PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La fiscalía manejó inadecuadamente los elementos encontrados en la

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DAÑO ANTIJURÍDICO-La Fiscalía manejó inadecuadamente los elementos encontrados en la diligencia de allanamiento Para ésta Delegada, no es acertada la posición del Tribunal Administrativo del Meta, en relación con los argumentos expuestos para no declarar la responsabilidad del Estado, pues a su criterio el actor, con su proceder creó los indicios graves en su contra para que se hubiera proferido la medida de aseguramiento, por tanto no podía configurarse un daño en razón a que la detención fue determinada por la conducta material del mismo y no por la entidad, circunstancias que le permitieron concluir que la presunta privación no fue injusta, ni antijurídica, ni imputable a la demandada. Estaba el Tribunal en punto a esta manifestación, indicar cuales fueron los indicios y no caer de nuevo en especulaciones que fueron superadas al absolver al entonces sindicado. Por consiguiente y de acuerdo al material probatorio allegado, ésta Delegada discrepa de lo manifestado por el ad quo, en razón a que de las pruebas en el sub lite, se logra vislumbrar que en ningún momento el accionante fue el que creó los indicios graves en su contra, al contrario, es la Fiscalía quien en su afán por conseguir resultados en la investigación, manejó inadecuadamente los elementos encontrados al momento de la diligencia de allanamiento, actuando desproporcionadamente y comprometiendo a su vez el derecho a la libertad que tiene todo ciudadano. FALLA DEL SERVICIO-Se configuró un daño antijurídico que el actor no estaba

en la obligación de soportar/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por el actuar desproporcionado de la Fiscalía rompiendo con las cargas publicas soportables para una persona De igual forma, no hay que olvidar que el aquí accionante fue absuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, porque no había un prueba certera, contundente y plena para determinar la participación en tales hechos, es decir no habían pruebas y no como se pretende saltar al in dubio pro reo, toda vez que la privación se basó en simple conjeturas que constituyeron una verdadera falla del servicio, pues en la medida que se iba adelantando la investigación, se observa que el accionante si bien se encontraba inmerso en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, nunca estuvo involucrado en el secuestro, como así lo permiten demostrar las diligencias de indagatoria de los otros implicados y la diligencia de reconocimiento por parte del plagiado para identificar a los secuestradores, de la cual nunca se señalo como autor de tal delito al hoy accionante, incurriéndose en la investigación además en una valoración adecuada y oportuna de las pruebas. En consecuencia, dichas circunstancias permitieron configurar un daño antijurídico, que el actor no estaba en la obligación de soportar, ya que en ningún momento él se expuso con su conducta a la detención de la cual fue víctima. Por tal motivo hay suficientes méritos para declarar la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y por consiguiente se debe revocar la decisión objeto de apelación y en su lugar acceder a las

pretensiones alegadas, toda vez que se comprometió el derecho fundamental que tiene todo ciudadano, la libertad, pues con el actuar desproporcionado de la Fiscalía se rompió con las cargas publicas soportables que una persona normalmente debe asumir. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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DEBIDO PROCESO-Se desconoció al no haberse analizado objetivamente las pruebas al momento de proferir la medida de aseguramiento/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por los innegables errores judiciales De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, al no haberse analizado objetivamente las pruebas al momento de proferir la medida de aseguramiento, se desconoció el debido proceso y con ello se conculcaron principios constitucionales, que afectan el interés público, en la medida que se espera de la Administración de Justicia el acatamiento de todas las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico, por tales motivos ésta Delegada solicita respetuosamente la REVOCATORIA de la sentencia apelada y su lugar se acceda a las pretensiones. Por último se solicita recordar a las respectivas Entidades incoar acción de repetición,

porque se trata de innegables errores judiciales, en donde la carencia de conocimiento y de responsabilidad frente al derecho de libertad de las personas son visibles. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No. 017 / 2013

Bogotá, D.C., 28 de enero de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 500012331000200410833 01(44813)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Gilberto Huepa Nieto y Otros.

DEMANDADO: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. / Se configuró el daño antijurídico, toda vez que el actor no se encontraba en la obligación de soportar la investigación penal adelantada en su contra. / Existe responsabilidad por parte de las entidades demandadas. / Obligación de incoar acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01

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1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos El señor GILBERTO HUEPA NIETO, quien actúa en nombre propio, en calidad de víctima, la señora GLORIA MARINA HERNÁNDEZ ROJAS, en calidad de compañera permanente y en representación de sus menores hijos SERGIO ANDRES HUEPA y ARGEMIRO PÉREZ HERNÁNDEZ, los señores JOSE DE LOS SANTOS HUEPA y NEYLA MARIA NIETO, en su condición de padres de la víctima y la señora LILIAN PATRICIA HUEPA NIETO, en la calidad de hermana, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, causados con la "privación injusta de la libertad" de que fue víctima

el señor GILBERTO HUEPA NIETO, desde el día 31 de octubre de 1995 hasta el 07 de mayo de 2001, por los Delitos de Secuestro Extorsivo, Hurto y Porte Ilegal de Armas de Fuego. Manifiestan en la demanda que de acuerdo a la providencia de fecha 22 de mayo de 2001, la víctima fue absuelta por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, providencia confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en sentencia del 05 de noviembre de 2002. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. 1.2. La contestación La entidad demandada NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, indicó que se opone a todas y cada una de las declaraciones solicitadas, en razón a que no existen fundamento de hecho ni de derecho. Argumentó que para la entidad, existía la obligación de adelantar la investigación, teniendo en cuenta la denuncia instaurada por la esposa del secuestrado, y los indicios encontrados en el inmueble donde se realizó su captura, como los documentos de identidad de la persona secuestrada, armas y municiones de uso exclusivo de la Fuerza Pública. En razón a ello, resolvió la situación jurídica del sindicado con la imposición de medida de aseguramiento.

Explica de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado el tema de la medida de aseguramiento para concluir que, para proferir tanto la medida de aseguramiento como la resolución acusatoria no es necesario que en el proceso existan pruebas que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, pues este grado de convicción sólo es necesario para proferir sentencia condenatoria. Añade que no se configuró ningún tipo de error, por cuanto al examinar las actuaciones, la Fiscalía al resolver medida de aseguramiento, así como la resolución de acusación, no pueden considerarse decisiones injustas, ya que con ellas no se configuró una falla en el servicio, como tampoco un error jurisdiccional inexcusable, capaz de comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad. 1.3. Sentencia de primera instancia. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01

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El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en sentencia datada del 25 de abril de 2012, resolvió negar las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos: 1.3.1. Aduce que las pruebas encontradas en el proceso penal no tuvieron la entidad suficiente para permitir en el juez un estado de certeza para la condena, y que por lo tanto no era posible concluir que Gilberto Huepa Nieto estuviera

desvinculado totalmente de las ilicitudes porque su conducta no fue la de una persona ajena a esos actos, al contrario, fue por dicha conducta que resulto capturado, vinculado al proceso y detenido, ya que su proceder creó los indicios graves en su contra mediante lo cual se edificó la medida de aseguramiento. 1.3.2. Insiste que el daño derivado de la detención fue determinado por la conducta material de GILBERTO HUEPA NIETO, por tanto consideró que el Fiscal Delegado no estaba obligado a asumir anticipadamente la valoración probatoria o el criterio jurídico que sobrevendría al final de aquél proceso penal, al contrario el deber del funcionario era someterse al caudal probatorio recaudado al momento de la medida de aseguramiento y así lo hizo, pero no de manera apresurada como se le acusa. Por ello concluye que no es posible determinar una presunta injusta privación de la libertad, porque no fue injusta, ni antijurídica, ni imputable a la demandada, sino que fue determinada por el obrar del sindicado que creó en contra los indicios y otras pruebas. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo Del Meta, en la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda, argumentando lo 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01

I.J.C.B. siguiente:  Contrario a lo que aduce el a quo, se pregunta si el mantener privado de la libertad durante seis años al señor Gilberto Huepa Nieto, es el periodo al que se refieren los diversos pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se habla de la incomodidad que implica una investigación de cualquier índole penal, disciplinaria, fiscal, etc., pues no entiende como esas dos connotaciones de las cuales hace referencia la Sala Penal en su decisión mayoritaria, como el hecho de haber acompañado al señor Joiner de Dios Villalba a entregar la encomienda al Bar “Barquitos”, y el haber supuestamente encontrado algunos elementos pertenecientes al secuestrado en la habitación en donde se había alojado el accionante y otra persona, constituyen una imputación a la culpa exclusiva y determinante de la víctima.  Aunado a lo anterior, señaló que no puede entender como posteriormente cuando no pudo desvirtuarse la presunción de inocencia, el representante institucional mantiene la medida de aseguramiento violando flagrantemente los derechos fundamentales del asociado a la libertad, presunción de inocencia, debido proceso, máxime, cuando las pruebas que fueron allegadas y practicadas después beneficiaban al privado de la libertad.  En consecuencia, concluyó que el Estado esta obligado a resarcir económicamente al accionante por el daño antijurídico sufrido.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. 2.1. Problemas jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Existe o no responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, por la privación de la libertad del señor GILBERTO HUEPA NIETO durante el término de seis años? 2.1.2. ¿Se configuró el daño antijurídico alegado por la víctima? 2.1.3. ¿El ciudadano Gilberto Huepa Nieto tenía el deber de soportar la carga que le causó la retención de la que fue objeto? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, señaló que se dieran los siguientes presupuestos: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. A través de la Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, sintetiza en los siguientes términos este aspecto de manera puntual: “Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger

expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan

necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”. Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al

juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia si no imposibilidad de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de

su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio1. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado»2 (Subrayas y negrillas fuera del texto original). 2.3. Las pruebas obrantes Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos  Copia de la diligencia de allanamiento y registro de fecha 27 de octubre de 1996, practicada en la casa del señor Nelson Garavito Florido y donde se realiza la captura del señor Gilberto Huepa Nieto. (Fls 15 a 18 Cuaderno 9). 1 Nota de la sentencia citada: Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se

ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo. 2 Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, Radicación 11601, Consejero ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B.  Copia de la providencia de fecha 7 de noviembre de 1996, expedida por la Fiscalía Regional Oriente, por medio de la cual se profiere la medida de aseguramiento contra Gilberto Huepa Nieto. (Fls 113 a 116 Cuaderno 9).  Copia de la boleta de encarcelación o detención realizada al señor Gilberto Huepa Nieto, por el delito de Secuestro de fecha 8 de noviembre de 1996. (Fl 121 Cuaderno 9).  Copia de la resolución del 22 de marzo de 2001, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, por media de la cual resolvió absolver a Gilberto Huepa Nieto, de los cargos por los cuales se le acusó, bajo los siguientes argumentos (Fls 28-59 Cuaderno 6):

“…se tiene que GILBERTO HUEPA NIETO llegó de la ciudad Dorada a trabajar en ésta ciudad y que días posteriores ingresó a Postobón y residía en la casa de GARAVITO FLORIDO. La defensa esboza que el no tenia el móvil para el secuestro del señor AGUDELO RAMOS. Para el Despacho no es completamente claro la participación del mentado caballero. Se dice que GILBERTO HUEPA se hospedaba en la habitación donde se hallaron los documentos y que el mismo llevó los mismos a Barquitos. Por su parte dicho procesado aduce que en la habitación en donde localizaron los documentos también dormía AGUDELO TARAZONA persona ésta que venia de Cúcuta para hacer el trabajo…” “…el artículo 2 de la normativa adjetiva penal establece el principio universal de la presunción de inocencia, la cual concatenada con el artículo 445 ídem, establece que toda persona se reputa inocente hasta tanto no se le haya declarado culpable y que en las actuaciones penales toda duda debe resolverse en su favor. Así las cosas no encontrando prueba sobre la certeza de la responsabilidad penal, el Despacho procederá a ABSOLVER a dicho ciudadano y por ende se le concederá su libertad…” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B.  Obran dentro del expediente un escrito de fecha 6 de septiembre de 1999, expedido por el secuestrado señor ALVARO AUGUSTO AGUDELO RAMOS, dirigido al Juez Penal del Circuito Especializado, VillavicencioMeta, en donde manifiesta lo siguiente (Fl 207 Cuaderno 2): “este señor HUEPA NIETO, es totalmente inocente de los hechos que se le imputan pues vuelvo a decirle que nada tuvo que ver con el citado acontecimiento, hasta ahora lo conocí aquí en esta cárcel al enterarse de que yo había sido el secuestrado por el cual a él lo tenían vinculado al proceso de la referencia”.  Obra dentro del expediente la diligencia de reconocimiento en fila de presos, de fecha 15 de noviembre de 1996, en la cual el secuestrado no reconoció al señor Gilberto Huepa Nieto, como uno de los autores de su secuestro. (Fl 131 Cuaderno 9).  Obra dentro del expediente las declaraciones de los implicados en el proceso CARLOS ARTURO PEÑA AYALA (Fls 63-69 Cd 9) y EULISES AYALA (Fls 70-72 Cd 9), quienes afirman que conocieron a GILBERTO HUEPA NIETO, días antes de los hechos, porque él vivía en la casa de NELSON GARAVITO, pero en ningún momento lo vinculan con el secuestro.  Diligencia de indagatoria del señor NELSON GARAVITO (Fls 57-62 Cd 9), quien afirma que le dio posada a los implicados CARLOS ARTURO PEÑA

AYALA y MARTIN AGUDELO TARAZONA, pues lo conocía por haber trabajado en la SIJIN y quienes habían llegado de Cúcuta con el fin de cobrar una plata y vender unos bolsos, además que le había comentado a 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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GILBERTO HUEPA NIETO que si los llevaba a Barquitos a recoger una encomienda. 2.4. Caso concreto  Para ésta Delegada, no es acertada la posición del Tribunal Administrativo del Meta, en relación con los argumentos expuestos para no declarar la responsabilidad del Estado, pues a su criterio el señor Gilberto Huepa Nieto, con su proceder creó los indicios graves en su contra para que se hubiera proferido la medida de aseguramiento, por tanto no podía configurarse un daño en razón a que la detención fue determinada por la conducta material del mismo y no por la entidad, circunstancias que le permitieron concluir que la presunta privación no fue injusta, ni antijurídica, ni imputable a la demandada. Estaba el Tribunal en punto a esta manifestación, indicar cuales fueron los indicios y no caer de nuevo en especulaciones que fueron superadas al absolver al entonces sindicado.  Por consiguiente y de acuerdo al material probatorio allegado, ésta

Delegada discrepa de lo manifestado por el ad quo, en razón a que de las pruebas en el sub lite, se logra vislumbrar que en ningún momento el accionante fue el que creó los indicios graves en su contra, al contrario, es la Fiscalía quien en su afán por conseguir resultados en la investigación, manejó inadecuadamente los elementos encontrados al momento de la diligencia de allanamiento, actuando desproporcionadamente y comprometiendo a su vez el derecho a la libertad que tiene todo ciudadano.  De igual forma, no hay que olvidar que el aquí accionante fue absuelto por 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 44813 500012331000200410833 01 I.J.C.B. el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, porque no había un prueba certera, contundente y plena para determinar la participación en tales hechos, es decir no habían pruebas y no como se pretende saltar al in dubio pro reo, toda vez que la privación se basó en simple conjeturas que constituyeron una verdadera falla del servicio, pues en la medida que se iba adelantando la investigación, se observa que el accionante si bien se encontraba inmerso en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, nunca estuvo involucrado en el secuestro, como así lo permiten demostrar las diligencias de indagatoria de los otros implicados y

la diligencia de reconocimiento por parte del plagiado