el mismo de la siguiente manera: “Calificadas las lesiones por le Comandante la Unidad Militar (sic) de la cual era orgánico el soldado, se determinó que las afecciones fueron

sufridas en el servicio y por causa y razón del mismo, calificación que corresponde a un accidente de trabajo en oposición con una enfermedad común o a las lesiones causadas en combate y por la acción directa del enemigo cuyo régimen indemnizatorio difiere, de conformidad con las previsiones del DECRETO 1796 DE 2000. (…) la lesión sufrida por DESIDERIO ORJUELA ORJUELA no tuvo como causa una falla en la prestación del servicio, que la misma, no se originó en una conducta activa u omisiva de la administración, que el arma con la cual se produjo el accidente, era el arma de dotación del mismo Dragoneante Orjuela Orjuela, esto es, que era el Dragoneante Orjuela, quien la tenía bajo su cuidado y mantenimiento, y que como soldado distinguido al que se le había dado el grado Dragoneante, tenía el deber de reportar daños, defectos o cualquier novedad relacionada con el arma, novedad que no aparece demostrada en autos, resulta fácil deducir que el daño sufrido en el accidente acaecido el 15 de mayo de 2001, NO LE ES IMPUTABLE A LA ADMINISTRACION de conformidad con las previsiones del Art. 90 de la Carta Política, pues el mismo no tiene la connotación de daño antijurídico, sino la de ACCIDENTE DE TRABAJO, reparable e indemnizable de conformidad con el régimen legal prestacional vigente a la fecha de su vigencia.”

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROBLEMA JURÍDICO.

El problema jurídico a resolver es el siguiente:

4 Fls. 154 a 162 del cuaderno principal. 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 ¿Es posible endilgar responsabilidad al Estado como consecuencia de las lesiones sufridas por un conscripto en ejercicio de prácticas militares con utilización de armas de dotación oficial?. Análisis Fáctico.

1. Consta en el proceso que el señor Desiderio Orjuela Orjuela, en óptimas condiciones físicas, ingresó a prestar su servicio militar obligatorio el día 23 de noviembre del año 2000, siendo incorporado al Batallón de Ingenieros N° 14 “Batalla del Calibío.

2. Está demostrado que el día 15 de mayo de 2001, cuando Desiderio Orjuela Orjuela se encontraba en el área de polígono de armas largas realizando el ejercicio N° 3 de cereo, al efectuar el cuarto disparo con su arma de dotación oficial se le levanto la cubierta cayéndole pólvora en el ojo derecho, por lo cual fue trasladado de inmediato al dispensario médico del Batallón, donde la médico de turno le formulo unas gotas que le limpiarían el ojo.5

3. Que tiempo después de haber ocurrido el accidente, el ojo derecho del soldado empezó a enrojecerse, por lo requirió de nueva valoración en el dispensario del Batallón y posteriormente remitido al Hospital Militar donde fue puesto bajo control médico.

4. El 26 de marzo de 2002, la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia mediante acta de junta médica laboral 792

concluyeron que:

“DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES. 1.

DURANTE POLÍGONO SUFRIÓ QUEMADURA CON PÓLVORA EN OJO

DERECHO, TRATADO QUE DEJA COMO SECUELA: A) AGUDEZA

VISUAL OJO DERECHO 20/80 QUE CORRIGE: 20/20. OJO

IZQUIERDO: 20/20. B) LEUCOMA CORNEAL OJO DERECHO.

(…) LE DETERMINA INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE 5 Fls. 91 a 92 del cuaderno 1.

6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

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NO APTO PARA LA ACTIVIDAD MILITAR.

LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL

DIEZ PUNTO CINCO POR CIENTO (10.5%).” 6

5. Con fundamento en el contenido del acta de la Junta Médico Laboral, el Ejército Nacional expidió la resolución N° 24032 del 3 de diciembre de 2002, mediante la cual resolvió reconocer a favor del señor Orjuela Orjuela una suma de dinero, en razón a su disminución en la capacidad laboral

derivada del accidente mencionado.7 ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, los elementos de la responsabilidad en general descansan en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que este resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Y en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la 6 Fls. 57 a 59 del cuaderno 1. 7 Fls. 80 a 81 del cuaderno 1. 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La norma en la cual descansa el derecho del lesionado es el artículo 11 en concordancia con el artículo 216 de Constitución Política, que establecen que la vida y por ende la integridad personal es inviolable. Esa norma se aplica aún cumplimiento del deber establecido para todos los colombianos en el artículo 216 ibídem de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Con fundamento en esta última norma surge la obligación para todos de prestar el servicio militar y como contraprestación a ese deber, nace al Estado el compromiso de devolver al militar al seno de la sociedad y de la familia en las mismas condiciones físicas e intelectuales que tenía al ser reclutado. Bajo el entendido que si no lo hace, germina la responsabilidad patrimonial por ello. El tratamiento que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado le ha venido dando a la muerte y las lesiones padecidas por los conscriptos ha

evolucionado, desde entender que en esos eventos existía una presunción de responsabilidad, hasta participar de la existencia de una falla en el servicio derivada de una actuación atribuida a la administración o por su omisión en realizar actos propios que impidan que ellos sufran daños más allá de los propios del servicio, es decir, por que la Administración no actuó como tendría que haberlo hecho. 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

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IUS-2011-86360 En otras ocasiones ha indicado que es deber del Estado el asumir los riesgos que se han creado para aquellos que prestan el servicio militar obligatorio, y que son consecuencia de la ejecución de las diferentes tareas que se les asignan, como cuando por ejemplo deben manipular armas de fuego o conducir automotores, actividades que entrañan en sí mismas un peligro al cual se expone la víctima por imposición del Estado, generándose para él una responsabilidad con fundamento en el título de imputación de riesgo excepcional. Como también ha dicho el alto Tribunal que la responsabilidad administrativa surgirá igualmente, cuando el daño que ha sufrido el soldado conscripto sea anormal, es decir que se le ha impuesto un sacrificio especial, de carácter injusto tanto a él como a sus familiares, en relación con las demás personas que comparten su misma situación de reclutamiento, por lo cual resultaría quebrado el equilibrio de las cargas públicas de estos ciudadanos frente a las cargas que deben soportar en el

ejercicio de sus funciones como miembros de los fuerzas públicas, razón por la que operaría el régimen del daño especial como fundamento de responsabilidad del Estado. No obstante, la regla general en los casos en que se ven involucrados conscriptos es la aplicación del régimen objetivo, en la medida que sobre el Estado recae la obligación de protección de dichos ciudadanos, es decir, como se dijo al comienzo, deben ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron incorporados al servicio; incurriendo en responsabilidad cuando los soldados regulares sufren daños antijurídicos. Sin perjuicio que si se llegare a probar una falla por parte de la Administración como causante del daño, entonces tendrá aplicación inmediata la falla del 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 servicio8 en la que le corresponde al demandante probar los elementos que configuran dicho régimen. Un ejemplo de dicha evolución jurisprudencial del H. Consejo de Estado es la sentencia del 14 de abril de 2010, radicado 17645 y Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, en la que se dijo que: “La jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas oportunidades las diferencias existentes entre el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a miembros de la Fuerza Pública que ingresan al servicio en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados

regulares, bachilleres, campesinos etc.) y el régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la Fuerza Pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros). En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto de los conscriptos bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir: en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional en los términos y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto sólo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar.” Con respecto a la aplicación del título de imputación denominado riesgo excepcional, el H. Consejo de Estado dijo: “Así mismo, se configura responsabilidad cuando se somete al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007. Expediente: 16064.

Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. “(…)es importante señalar que la Sala también ha precisado que cuando aparece demostrado que el daño sufrido por quien presta servicio militar obligatorio, se ha producido a causa de un deficiente funcionamiento del servicio -por ejemplo, cuando el daño se causó a raíz del incumplimiento de las obligaciones y deberes que tiene el Estado para con este tipo de soldadoses posible aplicar también el régimen subjetivo, bajo el título de imputación de falla probada del servicio, caso en el cual los dos regímenes -objetivo y subjetivocoexisten y no se excluyen.”

10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima sea causado con arma de dotación oficial, evento en el cual se aplica el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait). Así, la Sala ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la Fuerza Pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u

omisiones imputables al Estado.”9 (Negrillas fuera de texto) Pese a lo manifestado, la Administración puede exonerar su responsabilidad aún en los casos de conscriptos cuando compruebe aquella la ocurrencia de una causa extraña, como fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho de un tercero, que dieron cabida al surgimiento del daño padecido por el conscripto en este caso. Está acreditado que las lesiones sufridas por el demandante sucedieron en cumplimiento de órdenes militares dispuestas por la entidad demandada, al disponer que el conscripto realizara pruebas de polígono; que en ejecución de ellas, tal como lo relata el Comandante del Batallón de Ingenieros N° 14, al momento de realizar el cuarto disparo a su arma de dotación oficial se le levanto la cubierta, cayéndole pólvora en el ojo derecho al ex Dragoneante Orjuela Orjuela. La ejecución de la labor impuesta con utilización de arma oficial con defectuoso funcionamiento generó el siniestro que la Institución tenía el deber de evitar dotando a su personal con material idóneo, razón por la cual, la utilización de la misma en el estado en que se encontraba, constituye un riesgo creado por ella misma y que el conscripto no estaba en la obligación de soportarlo; máxime si las únicas cargas que debía soportar eran las de ver restringidos sus derechos y libertades propias de la prestación del servicio militar. Mas sin embargo, la consecuencia de la omisión del estamento militar se tradujo en una incapacidad relativa y permanente que generó una

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicado: 19287.

Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624) 5aCdeE/IJJ/CIP IUS-2011-86360 minusvalía que disminuye sus ingresos laborales de por vida. Máxime si fue excluido del servicio por no resultar apto para el mismo. Ahora bien, se alega que el soldado tenía el deber de informar a sus superiores sobre el estado anormal del arma entregada en dotación oficial, obligación de difícil cumplimiento si se infiere de los mismos hechos que el defecto surge al cuarto disparo, tal como lo relató el Comandante del Batallón de Ingenieros N° 14, por manera que no puede atribuírsele a él culpa determinante del hecho. Con fundamento en lo anterior le cabe razón al Tribunal Administrativo de Santander cuando llegó a la conclusión de que los perjuicios causados al accionante eran imputables al Ejército Nacional, concepto con lo que está de acuerdo esta Delegada, ya que el señor Desiderio Orjuela Orjuela, al ingresar a prestar su servicio militar obligatorio se encontraba en óptimas condiciones que precisamente lo hicieron apto para ingresar a las filas militares, y que al haber sufrido durante el cumplimiento de una misión militar unas lesiones en su ojo se le causaron graves lesiones, lo hacen

acreedor a un reconocimiento por los perjuicios causados en su vida. Razón por la cual se pedirá confirmar la decisión apelada. CONCEPTO Para responder el problema jurídico planteado se concluye que la imputación hecha a la Nación (Ejército Nacional) tiene sustento en las pruebas obrantes en el expediente y a la luz de las pautas jurisprudenciales citadas, se debe confirmar la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Santander en cuanto dispuso declararla administrativamente responsable con las consecuencias patrimoniales allí indicadas. Esta Procuraduría Delegada deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión el presente concepto, mediante el cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia. 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

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IUS-2011-86360 Del señor Consejero,

ISNARDO JAIMES JAIMES

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 13 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 68001233100020030090301 (39624)

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